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Ataque policial deja dos comuneros muertes en Huancabamba |
El 2 de diciembre de 2009 se produjo otro enfrentamiente en el caserío de Cajas Canchaque (distrito El Carmen de la Frontera, Huancabamba), cuando la comunidad se opuso al trabajo de la ONG Integrando, que está vinculada con la empresa minera. Durante una intervención policial mueren dos ronderos (Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama) por impactos de bala y seis personas son heridas. 18 horas después, recién la Fiscalía y su equipo técnico subieron a la zona para el levantamiento de los cadáveres. Posteriormente el Ministerio Público reveló que según la necropsia los dos comuneros fueron baleados por la espalda y de arriba hacia abajo. La Defensoría del Pueblo avaló los resultados de la necropsia y pide que la Fiscalía investigue el caso, lo cual no hay generado ningún resultado hasta ahora.
<p><a href="http://vimeo.com/19680941">Haz clic acá</a> para ver el video <a href="http://vimeo.com/19680941">DOS DE DICIEMBRE</a> de Michael Watts.</p> |
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Secuestro, asesinato y tortura en el campamento del proyecto Majaz (ahora Río Blanco) |
A fines de julio del 2005, comuneros de Ayavaca y Huancabamba iniciaron una marcha pacífica hacia el campamento de la minera Majaz; más de dos mil comuneros marcharon con disposición a dialogar con la empresa, pero al llegar al campamento se inicio una terrible represión por la policía, que interceptó a 29 personas, incluyendo dos mujeres y un periodista, las cuales fueron conducidas al interior del campamento minero. Allí permanecieron secuestrados durante tres días, siendo además sometidos a diversas formas de tortura psicológica y física; las dos mujeres reportaron actos de intimidación sexual. Además se les mantuvo durante estos días encapuchados con sacos roceados con polvo lacrimógeno y con los ojos vendados, desprovistos de ropa de abrigo pese a las bajas temperaturas. Durante el secuestro murió el rondero Melanio García Gonzáles en condiciones que todavía no han sido esclarecidas.
Los víctimas del secuestro denunciaron a la empresa minera y la Policía Nacional, pero la justicia peruana pronto decidió que no había pruebas. Recién a finales de 2008, cuando misteriosamente aparecieron fotos de lo ocurrido en el campamento en 2005, se reabrieron las investigaciones judiciales. Sin embargo, las Fiscalías en de Piura aún están recogiendo las declaraciones. Mientras tanto, ante la denuncia presentado por la ONG peruana Fedepaz y el bufete inglés Leigh Day & Co en nombre de los 29 víctimas de secuestro y tortura, la Alta Corte de Londres sí decidió actuar con más firmeza. En octubre de 2009, esta Corte ordenó la inmovilización del patrimonio de Monterrico Metals por una suma no menos a 5 millones de Libras Sterling, todo para garantizar el pago de una indemnización. Este monto no puede salir de Inglaterra, mientras se espera el veredicto si o no hubo responsabilidad de la compañía durante los actos de secuestro y tortura en 2005.
http://www.youtube.com/watch?v=oDngb4E1Zgw
http://www.youtube.com/watch?v=cojfbUDnyPc |
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Secuestro a Observadores Internacionales por sicarios en comunidad Nueva Esperanza, Honduras |
El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras), Yolanda - de nacionalidad francesa, y el otro Daniel, de origen suizo - fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria.
Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los hombre armados continúan en la comunidad.
Ante esta situación, y en respuesta a las solicitudes por parte de miembros de la comunidad, PROAH está acompañándola a través de la difusión de información y de alertas a nivel internacional, y ha visitado la comunidad en varias ocasiones.
El 24 de julio, los dos miembros de PROAH pasaron la noche en la casa de una familia en la comunidad de El Zapote, cerca de La Nueva Esperanza, para acompañarla en vista de las amenazas que han recibido por resistirse a vender sus tierras a Lenir Pérez3. A las 9.00 de la mañana, al día siguiente, el 25 de julio, 7 hombres fuertemente armados llegaron a la casa, amenazando a los dos acompañantes con sus escopetas, reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera, liderados por un hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo Funes. Éste dijo a los acompañantes que tenían que irse porque estaban impidiendo su trabajo. Los miembros de PROAH explicaron su trabajo de acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos. En un momento, sonó el teléfono de Wilfredo Funes que dijo que ‘el jefe’ quería hablar con los acompañantes. Uno de ellos preguntó si era Lenir Pérez. Funes se mostró sorprendido y dijo “Ya sabes?” pero cuando le pasó el celular, la persona colgó. Otros hombres armados (según miembros de la comunidad hay 12 en total allí) persiguieron disparando al dueño de la casa que se encontraba fuera, hasta que llegó a su hogar.
Después de una hora, el líder de los hombres armados obligó a los miembros de PROAH a salir de la casa, amenazando con usar la fuerza si hiciera falta. También dijo que si volvieran, les “perderían en el bosque”. Les obligó a caminar durante una media hora a La Nueva Esperanza, rodeados por los hombres con armas y machetes, quienes intimidaron sexualmente a la acompañante francesa. Les forzaron a borrar las fotos de la maquinaria de las obras mineras. Luego, Wilfredo Funes y un ingeniero de la minera los obligaron a subir en un pickop, con tres hombres armados en la paila. Antes de soltarlos, Wilfredo Funes dijo que si los miembros de PROAH denunciaran los hechos, la comunidad sufriría represalias. Dejaron a los acompañantes en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am, después de dos horas y media de captura. Esperaron allí durante una hora a una patrulla de policía que los llevó a Tela.
Indudablemente, la presión ejercida por el COFADEH, PROAH, y otros defensores de derechos humanos, incluso miembros de la comunidad, para denunciar y solicitar intervención inmediata a las autoridades de seguridad nacionales y miembros del cuerpo diplomático, fue un factor decisivo que permitió su liberación.
Es significativo que, el día anterior, los defensores habían informado a la posta policial de Buena Vista, en camino a la comunidad, de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban los policías en la posta.
Un miembro de la comunidad informó a PROAH que esa misma noche, hombres armados de la minera pasaron por La Nueva Esperanza en motocicleta disparando al aire. La
familia donde estaban hospedados los acompañantes al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad.
El 27 de julio, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo. |
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Ejercito y policía reprime plantón de Ejido La Sierrita en Durango |
El día 29 de agosto de 2012, alrededor de 100 elementos de la policía federal, del ejército mexicano y policía estatal de Durango, como policía del municipio de Mapimí penetraron el plantón pacífico del ejido La Sierrita y la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) con la intención de abrir el camino y permitir la entrada a presuntos trabajadores a la mina La Platosa, operada por Excellon de México, filial de la minera canadiense Excellon Resources Inc.
Agentes del ministerio público federal y ministerio público estatal, sin documentación alguna que acreditara sus dichos, aseguraron que la incursión de la fuerza pública se debía a una petición expresa de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del ámbito Federal para retomar las instalaciones de la mina.
Antecedentes
Desde el 2008, después de tres meses de conflicto, Excellon de México S. A de C. V. firmó un contrato de ocupación temporal con La Sierrita donde se compromete a coadyuvar en el desarrollo de proyectos productivos a favor del ejido; en este contrato se obliga a la empresa a otorgar la concesión del transporte de mineral y del comedor para los trabajadores, además de la instalación de una planta tratadora de agua, entre otras cosas, sin embargo la empresa ha hecho caso omiso al respecto.
En los últimos cuatro años, la empresa no sólo no ha cumplido, sino incluso ha violado las cláusulas de este acuerdo. Desde noviembre de 2011 y después de varias mesas de diálogo, los ejidatarios obligaron a la empresa a entablar una serie de mesas de diálogo con representantes de la empresa y revisar los incumplimientos y las violaciones a las cláusulas del contrato de arrendamiento de tierras para resolver el conflicto, sin embargo, después de haber agotado sus esfuerzos y debido a la falta de voluntad de la empresa a trabajar juntos, la Asamblea General del Ejido decidió ejercer su legítimo derecho a protestar pacíficamente contra las operaciones de la compañía La Platosa desde el pasado 8 de julio.
Desde que inició el plantón, se han establecido una serie de mesas de diálogo entre los ejidatarios, trabajadores y Excellon con la participación del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Durango. Durante la última reunión celebrada el pasado 13 de agosto en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, la empresa Excellon, en una actitud intransigente, rompió la mesa de negociación a los cinco minutos de iniciada. En esta misma mesa el gobierno federal, mediante el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Jorge Triana, reconoció la actitud de obcecación de la empresa y se mostró “igual de indignado que los ejidatarios por la decisión de Excellon de romper la mesa”. Mientras que por su parte el secretario General de Gobierno de Durango, Jaime Fernández Saracho, aseguró reconocer la disposición del ejido para la resolución del conflicto.
Está por demás decir, que las acciones de represión por parte de la empresa en colusión con los gobiernos federal, estatal y municipal violentan el derecho de los ejidatarios y trabajadores de protesta y defensa de sus derechos humanos establecidos en los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos y el artículo 6º constitucional. Además del derecho de la tierra y el territorio de los ejidatarios establecido en el artículo 27 constitucional y el artículo 100 de la Ley Agraria. Asimismo, se está violando el derecho a la libertad sindical de los trabajadores de la sección 309 establecido en el artículo 123 fracción XVI del apartado A constitucional. Finalmente, la empresa está incumpliendo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de la ONU. |
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Conflicto por Mineras Agua Rica y Filo Colorado en Andalgala |
Por Darío Aranda
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011,
antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”. |
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Ejidatarios de San Antonio de la Huerta son reprimidos por autoridades en Soyopa |
Contaminación de tierras y agua en el estado de Sonora por el devastaminto de las minas extranjeras que indiscriminadamente operan con toda libertad ha generado que los ejidatarios de San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa, en el Estado de Sonora hayan realizado protestas encontra de la compañía minera La Libertad.
Alrededor de 50 ejidatarios del municipio de Soyopa, Sonora, protestaron el viernes 5 de abril en Hermosillo, luego de que durante la mañana del mismo día policías estatales y militares ingresaran a su ejido para detener a 42 personas que participaban en un plantón en el acceso a la mina “Libertad”, que opera con capital canadiense en el ejido San Antonio de la Huerta.
Elementos de la Policía Estatal y del Ejército entraron el viernes al ejido y detuvieron a 42 personas que mantenían un plantón en la mina, demandando varias cosas, entre ellas un pago anual de 60 mil pesos a cambio de que sus tierras sigan siendo explotadas por la empresa.
Por esa razón, alrededor de 50 ejidatarios se trasladaron a la capital sonorense, para manifestarse en el Palacio de Gobierno y exigir ahí la liberación de sus compañeros; sin embargo, no hubo respuesta de las autoridades, por lo que los habitantes decidieron bloquear por más de seis horas el bulevar Rosales.
Realizaron un plantón en la sede de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que se ubica en dicha calle, de donde fueron desalojados más tarde por elementos de la Policía Estatal, bajo un operativo calificado como violento, por los pobladores.
Ahí fueron detenidos cinco integrantes de la mesa directiva del comisariado ejidal: Sergio Acedo Miranda (presidente), Ramón Antonio Acedo Espinoza (secretario), Manuel Ignacio Yáñez Espinoza, David Guadalupe Valenzuela (integrante del Frente Amplio Democrático del Estado de Sonora) y el abogado Ramsés Valenzuela.
Cerca de las 10:00 de la noche del viernes, los 42 manifestantes detenidos en San Antonio de la Huerta fueron liberados, aunque los cinco detenidos por la tarde permanecían en un hotel de arraigo en Hermosillo. |
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Minera CIEMSA S.A denuncia a lideres campesinos del distrito de Paratia en Puno |
Empresa minera CIEMSA explota recusos minerales en territorio de las comunidades campesinas de Paratía, en Puno, Perú, violentando sus derechos. No ha solicitado permiso a las comunidades conforme a ley. Ha habido derrames peligrosos de material contaminante, que ha causado grandes perdidas a los campesinos, sin tener ninguna respuesta por parte de la empresa. Asimismo no solo es el incumplimiento de las normas sobre responsabilidad ambiental sino tambien los de responsabilidad social, no prestando apoyo alguno a las comunidades y se niega a dialogar con los habitantes de la zona.
Ante esto, los campesinos de Paratía se han levantado contra la empresa, siendo criminalizados por la policía. Como resultado de las manifestaciones, resultaron quemadas varias instalaciones y enseres de la empresa (una camioneta, una ambulancia y una compresora), sin tener responsables por los actos. Sin embargo, CIEMSA denunció a 9 campesinos por las manifestaciones y la quema de sus bienes.
Es una empresa abusiva, pues ha denunciado a los campesinos por haber realizado una protesta por todos los abusos que comete esta empresa |
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Vecinos detenidos en protesta contra puerto minero-papelero La Paloma |
Se trata de un puerto que el gobierno uruguayo quiere construir en La Paloma a solicitud de UPM Botnia y de la minera Aratirí, tal vez conjuntamente con esa minera y capitales chinos.
A parte de destruir un sitio turístico, tranquilo y limpio, acabará con las fuentes de ingreso de muchísima gente, contaminación de todo tipo, no trae beneficio alguno para la población local o la del país.
La Unión de Vecinos es contraria a la instalación en la Paloma de una terminal maderera que tiene como objetivo sacar cargamentos por mar hacia UPM Botnia y descongestionar las carreteras. Sostiene que la obra del puerto maderero en Rocha no cuenta aún con permiso ambiental. A través de su sitio www.puertolapaloma.com presentaron una propuesta alternativa "participativa de desarrollo, a corto plazo y con un mínimo de inversión, que promueve un crecimiento sustentable y asegura la perdurabilidad de los recursos para las generaciones venideras".
La protesta de los vecinos ha sido pacífica, en todo momento, no cayendo en provocaciones, ni siquiera cortando las rutas. Reclaman también que jamás fueron consultados sobre esta decisión, que les toca directamente, e indirectamente nos toca a todos.
La policía detuvo a varias personas que se manifestaban para impedir la construcción del camino de acceso al nuevo puerto maderero en La Paloma.
A través de un comunicado, la Unión de Vecinos de La Paloma (UVLP) aseguró que la policía reprimió y detuvo a los vecinos que se manifestaban contra el puerto maderero de La Paloma.
Desde hace ya días un grupo importante de vecinos de La Paloma y zonas aledañas vienen manifestando y repartiendo volantes para impedir que se abra un camino de acceso al puente maderero.
Varias personas fueron detenidas, incluyendo un hombre con su hijo de dos años, además de la abogada Cecilia Ilundain y el activista Martín Abreu.
Integrantes de la UVLP admitieron que la policía no actuó de forma violenta, aunque sí, los efectivos empujaron a los jóvenes que estaban tomados de la mano frente a las máquinas para que salieran del lugar.
Ante esta situación, la Unión de Vecinos de La Paloma emitió un Comunicado de prensa el día lunes 27/8/12
"Desde el 22 de agosto pasado, pobladores locales vienen manifestando en contra de la apertura del camino de acceso hacia el actual puerto, a la altura de la ruta 15, por donde pasarían los camiones transportando madera para instalar la operativa maderera en el Puerto de La Paloma. En la mañana de hoy, lunes 27 de agosto, se hizo presente en el lugar la Guardia Republicana. La orden, según señaló la fuerza de seguridad a los pobladores, era detener a cualquier persona que obstaculizara el trabajo de las máquinas. Fueron detenidas cuatro personas, solamente por el hecho de arribar a la zona, una de ellas con un niño en brazos, quien también fue llevado por la policía. Ninguno de ellos protagonizaba acto alguno de violencia o desacato, ni obstaculizaban el trabajo de las máquinas.
La Unión de Vecinos de La Paloma manifiesta su total repudio frente a un hecho que considera de represión infundada a la sociedad civil, en nombre de las más de trescientas cincuenta personas que se han hecho presentes frente a las obras de excavaciones en los últimos días y de los centenares de vecinos que participaron en las numerosas asambleas realizadas en los últimos meses, expresando su malestar por la poca seriedad de un proyecto de alto riesgo para el desarrollo sustentable del turismo, la pesca y la identidad del lugar.
Los vecinos y vecinas denunciamos que la ilegalidad la hace el Estado al permitir el comienzo de obras sin haber realizado un procedimiento de estudio de impacto ambiental previsto en la propia ley. Denunciamos que el atropello lo hacen los gobiernos nacionales y departamentales al no escuchar los reclamos de los pobladores locales que, con sustento, han argumentado que el proyecto no es bueno para el lugar.
Denunciamos que hay una
irresponsabilidad total por parte de las autoridades en general de aceptar este tipo de proyectos en pos de un modelo de desarrollo que está siendo cuestionado en el mundo entero, con movilizaciones enormes en toda América Latina, por considerar que de esta forma estamos poniendo en juego nuestros bienes comunes por un crecimiento económico inmediatista y a favor de las multinacionales.
Exigimos urgentemente la detención de las obras para realizar un debate serio sobre qué desarrollo quiere y precisa La Paloma y el país, y no que se utilicen los recursos del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, en beneficio del interés empresarial y transanacional.
Además de repudiar y denunciar estas acciones represivas, exigimos que no se vuelvan a violar derechos tan básicos como la libre expresión de los ciudadanos cuando éstos se manifiestan por métodos pacíficos.
Nuestra solidaridad con los compañeros por la represión recibida." |
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Policías torturan a líder nahua Gaudencio Mancilla |
La madrugada del jueves 22, la comunidad de Ayotitlán denunció que Gaudencio Mancilla, representante legal del consejo de mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en Jalisco, fue secuestrado por un grupo de pistoleros.
En cinco camionetas los extraños llegaron a su domicilio, ingresaron y se lo llevaron junto a su hermano Bonifacio Mancilla Roblada y a Gerónimo Flores, un vecino de la zona.
Al instante, la noticia se difundió causando alarma y preocupación por los antecedentes de secuestros y asesinatos que en las últimas décadas han afrontado los indígenas en el marco de conflictos con empresas mineras y extractores de madera.
De acuerdo a la fiscalía, el día de la detención los agentes fueron notificados de que había en el lugar hombres armados, por eso acudieron al predio donde vive Mancilla.
Según el testimonio de los oficiales, tras no encontrar lo que buscaban, un hombre salió de su domicilio con una pistola, por lo que allanaron su vivienda y en ella encontraron propaganda relacionada a la creación de “policías comunitarias”.
Sin embargo, los familiares de Mantilla aseguran que fue detenido en un allanamiento y cateo ilegal de su domicilio.
Gaudencio Mancilla fue conducido al ministerio público federal adscrito en Autlán de Navarro, Jalisco. Fue liberado al día siguiente en la madrugada, tras pagar una fianza.
Ya en libertad, el líder denunció que durante su detención fue golpeado por la policía para que confesara que pretendía la creación de una “policía comunitaria” armada.
Cabe recordar que en los meses de noviembre y diciembre de 2012, la comunidad de Ayotitlán realizó reuniones públicas y con participación de autoridades locales para evaluar la posibilidad de conformar policías comunitarias para defenderse de la permanente hostilización, asesinatos y secuestros.
El dirigente fue detenido a los pocos días de haber participado en un evento, donde expresó su postura contra iniciativas mineras en su localidad y denunció los hostigamientos a los que vienen sido sometidos los miembros de su comunidad (Ayotitlán) por parte de empresas mineras legales e ilegales, así como de industrias madereras. |
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Asesinan a tres indígensa Tolupanes por oponerse a la minería |
La masacre de indígenas de la Tribu Tolupan de San Francisco de Locomapa, cometida en Locomapa, Yoro el pasado 25 de agosto, demuestra una vez más la guerra por la explotación de los bienes comunes que se está librando en Honduras, especialmente en el territorio de los pueblos indígenas.
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, fueron asesinados por sicarios al servicio de mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica. Los occisos participaban en una toma de la carretera desde hace 12 días, con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral
En los últimos tres años en Honduras en nombre de un supuesto “desarrollo” se ha intensificado la minería y construcción masiva de represas, muchos de estos proyectos son promovidos por funcionarios estatales asociados con la actual administración; mientras los pueblos indígenas se encuentran totalmente desprotegidos ante el desconocimiento estatal del Derecho a la Consulta previa, Libre e Informada (CPLI).
Los Tolupanes han padecido de una violencia sistemática, con mas de medio centenar de víctimas en los últimos 20 años, sin que exista hasta la fecha una investigación fehaciente sobre esos crímenes y mucho menos se haya judicializado alguna persona respecto a estos crímenes. Aparentemente los sicarios implicados en la reciente masacre de los herman@s Tolupanes han manifestado que existen otros defensores de los bienes comunes en Locomapa que serán ejecutados.
La Tribu de Locomapa en una carta pública de julio de 2012, dirigida al Misterio de Justicia y la Secretaria de Pueblos indígenas (SEDINAFROH), denunció la intervención del maderero Kenton Landa Úcles, el cual introdujo maquinaria para la destrucción del bosque, además de una serie de arrestos ilegales y amenazas de muerte a los miembros de la comunidad opuestos a la destrucción del bosque y la minería.
La enorme vulnerabilidad del pueblo Tolupan ante las agresiones de aquellos que vienen explotando el bosque y los minerales, se agrava con el colapso que padece el país en materia de seguridad y justicia.
El desconocimiento del CPLI viene generando una sistemática violacion a los derechos humanos, sin tener en cuenta las cosmovisiones de nuestro pueblos y el ejercicio de la propiedad comunitaria, el que frecuentemente es pisoteado y violentado por el Estado de Honduras. A pesar de la existencia de una serie de instancias gubernamentales que se suponen defienden los derechos de los pueblos indígenas, estas suelen recaer en un silencio cómplice, permitiendo de esta forma las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que “el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados”. Agrega además la CIDH, que “el reconocimiento oficial del dominio por los pueblos indígenas sobre sus territorios no es un acto discrecional y libre de la voluntad estatal, sino una obligación. Desafortunadamente el Estado de Honduras no ha adoptado las medidas efectivas para reconocer el derecho de propiedad comunal de los pueblos sobre las tierras que tradicionalmente hemos ocupado y usado; al contrario desde el mismo Estado se esta promoviendo la destrucción de nuestros territorios y de nuestros pueblos, cuando se están aprobando Leyes tales como: Ley RED-ZEDE, Ley de Reconversión de la Deuda (Ley Hipoteca), El convenio con el grupo BG de exploración y explotación de hidrocarburos y el programa REDD+.
Exigimos la protección de los Tolupanes de la Tribu San Francisco Locomapa, sobre todo a los compañer@s Jose Maria Pineda, Vilma Consuelo Soto, Ramon Matute, Sergio Avila, Celso Cabrera y Elvin Enamorado,
quienes están sufriendo persecución únicamente por defender los bienes comunes de su pueblo; así mismo exigimos investigación y castigo a los culpables de los hechos acontecidos el 25 de agosto. |
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Masacre a comunidad maya Kakchiquel |
La noche del 7 de septiembre, varios hombres armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil (Guatemala), asesinaron a 11 personas e hirieron gravemente a otras 17, entre las que se encuentran varias niñas. Según denuncia la comunidad, los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los pobladores en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC).
La comunidad, que tiene sus propias autoridades y que desde 2005 es responsable de su seguridad interna -no había presencia policial desde entonces-, se ha caracterizado por una decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina "El Tambor".
El comunicado, que adjuntamos a continuación, relata en detalle los sucesos acontecidos el día 7 de septiembre:
Comunicado Público de la comunidad
A la comunidad Nacional e Internacional damos a conocer la masacre ocurrida el 7 de septiembre a las 23 horas, en contra de la comunidad Kaqchikel de San José Nacahuil del municipio de San Pedro Ayampuc.
San José Nacahuil, es una comunidad indígenas del pueblo Kaqchikel, tiene sus propias autoridades comunitarias, donde la presencia policial ha sido innecesaria. Es la única población maya y la comunidad más grande de San Pedro Ayampuc. Nacahuil se ha caracterizado por la defensa de su territorio ante las amenazas que han existido. Ejemplo de ello TRECCSA empresa de transporte de electricidad, que la comunidad no permitió su paso, actualmente es parte de la resistencia pacífica de la Puya en resistencia contra la empresa minera en el área.
El 7 de septiembre a las 22:45 horas llegó una radio patrulla a las comunidad revisando tiendas de productos diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas, esa actitud no es usual en Nacahuil. Como a los 10 minutos después, llegan hombres armados a bordo de carro no identificado, causando una balacera en las principales calles de la comunidad, con mayor atención a los negocios que estaba abierto a esa hora. Dejando un saldo de 10 personas muertas, 17 personas heridas dentro de ellas 2 niñas de 11 años de edad que ya se encuentran salvo, y otras que han fallecido en los hospitales de la capital.
Curiosamente el recorrido que hicieron los asesinos es el mismo que realizo la Patrulla minutos antes, por lo que la población se pregunta ¿dónde estaba la policía cuando se dieron los hechos, o es que acaso solo crearon las condiciones y verificar que no haya personas armadas?
Exigimos que el gobierno exija el esclarecimiento de los hechos con investigación, ya que han perdido la vida personas trabajadoras y honorables en la comunidad. Que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar a la comunidad. Ya que la comunidad no ha querido presencia permanente de la PNC, por que anteriormente estaban y ocasionaron mayor índice de criminalidad en la comunidad.
Rechazamos rotundamente la declaración del Ministro de Gobernación en donde afirma que el móvil es de pandillas, lo cual es totalmente falso, y prematuro hacer afirmaciones sin tener elementos de investigación.
Pedimos a las comunidades, organizaciones nacionales e internacionales su solidaridad con el pueblos Kaqchikel de San José Nacahuil por estos hechos de sangre que enluta a la comunidad.
COMUNIDAD KAQCHIKEL DE SAN JOSÉ NACAHUIL, RED DE LA NOVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MOVIMIENTO DE MUJERES INDIGENAS TZ´UNUNIJA´, COORDINADORA 25 DE NOVIEMBRE, ALIANZA POLITICA SECTOR DE MUJERES MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA. |
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Acciones penales y administrativas contra familia campesina Belezaca Vintimilla |
La familia Belezaca Vintimilla vive en un terreno de 30 hectáreas ubicado en la finca “San Antonio”, en el barrio Santa Cruz, parroquia El Güsme, en el cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe. En el barrio Santa Cruz, según informaciones extraídas del Estudio de Impacto Ambiental de EcuaCorriente, la empresa prevé la construcción de una vía para transportar el concentrado de cobre.
El terreno sobre el que actualmente vive la familia Belezaca es parte de una finca, que anteriormente fue propiedad de Julio Olmedo Castro Piedra y cuya extensión es de unas 130 hectáreas. Según miembros de la familia Belezaca, Julio Olmedo habría convenido la entrega del terreno de 30 hectáreas como pago por el trabajo que la familia realizó para él durante más de una década (cuidado de ganado, labores agrícolas, construcción de invernaderos). Pese a este acuerdo y a la posesión efectiva (por alrededor de 15 años) que la familia ha ejercido sobre el terreno, Olmedo Castro vendió la propiedad a su hermano Edgar Rogelio Castro, quien, a su vez, vendió la totalidad de la propiedad a EcuaCorriente, incluida la tierra en posesión de la familia Belezaca-Vintimilla. Según la empresa, EcuaCorriente dio per- miso para que la familia se quedara en ese lugar durante cuatro meses, mientras encontrara un sitio nuevo para vivir.
Según diversas denuncias de la familia, ésta habría sido víctima de una serie de acosos: amenazas, agresiones físicas y psicológicas e incluso intento de asesinato al hijo mayor.
La familia alega que el 25 de marzo de 2007 un grupo de personas con armas de fuego, machetes, palos y piedras, aparentemente dirigido por un empleado de EcuaCorriente, irrumpió en el domicilio de la familia campesina, hecho que habría sido prevenido por la fuerza pública. Según la denuncia, el 2 de julio de 2007, aprovechando la ausencia de los padres, el mismo empleado de la empresa habría ingresado al hogar de la familia y amenazado con armas a Juan Pablo Belezaca Vintimilla, de 17 años y a Samuel Darío Belezaca, de 14 años.
La familia alega que el 26 de julio de 2007 el mismo empleado de la empresa ingresó nuevamente al domicilio y amenazó con un arma a Aída Vintimilla. La familia denuncia además, que el 24 de octubre de 2007 Carlos Eulogio Belezaca, de 21 años, luego de haber terminado sus labores agrícolas, habría recibido del mismo empleado y de otra persona, un disparo y heridas de arma blanca, lo que le habría dejado gravemente herido.
Luego de que Carlos Eulogio Belezaca sufriera las agresiones y el intento de asesinato descritos, el joven fue enjuiciado penalmente junto a sus agresores. El Juzgado Cuarto de lo Penal de Zamora Chinchipe emitió una orden de captura en su contra.
A más de este proceso penal, la familia Belezaca Vintimilla también ha enfrentado dos acciones administrativas: una por tala ilegal de madera presentada por un trabajador de EcuaCorriente en el Distrito Regional del Ministerio de Ambiente, y un amparo administrativo, presentado por la empresa ante la Agencia Desconcentrada de Regulación y Control Minero, alegando que la familia invadió la concesión minera Mirador 3.
En ninguno de los dos casos, las autoridades verificaron ilícito alguno. Más aún, en el último caso, la Agencia Desconcentrada de Regulación y Control Minero desechó la demanda de EcuaCorriente por no encontrar ilícito alguno, y anota que se ha verificado que la familia Belezaca mantiene la posesión de su inmueble. |
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Detienen a presidente de CORECAMI – Apurímac por manifestarse en contra de la minería |
El presidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI-Apurimac), Edwin Carpio, fue detenido el día 16 de agosto del 2013, por promover una movilización en contra de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation en el distrito de Pocohuanca, en Apurimac. Estuvo detenido en la comisaría de la provincia de Aymaraes por alrededor de cuatro horas, a fin de rendir su manifestación, para luego ser puesto en libertad.
Según los pobladores del distrito Edwin Carpio fue detenido porque venía cuestionando supuestos negociados que se estarían dando entre empresa minera, por el Proyecto Los Chankas, y representantes del Estado.
Efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) llegaron hasta su comunidad para arrestarlo, sus vecinos y compañeros quisieron evitar su traslado, su detención fue bastante accidentada e incluso fue esposado.
Por lo sucedido El Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la Provincia de Huarmey emitió un comunicado respecto a este caso, en donde se acusa el Presidente Ollanta Humala una actitud dictatorial tras usar las fuerzas del orden para reprimir a Edwin Carpio.
Declaratoria
Desde la Provincia de Huarmey, el Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la Provincia de Huarmey, (FEDDIPH), base Provincial de CORECAMI ANCASH, base Regional de CONACAMI PERÚ, DECLARAMOS, ante los Organismos Internacionales, OEA, ONU, OIT, Organismos No Gubernamentales AMNISTIA INTERNACIONAL, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, ante el Colegio de Abogados, ante el Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, lo siguiente:
1.- DEMANDAMOS, la aplicación sistemática del acoso y persecución a Líderes Sociales, dirigentes de comunidades campesinas, defensores ambientalistas y profesionales ecologistas por parte de los gobiernos desde el Ex Presidente ALBERTO FUJIMORI (1990), hasta el de turno OLLANTA HUMALA (2013), como también de poner en práctica la CRIMINALIZACIÓN A LA PROTESTA SOCIAL, condenándola con 25 años de prisión a quien protestará en defensa de sus Derechos Fundamentales, Colectivos, Territoriales y de Recursos Naturales, lo que fuera un Derecho a la Protesta ahora es un DELITO.
2.- DENUNCIAMOS, a la Empresa Southern Perú Cooper Corporation, por haber generado la convulsión social en la comunidad campesina de Tiaparo, del distrito de Pocohuanca, Provincia de Aymaráes, temen por la contaminación ambiental y exigen información sobre las actividades de exploración minera que vienen realizando en sus territorios. De igual modo, pobladores de la Comunidad Campesina de Tapayrihua rechazan la actividad minera realizada por la empresa Southern, porque no contaría con el acuerdo de uso de terrenos comunales y se oponen al uso irracional del agua para el proyecto minero Los Chankas.
3.- RECHAZAMOS, todo intento de mala fe del Gobierno Central, Ministerios involucrados en la entrega de CONCESIONES MINERAS, en territorios de comunidades, cabeceras de cuenca, sin respetar el CONVENIO 169ª de la OIT, DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, resultando concesionado la región andina de Apurímac, donde la legendaria cultura Chanka desarrolló todo su esplendor, se encuentra hoy avasallada por la actividad minera que compromete el 64.8 por ciento de su territorio.
4.- CONDENAMOS la actitud dictatorial y matonesca del Presidente de la República OLLANTA HUMALA por hacer uso de las fuerzas de la represión, Policía Nacional del Perú (PNP), para DETENER LA LIBERTAD del Comunero EDWIN CARPIO CHALLQUE, por solo haber cometido su único delito, la DEFENSA DE LA VIDA Y LA ECOLOGÍA, SUS TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES, CABECERAS DE CUENCA, en cumplimiento de sus funciones dirigenciales en su condición de Presidente de la COORDINADORA REGIONAL DE COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA (CORECAMI-APURIMAC),
base Regional de CONACAMI PERÚ.
5.- INVOCAMOS A LA URGENTE PARTICIPACIÓN ACTIVA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL A LA UNIFICACIÓN DE LAS FUERZAS VIVAS, FRENTES DE DEFENSA, RONDAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS, ASOCIACIONES, SINDICATOS, CONFEDERACIONES Y PUEBLO EN GENERAL A PRESENTAR NUESTRO MAS ENÉRGICO PRONUNCIAMIENTO, A MANTENERSE ALERTA A LAS POLITICAS DE GOBIERNO QUE ATENTAN CON LA INTEGRIDAD FISICA, MORAL Y PSICOLOGICA DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS, A SOLIDARIZARNOS PRESENTANDO PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, POR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO QUE PODAMOS VIVR EN ARMONIA CON LA MADRE NATURALEZA EN LA PRACTICA DEL BUEN VIVIR.
Huarmey, 26 de agosto de 2013 |
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50 detenidos por manifestarse encontra de aprobación de proyecto minero Los Pumas |
Un total de 50 personas fueron detenidas el 19 de agosto, luego de tomarse por unos instantes la Gobernación Provincial de Arica, en rechazo a la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental del proyecto minero Los Pumas.
Los manifestantes llegaron tras realizar una marcha que partió desde la Intendencia, donde se reunieron para protestar contra la minera.
Tras lo sucedido, Fuerzas Especiales de Carabineros intervino en el edificio público, para sacar a los activistas, quienes fueron violentamente atacados por la policía, con un desproporcionado uso de la fuerza, utilizando uso de su carrolanzaaguas, para dispersar a los manifestantes que se encontraban en las afueras del recinto.
Todos los detenidos pasaron a la Tercera Comisaría de Arica. |
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Asesinan a Bernardo Mendez por oponerse a minería en San José del Progreso |
El activista y miembro del CPUVO Bernardo Méndez fue muerto a tiros el 23 de enero de 2012 cuando, junto con un grupo de personas de San José, confrontó al personal trabajando en una tubería de agua en la comunidad. Sospechaban que la tubería desviaría el suministro de agua del pueblo – ya escaso – y sería usado para operaciones mineras. Los trabajadores se rehusaron a mostrar los permisos de trabajo que la multitud pedía. Se entabló una discusión y pronto la policía municipal llegó a la escena. Testigos reportan haber escuchado por la radio la voz del alcalde de San José, Alberto Sánchez Muñoz, dando a la policía órdenes de abrir fuego. Méndez recibió siete disparos y murió poco tiempo después. Otro miembro de la CPUVO, Abigail Vásquez, también fue baleada y herida de gravedad en el incidente.
El deceso ocurrió a las 20:20 horas y fue a consecuencia de falla orgánica múltiple, choque hipovolémico hemorrágico, trauma penetrante por proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen e insuficiencia renal aguda dictaminó el personal médico del centro hospitalario.
Tras los hechos sangrientos, los integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), pidieron una investigación del caso y detener a los responsables, entre ellos el presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, su hermano Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de un comunicado indicó que fue detenido Eduardo José Vásquez González, quien es investigado con relación a los hechos violentos. |
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Asesinan a Bernardo Vásquez y dejan heridos a dos compañeros en San José del Progreso |
El día jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron interceptados y víctimas de disparos a quemarropa con armas de fuego de 9mm, los compañeros Bernardo Vásquez Sánches, quien resulto asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sáchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien recibió dos impactos de bala en la pierna y el hombro y se encuentra herida; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).
Bernardo Vásquez Sánches, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.
Este terrible hecho violento es el segundo acto de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán. El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo. Pozo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para con ello abastecer las instalaciones de la empresa trasnacional, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vásquez, así como heridas graves en la ciudadana Abigaíl Vásquez Sánchez. |
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Violento desalojo a plantón antiminero de pobladores de San José del Progreso |
Después de más de un mes de que habitantes de San José del Progreso se mantuvieran en plantón a las afueras de la mina de la empresa Cuzcatlán, hoy 06 de mayo de 2009, cientos de policías de diversas corporaciones policíacas los desalojaron.
Los manifestantes se quejaron de que hubo violencia y gases lacrimógenos por parte de los policías durante el desalojo y además se llevaron a 19 personas detenidas.
Los habitantes de diversos poblados cercanos a San José donde se empieza el proyecto minero se quejan de que los trabajos mineros les traerán graves problemas ambientales.
Exigen información de 19 detenidos
La Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales informó este miércoles que acudirá a instancias nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos, a fin de que se pronuncien en contra de la agresión que sufrieron los simpatizantes de este movimiento durante el retiro del plantón en la mina La Natividad, de San José del Progreso, Ocotlán.
Personas detenidas:
Hilario Vásquez Gómez
; Ignacio Vásquez Gómez;
Luis Ruiz Martínez;
Víctor Ruiz Martínez;
Silvino Vásquez Mendoza;
Elías López;
Joaquín López;
Alfonso Rodríguez López
; Bernardo Vásquez;
Juan Carlos López;
Agripina Vásquez Sánchez
; Bernardo Vásquez Sánchez
; Víctor Ortiz Hernández;
Víctor Sánchez Martínez
; Apolinar García;
Carmela González
; Ubaldo González
; Alejandro Aquino Cosme, este último de Magdalena Ocotlán.
Adjuntamos a continuación Acción Urgente que surgió a partir de este acto de criminalización:
PROPUESTA DE ACCION URGENTE EN SOLIDARIDAD
Les enviamos esta Acción Urgente en relación a los acontecimientos ocurridos el día miércoles 6 de mayo en Ocotlán, Oaxaca. Les solicitamos su apoyo para difundir dicha acción y enviar el llamamiento que aparece al final del texto (por email, fax o correo postal) para detener la represión y la violación de los derechos humanos que se están cometiendo contra los pobladores de San José del Progreso y Magdalena de Ocotlán.
LOS GOBIERNOS DE FELIPE CALDERON Y ULISES RUIZ, REPRIMEN A LOS PUEBLOS DE OAXACA QUE DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES
El día de miércoles 6 de mayo del 2009, alrededor de las 8:30 de la mañana, con lujo de violencia; utilizando gases lacrimógenos, con disparos de diversas armas de fuego, perros policías, golpeando salvajemente a los compañeros y canteando sus domicilios, a quienes pacíficamente estaban resguardando el acceso de la mina, entraron más de 2500 efectivos de la policía FEDERAL, AFI, JUDICIAL, DEL CUERPO DE BOMBEROS; también fueron golpeados los medios de comunicación que se encontraban presentes y se les bloqueo el acceso, desde temprano estaba sobrevolando un helicóptero, como a 15 o 20 metros de altura, atemorizando a la población.
De manera general han detenido a 20 compañeros: Ignacio Vásquez Gómez, Hilario Vásquez, Joaquín López, Víctor Sánchez Martínez, Juan García, Elías López, Bernardo Vásquez Gómez, Silvino Vásquez Mérida, Alfonso Ruiz, Alfonso Rodrigo López, Luis Ruiz Martínez, Víctor Ruiz Martínez, Juan Carlos López, Agripina Vásquez Sánchez, Bernardo Vásquez Sánchez, Víctor Ortiz Hernández, Apolinar García, Carmela González, Ubaldo González, todos ellos de San José del Progreso y Alejandro Aquino Cosme de Magdalena Ocotlán.
Entre las 12:00 y las 12:30 hrs., han reforzado los cercos policiacos de todas las corporaciones para catear casa por casa al municipio de Magdalena Ocotlán e incluso detienen a quien anda en la calle, situación por la cual ya son más de 20 detenidos.
Con todo ese operativo, Mantienen el cerco policiaco sobre la comunidad de San José del progreso, en tanto las comunidades de Magdalena Ocotlán y Santa Lucia, El Maguey Largo, se están reorganizando, para liberar el cerco policiaco sobre San José del Progreso, Ocotlán, así como realizar acciones para la liberación de los detenidos.
Los intentos de dialogo, han sido nulos con la Secretaria del Medio Ambiente (SEMARNAT) y la SECRETARIA DE ECONOMIA, PROFEPA, COMISION NACIONAL DEL AGUA, Y CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION, instituciones que son las que dan los permisos de acuerdo a un estudio de impacto ambiental que la minera CUZCATLAN presenta, y que debe darse a conocer a los dueños originales de las tierras.
Pero han podido mas los engaños, las mentiras de la empresa CUZCATLAN, pues como se ve el día de hoy el gobierno federal y estatal están dando todo el respaldo a las inversiones mineras, sin considerar la opinión de los pueblos, que van a ser afectados por las consecuencias de envenenamiento de agua, suelos, atmosfera, por el ruido, la destrucción de los cimientos de las casas, a consecuencia de las explosiones que con dinamita por las noches ha realiza la empresa minera; ninguna de las acciones que pacíficamente hemos realizado ha podido sensibilizar a las autoridades para que la petición de los pueblos sean escuchadas, así lo demuestra el respaldo que Felipe Calderón el 21 de abril, da a conocer en cadena nacional y en periódicos, a las inversiones mineras en México, lo que demuestra que el gobierno espurio de Felipe calderón se ha puesto de rodillas ante las empresas extranjeras.
Ante esta situación exigimos:
o Alto a la brutal represión y violación de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno nacional y estatal.
o Libertad inmediata de los presos políticos de las comunidades del Valle de Ocotlán y del estado de Oaxaca.
o Salida inmediata e incondicional de las mineras que envenenan el agua y destruyen el medio ambiente.
o Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), garantice la seguridad física y psicológica de los detenidos y que se pronuncie en contra de la violación de los derechos humanos cometidos en el desalojo.
o Fuera de Oaxaca el criminal Ulises Ruiz Ortiz.
Les pedimos a las organizaciones y personalidades nacionales e internacionales que se pronuncien en contra de la represión y violación a los derechos humanos que se está cometiendo en México contra los indígenas que defienden el medio ambiente y sus recursos naturales, enviando cartas de repudio al gobierno de México y del estado de Oaxaca, a las embajadas mexicanas en sus respectivos países, y donde tengan condiciones, hacer manifestaciones de repudio a estas acciones de los gobiernos espurios de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz.
ATENTAMENTE
"POR LA VIDA, DEFENDAMOS A NUESTRA MADRE TIERRA"
FORO SOCIAL MUNDIAL
CONCEJO DE GOBIERNO POPULAR MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO OCOTLÁN
COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP)
COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN - EJUTLA |
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Asesinan a Santos Ajau y Balean casa de Yolanda Oquelí |
Santos Fidel Ajau Suret de 54 años de edad, vecino de la aldea San Antonio El Ángel y activista del plantón de La Puya, fue cobardemente asesinado el día martes 9 de julio, cuando volvía a su vivienda.
Repudiamos este vil asesinato ejecutado a las 17:15 horas por dos hombres que se conducían en motocicleta en el camino de terracería que va de San José del Golfo a la aldea San Antonio El Ángel. Don Fidel recibió tres balazos por la espalda y luego dos tiros de gracia.
Además denunciamos que en la noche del mismo día martes 9 de julio, desconocidos realizaron disparos de arma de fuego frente a la casa de Yolanda Oquelí, en San José del Golfo.
El modus operandi de este asesinato es similar al del atentado contra Yolanda Oquelí en el mes de junio del año pasado. El domingo recién pasado Santos Ajau había recibido amenazas por parte de personas que han participado en los hostigamientos organizados por la empresa minera. Entre el mes de junio hasta la fecha, se han dado incidentes de hostigamiento y amenaza contra la resistencia en el plantón de La Puya, que incluye disparos con arma de fuego.
Las personas de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen a la instalación del proyecto minero Progreso VII Derivada, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas sin haber consultado a la población de los municipios afectados. El proyecto minero es propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA.
Los inversionistas de este proyecto han lanzado una campaña de hostigamiento y atentados contra la resistencia de La Puya, contratando a ex militares que estuvieron activos durante el conflicto armado interno. Tal es el caso del militar retirado Pablo Silas Orozco que ha encabezado las agresiones contra los activistas de La Puya. Orozco está ligado a proceso judicial por amenazas contra comunicadores sociales a quienes agredió física y verbalmente durante el mes de noviembre del año pasado.
Las comunidades que conforman en la resistencia La Puya, están en reuniones de acercamiento para exigir la cancelación del proyecto minero Progreso VII Derivada ante máximas autoridades como el Presidente Otto Pérez Molina y los ministros de Gobernación, Energía y Minas, y Ambiente y Recursos Naturales. A dichas autoridades les exigimos la cancelación inmediata de las licencias mineras y de hidroeléctricas otorgadas a empresas que han realizado acciones criminales contra la población.Tal el caso de Ecoener Hidralia Energia – Hidro Santa Cruz en Huehuetenango, Mina San Rafael – Tahoe Resources Inc. en Santa Rosa y la misma Kappes Cassiday & Associates -KCA.
¡Alto a los asesinatos de defensoras y defensores de la vida y el territorio!
¡Exigimos la investigación a fondo y el esclarecimiento del vil asesinato de Santos Fidel Ajau Suret!
¡Exigimos la investigación sobre el atentado e intimidaciones en contra de Yolanda Oqueli!
¡El gobierno de Pérez Molina debe cancelar las licencias a empresas extractivas que han realizado acciones criminales contra la población guatemalteca!
¡Sí a la vida, No a la minería! |
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Detienen a Marcos Arana en Plaza de Armas de Cajamarca |
El líder del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, fue detenido por la Policía en Cajamarca por participar en protestas contra el proyecto minero Conga, en desacato al estado de emergencia que rige desde hoy en tres provincias de la región y que prohíbe cualquier tipo de movilización.
En una violenta intervención policial, el Padre Marcos Arana, líder de Tierra y Libertad y uno de los principales dirigentes opositores al proyecto Conga, fue detenido por un grupo de al menos doce policías en la plaza de armas de Cajamarca, mientras conversaba sentado en una banca con otros compañeros.
CNDDHH exige libertad de Arana
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió la inmediata liberación de Marco Arana y condenó la agresión de la que fue parte.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de 79 organizaciones de defensa de la vida y los derechos fundamentales de la persona, exige la inmediata libertad del líder ambientalista Marco Arana, y condena firmemente la golpiza de la que ha sido víctima por parte de las fuerzas del orden en la ciudad de Cajamarca.
Marco Arana se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de Cajamarca, sentado, cuando un número de aproximadamente 40 efectivos de la Policía Nacional del Perú lo intervino violentamente, con golpes en diversas partes del cuerpo. Luego de ello condujeron al líder ambientalista a la comisaría, donde volvieron a golpearlo.
Marco Arana cuenta con medidas cautelares de la CIDH, y en ese momento se encontraba junto a su custodio, miembro de la Policía Nacional del Perú, Elmer Díaz. La declaratoria del Estado de Emergencia no es una carta abierta para la vulneración del Estado de Derecho. Si bien los derechos a la libertad y a la reunión están limitados, estos no se convierten en delitos, ni mucho menos justifican una detención arbitraria.
Marco Arana se encuentra delicado de salud, convaleciente de un proceso fuerte de neumonía. Por ello, nos preocupa más el estado actual de salud, y el lugar donde se encuentra recluido. Responsabilizamos a las autoridades del gobierno causantes de esta arbitrariedad.
Marco Arana no ha cometido ningún delito por el cual haya tenido que ser detenido de la forma descrita. Por lo que, demandamos su inmediata libertad. |
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Minera Yanacocha y policia desalojan ilegalmente a familia Chaupe Acuña |
Máxima Acuña de Chaupe está en riesgo diario de ser desalojada junto a su familia de su casa en Tragadero Grande, Distrito de Sorochuco en la región Cajamarca.
En 1994 Máxima compró la tierra donde actualmente vive con su familia. En 2011 se negó a venderlo a la empresa minera Yanacocha dueña del mega proyecto Conga. Sin embargo, la empresa minera Yanacocha, aduce que dicho terreno les ha sido vendido directamente por los directivos de la comunidad de Sorochuco, intentando por ello expulsarlos varias veces usando a la policía y a su personal de seguridad privada.
El día 9 de agosto de 2011 un grupo de policías de la DIONES, personal de seguridad y funcionarios de la empresa Minera Yanacocha (Proyecto Conga), intentaron desalojar violentamente a ella y su familia de sus terrenos ubicados en el sector de Tragadero Grande, caserío Chugurmayo, distrito de Sorochuco (provincia de Celendín), Cajamarca.
Estos actos dejaron a Máxima y su hija inconscientes, sufriendo además la muerte de varios de sus animales. |
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Familia Chaupe Acuña nuevamente es violentada por Yanacocha y la DIONES |
En horas de la mañana 60 efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES) llegaron a las inmediaciones del domicilio de la familia Chaupe, en el entorno del proyecto minero Conga, y procedieron a desmantelar el campamento de ronderos que brindaban protección a dicha familia.
La DINOES, aprovechando la ausencia de los ronderos que habían asistido a una asamblea en un pueblo cercano,entraron en su propiedad e intentaron desalojarlos nuevamente, sin ninguna orden de desalojo o mandato judicial. Yanacocha sigue afirmando que la familia Chaupe está sobre tierras que les han sido vendidas y que ahora las ocupan de manera ilegal; sin embargo lo cierto es que dicha familia nunca vendió sus tierras, y demuestran con documentos que son los propietarios de dicho terreno . |
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Policías colimenses detienen a activista antiminero |
Policías del municipio de Comala detuvieron al activista Gabriel Martínez cuando intentaba proyectar un video en la comunidad de Zacualpan contra la instalación de una mina de oro y plata en la zona.
Gabriel Martínez narró que cerca de las ocho de la noche acudió al poblado para informar a los comuneros las consecuencias de la minería, cuando el presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, acompañado de la policía, le dijo que no se permitía realizar un mítin en ese lugar.
Sin embargo, al intentar explicar que no era un mitin, la policía lo arrestó, esposó y lo subió a una patrulla.
Sin embargo, la gente que estaba en el lugar intentó detener el vehículo y obligó a la policía a liberarlo luego de varios minutos de discusión.
A través de un comunicado de prensa, diversas organizaciones civiles respaldan y defienden a los comunitarios de la zona indígena colimense que se oponen a la extracción de minerales bajo el argumento de que de llevarse a cabo traería muerte y contaminación a los ciudadanos.
A continuación reproducimos el comunicado:
A Braulio Arreguín Acevedo. Presidente municipal de Comala
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Al Gobierno del Estado de Colima
A la sociedad Colimense
La detención de Gabriel Martínez Campos, activista de la asociación civil Bios Iguana, nuevamente pone en evidencia el uso faccioso que se hace del aparato de seguridad frente a la ciudadanía crítica y organizada.
Las élites de poder político, las autoridades y los funcionarios públicos confunden la crítica con la ofensa y la oposición con la amenaza, situaciones que no corresponden a un estado democrático como se pregona, sino a un aparato político cerrado y autoritario.
El pasado primero de diciembre, pobladores de Zacualpan y ciudadanos solidarios se reunieron en asamblea pública, donde fuimos testigos de la presencia de elementos de la policía portando armas largas, situación que lejos de brindar seguridad constituye un acto de amenaza.
Alertamos la posibilidad de que se instaure un estado de intimidación y violencia alrededor de esta comunidad y los actores involucrados en la defensa del territorio y el bienestar de la población.
La detención de Gabriel Martinez fue a todas luces un acto ilegal, usando vehículos sin identificación, violando procedimientos y ejerciendo la fuerza de forma arbitraria. Esta situación se ha extendido a los pobladores de Zacualpan, quienes por custodiar sus bienes comunes, su salud y su derecho a decidir, han sido amenazados de muerte y han sufrido violencia física por parte del comisariado y la presidencia comunal, autoridades que actúan bajo interés particular y no público, como es su deber.
Es absurdo que se instalen retenes para intentar impedir el paso a personas ajenas a la comunidad y se busque impedir el activismo social, pues es una violación a derechos fundamentales como el libre tránsito, la libre expresión y la libre asociación garantizados por nuestra constitución.
¿Cómo va a garantizar nuestra seguridad un aparato que actúa bajo consigna y no bajo la norma?
Exigimos a la autoridad municipal esclarecer estos hechos y asegurar garantías a los pobladores de Zacualpan, así como a la sociedad civil, para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Hacemos eco del reclamo del Comité Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan y de Bios Iguana A.C., para pedir la destitución del comisario ejidal, Enrique Carpio, pues este pone en riesgo la integridad de la comunidad, así como hace un uso arbitrario de su investidura, violando normas y derechos imprescindibles en un estado democrático y de derecho.
¡Si tocan a uno nos tocan a todos!
¡Por un Zacualpan libre de minería!
FRENTE DE UNIDAD PATRIÓTICA DE COLIMA
BIOS IGUANA
FRENTE MAGISTERIAL DEMOCRÁTICO
FRENTE MAGISTERIAL INDEPENDIENTE
GRUPO DE LOS CIEN
MORENA
MOVIMIENTO LIBRE CIUDADANO
PALMAS DE CUYUTLAN
RESISTENCIA AL TUNEL FERROVIARIO
SOCIEDAD PARTICIPATIVA A.C. |
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AFECTACION AMBIENTAL POR MINERIA ILEGAL |
EN LA RIVERA DE LOS RÍOS QUILCACE, PATIA, SAN JORGE, MUNICIPIOS CAUCANOS DE LA SIERRA, EL TAMBO, BOLÍVAR Y PATIA, EN AÑOS PASADOS SE INSTALARON MAS DE 120 RETROEXCAVADORAS Y ENTABLES MINEROS CAUSANDO DAÑOS AMBIENTALES IRREPARABLES DURANTE CASI 4 AÑOS, EL LLAMADO ES PARA QUE LAS ENTIDADES ESTATALES, FORMULEN Y FINANCIEN PROYECTOS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y SOCIAL EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE ESTA ACTIVIDADES ILEGALES.
GRACIAS |
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Seis heridos por oponerse a proyecto minero Escobal |
Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la minera San Rafael, ordenó matar a quienes manifestaran en contra de la mina. Las llamadas telefónicas que recuperó el Ministerio Público dan constancia de ello. Estas fueron sus palabras: “Malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo”. “Hay que quitar a esos animales”. “No podemos permitir que se establezca la gente en resistencia”. “Me mandé a quebrar a unos hijos de la gran p... Y para no tener problemas con la ley, me tendré que ir un tiempo de Guatemala”.
Dijo “un tiempo”, seguramente porque conoce el negocio. Habrá pensado que bastan un par de semanas fuera del país y un buen soborno para que todo vuelva a la normalidad. Se equivocó, y no precisamente gracias a la rectitud del Ministerio de Gobernación que, al contrario, se mostró empeñado en victimizar a la minera y bestializar a los comunitarios, sino gracias a que el MP aportó suficientes pruebas para detenerlo. Rotondo fue capturado en el aeropuerto cuando intentaba huir. A pesar de eso, fue beneficiado con arresto domiciliario.
“Maten a esos hijos de la gran…”. Esa es una de las instrucciones que Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la mina San Rafael da a sus subalternos y que quedaron grabadas al utilizar el método de escuchas telefónicas por parte del Ministerio Público.
Las escuchas, que fueron difundidas el lunes, ante el juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Rosa, sirven de evidencia en el caso contra Rotondo, y reflejan las acciones que se planearon contra los pobladores cuando estos protestaban contra la mina San Rafael.
El Ministerio Público al tener sospecha de la participación del acusado en las acciones violentas ocurridas en las cercanías de la mina, logró que un juez les autorizara el método de escuchas telefónicas desde el 27 de abril.
Las primeras pesquisas establecen que Rotondo dio la orden de agredir a los comunitarios; además, ordenó limpiar la escena del crimen y cambiar el parte policial.
Las conversaciones las realizó con Juan Pablo Oliva, quien, según la mina San Rafael, realiza consultorías de monitoreos de comunicación, así como de seguridad dentro de las instalaciones.
En todas las conversaciones se destaca que se debe eliminar a los manifestantes. “Malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo”. “Hay que quitar a esos animales pedazos de…”. “No podemos permitir que se establezca la gente en resistencia; otra Puya no”, son frases textuales de Rotondo.
Después de escuchar las declaraciones, el juez lo ligó a proceso por obstaculización de la investigación penal, lesiones leves y lesiones graves.
Y aunque no se le dictó prisión preventiva, se le dio la medida sustitutiva de arresto domiciliario con custodia y la orden de firmar el libro de asistencia en el juzgado cada 15 días.
Además, el Ministerio Público logró que quedara grabado el momento en que planeaba huir. Allí, la conversación fue con su hijo, a quien le asegura que huirá del país por haber mandado asesinar a unas personas en la región.
“Me mandé a quebrar a unos hijos de la gran... Y para no tener problemas con la ley, me tendré que ir un tiempo de Guatemala”.
A su hijo le explica vía telefónica a qué horas sale de Guatemala, en qué vuelo, lo que permitió que el 30 de abril de 2013 fuera capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía darse a la fuga.
JUAN PABLO OLIVA TREJO, SUPUESTO ASESOR DE LA MINERA SAN RAFAEL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, FUE LIGADO A PROCESO POR ELDELITO DE ENCUBRIMIENTO PROPIO.
Los heridos son:
Adolfo García, de 43 años
Luis García, 18 años
Wilmer Pérez, 17 años
Antonio Humberto Castillo, 48 años
Noé Aguilar Castillo, 27 años
Érick Fernando Castillo, 27 años. |
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Amenazan y agreden a indígenas de Zacualpan por oposición a proyecto minero |
Dos indígenas de la comunidad de Zacualpan denunciaron agresiones y amenazas por parte de los hijos del presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro.
Dos indígenas los que fueron agredidos de nombre Dilva y Jesús, en donde pondrán denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El día de la agresión fue el 1 de diciembre después de que se suspendió la asamblea comunal
El pasado domingo fue suspendida una asamblea donde 307 comuneros votarían un punto de acuerdo para avalar o rechazar la explotación de la mina, cuya concesión está a nombre de Rigoberto Verduzco Rodríguez. |
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Disparan a Yolanda Oquelí |
Yolanda Oquelí es el líder del Frente del Norte del Área Metropolitana – FRENAM, un movimiento de miembros de la comunidad que defienden la tierra de la expansión minera en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala.
El 13 de junio de 2012, aproximadamente a las 18:30 horas, Yolanda Oquelí se alejaba del sitio de la protesta pacífica en la Aldea La Puya hacia San José El Golfo, cuando en el camino fue interceptada por dos hombres en una motocicleta. Uno de los hombres sacó un arma y apuntó a Yolanda Oquelí; ella paró el coche, se bajó del vehículo, y se arrojó al suelo. Los atacantes dispararon cuatro tiros, tres de los cuales alcanzaron al vehículo y uno le impacto a la defensora de los derechos humanos en la zona lateral derecha de su cuerpo. La bala quedó alojada detrás de su hígado. Consiguió ponerse en contacto con alguien por teléfono, quien la encontró y la llevó al hospital. Actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica.
Las comunidades locales han estado protestando en la zona de la minería El Tambor desde marzo de 2012, a fin de plantear sus preocupaciones por el impacto ambiental negativo de las actividades mineras realizadas por la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMIGUA). Yolanda Oquelí ha presentado denuncias ante el Ministerio Público en relación con amenazas de muerte que ha recibido los últimos meses de trabajadores de la mina, funcionarios de EXMIGUA y miembros de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDEH. |
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Dos campesinos muertos y varios heridos en Espinar por la policia |
Hechos de violencia se desataron en Espinar. Los jóvenes: Rudicendo Manuelo Puma (27) y Walter Sencia Anca (24) murieron por acción de la policía. La población en represalia, quemó el local de la fundación Tintaya y retuvo al fiscal y en razón de eso, el Gobierno declaró Estado de Emergencia por 3 días en toda la provincia. |
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DIONES destruye campamento de los Guardianes de la Laguna |
El dirigente rondero, Manuel Ramos, denunció que efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES) destruyeron el campamento de los Guardianes de las Lagunas, ubicado cerca de la laguna Namococha. Indicó que tuvieron que huir por los cerros y se refugiaron en una zona conocida como El Alumbre. Hasta el momento no se han reportado detenidos.
“A eso de la una de la tarde, la policía y la DINOES, acompañados por camionetas de Yanacocha y a bordo de 4 buses, han subido y nos han metido bombas y perdigones, con armas de largo alcance, y han destruido todo el campamento, han robado la comida y los enseres, las ollas, los colchones y todas nuestras provisiones”, informó Manuel Ramos Campos.
La policia quemó y destruyó diversas pertenencias de los ronderos, los violentó y expulsó de las lagunas.
En respaldo a la medida de protesta emprendida por el sector El Tambo, un grupo de personas de distintas organizaciones bloqueó temporalmente la carretera Cajamarca hacia Bambamarca, en la zona conocida como el “Badén”. Los manifestantes hicieron notar su rechazo a la intervención policial que destrozó el campamento de los Guardianes, con gritos "Empieza de nuevo la lucha por el agua". Al lugar llegó un contingente policial que acordonó y despejó la zona. No se reportaron heridos.
Estos enfrentamientos son una muestra que el conflicto de Conga se mantiene latente, pese a lo que pretenden afirmar representantes del gobierno nacional, de la empresa y de los grandes medios de comunicación. El rechazo sigue firme y la preocupación por el destino de las lagunas y por la sostenibilidad del recurso hídrico, se mantiene. |
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Asesinan a joven de solo 16 años por oponerse a la minería en Guatemala |
Marilyn Topasio Reynoso Pacheco, defensora de derechos humanos, era una joven que disfrutaba y alegraba con su guitarra, que cantaba a las injusticias y defendía los recursos y el territorio, y fue asesinada por sus ideales.
Otra luchadora que cae y se suma a los muertos que nunca mueren y que resucitan en el pueblo que recoge las banderas en contra del extractivismo y defensa de la vida y los Bienes Comunes.
La Comisión Paz y Ecología de Guatemala, escribió una carta a la "Topis", como le gustaba que le llamaran:
Al escribir esta nota, me tiemblan los dedos sobre el teclado, los lentes se empañan y las lágrimas brotan, obedeciendo la ley de la gravedad, caen.
Tan solo 16 años de edad tenía Marilyn Topacio Reynoso Pacheco, le gustaba que le llamarán “La Topis” pero para mí era “La uTopis” porque era valiente, servicial, sonriente, que tenía una energía positiva, dispuesta a hacer andar la causa por una Guatemala con JUSTICIA SOCIAL.
Con ella compartíamos sueños, utopías, rebeldía con justa causa y profundos deseos de una revolución, que le hiciera un “jaque mate” a tanta podredumbre en el sistema de Gobierno. Ah sí, ella, la de “la edad de orgullo” la que se expresaba con su guitarra, la que con su mirada profunda y convincente sin mover los labios decía “pronto se abrirán las grandes alamedas, para que pase el hombre libre y construya una sociedad más justa” Por eso yo le decía “La uTopis” porque “para eso sirve la utopía, para caminar” Pero resulta, que eso daña los intereses de ciertas “personas” y por eso los cobardes decidieron empuñar un arma, halar un gatillo, más nunca decidieron empuñar la mano del pueblo, ni mucho menos halar a la juventud para lograr un cambio, es más decidieron eliminar a la juventud.
Esto no es un tema nuevo, ya lo vivimos en el pasado, a tan solo 17 años de la Firma de la tan falaz “paz” defender y exigir derechos, es peligroso. Y Topacio, quien era de las supuestas generaciones de la “paz”, donde ella tendría un escenario diferente para practicar su activismo, fue ASESINADA ¿Quién sería el autor intelectual? No lo sabemos, pero desde mayo del 2013, el pueblo de Mataquescuintla, el cual es el primer municipio de Guatemala LIBRE DE MINERIA, ha sido hostigado fuertemente por el Desgobierno de “La Fincona” (Guatemala) todo por oponerse al falso desarrollo de la Industria Minera, en la región del norte de Santa Rosa y el sur de Jalapa, más de 2000 km2, esperando ser devorados por las empresas mineras, utilizando técnicas nocivas a la vida humana.
Y esta era la lucha de Topacio y la de su pueblo, la misma lucha que se libra en casi todo el país, ante la IMPOSICIÓN de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, monocultivos y petroleras. Y por eso su madre, el día en que Topacio fue devuelta a la tierra, para que florezca Guatemala, dijo: “vamos a luchar para cumplir tu sueño, para que un día ellos (los mineros) se vayan” Y así será, porque se ha demostrado que la Minería Química de Metales, NO es económicamente rentable, NO es ambientalmente sostenible, NO es socialmente aceptada.
Por eso a “La uTopis” la comparo con cuatro grandes mujeres de nuestra historia, no la que “enseñan” en las Escuelas públicas y privadas, sino la historia construida desde abajo y con conciencia. La comparo con Mama Maquin, mujer en resistencia por la defensa de la madre tierra y el derecho a la tierra. La comparo con Rogelia Cruz, por su belleza tanto física, como interior, por sus ansias de lograr un cambio urgente. La comparo con Alaíde Foppa, por su cualidad de artista, de poeta y soñadora. La comparo con María Chinchilla, aquella maestra que se atrevió a pensar en revolución y luego de su muerte física, llego ese glorioso 20 de octubre de 1944. Por eso Topacio, ayer tu pueblo y muchas/os que te aprecian y quieren, no te fueron a despedir, fueron a decirte presentes! y es por eso que en memoria tuya, es prohibido rendirse, porque juramos vencer.
¡Hasta pronto!
--
comisión paz y
ecología
http://www.copaeguatemala.org
https://www.facebook.com/copae.marcos
twitter:Copae@CopaeGt |
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Detienen en Cajamarca a beneficiario de medida cautelar de la CIDH |
Algo inaudito ocurrió este mediodía en Cajamarca. El comunicador indígena César Estrada Chuquilín fue detenido por la policía junto a otras doce personas cuando cumplía su labor periodística. Según medios locales doce detenidos también fueron golpeados. Las detencione ocurrieron cuando varios cientos de pobladores así como activistas de otros países, concurrieron a la laguna El Perol para hacer una inspección para verificar el estado de las reservas naturales de agua.
El hecho es de suma gravedad dado que hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas para garantizar su vida e integridad junto con la de otras personas que se oponen al proyecto minero Conga.
La acción represiva de hoy se llevó a cabo en el sector donde se ubica la tranquera de ingreso a la laguna El Perol y que es territorio ancestral de las comunidades.
La abogada Zulma Villa del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) llamó la atención sobre este hecho, el cual vinculó con un pronunciamiento del Ministerio de Justicia a favor de la continuidad de los trabajos de la empresa Yanacocha en la zona.
INSPECCIÓN PACÍFICA
Zulma Villa precisó que la visita a las inmediaciones de la referida laguna, en la que participaron mayoritariamente campesinos y campesinas de las rondas, así como activistas de otros países, se realizó en el marco de una inspección para verificar el estado de las reservas naturales de agua.
Estaba previsto que de esta inspección serían parte pobladores de las provincias de Bambamarca, Cajamarca y Celendín.
Afirmó, en ese sentido, que de la misma estaban enterados la policía, el ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La detención se habría dado sin razón alguna. No existía orden judicial de por medio ni tampoco flagrante delito.
Los efectivos policiales rodearon a los campesinos y activistas para pedirles sus documentos, posteriormente registraron a todos para finalmente detenerlos.
La abogada recalcó, sin embargo, que la detención no fue lo más grave. Según información recogida por medios de comunicación locales luego de ser detenidos las doce personas fueron golpeadas.
La abogada del IIDS responsabilizó por esta acción a Jorge Gutiérrez, jefe del Frente Policial de Cajamarca, quien dio la orden de detención pese a estar plenamente informado de la inspección y de su naturaleza pacífica.
LOS DETENIDOS
Según últimas informaciones, los doce detenidos se encuentran en la caseta policial que se ubica entre las lagunas Azul y Cortada.
En el tiempo que tuvo para comunicarse, Estrada informó que entre los detenidos se encuentran personas originarias de centros poblados como El Alumbre, Piedra Redonda, entre otras, y que pertenecen a la zona de la cuenca del río Jadibamba.
Según información brindada por la abogada y algunos medios locales, los detenidos son: Idelfonso Cisneros Vásquez, Juan Yamoctanta Cruzado, Javier Ortiz Vásquez, Fabiolita Huahua Garay, Juan Uriarte García, Manuel Ramos Campos, César Estrada Chuquilín.
No es la primera vez que Estrada es víctima de los efectivos del orden al servicio de intereses empresariales.
También se encuentran, Víctor Vásquez Peralta, Elvis Vásquez y Percy Coluche, este último originario de Chota. Coluche tendría una herida de gravedad en la cabeza.
También estarían entre los detenidos la joven activista Elvira Vásquez y los ciudadanos extranjeros María Norden, Johana Muller, ambos de Suecia, y el chileno Víctor López Abarca.
PISOTEANDO A LA CIDH
Esta nueva detención se realiza a una semana de que la CIDH ordene al Estado adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de 46 líderes y lideresas de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, así como de la familia Chaupe y del comunicador César Estrada Chuquilín.
Justamente la detención de este último estaría dando cuenta de una nueva forma de operar del Gobierno, advirtió Villa.
Ella manifestó su preocupación al respecto y tal como señala la CIDH en la medida cautelar 9/2014, destacó el papel de los comunicadores en situaciones de conflictos sociales como pasa en esta parte del país con el caso Conga.
De otro lado argumentó que la actuación de la policía este mediodía responde a lo vertido por Juan Jimenez Mayor, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hace algunos días.
Como se recuerda, Jimenez, respecto a la reciente medida cautelar de la CIDH, sostuvo que la misma permite la continuidad de las obras del proyecto Conga en Cajamarca a cargo de Yanacocha.
"Esto es claramente las consecuencias de las declaraciones de Juan Jimenez Mayor", sentenció.
La población de la zona se viene organizando para pedir ante la opinión pública la liberación de los detenidos.
Fuente: Servindi |
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Nuevo ataque a la resistencia pacifica en La Puya deja heridos y mujeres intoxicadas |
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) lanzaron gases lacrimógenos de manera indiscriminada con saña para desalojar a las personas que integran el movimiento social La Puya, quienes desde marzo de 2012 han manifestado su oposición a que se instale una mina en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
A la solicitud de una consulta comunitaria y el ejercicio del derecho a la resistencia pacífica, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ambos militares retirados, enviaron más de 40 patrullas de la Policía para amedrentar este viernes, desde las cuatro de la mañana, a la población que lo único que ha hecho es defender la naturaleza.
Los gases han afectado principalmente a niñas y niños, quienes estaban cantando y tuvieron que salir corriendo ante los bombazos. Otros que recibieron el impacto fueron mujeres policías y personal de la empresa, quienes sin aviso alguno de los responsables del cuerpo policiaco, sintieron los efectos y quedaron con ojos llorosos. Esto muestra que el operativo fue poco preparado, aunque también demostró la agresividad con que fueron lanzados los artefactos.
Mientras los agentes policíacos reprimían a la población de La Puya, algunas mujeres les explicaban la validez de su lucha a los uniformados, ya que las empresas que extraen el oro de Guatemala acumulan riqueza, mientras destruyen terrenos que pueden ser aptos para cultivar, y desperdician el agua: “Nosotras luchamos en defensa de toda la población”.
La actitud de resistencia de las mujeres de La Puya es un ejemplo, porque con dignidad han participado en múltiples actividades para proteger el territorio. En más de una oportunidad recurren a sus cantos para manifestar su unidad, su resistencia es pacífica.
Con estos hechos se demuestra cómo una empresa privada que está dispuesta a pasar por encima de los derechos de las comunidades, cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Esta injusticia está siendo observada por medios nacionales e internacionales, así como por entidades protectoras de los derechos humanos. En todo el mundo se conocerá cómo el Gobierno guatemalteco le sirve a una empresa.
Un representante empresarial, con la prepotencia que le da contar con el apoyo total de las fuerzas policíacas, se presentó al lugar para exigir que se abriera el camino para pasar la maquinaria, porque tiene derecho al acceso a su propiedad privada.
Esta resistencia tiene un mismo origen que otras como las que suceden en Barillas, San Mateo Ixtatán, San Juan Sacatepéquez y otros lugares. Con estos actos represivos se demuestra cómo la propiedad privada tiene prioridad para este Gobierno y viola los derechos a opinar de las comunidades que defienden el derecho a la vida y a la protección de la naturaleza, es decir, los bienes comunes de toda la población. Merecen toda nuestra solidaridad por su resistencia pacífica a este modelo de desarrollo impuesto con violencia.
Fuente: Diario el Periodico |
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Asesinan a líder opositor de minera Paradox Global Resources en México |
El saqueo del mineral de hierro comenzó en 2006, cuando María Hermila Márquez Rodríguez, representante legal de Paradox, entró al ejido con la oferta de pagarles regalías y reconstruir el ejido a cambio de la cesión de la explotación del predio Cuauhtémoc.
En agosto y septiembre de 2013, medio centenar de campesinos bloquearon durante unos 15 días el paso de vehículos y trabajadores a la mina Paradox, ubicada en la comunidad Corral de Cancio, en demanda del pago de 5 millones de dólares que les adeuda la compañía desde 2006 –cuando comenzó operaciones– por la extracción de 350 mil toneladas del mineral.
Reclamaron también el compromiso incumplido de la empresa de pavimentar las calles de la comunidad, ampliar la clínica de salud e introducir servicios públicos a cambio de explotar el yacimiento de 29 hectáreas.
Por estos actos, 30 campesinos fueron aprehendidos durante un operativo efectuado por la Policía Ministerial en octubre de 2013, de los cuales 17 permanecen prisioneros en el penal del poblado Felipe Ángeles, municipio de Ahome.
Dentro de la lucha se encontraba el ex presidente del comisariado ejidal de la comunidad Cajón de Cancio, Ramón Corrales Vega, que finalmente le costó la vida haber participado y liderado la resistencia contra la empresa minera.
El dirigente ejidal desapareció el jueves 22 de mayo pasado; el viernes lo encontraron en una zona deshabitada de la comunidad Huizachapoa, de ese municipio. En el lugar fueron encontrados decenas de casquillos calibres 7.62, para fusil AK-47, y .223, para AR-15.
Se presume que el líder fue asesinado el mismo jueves, pero eso no ha sido confirmado por la Procuraduría General de Justicia del Estado; el cadáver fue trasladado a la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome. |
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Agreden a comuneros de El Lirio por no aceptar regalías de Yanacocha |
Cerca de una docena de policías atacaron esta mañana la comunidad El Lirio en la provincia de Celendín, Cajamarca. El ataque tuvo su origen en la negativa de los comuneros de permitir el ingreso de vehículos con regalos de la empresa minera Yanacocha.
La incursión policial ha dejado como saldo menores de edad afectados por los gases lacrimógenos utilizados.
Según Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), los menores no serían los únicos afectados, también se encontrarían comuneros heridos por disparos de perdigones. Una mujer se encontraría grave.
Las acciones se iniciaron alrededor de las 10 de la mañana cuando dos camiones cargados de regalos de la empresa minera Yanacocha y resguardados por los efectivos del orden buscaban la forma de ingresar a la comunidad El Lirio.
La entrega de estos regalos tendría como fin ganarse a la población para que desistan de su oposición al proyecto minero Conga, a cargo de la citada empresa.
Al encontrarse con la negativa de los comuneros que evitaron a toda costa el ingreso de los vehículos, los efectivos del orden arremetieron con disparos de bombas lacrimógenas.
Es en ese momento que los menores que recibían clases en una escuela en una zona aledaña se vieron afectados. “Los niños estaban en el centro educativo cuando los policías de Yanacocha atacaron con bombas y perdigones”, relató Sánchez.
Según el mismo, durante el ataque cuatro mujeres fueron pateadas por los efectivos del orden.
“La gente está indignada, felizmente varias comunidades aledañas se han acercado para mostrar su ayuda”, agregó el presidente de la PIC.
Según el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, la comunidad El Lirio se ubica en la zona de influencia del proyecto |
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Policias dan muerte a quinta víctima por oponerse a Conga, José Antonio Sánchez Huamán |
Los actos de violencia que se viven en Cajamarca a raíz de las protestas contra el proyecto Conga, van dejando cinco muertos, la detención del líder del Movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana.
Hoy 3 de julio murió José Antonio Sánchez Huamán, de 29 años que fue herido de bala en la boca en la protesta del día 3 de julio exigiendo el retiro del proyecto minero Conga. |
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Con exceso de fuerza policial movilizada intenta intimidar oposición a la minería |
El pasado miércoles 28 de Mayo a las 11 de la mañana llegaron a la cabecera municipal de Huehuetlán El Grande, más de 50 uniformados, con los rostros cubiertos, en siete camionetas pick-up y dos van, color blanco sin matrículas ni razón social, causando preocupación y temor entre los pobladores.
Así mismo, dos días después, el viernes 30 de mayo, cerca de las dos de la tarde, llegaron a Huehuetlán más de 130 presuntos policías, en 23 camionetas blancas, seminuevas, sin identificación de algún tipo e igual que dos días antes, “se bajaron, mostraron sus armas, subieron a los vehículos, rodearon dos veces el pueblo y se fueron”.
Todo este aparataje policial fue justificado por la supuesta detención de cinco mototaxis, lo que a las comunidades les pareció irrisorio.
Ante el exceso de fuerza movilizada para la supuesta detención de cinco mototaxistas, el presidente de los comuneros estimó que los operativos tienen fines de acoso e intimidación en contra de los pobladores, debido a que en diciembre pasado rechazaron la oferta de Minera Autlán de entregarles 1 millón de pesos mensuales por las mil toneladas de manganeso que cada 30 días pretenden sacar de sus terrenos.
Los comuneros consideran a sus tierras “un paraíso” en medio del páramo que hay en muchos lugares de la mixteca poblana. Aquí, además de la zona agrícola donde lo mismo cosechan pápalo, cilantro, caña, jícama, zapote negro o mangos que comercializan en los centros de abasto de Puebla, Huixcolotla o el Distrito Federal; desarrollan un proyecto de ecoturismo organizados en la Cooperativa de Bienes Comunales Atotonilco.
Las tierras que pertenecen a la comunidad tienen una extensión de mil 400 hectáreas, sin embargo mil 100 hectáreas fueron entregadas en el 2006 en concesión a la Minera Autlán por el gobierno de Vicente Fox para la explotación de manganeso.
La determinación de rechazar las actividades de la minera fue tomada por unanimidad en una asamblea de los comuneros realizada en diciembre pasado, debido a que en la década de los 80 del siglo pasado ya se había explotado la mina de manganeso, pagando al ayuntamiento “algunas regalías irrisorias”.
Tras la explotación y el uso de dinamita y explosivos en los predios La Luz II, La Luz III y San José, concesionadas a la minera Autlán por 50 años prorrogables, se perdieron dos de los yacimientos de agua que abastecen a los huehuetlecos la comunidad reaccionó y se opuso a las labores extractivas.
En ese entonces se decidió expulsar a Autlán, “pero sólo hicieron una pausa, pues unos años después, en el 2009, regresaron a través de la transnacional Australian Minerals Group (AMG)” que intentó reanudar las operaciones mineras incluso con el apoyo de la Secretaría de Gobernación durante la administración del ex gobernador Mario Marín Torres. |
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Detienen a tres comuneros que se oponen a la minería |
Los pobladores del sur del Departamento de Potosí piden la inmediata liberación de los tres hombres que, según denunciaron, fueron detenidos y golpeados por policías.
La represión policial se produjo entre las 07:30 y 08:00 de ayer en Cuchu Ingenio, población donde emergió el primer punto de bloqueo. Los policías usaron agentes químicos para dispersar a los campesinos y sólo por algunas horas dejaron el camino expedito.
Sin embargo, desde las 16:00 de ayer, el camino Potosí-Tarija y Potosí-Villazón nuevamente está interrumpido, mientras que el secretario de coordinación de la Gobernación, René Navarro, solicitó a los dirigentes deponer actitudes y sentarse en la mesa del dialogo.
El funcionario gubernamental dijo desconocer quién dio la orden para la represión policial y el arresto de campesinos. “Debió sostenerse una reunión el lunes con los comunarios de Lalava y Caiza D, pero por factores ajenos a la Gobernación no se pudo efectivizar”, aseveró. La reunión, que debería realizarse a las 10:00 de ayer, no se cumplió porque los campesinos rechazaron.
Los ciudadanos Román Gómez (47), Isidoro Jesús Cuellar (39) y José Quispe (45) fueron ingresados a celdas policiales en calidad de aprehendidos.
“Estábamos en el sector de Cuchu Ingenio, han venido los policías y nos han gasificado. Y luego ha habido enfrentamiento, los transportistas y los policías se han venido encima de nosotros”, relató José Quispe, uno de los detenidos por la Policía.
“A mí me han golpeado en mi cabeza, a mi pie me ha llegado un proyectil. A mí me han agarrado y directamente me han dado en mi cabeza”, complementó. Y añadió que el sólo cumplía la determinación de los dirigentes en el bloqueo.
Por su parte, Jesús Cuellar aseveró que él realizaba el bloqueo por el incumplimiento a los pedidos que hicieron. “Los policías nos han rebasado y cuando nos reuníamos los bloqueadores otra vez los policías vinieron y nos gasificaron”, detalló.
Entre tanto, Román Gómez, otro de los detenidos, dijo que hubo un abuso policial en Cuchu Ingenio porque no respetaron a nadie.
"Yo estaba caminando y de golpe han venido (los policías) y no han agarrado. A mi me han pateado y golpeado", aseveró.
La principal exigencia es el cese de operaciones mineras en esa región potosina con el fin de evitar que las aguas que beben y utilizan para el sector agrario no sean contaminadas.
Fuente: El Potosí |
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Asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal |
Cinco defensores de derechos humanos en la conflictiva zona minera de Arizona, Atlántida fueron objeto de un rapto temporal, seguido del robo de un vehículo en el que se desplazaban. los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa) fueron las víctimas.
El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.
Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera. |
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Brutal represión a manifestantes de parte de minera Cerro Verde: 5 heridos graves y mas de 12 detenidos |
La empresa minera de Cerro Verde una vez más está enfrentando una situación bastante delicada. En esta oportunidad no se trata sobre de la manera amañada como minera Cerro Verde logró que la planta de tratamiento de aguas residuales se realice en el mismo terreno de la concesión minera, ni a la manera escandalosa como Ollanta Humala le renovó el contrato de estabilidad jurídica hasta el 2030.
Ahora se trata de los abusos que la minera perpetra contra la población aledaña al proyecto minero que no se había opuesto a la explotación minera, pero que hoy es víctima del abuso y la prepotencia de Cerro Verde.
Con la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales, desde hace dos meses la empresa minera restringió el tránsito para la población del distrito de Uchumayo generando enérgicas protestas, dado que demoraban aproximadamente 1:30 minutos para su traslado al centro de la ciudad.
Las protestas se generalizaron cuando en un abusivo comunicado Cerro Verde anunció que cerraran la vía de manera total por el lapso de dos meses.
De esta manera se término por colmar la paciencia de la gente que salió a la protesta y bloquear su principal vía para que los camiones y buses de la minera no pasen por el lugar. La acción de lucha la materializan desde el pasado miércoles 27 de agosto. Los manifestantes exigen que representantes de Cerro Verde participen de una audiencia popular para plantear soluciones al conflicto. La minera hasta el momento no ha dado respuesta positiva.
El lunes 1 de setiembre, la policía nacional detuvo a 10 manifestantes a la altura del kilometro 48 entre ellos a 2 menores de edad. Tras su liberación en seguridad de estado, los detenidos denunciaron que los golpearon brutal y salvajemente con sus escudos y varas.
Lo que llama seriamente la atención es la actitud del alcalde de UchumayoHardin José Abril, quién mostró no tener el temple ni la personalidad para enfrentar la situación y ponerse a la defensa de los derechos de su pueblo.
Los manifestantes denunciaron también que para “comprar conciencias” y quebrar la protesta, la minera Cerro Verde está distribuyendo unos vales por 150 soles. “Creen que por unos vales el pueblo va a doblegar el codo”, dijo una pobladora.
Aproximadamente 100 efectivos policiales reprimieron brutalmente con bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo de los ciuadadan@s que protestaban en inmediaciones del pueblo de Cerro Verde, dejando varios heridos de gravedad. Un ciudadano se encuentra seriamente herido, dado que la bomba lacrimógena le cayó en la cabeza, el mismo que fue trasladado de urgencia al hospital Honorio Delgado de Arequipa.
Los pobladores hacen un llamado urgente al representante de la Defensoría del Pueblo para que se constituya en el lugar.
Los pobladores del distrito de Uchumayo, desde hace 6 días realizan enérgica protesta porque la minera Cerro Verde de manera abusiva anunció el cierre de su vía principal por un lapso de dos meses.
Relación de heridos:
Eduardo Chambilla (74)
Elizabeth Arias Flores (30)
Denis Urrubia Abril (37
Juan Salazar Torres (45)
No identificado
También hay 8 detenidos en la comisaría de Tiabaya.
La vía principal está bloqueada con gran cantidad de piedras. A medida que pasan las horas, la población de la ciudad de Arequipa se solidariza con la lucha del distrito de Uchumayo; y en las próximas horas organizaciones y colectivos sociales y culturales se estarían convocando para una vigilia en la plaza de armas de Arequipa.
Fuente: Celedín Libre, Voces de la Tierra |
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Asesinan a manifestante y detienen a 16 por oponerse a proyecto Tía María |
Las protestas contra el proyecto Tía María se han visto empañadas de violencia y criminalización, ya que el décimo tercer día de protesta y paro en el Valle del Tambo dejó como saldo una víctima fatal, identificada como Andrés Taype Chuquipima de 22 años de edad, y según el parte médico, murió por una herida de bala que le perforó el pulmón izquierdo.
Además, durante esta jornada, 4 de abril de 2011, hay un saldo de 16 detenidos por la policía. |
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Criminalización contra manifestantes del proyecto Tía María deja tres muertos y varios heridos de gravedad |
Luego de 17 días de protestas de la comunidad de Cocachacra contra el proyecto del Tía María, la policía y represión gubernamental ha dejado como saldo tres muertos y más de cincuenta heridos y heridas.
Las víctimas fatales identificadas son: Aurelio Huarcapoma de 50 años; Nestor Cerezo de 31 años; y Andrés Taype de 22 años.
Luego de estas manifestaciones, el Ejecutivo decidió cancelar el proyecto minero de Southern Perú por considerar inadmisible el estudio de impacto ambiental, el cual contaba con 138 observaciones.
El anuncio fue dado por el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, junto con Miguel Hidalgo, ministro del Interior y el presidente del Frente de Defensa de Islay, Pepe Guitiérrez.
El titular del MEM señaló que Southern Perú no podrá ejecutar cualquier actividad minera planteada en la mina Tía María, y deberá retirar sus maquinarias del lugar.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo recomendó que se inicie una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público para determinar las responsabilidades respecto de las muertes ocurridas en el marco de las jornadas de protesta. |
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Paro contra Barrick Gold en Cotuí deja dos heridos y decenas de detenidos |
Dos heridos y decenas de detenidos, enfrentamientos a tiros, pedradas y bombazos, y neumáticos quemados, dejó ayer un paro de 24 horas en reclamo que el Gobierno y la Barrick Gold entreguen el 5% de la venta del oro extraído de la mina de Pueblo Viejo a la provincia.
También reclaman un acueducto múltiple, reparación de las carreteras y de los caminos vecinales, un nuevo puente sobre el río Yuna entre La mata y Cotuí, energía eléctrica 24 horas y un aumento de la cuota de empleo en las operaciones auríferas.
En el sector La Gallera fue herida a perdigonazos la señora Quisqueya Mejía, de 64 años, y un agente policial de Los topos, cuyo nombre no pudo ser obtenido, fue alcanzado por una piedra lanzada por un manifestante y tiene laceraciones en el hombro izquierdo. |
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Policias violentan y destruyen campamento del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla |
El martes 26 de mayo de 2009, la Policía de Penonomé destruyó el campamento que el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla y la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAGUAS) habían erigido en la comunidad de Nazareno, a escasos quince minutos de Coclesito, para cortar el acceso de Petaquilla Gold y Minera Panamá (canadiense) a los proyectos mineros de oro y cobre.
La Policía de Penonomé llegó en tres vehículos llenos de unidades antimotines aproximadamente a las 9 a.m. y, sin dar preaviso ni entablar algún contacto civilizado con las comunidades que mantenían cerrado el paso por 16 días -- para disuadirlas y retirarse en paz y sin violencia -- los antimotines arrojaron bombas lacrimógenas, desmantelaron todo cuanto pudieron, estropearon y arrestaron a 19 campesinos, indígenas y ambientalistas, a quienes arrastraron, empujaron y golpearon para encarcelarlos en Coclesito. A los costados y en las colinas circundantes se hallaban otras unidades de la Policía para evitar que los campesinos e indígenas pudiesen evadir el cerco. La policía monitoreaba el operativo en tierra desde helicópteros de las empresas mineras, al igual que ocurrió en Changuinola, cuando la empresa estadunidense AES contrató a la Policía para reprimir a los indígenas que se oponían al proyecto hidroeléctrico y prestó sus aeronaves para perseguir a los dirigentes por las montañas.
En Nazareno, los antimotines voltearon las pailas y ollas con comida, arrojándolas a la calle, y se llevaron muchos enseres pertenecientes a los moradores que fueron depositados en la Corregiduría de Coclesito; destruyeron los radios transistores de los indígenas; quemaron la madera y se robaron cientos de Balboas que los manifestantes mantenían en sus ropas.
Según testigos presenciales, la Policía destruyó las astas hechas con madera de monte donde ondeaban tanto la bandera nacional de la República de Panamá como las banderas del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla y de CONADETIAGUAS, una al lado de la otra; las embolillaron y quemaron junto a otros enseres que fueron envueltos en una de las lonas que se hallaban en el lugar.
La bandera del Comité está formada por dos triángulos, verde y rojo, atravesados por una línea blanca.
El jueves 28 de mayo, una delegación indígena del Movimiento Rey Quibién subió a Coclesito para inquirir por cuatro moradores de Nuevo Sinaí que estaban en el campamento y no habían retornado a sus casas. Dos días de camino le toma a los indígenas caminar de Coclesito a Nuevo Sinaí.
El señor Demetrio Ábrego y su esposa, y un señor de nombre David y su compañera, huyeron al momento de la represión y no han sido vistos desde entonces por nadie, temiéndose por su paradero y su integridad física.Las abogadas Celma y Teresa Moncada presentaron inmediatamente el martes los Habeas Corpus en favor de los detenidos en la ciudad de Colón y en la Corte Suprema de Justicia en Panamá, algunos de cuales fueron amarrados.
Los detenidos – entre ellos Carmencita Tedman MacIntyre -- fueron puestos en libertad entre las 6 p.m. y las 9 p.m. del 26 de mayo. Dos horas después, a las 11 p.m., Julio Yao y Celma Moncada, del Servicio Paz y Justicia y la Fundación Humanitas respectivamente, llegaron a Coclesito y se encontraron con unas 200 moradores que protestaban ante la Policía y la Corregiduría, mientras que otros cientos de moradores venidos de todas partes se mantenían en vigilia en el destruído campamento de Nazareno.
Tan pronto se tuvo noticia de la represión, el Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá) envió a la licenciada Iraida Graell, a quien, una vez en Coclesito, la Corregidora Saturnina Ortega, le impidió ver a los detenidos.Cronología de una agresión anunciada- 26 de mayo: los moradores esperan al gobernador de Colón, y en su lugar llegó la destrucción del campamento.
El día de la represión, 26 de mayo, los moradores esperaban la visita del gobernador de Colón, Julio Kennion, quien
había visitado el campamento el jueves 21 de mayo y prometido traer el martes 26 la respuesta del gobierno a las peticiones de cierre inmediato y definitivo de la mina de Petaquilla. Kennion le informó el lunes 25 a la Dra. Celma Moncada que no llegaría el martes 26 sino el miércoles 27, a las diez de la mañana, y así se le informó al campamento de Nazareno.
Para representar a las comunidades y al Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, las comunidades le habían asignado a Julio Yao el sábado 23 de mayo la responsabilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el gobernador Kennion y le presentara, si fuera necesario, una contrapropuesta para levantar el bloqueo.
Pero el gobernador Kennion no se presentó, y en su lugar llegaron los antimotines. El gobierno respondió con la violencia a una protesta que se declaró no violenta desde el principio. La represión del 26 de mayo – un claro acto de traición a su palabra -- demostró la complicidad del gobierno con las empresas mineras y su absoluto desprecio por la Constitución, por la autoridad Nacional del Ambiente y las leyes ambientales.
-- 23 de mayo: los antimotines llegaron a despejar la carretera Pero antes, el sábado, 23 de mayo, cuando Julio Yao y Celma Moncada se dirigían a Coclesito, recibieron una llamada en la que se les informaba que tres vehículos con antimotines habían pasado por La Pintada rumbo a Nazareno para aplastar el plantón. Inmediatamente se llamó a Coclesito para alertar a las comunidades y, al llegar al mediodía a Nazareno, el jefe de los antimotines, con los tres vehículos a sus espaldas, y las comunidades, nos esperaban gracias a una tregua de una hora que habían solicitado los manifestantes.
Con las citadas personas llegaron dos periodistas de La Estrella de Panamá.
La intervención de tres vehículos antimotines el sábado 23 de mayo fue una violación por parte del Gobierno del espacio de diálogo abierto el sábado 16 de mayo.
El sábado 23 Yao le explicó al jefe de los antimotines -- que llegó con instrucciones de “despejar la carretera” -- que estaba abierta y pendiente una solución entre el gobierno y las comunidades desde el sábado 16; que se debía esperar la respuesta oficial el martes 26, y se le entregó al jefe del pelotón, una decisión escrita de las comunidades en respuesta a la acusación de las mineras de que se estaba interrumpiendo la “libertad de tránsito” y el “orden público.” Petaquilla Gold se quejaba de que no estábamos permitiendo el paso a los obreros y allí se decidió suspender la prohibición, conforme al texto siguiente, entregado al jefe del pelotón:
“Siendo las 11:40 a.m. del día 23 de mayo, en asamblea general de todas las personas que estamos ubicadas en la comunidad de Nazareno, protestando en contra del proyecto minero, hemos decidido dejar pasar a todos los trabajadores toda vez que pasen caminando, y solamente hasta el día martes 26 de mayo, cuando nos visite nuevamente el gobernador de Colón, Julio Kennion.
Queda claro, entonces, que sólo pasarán las personas caminando y no así vehículo, ni equipo pesado del proyecto minero. Pasarán entonces los vehículos comerciales, de pasajeros, oficiales, vehículos de la mina con enfermos. Y con esto exigimos la suspensión total de las labores en sitio planta”.
El profesor Yao le explicó al jefe de los antimotines que el único “orden público” violado lo violaron las empresas mineras, que habían fracturado y expropiado muchas fincas y construído vados que impedían el libre tránsito de los botes por los ríos, que son las carreteras del campesino y el indígena en Petaquilla; que la empresas habían violado el orden de la vida, al contaminar las aguas sin las que no se puede vivir. Yao le explicó al jefe de los antimotines que la Policía cometería un grave error si intervenía con fuerza para desalojarnos, toda vez que interrumpiría un espacio abierto por el propio gobierno (el alcalde de Donoso y el gobernador) y que metería en problemas al propio presidente Torrijos, que sería responsable de dejarles las aguas envenenadas al nuevo presidente electo Ricardo
Martinelli, de quien esperábamos una respuesta.
Dicho esto, y entregada la decisión arriba transcrita, los antimotines regresaron a Penonomé, seguidos por quienes habíamos venido de Panamá. Este hecho fue celebrado por las comunidades como un éxito inusitado en la historia de la protesta popular.
-- 16 de mayo: un representante del Alcalde de Donoso intenta despejar el cierreYa el sábado 16 de mayo, el licenciado Portocarrero, representante del Alcalde de Donoso, se había presentado al campamento para conocer las razones del cierre, acompañado por la Corregidora Saturnina Ortega y el Jefe de la Policía de Coclesito.
Los moradores explicaron múltiples razones por las cuales rechazaban la presencia minera metálica en la región, indicando que Petaquilla Gold estaba en abierto desacato a las autoridades del Estado, habida cuenta de que la Autoridad Nacional del Ambiente le había impuesto el 13 de noviembre de 2008 a la empresa una multa, una sanción y la orden de suspender actividades, en vista de que no contaban con un Estudio de Impacto Ambiental y llevaban a cabo una lesión enorme a los ecosistemas no susceptible de mitigación.
Además, las mineras jamás han consultado a las comunidades para lograr su aprobación al proyecto, tal como lo mandatan las leyes ambientales. El profesor Yao le explicó al representante del Alcalde que el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla apoyaba y exigía una acción enérgica del Estado para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la república y que, ante la evidente falta de voluntad política del gobierno, las comunidades se convertían en el mejor auxiliar de la ley para defender el derecho más importante, que es el derecho a la vida, amenazada directamente por la minería a cielo abierto en Petaquilla.
A lo largo de tres horas, el vocero le explicó al licenciado Portocarrero que la solución del problema no es competencia de la Alcaldía, ni de la gobernación de Colón, sino del presidente Martín Torrijos y del presidente-electo, Ricardo Martinelli, aunque las comunidades estarían dispuestas a explicar su posición al ministro designado de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez.
El licenciado Portocarrero se comprometió a llevar el mensaje a instancias superiores y a traer alguna respuesta del Estado en la semana del 18 al 22 de mayo, mientras que se gestionaba una cita con el presidente Martinelli. Julio Yao explicó que se había abierto un proceso de negociación, y que ni el gobierno ni el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, debían hacer nada que entorpeciera este proceso.
Pero al día siguiente, domingo 17, la familia Bernal, residente en San José del General, colocó una barricada a primeras horas de la mañana para impedir el paso de vehículos de la empresa, a 15 minutos del cierre principal. Al poco tiempo se apersonó el exmayor Felipe “Pipe” Camargo acompañado de 20 hombres armados con varillas de hierro de tres pies de largo por tres cuartos de pulgada de ancho, para eliminarla, amenazando de muerte a los cuatro miembros de la familia, de los cuales dos son mujeres.
El señor José de la Luz Bernal denunció ante la Dirección de Investigación Judicial el 19 de mayo, que la barricada era para recordarle a Petaquilla Gold que no le ha pagado un solo centavo por las 2.4 hectáreas de terreno de su finca titulada, que les fue cercenada de su propiedad titulada en el año 2006 para construir la carretera, propiedad que se ofreció a dos Balboas el metro cuadrado.
El abogado Gabriel Carrizo y Alvaro Tejeira, según Bernal, le contestaron que el gobierno le daría dos Balboas por las 2.4 hectáreas (24 mil metros cuadrados), para que Bernal los compartiera con su hermano. Para confundir y lograr que los campesinos abandonen la lucha, Camargo afirmó que los campesinos “están perdiendo el tiempo serenándose por gusto, pues a Julio Yao y Celma Moncada la empresa les está pagando”.
Próximas actividades del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla
Una vez liberados los detenidos el 26 de mayo, se llevó a cabo una asamblea de 11 p.m. a 4 a.m. del 27 de mayo, en la que se
decidió realizar una caminata el viernes 5 de junio, Día del Medio Ambiente, desde el sitio del campamento destruído en Nazareno hasta Coclesito, donde se llevará a cabo un mítin y una vigilia. El domingo 7 de junio las poblaciones afectadas por la minería a cielo abierto se darán cita en Coclesito para realizar un Cabildo Abierto de Comunidades Campesinas e Indígenas y decidir el Plan de Acción a seguir.
El Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, que aglutina la representación de más de 55 comunidades de la región, y las suscritas organizaciones asociadas, que integran a miles de comunidades campesinas e indígenas de Colón, Coclé y Panamá, acusan al gobierno del presidente Martín Torrijos de contubernio y complicidad con las empresas Petaquilla Gold y Minera Panamá y de ser incapaces de anular el contrato leonino e inconsulto de 1997 que le regala a comerciantes panameños y extranjeros aquellos recursos y riquezas naturales que, según el Derecho Internacional, deben quedar al amparo de la soberanía nacional para el beneficio del pueblo panameño.
¡AQUÍ NO SE RINDE NADIE, CARAJO!COMITÉ PRO CIERRE DE MINA PETAQUILLAOrganizaciones asociadas:Julio Yao, Carmencita Tedman MacIntyre: Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAGUAS).María Muñoz, Coordinadora Campesina por la Vida.Fredesbindo Sáez, Coordinadora de Pobladores Colonenses por el Derecho a la Vida, la Tierra y la Dignidad.Rubén Bernal, Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada.Celma Moncada, Fundación Humanitas.Anabel Herrera, Liga para la Defensa Ambiental y Animal.Carmencita Tedman MacIntyre, Cecilia MacIntyre, Elvia Lefevre, Asocición pro Defensa de las Cuencas Hidrográficas.José Arroyo, Comité de Defensa de Colón.Julio Yao, Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá).
Firma responsable y para mayor información: Julio Yao 6634-6123; María Muñoz, 6623-3575. |
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8 personas heridas dejó violenta represión en el Valle del Choapa |
Este miércoles 4 de marzo, en Salamanca, Valle del Choapa (IV Región de Coquimbo) Carabineros ha reprimido violentamente a cientos de personas movilizadas que exigen una solución a la crisis ambiental que sufren desde hace años producto del funcionamiento de Minera Los Pelambres. Con la llegada de tres helicópteros policiales y bloqueos por tierra, hoy se ha vivido una jornada de violenta represión contra las comunidades que se encuentran movilizadas desde el 16 de Febrero para exigir solución a la grave crisis social y ambiental provocada en el valle del Choapa producto del funcionamiento de la Minera y en apoyo al pueblo de Caimanes que se ha movilizado para exigir que minera Los Pelambres cumpla el fallo de la Corte Suprema que el 21 de Octubre ordenó la restitución de las aguas al estero El Pupio. Revisa nota previa: La guerra por el agua de la comunidad del Valle del Choapa en contra de Minera Los Pelambres La jornada ha dejado hasta ahora un saldo de ocho heridos en la localidad de LLimpo y un detenido en Caimanes que está siendo formalizado en Los Vilos. Entre los heridos se encuentra José Luis Pizarro, quien recibió un impacto de balin en su globo ocular, debido la gravedad de sus lesiones ha sido trasladado de urgencia hasta Santiago para ser ingresado al Hospital Salvador. Muchos de los heridos debieron ser transportados a pie hacia centros de atención privados. Fuerzas Especiales de carabineros con apoyo de 3 helicópteros policiales se encuentran parapetados en el estadio de Salamanca, el que es usado como centro de operaciones para las acciones represivas. |
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Hieren con bomba lacrimógena a mujer que defendía el Ccarhuarazo |
Una mujer identificada como Constantina López Garriazo fue impactada por una bomba lacrimógena mientras marchaba pacíficamente en defensa del Apu Ccarhuarazo, en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.
Imágenes que circulan en redes sociales dan cuenta de lo violento del impacto. El brutal ataque se dio el día 10 de marzo en el marco de un paro de 48 horas convocado por el Frente de Defensa de la provincia de Sucre.
Según Emilio Orosco, presidente del citado frente, la presencia policial en Puquio sobrepasó los 300 efectivos. Señaló así que estos fueron los que dispararon contra Constantina López hiriéndola en el rostro. Ella se encuentra ahora hospitalizada.
Pero no sería la única persona herida, ya que “producto de los forcejeos con la policía un poblador fue herido en la cabeza”, informó Orosco.
Lo que esperan ahora, sostuvo el dirigente, es un pronunciamiento del presidente Ollanta Humala y del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre el futuro del Apu Ccarchuarazo.
Como se recuerda, los habitantes de la provincia de Sucre y parte de Lucanas se oponen a que la minería se instale en esta zona por tratarse de un sitio sagrado y por ser cabecera de cuenca de los ríos Chicha, Pampas y Sondondo, fuentes de agua que abastecen a las dos provincias.
Es por esas razones que le exigen al Minem la anulación de las resoluciones que permiten que la empresa australiana Laconia Resources pueda realizar actividades de exploración como parte de su proyecto Kimsa Orcco.
Según reportaron algunos medios como Noticias SER, el paro de 48 horas que culminó el día 10 de marzo logró gran acogida. |
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Lideres campesinos del departamento de Santander fueron detenidos por defender su territorio |
A las 3:00 A.M del pasado miércoles 15 de abril de 2015 el CTI de la Fiscalía, el ESMAD de la Policía y otros uniformados de la Policía Nacional de Colombia, por orden de la Fiscalía 2da de Cimitarra-Santander, realizaron allanamientos en diversas casas de líderes defensores de los derechos ambientales en las veredas Quebrada Larga y Puerto Rico. Se produjo la detención del LÍDER CAMPESINO MANUEL GÓMEZ.
Según información de la comunidad, las entidades nombradas anteriormente tienen un listado mayor de personas a detener. Los hechos son narrados por la comunidad de la siguiente manera:
“A las 3 am del día 15 de Abril de 2015 un gran número de vehículos llegaron a Tienda Nueva, vereda Caño Bonito, municipio de Vélez, Santander, entre ellos 4 turbos tipo camión con ESMAD de la Policía Nacional y siete camionetas de las cuales cinco blancas y dos a color (dando un total de 11 vehículos) en los que se transportaba la Policía y la Sijin. Dos grupos de estos se desplazaron hacia la vereda Quebrada Larga, llevando un número de 9 vehículos los cuales llegaron a la CASA DE LA SRA. LUZ MILA GUIZA HIGUERA, en este lugar violentaron las puertas de la vivienda, intimidaron a los menores que dormían en su habitación encañonándolos con las armas de dotación obligándolos, a que estuvieran levantados. Uno de los policías o Sijin iba con el rostro encapuchado. Después de registrar la casa minuciosamente y al no encontrar nada llaman a la Sra. Luz Mila Guiza a que les firme el permiso de allanamiento, a lo que ella se niega voluntariamente. Luego de intimidarla a mano armada y causarle mucho pánico” ella afirma.
Otro grupo se desplazó hacia la CASA DE LOS SEÑORES ARTURO GONZÁLEZ Y LUIS ALBERTO GONZÁLEZ preguntando por el paradero de Luis Alberto. Luego de registrar la vivienda y no encontrar nada se retiran hacia la casa del Señor Arturo González, hablan con la empleada y le preguntan por su esposo. Aprovechando que un niño salió de su casa, lo intimidaron tratando de sacarle información, la mamá les dicen que con él no hablen que es menor de edad y que se retiren.
De la misma forma lo hicieron en la VIVIENDA DEL SEÑOR PASIÓN ARIZA GALEANO, causando pánico e intimidación a esa hora de la mañana. Un grupo de dos vehículos se desplazaron hacia la vereda de Puerto Rico, a las 4:00 A.M, llegando hasta la casa del Señor Manuel Antonio Gómez, el cual fue sorprendido durmiendo por miembros de la policía. Después de presentarse con argumentos engañosos lograron que la empleada abriera la puerta, a la cual le manifestaron que se trataba de una requisa o allanamiento. El dueño de la casa al escuchar los gritos decide levantarse ha atender el llamado de las autoridades ya que nunca ha sido notificado por la justicia. En el momento en el que sale el SEÑOR MANUEL ANTONIO GÓMEZ se ve sorprendido por los agentes que le dicen que se trata de una CAPTURA y le leen los cargos por los que es acusado “entorpecer el paso de la ley”, luego lo esposaron y subieron a una de las camionetas y se marcharon.No se entiende cómo, mientras el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón habla de comprometer al país y todos sus habitantes en el trabajo para enfrentar el cambio climático, el mismo Estado ARRESTA A LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE ante una LICENCIA AMBIENTAL QUE VIOLA LA LEY COLOMBIANA y una explotación minera que violenta los derechos ambientales y de salubridad de las comunidades de 8 veredas de los municipios de Landázuri y Vélez en Santander, Colombia.
Se reitera que las comunidades de las 8 veredas protestan desde el 22 de Julio de 2014 para defender la zona de Río Blanco – Caño Bonito de Landázuri y Vélez, Departamento de Santander, Colombia, ante el inicio de actividades de una mina de carbón a cielo abierto y por socavón. Las comunidades manifiestan varias razones para exigir la revocatoria de la licencia ambiental y del título minero, razones que como RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y
PAZ, integrada por 75 organizaciones sociales y eclesiales de 25 departamentos del país, apoyamos:
1.El Título minero FHD – 161 de Invercoal – SRSS Resources Min SAS, con una extensión de 4.392 Hectáreas, está totalmente superpuesto con la reserva forestal del Río Magdalena establecida mediante la ley 2 de 1959. Según documento del Ministerio del Medio Ambiente. Y no se realizó la sustracción previa de área para el otorgamiento de licencia, ni para la autorización de inicio de actividades, como lo manda la ley.
2.Se argumenta por la CAS que el título está en el distrito de manejo integrado de la serranía de los Yariguíes, lo cual en vez de facilitar la explotación, hace que esté en zona de doble protección: este distrito y ley 2 de 1959
3.La contaminación que se realiza por lo autorizado en la licencia ambiental mediante resolución DGL 1162 de 21 de octubre de 2010 va a privar de la pesca a más de 200 familias campesinas de veredas vecinas, y, llegará al complejo de humedales cercanos a Barrancabermeja, y, llegará a cerro de armas (5km en línea recta) sitio estratégico del parque de los Yariguíes.
4.Los estudios se han presentado para el 10% del territorio del título minero, varios documentos en el expediente de la CAS están sin las firmas de los profesionales, y, la licencia se concedió para el 100% del título minero. Dentro del 10% presentado se afectan 8 afluentes de agua: Río Blanco, quebrada innominada en documento de la CAS, causes naturales que conducen a río Blanco, corriente que lleva quebrada caño solo, quebrada Ariza, quebrada Cañas, Quebrada Ayala, quebrada Larga.
5.Las consecuencias del carbón (60.000 toneladas mensuales de extracción por 30 años) van más allá del 10% que dicen será la mina y así sólo fuera ese el territorio, la contaminación afectará a toda la zona del título minero y más allá.
6.La licencia ambiental global para todo el territorio del título afecta la zona de mayor riqueza agropecuaria y ambiental del municipio de Vélez.
7.En la zona del título minero, de gran biodiversidad, hay especies de animales en vía de extinsión: mono ahuyador, loro oreji amarillo, loro cabeza amarilla. Otras especies que desaparecerán como babillas, tortugas, oso hormiguero, loro común y muchas otras especies de aves, mamíferos y reptiles.
8.Los lineamientos territoriales de Santander, aprobados por la asamblea departamental y el Gobernador Richard Aguilar dicen: que el 12% del territorio departamental con títulos mineros es inviable. Que se debe reducir al 6%. Y que se hará todo por reversar los títulos que están en zona de reserva. Este título tiene doble protección y es una oportunidad para que el Gobernador cumpla con lo que aprobó y está obligado a ejecutar.
9.No podemos aceptar la llamada “legalidad” y “minería responsable” que viola la ley ambiental colombiana y vulnera derechos de las comunidades campesinas.
10.La socialización del proyecto está viciada totalmente, porque nunca se presentaron los estudios técnicos y los alcances del proyecto en toda sus dimensiones a las diferentes comunidades.
11. La desinformación ha sido constante. Existen grabaciones en donde el representante de la empresa minera dice que el proyecto afecta 2Has/año, otras que 6Has año. Que luego de sacar el carbón se deja el terreno como se encontraba previamente, utilizando la capa vegetal previamente separada. Esto es imposible ¿De dónde van a sacar 720.000 toneladas año para dejar el terreno como se encontraba?
11.Se ha pedido una comisión de verificación de informaciones, para que desde la técnica se vea la cantidad de fallas en el proceso de la licencia. A esto se responde con fuerza irracional. Ni siquiera se escuchan las alertas tempranas donde se advertía, entre otros, que el puente de río Blanco no estaba capacitado para más de 18 toneladas. Y dañan el puente al pasar la maquinaria ¿Quién responderá ante la ley y las comunidades por esto?
12.A los campesinos de tiempo atrás el Incoder les ha negado la titulación de sus predios con el argumento de encontrarse en Ley 2 de 1959. A la
empresa minera le adjudican título en Ley 2 de 1959. Esto viola el derecho constitucional a la igualdad para los habitantes de 8 veredas de Landázuri y Vélez.
Por todo lo anterior exigimos al Estado Colombiano la liberación inmediata del Defensor de los Derechos Ambientales de las comunidades de Río Blanco – Caño Bonito, Don MANUEL GÓMEZ y cancelar las demás órdenes de captura a los Defensores de los Derechos Ambientales de las comunidades e investigar las irregularidades denunciadas por la comunidad.
Bogotá, abril 16 de 2015
RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y PAZ |
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Protesta contra Tia María deja 1 muerto y más de 11 heridos |
Cerca de las 10:15 de la mañana, un grupo de pobladores del cono norte de la ciudad de Arequipa tomaron el puente Añashuayco con el fin de protestar ante el protecto. Además se informó una joranda de lucha programada para el lunes 27 desde las 9 de la mañana en la plaza España. Dicha fecha coincide con la presentación del premier Pedro Cateriano ante el Pleno del Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.
En estos momento, se conoce que se ha registrado la muerte de un hombre de 65 años de edad al promediar las 6 de la tarde quien perdió la vida durante un enfrentamiento con la Policía que se sostiene en el Valle del Tambo, Arequipa. Además se ha hablado de otros once heridos.
El nombre del fallecido es Victoriano Huayna de 65 años de edad y quien habría recibido impactos de bala en la pierna. FUe trasladado al hospital de Mollendo, pero la gravedad de las heridas hizo que falleciera poco antes de llegar.
Un video colgado recientemente en Youtube muestra el cruel enfrentamiento que se vive en el lugar y que forma parte del rechazo de la población al proyecto. |
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Encarcelan a 34 indígenas en Colima por protestar contra minera |
La Procuraduría General de Justicia de Colima (PGJE) consignó a 34 indígenas nahuas detenidos después de manifestarse en la minera Peña Colorada y retener a tres empleados de esa empresa, por los delitos de secuestro consumado, despojo y daños.
A pesar de las negociaciones entre los secretarios de gobierno de Jalisco y Colima, la Procuraduría de Justicia colimense consignó a 34 nahuas de Ayotitlán detenidos en el desalojo violento del pasado 22 de julio.
El pasado 23 de julio, más de 300 indígenas del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, se plantaron en el acceso de esa compañía, en el municipio de Minatitlán, Colima, para exigir mil millones de pesos por 50 años de usufructo de mil 200 hectáreas que, aseguran, son de su propiedad.
Los ejidatarios son acusados de secuestro consumado, despojos y daños en las cosas, lo que impide su liberación bajo fianza y podrían recibir condenas de hasta 40 años de prisión.
El pasado miércoles, más de 500 indígenas nahuas fueron desalojados cuando reclamaban la restitución de dos mil hectáreas en poder de la minera Peña Colorada.
A pesar de que los ejidatarios de Ayotitlán contaban con un amparo, el secretario de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, dijo que fueron “malinformados” porque las 192 hectáreas en las que trabaja la minera no forman parte de la suspensión que se dictó a su favor.
Sin embargo, el funcionario reconoció que el gobierno estatal apenas revisa los alcances de la resolución dictada a favor del ejido de Ayotitlán pero, según la información que tienen, la minera no violó el mandato judicial.
López Lara no aclaró si habrá consecuencias por la entrada de la Policía de Colima a territorio jalisciense para desalojar a los ejidatarios y dijo que hay “buena relación” con el gobierno de esa entidad
A decir de Félix Monroy Rutilio, uno de los ejidatarios, el día de la protesta la empresa pagó 14 millones 805 mil pesos, no para que liberaran a los tres trabajadores de Peña Colorada, sino como pago de la renta 2015-2016. Detalló que el depósito se hizo mediante transferencia en dos emisiones: una a las 14 horas y otra a las 17:30 horas.
Según Monroy Rutilio, el mediodía del 23 de julio los ejidatarios partieron a Minatitlán y cerca de las 18 horas fueron atendidos por el asesor legal de Peña Colorada, David Cárdenas.Están fabricándoles delitos. La Procuraduría de Justicia actuó por órdenes de la minera, aseguró.
Relató que minutos después llegaron policías estatales con una tanqueta, comenzaron a aventarles piedras y los campesinos respondieron de la misma manera. Luego hubo disparos y un joven campesino resultó herido en una pierna y sigue hospitalizado.
El procurador de Colima, Marco Santana Montes, informó que los 34 nahuas podrían alcanzar penas hasta de 40 años de prisión, sin derecho a fianza.
(Con información de La Jornada y Notisistema.com)
Fuente: Regeneración |
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4 fallecidos, 10 heridos Y 30 detenidos en la zona de Fuerabamba |
El viernes 25 de septiembre se inició un paro en las provincias y distritos de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Líderes y las autoridades de las provincias de Grau y Cotabambas en Apurímac, tomaron la decisión de paralización durante el encuentro interprovincial en la comunidad de Huancuire, Cotabambas, con la participación de más de 600 personas, realizado el pasado 12 de setiembre.
Al día 28 de septiembre, en la localidad de Fuerabamba se vienen produciendo enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales. Se han reportado 4 fallecidos, 10 heridos de bala y 30 detenidos, entre dirigentes y pobladores.
Entre los fallecidos se encuentra Escal Huamami Mío y entre los heridos: Socimo Ccopa Benito, Jesús Huamani, Joel Quispe Huilsa, Uriel Elguera Chuclla, Beto Chahuayllo Huillca, Alberto Cordovas Clallco, Leyma Quispe Román, Demetrio Pomera.
Desde el OCM llamamos a las autoridades correspondientes para que se hagan todos los esfuerzos posibles para establecer los mecanismos de diálogo.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros de Perú |
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Policías y guardia privada inician desalojo en Tundayme |
Personal de la empresa minera Ecuacorriente S.A acompañado de policías y militares se encuentran en la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, Zamora Chinchipe, desalojando a los habitantes de la zona que se encuentran defendiendo su territorio.
“A las 06:00 de la mañana ingresaron a la vivienda de los herederos Uyaguari-Guaman y sacan todas las cosas hacia la calle, esto es un eminente desalojo violento. No se notifico, los comuneros no han ejercido el derecho a la defensa”. Cascomi denuncia que este desalojo se está repitiendo con otras viviendas de otros comuneros de la zona.
Hace dos semanas la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador” (Cascomi) denunció que personal de la empresa transnacional minera Ecuacorriente S.A ingresaron con dos máquinas excavadoras y un equipo de perforación al sector de Wawaim, comunidad amazónica Cordillera del Cóndor, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe.
Con esto se causará nuevos daños ambientales y sociales a la comunidad. Aproximadamente cien hectáreas serán afectadas por los trabajos relacionados con actividades mineras pues se destruirá el ecosistema para la apertura de caminos y plataformas para perforaciones. Al momento se han realizado tres perforaciones y seis plataformas están listas para las excavaciones.
Alertamos a las autoridades del Estado ecuatoriano y a las organizaciones de derechos humanos del país y del mundo que Ecuacorriente S. A está causando daños ambientales y sociales irreparables a los comuneros al realizar desalojos violentos a vista y paciencia de las autoridades competentes y la justicia parcializada de Ecuador.
Cascomi responsabiliza al Estado ecuatoriano y a sus gobiernos de turno por todos los daños ambientales y sociales causados en el territorio y serán responsables directos por daños a la integridad física de los comuneros que están defendiendo su tierra al impedir que personas de la minera continúen ingresando a causar más daños en los terrenos de dicha comunidad.
Contacto de prensa:
Luis Sánchez, presidente de CASCOMI
(593) 0967415485 |
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Atentado armado contra líder antiminero Edwin Reynoso |
El activista Edwin Alexander Reynoso sufrió este sábado 17 de octubre un atentado armado en el municipio de Mataquescuintla, departamento guatemalteco de Jalapa, cuando se encontraba en compañía de uno de sus sobrinos. Los dos fueron ingresados en un centro hospitalario con heridas de armas de fuego.
Este crimen se registra en un contexto en el que fueron finalmente publicados los resultados de la Consulta Municipal de Vecinos de Mataquescuintla realizada el 11 de noviembre 2012 y a pocos días de la conmemoración del 3er. aniversario de la primera consulta Municipal de vecinos de Jalapa.
Según los datos de la consulta, diez mil 22 vecinos votaron contra la minería, 169 a favor, 169 votos fueron nulos y 23 en blanco. En total hubo 35 centavos de votación y participaron 10 mil 375 de 19 mil 700 empadronados.
Desde el 2011, en Jalapa las comunidades se organizaron para rechazar la instalación del proyecto minero El Escobal de la empresa minera San Rafael y la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc.
Represión
El contexto de criminalización y represión en contra de líderes comunitarios en Guatemala va en aumento en todo el país. Según informa Prensa Comunitaria más de 500 personas sufren persecución penal, y hay más de 26 dirigentes comunitarios se encuentran encarcelados.
No es la primera vez que Alexander Reynoso ve peligrar su vida. El 14 de abril de 2014 sufrió un primer atentado en el cual resultó gravemente herido y su hija Topacio Mirely Reynoso Pacheco, de 16 años, perdió la vida cuando dos hombres los interceptaron en un camino.
La familia Reynoso forma parte de la lucha contra la minería en Jalapa, y ha sufrido la criminalización y represión al igual que miles de familias que demandan el cierre de empresas nacionales o transnacionales que atentan contra los bienes naturales. |
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Dos detenidos por manifestarse contra minera Andes Cooper |
Un grupo de vecinos del sector Las Coimas, en su mayoría jóvenes, decidieron interrumpir el tránsito en la carretera E-71 a la altura del Paradero 25, levantando barricadas para sumarse a la oposición de la comunidad hacia el proyecto minero de Andes Copper al interior de Los Patos.
La manifestación comenzó pasadas las 21:00 horas cuando el tránsito fue suspendido por los residentes del sector, quienes con neumáticos y otros elementos procedieron a encender una barricada y a instalar lienzos contra la compañía minera canadiense, el Diputado Marco Antonio Núñez, a quien tildaron de “vendido” y contra Enríque Correa, presidente de Imaginacción, además de gritar consignas en defensa del agua.
Los automovilistas que se encontraron con la manifestación decidieron retornar en ambos sentidos e ingresar y salir de Putaendo a través de Quebrada Herrera, mientras que transcurridos varios minutos comenzó a llegar un pequeño contingente de Carabineros, que a eso de las 22:00 horas vio reforzada su labor con la llegada de un bus de fuerzas especiales.
A través de Radio FM Vida, el Teniente de Carabineros Ángelo Acevedo daba aviso que no habría diálogo entre los uniformados y los manifestantes, tornándose más tensa la situación cuando desde el móvil de fuerzas especiales comenzaron a arrojar bombas lacrimógenas directamente hacia las personas, entre las que incluso se encontraban algunos adultos mayores y niños que a distancia observaban lo que ocurría y que se vieron afectados por el efecto del gas.
Los manifestantes se dispersaron hacia los sitios colindantes a Calle Ernesto Concha para ingresar hacia los cerros del sector, produciéndose nuevos enfrentamientos con personal de Carabineros.
Tras la manifestación y hasta el cierre de esta edición sólo se registraron a dos personas detenidas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, acusados de maltrato de obra a Carabineros, pues en el transcurso de la protesta se arrojaron piedras a vehículos y funcionarios policiales.
“El agua es nuestra” “Fuera la Minera de Putaendo” “Núñez vendido, Correa Corrupto” eran parte de las consignas que los manifestantes dejaban sentir durante la protesta, sumándose al llamado a la oposición al proyecto minero de la empresa Andes Copper al interior de Los Patos.
Algunos sectores de Las Coimas se vieron afectados por cortes de luz, mientras que el tránsito en la carretera E-71 fue restablecido pasadas las 22:30 horas. |
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Desalojo violento a la comunidad afro Roche por minera Cerrejón |
El día 24 de febrero de 2016,en medio de la diligencia de expropiación y destrucción de la casa de la familia Ustate Fuentes de la Comunidad de Roche, municipio de Barrancas, La Guajira, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD atropelló a la comunidad afrodescendienteque se resistía al reasentamiento involuntario promovido por la empresa mineraCARBONES DEL CERREJÓN.
Hechos
1. La familia Ustate Fuentes ha resistido a la reubicación en el marco del proyecto de ampliación de la mina de CARBONES DEL CERREJÓN, en razón a la ausencia de condiciones dignas de vida en el reasentamiento propuesto por la empresa. A la fecha la empresa no ha garantizado la vivienda, tierras adecuadas para el ganado, agua potable, indemnizaciones por daños y perjuicios a las familias que fueron reubicadas.
2. La diligencia de desalojo estaba programada para las 10 de la mañana del 24 de febrero de 2016, hora en que la familia Ustate Fuentes estaba acompañada por aproximadamente 50 miembros de las comunidades de Roche, Chancleta, Patilla, Tabaco, también desplazadas por la multinacional, y por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo e INDEPAZ. También se encontraba allí el periodista guatemalteco Rafael Ríos, fotógrafo independiente que realizaba un reportaje sobre estas comunidades.
3. La Jueza de Barrancas no suspendió preventivamente la diligencia, pese a conocer que la comunidad había presentado una acción de tutela por considerar que sus derechos fundamentales estaban r siendo vulnerados.
4. Desde antes del inicio de la diligencia, en la vía que conduce a Roche había presencia de miembros del Ejército Colombiano realizando retenes, y según denuncias de la comunidad, no dejaban pasar a algunas personas que querían acompañar la diligencia.
5. Siendoa proximadamente las 11 de la mañana miembros del ESMAD llegaron a la comunidad insultando, lanzando gases y proyectiles de goma y acero contra las personas que se encontraban allí. Luego de 20 minutos de enfrentamientos hubo un saldo de dos heridos: Ronald Emilio Palmezano Carrillo, joven con discapacidad mental, con fractura de brazo izquierdo ocasionada por un golpe con un proyectil lanzado por el ESMAD; y Ángel Pereira quien sufrió heridas abiertas en el pecho por proyectiles lanzados por el ESMAD; varias personas entre las que se encontraban mujeres y adultos con discapacidad fueron golpeadas y sufrieron asfixia por los gases.
6. El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza fue la constante en la diligencia de expropiación dirigida por la Jueza de Barrancas y con presencia,de representantes de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Bienestar Familiar, la Casa de Justicia ,Alcaldía y representantes de la misma empresa Carbones de Cerrejón, quienes en todo momento mantuvieron una actitud pasiva frente a los atropellos por parte del ESMAD contra la familia Ustate Fuentes. Fue notoria la ausencia de la Personería Municipal en la diligencia.
7. Al medio día se iniciaron los diálogos entre los miembros de la familia Ustate Fuentes, la jueza de Barrancas y representantes de la empresa Cerrejón. Luego de más de 5horas, se llegó a un acuerdo de entrega voluntaria de su casa por parte del señor Tomás Ustate bajo el compromiso de Cerrejónde realizar por su parte los trámites de reubicación, entrega de tierras productivas y devolución de su ganado en poder de la empresa Cerrejón. Este acuerdo quedó firmado en acta.
8. En medio de las conversaciones para llegar al acuerdo se presentaron varios choques entre la Policía y las comunidades. El ESMAD detuvo a dos mujeres luego de agredirlas físicamente: Elis María Ustate Fuentes y Yohanna Ustate Fuentes, hijas de Tomás Ustate. La detención se generó luego de que ellas fueran acusadas de golpear a una funcionaria de Cerrejón. Así mismo el ESMAD detuvo y golpeó fuertemente a Jean Carlos Frías, miembro de la comunidad de Roche, quienes aún se encuentran detenidos en la estación de Policía
de Fonseca.
9. Junto con la familia Ustate Fuentes, el ESMAD de forma arbitraria detuvo al periodista y fotógrafo Rafael Ríos de nacionalidad guatemalteca y lo llevó a la estación de policía de Albania, a donde fue conducido– según su testimonio – en una camioneta de la empresa Carbones de Cerrejón. Antes de dejarlo en libertad, le borraron todo su material gráfico violando la prohibición de decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier material periodístico.
10. Después de suscrito el acuerdo, la casa de Tomás y otras casas deshabitadas de la comunidad de Roche,fueron tumbadas con retroexcavadora, y continuó la represión del ESMAD contra las personas que allí se encontraban.
Antecedentes
La primera comunidad desalojada por la actividad minera en el Cerrejón en esta región fue la de Manantial, en 1985.
El 9 de agosto del año 2001, desalojó a la comunidad afro de Tabaco, en el municipio de Hatonuevo, actuando en favor de Carbocol – Intercor, la transnacional que estaba a cargo de las exploraciones y la posterior explotación de la mina del carbón en el proyecto Cerrejón. Setecientos habitantes de Tabaco vieron impotentes cómo una máquina aplanadora de la empresa destruía sus casas. Un año después interpusieron una acción de tutela que ordenaba su reubicación, y la Corte falló en su favor, ordenando la reconstrucción del pueblo y toda su infraestructura. Un fallo que hasta hoy no ha sido cumplido por la Alcaldía de Hatonuevo y la Empresa.
Ocho comunidades afro e indígenas han sido desplazadas a la fuerza, y otras más utilizando mecanismos legales para apropiarse de sus territorios ancestrales, con el fin de expandir la actividad minera de Carbones de Cerrejón.También existen múltiples quejas de incumplimiento con acuerdos entre comunidades reubicadas y el Cerrejón, y en relación con afectaciones a la salud y al medio ambiente. |
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Disparan a Diadora Hernadez por oponerse a vender su tierra a Goldcorp |
Diodora Antonia Hernández Cinto fue baleada a quemarropa en su cabeza por dos hombres del vecindario (que eran trabajadores de la mina Marlin), y que luego de disparar, salieron corriendo en la noche, dejándola por muerta.
Fue baleada porque se niega a vender su terrenito a Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa Canadiense Goldcorp Inc., que está operando una mina a cielo abierto, de oro y plata, con uso de cianuro, en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala.
La bala entró en su ojo derecho y salió detrás de su oreja derecho. Después de una estancia de tres meses en el hospital, milagrosamente, Diadora sobrevivió y regresó con un ojo prostético, a su choza y su terreno, el 5 de octubre, 2010 – donde vive con su hija, su nieta y su esposo.
Después del atentado contra la vida de Diodora, Derechos en Acción mandó una carta publica (Julio 10, 2010 , basada en una acción urgente de ADISMI) al gobierno canadiense y parlamentarios, al plan de pensión canadiense y otros inversionistas, sobre el atentado contra la vida de Diodora por hombres del vecindario que trabajaban anteriormente en la mina de Goldcorp, y nunca recibieron ningún tipo de respuesta.
En una carta dirigida a ADIMSI y Derechos en Acción (20 de Julio, 2010), Goldcorp reconoció que los dos hombres detenidos e interrogados sobre el atentado (y después liberados), habían trabajado anteriormente para Goldcorp:
‘Tengo entendido que los dos hombres que supuestamente cometieron el atentado han sido identificados y fueron detenidos por la policía pero fueron liberados después. Sin embargo, tengo entendido que les ordenaron que comparezcan ante Ministerio Público en San Marcos para prestar declaraciones sobre el incidente. Ambos son residentes de San Miguel Ixtahuacan. Uno de los dos fue empleado de Montana, pero dejó de trabajar para Montana más de un ano. El otro hombre trabaja para un contratista que provee servicios de desarrollo subterráneo a Montana y a la mina Marlin.’
Ahora, un agente de seguridad proveído por el gobierno vive con su familia, permanentemente. Diodora vive en un estado de amenaza constante y con miedo de los vecinos pro-minería y de los desconocidos. |
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Yanacocha irrumpe en el terreno de Máxima Acuña y destruye sus cultivos |
Estas tarde, trabajadores de Minera Yanacocha ingresaron ilegalmente, en forma matonezca y prepotente al terreno de Máxima Acuña y su familia, destruyendo cultivos que habían sembrado para su alimentación diaria.
Daniel Chaupe Acuña, hijo de Máxima que en ese momento se encontraba en el predio Tragadero Grande, refirió vía telefónica, que los trabajadores lo agredieron verbalmente y lo conminaron a abandonar el terreno con palabras irreproducibles, luego procedieron destruir los cultivos y trazaron una línea blanca por en medio del predio para delimitar el terreno.
Este nuevo acto de abuso contra Máxima Acuña y su familia se produce luego que el Poder Judicial de Cajamarca diera una sentencia favoreciendo a Minera Yanacocha, desconociendo que esta empresa minera infringe el Derecho al Libre Desplazamiento y acceso a su terreno. Frente a este fallo injusto, Mirtha Vásquez, Defensora Legal de Máxima Acuña refirió que han interpuesto un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional para revertir dicha sentencia.
Este último acto se suma a incontables actos de abuso, hostilización y prepotencia minera con la finalidad de disminuir física y psicológicamente a Máxima Acuña que fue galardonada hace 3 meses con el Premio Goldman por la defensa del medio ambiente.
Máxima Acuña y su familia son propietarios de más de 24 hectáreas en el Predio Tragadero Grande, junto a la Laguna Azul en las alturas de Conga. La minera intenta desalojarlos por las malas para llevar adelante su proyecto minero Conga. |
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Dura represión de fuerzas policiales en manifestación contra Pascua Lama |
En medio de violentos incidentes terminó un acto organizado por el "Frente Anti Pascua Lama", en la Plaza de la Constitución. La entidad que agrupa diversas organizaciones ambientales, tenía por objeto entregar en La Moneda dos libros con más de 18 mil firmas de ciudadanos que rechazan el proyecto minero que la empresa minera Barrick Gold pretende realizar en la Tercera Región.
El senador Nelson Ávila, el director de Oceana Marcel Claude, y del Olca, Lucio Cuenca, junto a dos dirigentes vecinales del Valle del Huasco, representantes de esta coalición, fueron los encargados de ingresar al Palacio Presidencial cerca del mediodía para hacer la entrega de las firmas y una carta solicitando la detención del polémico proyecto de la minera canadiense Barrick Gold.
Mientras tanto, el resto de los manifestantes desplegó lienzos y pancartas a un costado de la Plaza de la Constitución, al costado de la estatua del ex presidente Salvador Allende.
Cuando los manifestantes intentaron representar uno de los glaciares amenazados, poniendo hielo en el suelo los policías invadieron el vehículo particular donde éste era transportado, y luego de un violento forcejeo, rompieron los sacos de hielo y los vaciaron en las piletas de la plaza", señala un comunicado de la organización.
“Posteriormente, los ambientalistas, incluidos los dirigentes fueron rodeados por la policía y obligados a abandonar la vía pública, en medio de insultos y empujones por parte de los uniformados”, agrega la información. |
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Desalojan a comunidad shuar de Nankits por oponerse a la minería |
Militares y policías ingresaron hoy, 11 de agosto de 2016, a la comunidad shuar Nankints, parroquia San Carlos Panantza, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago. Según Luis Tiwiram, indígena shuar, alrededor de 2000 militares llegaron, a la 10:00, a la comunidad de Nankints, para desalojar a los comuneros que se oponen a la minería en la zona.
“Nosotros somos dueños de este territorio, nosotros cuidamos con mucho amor la Amazonía, ahora el Ejército quiere saquear la Amazonía que es el pulmón del mundo”, dice Tiwiram.
Mediante un comunicado, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que los policías y militares ingresaron al territorio comunitario de forma violenta, atentando la vida de las personas.
En San Carlos Pananza se encuentra la empresa China Explorcobres S.A. (EXSA) que tendrá vigencia aproximada de 25 años para la extracción minera.
Recordamos a Estado ecuatoriano que el territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas son inalienables, inembargables e indivisibles. Así lo garantiza el artículo 57 de la Constitución.
Además, el Estado debe respetar el debido proceso y el derecho a la vivienda que tienen los pueblos. “Para cualquier tipo de desalojo debe haber una notificación previa o algún título legal, sino existe esto es un acto ilegal, inclusive si existiera estos títulos se debió informar a las familias que iban a ser desalojadas para que ellas puedan impugnar esa orden, sin embargo, al no existir esta notificación previa se convierte en un desalojo ilegal y arbitrario”, dice Nathaly Yépez, asesora legal.
Fuente: http://www.inredh.org |
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Angélica Choc fue víctima de atentado con disparos en su casa |
Vivienda de Angélica Choc Fue Blanco de un Atentado Con Disparos Mientras Que Ella y Dos Niños Dormían en su Interior
Poco después de la medianoche del día viernes, 16 de setiembre de 2016 (mañanita del 17), se produjo un atentado con disparos contra la vivienda de Angélica Choc, una dirigenta Maya-Q´eqchi´ defensora de los derechos humanos y de la comunidad de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala. Durante el ataque, ella se encontraba en el interior de la vivienda junto con su hijo menor y una hija adoptiva.
Angélica es la viuda de Adolfo Ich, un profesor y dirigente comunitario que fue asesinado el 27 de setiembre de 2009, por Mynor Padilla, el entonces jefe de seguridad de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals y coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Guatemala.
Desde el año 2010, Angelica es una demandante, junto con otras 12 personas Maya-Q´eqchi´ que han sido víctimas de actos de represión vinculados con la empresa minera, en los juicios civiles notorios que se llevan adelante en Canadá en contra de Hudbay Minerals y su coacusado, la CGN (la Compañía Guatemalteca del Níquel.) Desde el mes de marzo de 2015, Angélica es también la principal denunciante-víctima (junto con el Ministerio Público y la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) en el juicio penal de gran notoriedad que se lleva adelante en Guatemala en contra de Mynor Padilla por el asesinato de Adolfo Ich y el ataque con disparos que dejó con parálisis a German Chub (también cometido ese mismo día por Padilla y otros guardias de seguridad bajo sus órdenes).
Inmediatamente después del atentado con disparos, Angélica llamó a otros familiares para que vinieran a quedarse con ella y los niños. Por la mañana, al salir de la casa encontraron casquillos de bala, identificados por la policía como casquillos de bala calibre 12 y casquillos de bala de escopeta calibre 22. En el muro exterior de la casa, existen por lo menos 4 impactos de bala ya documentados por las autoridades.
Angélica y sus familiares presentaron una denuncia ante la policía y el Ministerio Público por este atentado cometido por atacantes no identificados. Angélica también advirtió a Germán Chub de lo acontecido, (por ser también denunciante y querellante en el juicio penal y civil).
Dadas las características de un ataque cometido a la medianoche, aunado al estado de impunidad y represión (muchas veces cometida por las fuerzas policiales y militares) que existe en Guatemala, es poco probable que se llegue a identificar y detener a los autores de este ataque.
Dadas las características de la represión y la impunidad en Guatemala, Derechos en Acción considera probable que este ataque intimidatorio esté vinculado al trabajo y la lucha de Angélica, tanto en Guatemala como en Canadá, buscando que se haga justicia por el asesinato de su esposo Adolfo Ich cometido por personas vinculadas a la empresa minera. Derechos en Acción siente una gran preocupación por la seguridad de Angélica Choc y su familia, y por la seguridad de German Chub y su familia.
Mas Informacion
Grahame Russell
grahame@rightsaction.org
416-807-4436 |
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Máxima Acuña sufre nueva agresión de parte de la policia y trabajadores de Yanacocha |
Máxima Acuña, Premio Medioambiental Goldman 2016, nuevamente es atacada y sufre graves agresiones físicas y psicológicas.
Desde el día miércoles 14 de septiembre gente contratada por la empresa minera Yanacocha la han estado vigilando, ayer domingo 18 apróximadamente a las 9.30 am, entraron en el terreno de la familia Chaupe sin ninguna autorización cerca a 80 personas entre policías de seguridad, gente de la comunidad y personeros de la empresa minera.
“Los de seguridad de la empresa la golpearon con sus escudos, le desabotonaron su blusa, la han arañado dejándole seria heridas en la cara, el pecho y las piernas, incluso la tuvieron como secuestrada, ahora Maxima no puede ni hablar” relata Isidora Hija de maxima.
Jaime, el esposo de Maxima fue perseguido intentaron quitarle la cámara, solo los dos se encontraban en casa. Maxima esta hospitalizada.
El 5 de mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le había pedido al gobierno peruano adoptar medidas de preventivas para salvaguardar los derechos de 46 líderes comuneros y ronderos, incluyendo a la familia Chaupe Acuña. En febrero del año 2015 las fuerzas de seguridad de la minera destruyeron las cimentaciones de una casa que planeaba construir Máxima con su esposo. Hoy, nuevamente recrudece la violencia de la minera y Máxima Acuña tuvo que ingresar a un centro médico en Cajamarca. |
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Nuevamente invaden terreno de Máxima Acuña |
Hoy mates, 04 de Octubre, Minera Yanacocha con la prepotencia que lo caracteriza, invadió nuevamente con su personal el terreno de Máxima Acuña y su familia en el predio Tragadero Grande.
El hecho ocurrió a las 10 de la mañana. Minera Yanacocha destruyó la choza y algunos cultivos que la familia había sembrado hace algunas semanas.
En el momento de la invasión minera se encontraba sólo en el predio, Jaime Chaupe Lozano, esposo de Máxima Acuña, quien ha sido amenazado por la seguridad y trabajadores mineros. Jaime Chaupe contempló muy consternado el abuso y la prepotencia de Minera Yanacocha sin poder hacer absolutamente nada para defender su propiedad.
Hacemos un llamado a la comunidad cajamarquina, nacional e internacional para frenar los abusos de la Minera Yanacocha que está generando conflictos en la ciudad de Cajamarca y abusando de familias humildes como es la familia Chaupe Acuña, ante la pasividad y la indiferencia de las autoridades.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros del Perú |
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REPRESIÓN EN ANDALGALÁ POR DEFENDER LA VIDA |
Los vecinos de Andalgalá han sufrido una fuerte represión policial al intentar desalojarlos de la ruta, donde están asentados en rechazo de la instalación de una minera. Hace pocos días, el intendente había dicho que, si era necesario, iba a matar a los asambleístas. Hay heridos y detenidos.
La represión dejó de ser una amenaza para convertirse en realidad. El gobierno local y las mineras reconocen de este modo que más de 6.000 personas marcharon en la última movilización exigiendo la paralización de La Alumbrera e impedir el inicio de Agua Rica, dos megaproyectos mineros de alto impacto contaminante. Andalgalá se ha puesto de pie y resiste en estos momentos la represión de fuerzas especiales enviadas por el gobierno y las mineras.
En estos momentos las fuerzas especiales que reprimen a los asambleistas de Andalgalá "tiran gases, balas de goma, arrastran a la gente de los pelos y a patadas los meten en la comisaría”. En Chaquiago, lugar del enfrentamiento frente a la escuela y en la propia asamblea El Algarrobo, tiran a la gente al suelo y es apaleada. Detrás de la policía en pleno corte aparecen unas máquinas para la explotación minera. El enfretamiento entre el pueblo de Andalgalá y la policía es total. La gente intenta juntarse en la plaza pero es impedida de ir hacia el lugar del enfrentamiento en pleno corte de ruta. La gente que pudo atravesar los bloqueos policiales se está yendo hacia el corte. Hay asambleistas muy golpeados.
Relato obtenido de : https://prensadelpueblo.blogspot.cl/2010/02/represion-en-andalgala-por-defender-la.html
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Represión a cielo abierto |
La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.
Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia. |
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Represión en San Juan: varios heridos y 23 detenidos en el piquete contra la Barrick Gold |
Cerca de las 4 de la madrugada, efectivos de Infantería Nacional reprimieron y detuvieron a 23 vecinos del departamento sanjuanino de Jáchal, quienes mantenían cortado ayer el ingreso a la mina Veladero. Los manifestantes protestaban por lo ocurrido el 13 de septiembre, cuando se filtró un millón de litros de solución cianurada en los ríos de la zona.
Tras el operativo, los voceros de la asamblea "Jáchal no se toca" responsabilizaron a la Barrick Gold y el gobierno provincial de José Luis Gioja y repudiaron la "violencia y brutalidad" del operativo, que, además de las detenciones, dejó a una persona hospitalizada y a otras con hematomas y lastimaduras.
"Hay más de 20 personas detenidas y mujeres que han sido maltratadas", contó Domingo Jofré, uno de los representantes vecinales. Entre ellas, precisó que hay "una mujer internada con un traumatismo de cráneo", mientras otra está detenida y espera ser hospitalizada a raíz de las lastimaduras sufridas por los uniformados.
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Más de 30 ambientalistas detenidos por protestar contra la empresa Barrick Gold en San Juan |
Represión y arrestos contra una manifestación de vecinos y ambientalistas en la localidad de Iglesia en la provincia de San Juan. Los manifestantes se oponen al funcionamiento de la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold y protagonista de dos derrames de agua con cianuro en ríos de la zona en menos de un año.
Los manifestantes participaban del ‘1er Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha’ y fueron detenidos de forma violenta y con muchas irregularidades en el procedimiento policial, según contaron algunos de los asistentes.
Se encontraban allí cortando el camino de ingreso a la Mina Valadero que es explotada por la mencionada empresa. El reclamo de los manifestantes es el cierre de la mina en la que ya ocurrieron graves derrames de cianuro, uno en setiembre de este año y otro en 2015, episodios que son considerados para los ambientaleistas como “extractivismo ecogenocida”. |
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Pobladores de Acacoyagua y Escuintla denuncian hostigamiento |
Los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco denuncian que entre el 31 de Julio y el 4 de Agosto de 2017 han sufrido dos agresiones encabezados por funcionarios de la minera El Puntal que explota titanio en Acacoyagua, pidiendo que la minera se retire de la región. Los pobladores denuncian que un grupo de 50 personas encabezadas por Julio Alfaro ligado a la empresa minera llegaron al campamento que tienen en el río Jalapa exigiéndoles que abandonaran el lugar y dejaran pasar el transporte minero hacia el yacimiento Casas Viejas. El día 4 de Agosto unas doscientas personas acuden a la presidencia municipal para entregarle una carta al alcalde Matías Salas donde denuncian el hostigamiento acontecido el día 31 de Julio. |
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Pobladores de Acacoyagua y Escuintla denuncian hostigamiento |
Los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco denuncian que entre el 31 de Julio y el 4 de Agosto de 2017 han sufrido dos agresiones encabezados por funcionarios de la minera El Puntal que explota titanio en Acacoyagua, pidiendo que la minera se retire de la región. Los pobladores denuncian que un grupo de 50 personas encabezadas por Julio Alfaro ligado a la empresa minera llegaron al campamento que tienen en el río Jalapa exigiéndoles que abandonaran el lugar y dejaran pasar el transporte minero hacia el yacimiento Casas Viejas. El día 4 de Agosto unas doscientas personas acuden a la presidencia municipal para entregarle una carta al alcalde Matías Salas donde denuncian el hostigamiento acontecido el día 31 de Julio. |
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SSP Hidalgo reprime manifestación indígena contra minera |
Vecinos de las localidades indígenas de Tolago y Chinconcuac, municipio de Lolotla, que se manifestaban de manera pacífica contra la minera Autlán, fueron dispersados de forma violenta por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo esta noche. Al cierre de la edición el saldo del operativo policíaco era de 10 personas detenidas.
Por la mañana, 400 pobladores de dichas localidades se apostaron en las afueras de las instalaciones de la minera Autlán para protestar por la supuesta contaminación del aire y del agua de un río producida por manganeso. También reclamaron el incumplimiento de la empresa de instalar una purificadora de agua.
De acuerdo a los vecinos fueron detenidas diez personas, entre ellas Alberto López, Fortino Rojas, Rubén López, Rodrigo López, Guadalupe Silva, Maximino Romero, entre otros.
María Jaime López Hernández, vecina de Tolango, una de las participantes de la manifestación denunció, que no han podido entablar comunicación con los detenidos.
Dijo que ni la Policía Estatal no la Procuraduría de Hidalgo ha querido informarles dónde se encuentran los detenidos.
Según los vecinos, por los golpes que recibió por parte de los policías, un hombre identificado como Oscar Velazco fue trasladado al hospital de Tlanchinol.
Acusaron a los uniformados de robarles teléfonos celulares con los que habían grabado la represión policiaca. La minera Autlán se localiza en el municipio de Molango y en este complejo se extrae el 80 por ciento de la producción manganeso del país. |
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Empresa ECSA, con la complicidad del Estado, destruyó de forma arbitraria e ilegítima la iglesia y la escuela de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Morona Santiago |
- 12 de mayo de 2014.
La empresa ECSA, con la complicidad del Estado, destruyó de forma arbitraria e ilegítima la iglesia y la escuela de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Morona Santiago, que eran bienes que congregaban y daban vida a la comunidad. Ver vídeo destrucción de San Marcos Aquí. El Nuevo San Marcos fue reconstruido en territorio de Cascomi (Ver escritura aquí) gracias al esfuerzo de la propia comunidad.
- 21 de agosto de 2014.
El Estado reconoce formalmente a la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) como comunidad indígena que habita en la zona de la concesión.
Al ser una comunidad indígena se debió respetar su derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada sobre actividades que afectan su territorio (Art. 57 núm. Constitución y Convenio 169 de la OIT), como son los procesos de servidumbre, pero no fue así. A pesar de que se han concluido los procedimientos administrativos de servidumbre y los cheques están consignados, los miembros de Cascomi no los ha cobrado ni pretende hacerlo.
- 8 de junio de 2015.
Los miembros de la Comunidad Amazónica de la parroquia de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe llegaron a Quito para presentar las medidas cautelares que eviten el desalojo de los habitantes de la zona, por las servidumbres mineras concluidas sin consulta
Junio de 2015.
La jueza Margarita Judith Ortega Galarza, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, de la Sala de Sorteos de Quito, negó la medida cautelar.
- 30 de septiembre de 2015.
La Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador" (Cascomi) denunció que personal de la empresa minera Ecuacorriente S.A acompañado de policías y militares desalojaron a varias familias de la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme. Los habitantes desplazados defienden su territorio.
30 de septiembre de 2015, 15:00.
Las viviendas de 16 familias, entre ellos la de la familia Luis ÁrevaloPacheco, Ángel Polivio Árevalo y de los Hermanos Uyaguari han sido destruidas, así como el nuevo barrio San Marcos construido por el esfuerzo de los propios comuneros tras ser derribado en mayo del año anterior. |
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Efectivos policiales de Espinar y minera Glencore agreden a mujeres de la comunidad de Alto Huarca |
Las familias de la comunidad de Alto Huarca, distrito de Yauri, en la provincia de Espinar están denunciando el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y la empresa minera Glencore Antapaccay, alrededor de diez pobladores han sido golpeados y amenazados con el objetivo de desalojarles de sus terrenos, de los cuales hay tres heridos de gravedad.
El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas.
Fuente: http://derechosinfronteras.pe/espinar-pobladores-de-alto-huarca-denuncian-intervencion-violenta-y-abusiva-de-minera-antapaccay-y-de-la-pnp/ |
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Minera destruye casas y esclaviza población en Zacatecas |
Minera Panamerican Silver, con ejercito privado y complicidad de autoridades despoja y esclaviza a comunidad La Colorada, Zacatecas.
Terror y esclavitud moderna por parte de la minera canadiense Panamerican Silver, denuncian. Denuncia de desplazamiento Forzado y Despojo de Territorio, no ha sido considerada por Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncian.
Desde 1998 la minera canadiense llegó a asentarse en la comunidad, la Colorada, Municipio de Chalchihuites, en Zacateca, sin realizar ningún tipo de consulta.
“Llegaron ofreciendo promesas de mejoras en las escuelas, viviendas y generación de empleos, lo cual no sucedió. Sin embargo, comenzaron a generar división en la comunidad y a despojar poco a poco a las personas de propias casas, huertas y tierras de cultivo”, denunció , David Cayetano, Coordinador de la Red Internacional de Defensores de DH de los Pueblos Originarios.
El defensor relata que “fue en el año de 2014 cuando comenzaron la destrucción de las casas habitacionales de la comunidad, incluso sin importar que hubieran personas adentro, se les obligó a salir de ellas y la minera construyó una zona habitacional en donde se les obligó a vivir supuestamente en comodato, pero que ahora se les cobra una renta obligatoria”.
Agrega que las zonas habitacionales están vigiladas por personas armadas que trabajan para la minera y que les mantienen todo el tiempo hostigados y amenazados, están construidas con mallas y cámaras de seguridad como si fuera una prisión.
La minera les mató ganados y no les permite seguir con la agricultura, orillándolos a trabajar en ella.
Cayetano ejemplifica que “es el caso del presidente del concejo de ancianos, la persona más grande de la comunidad, que a raíz de lograr escriturar su terreno, dejaron su casa en medio de la construcción de la mina, impidiéndole el paso para salir de la comunidad y del camino rural, con ello también impidiéndole el servicio de agua”.
Como consecuencia de tal hostigamiento, destrucción de la comunidad y el hecho de que no se les permite trabajar en la ganadería y agricultura, ha habido personas que se han tenido que desplazar a otras comunidades, Estados e incluso a Estados Unidos.
“Además como consecuencia de la contaminación generada por la emisión de químicos de la minera, ha habido muertes y afectaciones graves a la salud de niñas, niños y personas mayores”, denunció
Por lo anterior, indica el defensor “la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios hace un llamado urgente a las instancias encargadas de velar y proteger los derechos humanos en México”.
La situación de “La Colorada” está llena de graves violaciones de lesa humanidad a los derechos humanos hacia las personas de esta comunidad, como es el caso del desplazamiento, despojo, e incluso podemos hablar de un forma de trata de personas y esclavitud, puesto que la mina está rigiendo la forma de vida, y condicionándola a obedecer sus órdenes y que tengan que trabajar y vivir como ellos lo digan. |
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Declaran Estado de Emergencia en todo el corredor minero |
El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.
El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.
En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.
Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.
“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.
Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.
Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095. |
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INTENTO DE ASESINATO A PRESIDENTE DE ECUARUNARI |
A las 07h30 de este 9 de mayo de 2018, en la comunidad de Cochapamba, parroquia de Molleturo, Provincia de Azuay del Sur de Ecuador, fueron secuestrados Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay FOA, por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield.
Los tres dirigentes fueron retenidos en el vehículo en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los parabrisas, los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro, acción que no llevaron a acabo por intervención de mujeres de la comunidad. Luego, fueron llevados hasta la garita de vigilancia de la empresa y al convento de la iglesia de Cochapamba, donde fueron detenidos e incomunicados.
Los tres secuestrados fueron agredidos físicamente, y amenazados de muerte hasta su liberación a las 14h30 gracias a la intervención de periodistas presentes en la zona. Adicionalmente, se tiene conocimiento que trabajadores de la empresa, han impedido el paso de una de las ambulancias que se dirigían a prestar atención a los heridos en la comunidad. Se reportan también allanamientos a viviendas y detenciones arbitrarias a comuneros
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Habitantes denuncian intimidaciones por parte de Fuerza Pública en Jericó, Antioquia |
Los habitantes del corregimiento Palo Cabildo, en Jericó, Antioquia, denunciaron que el pasado lunes 7 de mayo, mientras campesinos se movilizaban en contra de la presencia de una comitiva de la multinacional AngloGold Ashanti, integrantes de la Fuerza Pública, específicamente del GOES, arremetieron hacia las personas que se movilizaban, amenazándolos e intimidandolos con capturarlos.
De acuerdo con Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, los campesinos venían marchando, luego de haber logrado que el grupo de personas de la multinacional se retiraran del territorio, minutos después abría aparecido el GOES en actitud agresiva y fuertemente armados.
Jaramillo afirmó que la delegación se habría retirado del lugar porque “desde hace aproximadamente 5 años, la empresa AngloGold Ashanti y los campesinos de Palo Cabildo, llegaron al acuerdo de que la empresa no iba a transitar por ese corregimiento, porque cerca de él, está la zona de exploración” que la multinacional ha buscado explotar cobre. |
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Represión y Criminalización en torno al ilegal Proyecto “Chemours Laguna” |
El pasado viernes 9 de marzo del 2018, en la Comunidad de La Aurora, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, encabezadas por el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Gómez Palacio, Jaime López, reprimieron violentamente a más de 1000 personas de las comunidades de “El Volado”, “Abisinia”, “América Uno”, “Numancia”, “San Roque”, “Cuatro de Diciembre”, “La Aurora”, “Las Lechuzas”, “Sierra Hermosa”, “Las Playas”, “Noe”, “Poanas”, “Dolores”, “La Plata”, “La Mina”, “Colonia 6 de Julio”, “Estación Noe”, “María Antonieta”, “Brittingham”, “Martha” y “El Siete Pueblo Nuevo”, quienes habían respondido a la convocatoria del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio para manifestarse en contra del Proyecto “Chemours Laguna”.
Con talante autoritario, sin operadores políticos efectivos ni capacidad para el diálogo, el gobierno de Leticia Herrera Ale empleó a los cuerpos policiales quienes, para reprimir la manifestación, hicieron un uso desproporcionado e indebido de la fuerza.
Las policías, además de violar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, vulneraron el derecho a la integridad personal de los manifestantes entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos, al confrontarles, primero con amenazas e intimidación y, posteriormente con agresiones directas, tales como puñetazos y patadas o las que serealizaron con objetos contundentes, utilizando gases lacrimógenos, detonando sus armas de fuego de grueso calibre generando lesiones penetrantes.
Los antimotines, allanaron viviendas, destruyeron comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas, algunas de las cuales, NO participaron en la manifestación.
En lo esencial, los ciudadanos que se aglutinan en torno al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio no han sido tenidos en cuenta para intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las decisiones que, en este sentido, les afectan; no solo eso, en su intento de acceder a la justicia han enfrentado enormes obstáculos y después de casi siete meses sin haber obtenido respuesta de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde acudieron para demandar la nulidad de la ilegal autorización del Proyecto “Chemours Laguna”, otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, decidieron, junto a sus aliados, expresar su descontento e indignación ejerciendo su derecho a la protesta social.
Fuente : REMA |
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Vizcarra prolonga estado de emergencia en el corredor minero |
Pese a que hace solo dos días dirigentes de Apurímac pidieron al nuevo presidente Martín Vizcarra iniciar un nuevo tipo de relación con las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, hoy el Ejecutivo ha emitido un decreto supremo que prorroga por 60 días el estado de emergencia en el corredor minero, impuesto inicialmente por el ex presidente Kuczynski. Con ello, hay localidades de Cusco y Apurímac que cumplirán 10 meses bajo esta situación supuestamente excepcional, que restringe los derechos ciudadanos, pese a que no se han registrado nuevas protestas.
“Nada justifica esta nueva ampliación del Estado de Emergencia”, afirmó al respecto José De Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú. “El gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva desperdicia nuevamente una oportunidad de dar un mensaje al país y sobre todo a las comunidades de la zona, que pretenden hacer las cosas de manera distinta. Al parecer se continuará con las mismas políticas que apuntan a criminalizar y recortar derechos. Lamentable”, señaló.
El decreto supremo 037-2018-PCM resuelve “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”. La norma en mención agrega que “La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
Fuente: conflictosmineros.org.pe |
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Declaran Estado de Emergencia en todo el corredor minero |
El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.
El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.
En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.
Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.
“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.
Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.
Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095. |
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Tres dirigentes serán nuevamente juzgados por protestas ambientales |
El exalcalde de Espinar y dos exdirigentes del Frente de Defensa de la misma provincia cusqueña, respectivamente Óscar Mollohuanca y Sergio Huamaní y Herbert Huamán, serán nuevamente juzgados por las protestas ambientales que lideraron en 2012, luego de que una segunda instancia regresara todo el proceso a fojas cero.
Los tres imputados, que fueron absueltos de los cargos en primera instancia, ahora tendrán que revivir el juicio que lleva ya seis años, extendiendo aún por más tiempo el “vía crucis” que sufren los defensores ambientales de Espinar, según varios entendidos en la materia.
Recordemos que, tras el paro de 2012 en contra de la contaminación por metales tóxicos que sufre Espinar, Mollohuanca fue violentamente intervenido mientras se encontraba en sus oficinas en la municipalidad provincial y fue recluido bajo la figura de prisión preventiva. Otros líderes y defensores de derechos humanos también fueron detenidos, algunos de ellos incluso dentro de las instalaciones de la empresa minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay). Alegando “falta de garantías”, el Poder Judicial decidió trasladar el proceso hasta la ciudad de Ica, arbitrariedad que se mantiene hasta hoy pese a que las protestas acabaron y la zona se ha mantenido en calma. Ello ha significado elevados costos económicos y personales para los acusados, como parte de una estrategia de judicialización de la protesta que ha buscado obstaculizar la defensa de los activistas ambientales y de los líderes de las comunidades.
Cabe recordar que durante las protestas, tres manifestantes murieron por la represión policial con arma de fuego. Este caso ha quedado en la más absoluta impunidad.
Pese a que en la primera instancia quedó claro que no existe ninguna prueba de que Mollohuanca, Huamán y Huamaní hubieran “azuzado” a acciones violentas tal y como acusa la Fiscalía, este proceso se sigue alargando y se siguen prolongando así los costos personales para quienes alzaron su voz de protesta ante un caso emblemático de contaminación. |
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10 años de cárcel para las ex autoridades ronderas y comunicador social indigena Cesar Estrada Chuquilin |
Sentencia fue confirmada con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual y Henry Napoleón Vera Ortiz votaron en contra de la nulidad de la sentencia, reafirmando de esta forma los 10 años de cárcel para las ex autoridades ronderas y comunicador social.
Por su parte los familiares han calificado de un grave error el fallo de los jueces, toda vez que Cesar nunca participo en la intervención a la empresaria y su vehículo, como tampoco participo de la decisión de las rondas campesinas, prueba de ello el acta de donación que suscriben las rondas y la empresaria, no aparece su nombre como tampoco firma.
Sin embargo, los jueces han tomado como prueba esta acta, para señalar en su fallo lo siguiente: Si bien es cierto que Cesar Estrada no participo en la intervención, si participo de la decisión de las rondas sobre la donación, por lo tanto si es responsable, el PJ toma como prueba de manera errónea el acta de donación que suscriben las rondas y la empresaria, ni la firma ni la letra, ni el sello, nada es de Cesar Estrada como creen los jueces, eso es un grave error, es invitarse pruebas que no existen, esto deja al descubierto el hostigamiento que niega el Poder Judicial señalaron.
Por tanto, la defensa ha manifestado que este fallo será llevado a casación ente la corte suprema de Lima.
De los hechos:
Como se sabe, el comunicador indígena Cesar Estrada junto a dos ronderos, fueron sentenciados a 10 años de cárcel el pasado 25 de julio del 2017, luego que el Poder Judicial desvincularla la acusación inicial de secuestro y hurto agravado y los acusara de extorsion, por haber intervenido dentro de su base rondera, a una empresaria que presta servicios para Yanacocha.
Tanto la defensa legal como los acusados, señalan que la intervención se dio en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en un contexto de convulsión de protestas en contra del megaproyecto minero CONGA a finales del 2013, así mismo señalan que tras concluir con la investigación el vehiculo retenido a la empresaria, en aras de coordinación como establece la ley, las rondas emitieron oficios, al Ministerio Público y Policía Nacional, a fin de que se apersonan y pongan a disposición dicha unidad.
Sin embargo mencionan, que estos documentos fueron tomados como prueba por el Poder Judicial para acusarlos sentenciar los por extorsión, violando los propios protocolos de coordinación entre sistemas justicias, que el poder Judicial ha creado, asi como el articulo 149 de la CP, el convenio 169 y otros indican.
Pronunciamiento de Amnistía Internacional
Por su parte, Amnistía Internacional a finales de abril de este año se pronunció al respecto, rechazando la sentencia contra el Comunicador Social Indígena Cesar Estrada Chuquilin, quien ha calificado de un hostigamiento para callar su labor.
La defensa legal de Cesar Estrada un recurso de habeas corpus en segunda instancia, cuya fecha de audiencia está programado para el mes de junio y se espera que la sala a cargo les dé la razón, ello paralelo a lo que será el caso penal cuyo fallo se dará a conocer el día de hoy. |
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Ma. Luz Bermeo comunera d Molleturo deja las rejas tras audiencia d flagrancia, pero a pedido d fiscalía inicia instrucción fiscal x supuesto delito tipificado en el art 283 del COIP como ataque y resistencia |
Los compañeros/as se encontraban el día de ayer en un plantón en la comunidad de Migüir (cerca de Río Blanco)
• Para llegar hasta allá, no encuentran resistencia, sin embargo al regreso salen a su encuentro carros de la policía y de la empresa minera.
• Los compañeros/as, para evitar disturbios, piden de manera amable se ceda el paso. Sin embargo, los agentes se niegan.
• Ante la negativa empiezan los empujones.
• Ante esto, la Policía agrede con gases lacrimógenos y detienen a 3 compas.
• Dos de ellos son retenidos mientras que María Luz Bermeo fue trasladada a un UPC en Cuenca.
• La noche de ayer María Luz pasó en la cárcel de Turi y hoy se espera su juicio a las 08h30 en la Corte de Justicia de Azuay.
• Aún no se sabe si será procesada por Ataque y Resistencia (delito) o alteración del Orden Público (contravención).
Fuente: YASunidos
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Estado de excepción en la provincia de Morona Santiago en relación a los enfrentamientos entre miembros del Pueblo Shuar y la Policía Nacional |
El lunes 21 de
noviembre de 2016, un grupo de personas pertenecientes al Pueblo Shuar se habrían tomaron un campamento minero en la comunidad de Nankints[2], ubicada en la parroquia Santiago de Pananza, cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago. De acuerdo a un comunicado realizado por miembros del Pueblo Shuar en Nankints, esta acción se debió a que en el mes de agosto de 2016 la fuerza pública desalojó y destruyó las viviendas
de los pobladores de Nankints para dar paso a la explotación minera en el proyecto San Carlos Pananza por parte de la empresa china Ecuacorriente (ECSA). El martes 22 de noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado tomaron el control del campamento minero e informaron la existencia de policías heridos. No se tiene información respecto a la situación de los indígenas shuar. El miércoles 14 de diciembre se dio a conocer el fallecimiento de un policía y varios heridos tras un nuevo enfrentamiento entre la fuerza pública y comuneros en Nankints. Producto de esta situación, el Presidente de la República, mediante decreto Ejecutivo 1276 declaró el estado de excepción en la provincia de Morona Santiago y que, como consecuencia, se limitara el ejercicio de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, la reunión pacífica, libertad de asociación y libre movilidad. Además, se desplegó contingente militar en toda la provincia, y en especial, en las inmediaciones del campamento minero y del territorio shuar circundante. |
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ECUADOR: Detención arbitraria del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, presidente de la FICSH |
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la detención arbitraria del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, Presidente del Comité Interfederacional que agrupa a otros colectivos indígenas como la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la Nación Shuar del Ecuador (NASHE) y la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), presentes en el centro sur amazónico ecuatoriano, zona de resistencia de proyectos mineros y petroleros. El Sr. Wachapá es también ex-Presidente de la FICSH, máxima entidad de los pueblos indígenas Shuar que busca velar por la promoción y el respeto de los derechos de este pueblo y de sus territorios ancestrales, así como fundador de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)1 y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE)2.
De acuerdo con la información recibida, el día 21 de diciembre de 2016, policías y militares ecuatorianos entraron en horas de la madrugada en la sede de la FICSH y detuvieron al Sr. Wachapá sin presentarle las razones de su retención, ni una orden de captura que la justificara. Según las mismas informaciones, el defensor indígena fue objeto de humillaciones, en tanto fue lanzado al suelo, lo pisotearon y se burlaron de él mientras se realizaba el operativo.
El mismo día de su detención, la jueza, la Dra. Yolanda Ottati Cordero, ordenó trasladarlo a la cárcel de máxima seguridad de la Latacunga en la Provincia de Cotopaxi, ubicada a más de 500 km de su residencia, donde comparte celda con otras personas detenidas por la Policía y el Ejército durante el Estado de Excepción decretado en la región de Morona Santiago desde el 14 de diciembre de 2016 (ver “Antecedentes y contexto”).
Al parecer, el supuesto delito imputado por la Fiscalía de Morona Santiago al Sr. Wachapa es el de “instigar a la discordia”, bajo el articulo 348 del Código Penal, después de una denuncia puesta por el Sr. Diego Fuentes, ex Ministro del Interior, en la que se señalaría que el máximo dirigente Shuar buscó incitar a agredir a la fuerza pública a través de un mensaje publicado en la red social Facebook. |
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Dirigentes y alcaldes del Valle de Tambo fueron denunciados por asociación ilícita para delinquir. |
El Comité Regional de Defensa y Desarrollo del Valle de Tambo anunció la paralización de la macrorregión sur si el 13 de junio el Poder Judicial resuelve dar validez a la denuncia de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa contra 23 personas, entre dirigentes y alcaldes de la provincia de Islay, por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, disturbios, motín, entorpecimiento de tránsito y otros.
El coordinador de dicho comité, Jorge del Carpio, informó que -además de él, entre los denunciados están los alcaldes de Islay, Richard Ale; y de Punta de Bombón, José Ramos; así como el exalcalde de Dean Valdivia, Jaime de La Cruz; el dirigente de la Asamblea Popular del Valle de Tambo, Miguel Meza, entre otros.
“Esta denuncia es una maniobra para criminalizar la protesta social. Quieren detenernos y/o darnos prisión suspendida que, como se sabe, restringe la participación en protestas”, precisó Del Carpio.
El dirigente refirió que esta sería la segunda paralización macrorregional. El primero se realizó el 27 y 28 de mayo del año 2015. Su contundencia ocasionó la suspensión de los proyectos mineros Tía María y La Tapada, que se ha prolongado hasta la fecha.
Dijo que debido a los acontecimientos que se dieron durante esta protesta, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada presentó la denuncia que afrontan dirigentes y alcaldes.
Sostuvo que la protesta que mantienen contra los proyectos mineros de Southern Perú se basa en el artículo 1 de la Ley General del Medio Ambiente, que establece que toda persona tiene el deber fundamental de defender el medio ambiente, la vida y la salud colectiva.
“Nosotros cumplimos con eso. El miércoles, en la gigantesca marcha que hubo en la ciudad de Arequipa, hemos reafirmado que los proyectos Tía María y La Tapada no tendrán licencia social”, anotó. |
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MELCHORA SURCO RIMACHI; AMENAZADA POR LA GRAN MINERIA EN ESPINAR |
Cuando Melchora inicia su lucha por la defensa de su medio ambiente y del territorio, las personas de su misma comunidad, manipulados por la empresa minera Xstrata Tintaya, la hicieron blanco de violencia, la empresa minera manifestaba que no tendría ningún tipo de negociación con su comunidad debido a las denuncias que Melchora interponía en contra de la empresa; varios pobladores en asambleas generales se levantaban en contra de ella manifestando que los precios de los terrenos habían disminuido por las demandas que ella había interpuesto contra el estado peruano, por la no atención a la salud de las personas afectadas por metales pesados en el entorno minero.
Melchora Surco, es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI) e integrante de LAS MUJERES DEFENSORAS DEL TERRITORIO, ella vive a 200 metros de la relavera de Camaccmayo (lugar donde se deposita los materiales contaminados sin valor para la empresa), el vivir tan cerca y con el pasar de los años se ha vuelto una desgracia para su familia y sus animales, generándole problemas sociales, ambientales y sobre todo a la salud.
“Esta es mi tierra, he vivido en Pacpacco desde antes que llegue la mina, he criado a mis hijos aquí, he visto cambiar el campo, morir a mis animales y he visto nacer a mis nietos. Ya son más de 30 años” manifiesta Melchora Surco Rimachi.
Ella siempre a luchando contra la minería por los problemas que le genera a ella y a toda su comunidad, esta lucha se intensifica más cuando en Mayo del 2013, CENSOPAS hizo un nuevo estudio, recogieron 180 muestras de orina. Entre ellas, la de su nieto Yedamel y Melchora.
Desde entonces Melchora ha recibido amenazas por parte de la empresa Glencore Antapacay, pero eso a ella no la hace retroceder, al contrario le da un impulso para seguir luchando por su comunidad, ella pide que les hagan curar, que se respete al ser humano, que el Estado priorice la salud humana y que se haga justicia, justicia de verdad. Desde la organización que dirige también logro el 24 de septiembre del 2015 el Gobierno Regional de Cusco haga una INSPECCIÓN OCULAR para todas las comunidades que se ven afectadas por la minería.
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11 Mujeres Maya Q´eqchi´s, víctimas de violaciones en grupo por personal de seguridad de la minera HMI Nickel, policías y militares |
El 17 de enero del 2007, durante el desalojo forzoso de 100 familias Maya Q’eqchi’ de sus pequenas viviendas en la comunidad de Lote Ocho, las once mujeres fueron violadas en grupo por personal de seguridad de la minera, policías y militares.
Estos desalojos armados y violentos fueron realizados a solicitud de HMI Nickel, con relación al Proyecto Minero Fenix. Dicho proyecto se encuentra ubicado en las orillas del Lago Izabal y es manejado a través de la empresa subsidiaria guatemalteca, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
La demanda, que ha sido presentada en el domicilio de las compañías HudBay Minerals y HMI Nickel, en Ontario, Canadá, reclama indemnización por daños en general, y como indemnización punitiva por daños y perjuicios.
Anteriormente, la empresa HMI Nickel se conocía como Skye Resources. Todas las acciones de HMI Nickel fueron compradas por HudBay Minerals en el año 2008. Actualmente, HMI es una compañía subsidiaria que pertenece a y es controlado por HudBay Minerals. Al producirse estas violaciones en grupo, HudBay Minerals no era la dueña de HMI Nickel.
‘Nueve señores entraron a mi casa y me violaron’ dijo Rosa Coc. ‘Eran policías, soldados y miembros de la seguridad privada de la empresa. Me dejaron completamente maltratada y abusada.’ Según han dicho Rosa y las demás, al momento de los ataques, algunos de sus agresores portaban uniformes con las siglas y el logotipo de la empresa subsidiaria de HMI Nickel en Guatemala, la CGN.
Desde su sede principal en Canadá, HMI Nickel (HudBay Minerals) mantuvo un control sobre las operaciones en el Proyecto Fenix al momento en que sucedieron las violaciones.
En declaraciones presentadas en Canadá, con fines de relaciones públicas, HMI Nickel (HudBay Minerals) prometió que las fuerzas de seguridad de la minera Fenix cumplirían con los estándares internacionales de selección, comportamiento, entrenamiento y supervisión de su personal de seguridad.
El entonces Presidente y Director Ejecutivo de HMI Nickel, Ian Austin, dijo a los inversionistas canadienses que todas las actividades que se llevarían a cabo en relación a los desalojos, serían realizadas por personal especialmente entrenado para evitar actos violentos.
A pesar de las promesas públicas de la compañía, HMI Nickel y CGN emprendieron acciones violentas, el desalojo forzoso, en contra de las comunidades Maya Q’qechi’ que viven en los terrenos vinculados al proyecto minero. Los demandantes no tienen conocimiento de algún hecho que indicaría que HMI Nickel haya tomado alguna medida razonable para implementar los prometidos estándares de seguridad internacional o para proteger a la comunidad contra la violencia que se dio.
Entre lo ocurrido en el terreno y lo que decían los ejecutivos de la empresa existe una distancia asombrosa. El mismo día en que hombres vestidos con el logotipo de CGN estaban cometiendo violaciones en grupo durante el desalojo de la comunidad Lote 8, que fue realizada a solicitud de la empresa, Ian Austin, el entonces Director Ejecutivo de HMI Nickel, hizo de conocimiento público en Canadá una carta que decía: ‘la empresa hizo todo lo que estaba en su poder para asegurar que los desalojos fuesen realizados en la mejor manera posible, respetando los derechos humanos.’
En Guatemala no se ha realizado ninguna investigación ni acción judicial por estos crímenes. Rosa y las demás están buscando justicia en Canadá, en parte debido a la poca confiabilidad del sistema de justicia guatemalteca. En enero 2011, Human Rights Watch señaló que ‘para el 2009, existía un 99.75 por ciento de impunidad para los crímenes violentos’, lo cual significa que casi todo tipo de crimen violento ocurre sin que haya castigo.
El informe continúa diciendo que ‘la violencia en contra de las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y los autores casi nunca son procesados por el sistema judicial’.
‘Estamos traumadas por ese ataque’ dijo Rosa. ‘No solo yo, si no toda la comunidad’. |
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Exigen que cesen los desalojos en contra de familias Q´eqchi´s en el Estor Izabal |
Representantes de comunidades de El Estor Izabal, denunciaron públicamente lo que familias Qe´qchi´s de El Estor Izabal han sufrido en los últimos días.
En conferencia de prensa representantes de diferentes comunidades dieron a conocer que policías empezaron a disparar bombas lacrimógenas en contra de mujeres y niños que se encontraban en la comunidad 30 de Julio Se´chaj, dicha acción fue realizada después que la jueza Sandra Janeth Méndez Nájera autorizó un desalojo sin que la comunidad fuera notificada; "La Policía Nacional Civil, guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- y cuadrilleros contratados por la empresa actuaron en contra de la comunidad sin que éstos enseñaran la orden de desalojo", refirió Juan Tuc representante de las comunidades de El Estor Izabal.
Tuc dijo que los resultados del desalojo violento llevado a cabo el pasado jueves 10 de julio por parte de la Policía, guardias de seguridad privada y cuadrilleros, es de tres jóvenes heridos, (no se mencionan los nombres por temor a represalias), varias viviendas quemadas, quince estudiantes que se encontraban en el interior de una escuela ubicada a 100 metros del lugar, resultaron intoxicados por el gas lacrimógeno.
Los representantes de las comunidades también denunciaron el accionar de la Jueza Sandra Janeth Méndez que siempre se ha mostrado a favor de la empresa -CGN-, al señalar que es la tercera vez que acciona en contra de las comunidades Q´eqchi´s eso muestra que su accionar se parcializa para defender los intereses de la Compañía Guatemalteca de Níquel. Los líderes describieron parte de los antecedentes: cuando se dio el desalojo al Lote Ocho, Lote Nueve y Setal la jueza acompañó a los guardias de seguridad privada de la empresa, también señalaron a la jueza de proteger a sicarios contratados por la -CGN- los cuales han sido identificados plenamente por las comunidades, dicho grupo paralelo intentó masacrar a las familias que se encontraban en la comunidad Setal el 30 de junio de 2012.
"Todas las comunidades Q´eqchi´s de El Estor Izabal defendemos nuestras tierras, porque somos dueños de esas tierras, nuestros abuelos lucharon por nuestras tierras, por eso no queremos que sigan los desalojos, somos nativos de este país, nosotros no queremos a empresas transnacionales que vengan a desalojar a las familias de sus tierras", señaló Santiago Tuc representante de las comunidades.
Por su parte Angélica Choc parte de las comunidades afectadas, indicó que las denuncias por parte del pueblo Qéqchi´ se han dado desde hace varios años ya que no es desde ahora que el pueblo es víctima de abusos a sus derechos por parte de la empresa que antes era conocida como EXMIBAL, hasta la fecha el pueblo sigue sufriendo; "las mujeres temen por su vida por el abuso que han cometido por parte de la -CGN-", indicó Choc. |
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Ataque a balazos deja paraplejico a German Chub en protestas contra desalojo de las comunidades Mayas |
Los hechos delictivos por los que se procesa penalmente a Maynor Ronaldo Padilla Gonzales ocurrieron el domingo, 27 de septiembre, 2009, cuando Hudbay/CGN pretendió desalojar violenta y extrajudicialmente a la comunidad Las Nubes que posesiona las tierras de Lote 16, en jurisdicción de El Estor, acompañados ilegal y extrajudicialmente por la gobernadora de Izabal en vehículos de la Hudbay/CGN, por miembros de Policía Nacional Civil y buen número de seguridad privada de la compañía, bajo el mando de Maynor Padilla quien con lujo de fuerza accionó y ordenó la agresión de hombres, mujeres y niños.
Otras comunidades se unieron a la comunidad Las Nubes, bajaron hacia El Estor buscando una explicación de la gobernadora quien logró huir protegida por guardias de seguridad privada. Estando los comunitarios en la carretera próxima a las instalaciones de Hudbay/CGN, fueron atacados con armas de fuego por la seguridad de la compañía.
En la comunidad La Unión, el Profesor Adolfo Ich – preocupado por niños y demás personas que estaban en el área de los disparos – se aproximó al cerco de la empresa, momento aprovechado por Maynor Padilla en presencia de muchas personas y familiares para darle muerte al Profesor indefenso utilizando armas blancas y armas de fuego, quedando en el lugar varios heridos de bala, y el joven German Chub Choc que también se acercaba a observar cuando fue atacado directamente a balazos por Maynor Padilla, ataque que a la fecha lo mantienen parapléjico.
Maynor Padilla, un militar de profesión Teniente Coronel retirado de las filas del ejército de Guatemala, se mantuvo prófugo de la justicia bajo la protección de Hudbay/CGN, hasta el 26 de septiembre 2012, cuando que fue capturado, y que además ha sido denunciado de varios delitos contra la vida.
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Alerta: comunidad de El Hatillo, en Cesar, está en riesgo |
La comunidad del Hatillo, integrada por más de 700 personas, es original de la vereda que lleva este nombre en el corregimiento de La Loma, en el centro de Cesar. Durante más de un siglo han trabajado esas tierras con siembras de maíz, plátano, algodón y pequeña ganadería, sin lograr que los institutos de tierras, primero el antiguo Incora y luego el Incoder, les formalizara la propiedad con títulos. Por el contrario, el gobierno nacional se concentró en concesionar las tierras a empresas mineras interesadas en la explotación de carbón.
Según lo documentó la organización PAS, la “fiebre” por el carbón se intensificó a comienzos del nuevo siglo cuando, tras la crisis energética global, las potencias mundiales exigieron la búsqueda de un sustituto del petróleo. Fue así como para 2003 Cesar alcanzó una producción de 19 millones de toneladas anuales del mineral, correspondiente al 40 por ciento del total nacional.
Y la producción no paró. El Ministerio de Minas y Energía trazó un plan para el aumento de la explotación, anunciando un incremento en las exportaciones de carbón en 70 millones de toneladas para 2012 y en 250 millones para 2018. El entonces Ingeominas no dudó en otorgar títulos a diversas empresas que llegaron al centro de Cesar para explotar el mineral.
En las denuncias presentadas a diversas instituciones del Estado, está el robo ocurrido el 21 de junio de 2014 contra dos campesinos de la cooperativa de trabajadores de la vereda de El Hatillo y las llamadas intimidantes; en septiembre de ese año se amenazó a través de un panfleto a todos los líderes de la comunidad de no lograr un reasentamiento en julio de 2015. En abril de ese año otra líder fue amenazada tras realizar un viaje de incidencia a Europa con el que buscaba respaldo internacional al proceso de reasentamiento con garantía de derechos y denuncia frente a las dilaciones e incumplimientos en el mismo por parte del operador y las empresas mineras.
Durante 2015 las amenazas e intimidaciones continuaron contra otros líderes por medio de robos, llamadas, mensajes de texto y seguimientos. En 2016 la situación empeoró con la presencia de encapuchados que llegaron en moto hasta las viviendas de la comunidad, merodeando por varios días.
‘Los motorizados’ incrementaron su presencia en noviembre pasado, cuando la comunidad, liderada por los adultos mayores y a través del Presidente de la Junta de Acción Comunal con el apoyo de PAS, presentó una acción de tutela contra las tres empresas multinacionales que explotan carbón en El Paso (Drummond, Prodeco y Colombian Natural Resources) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, exigiendo los derechos a la salud, vida y vivienda dignas, al territorio y a la alimentación campesina.
A principios de diciembre la comunidad se alertó aún más cuando entre las 12 y las 4 de la madrugada comenzaron a ver a hombres vestidos de negro o de caqui, botas de caucho y pasamontañas que rondaban por las calles y los patios de sus casas. En su informe, la Defensoría Regional del Pueblo ha advertido sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como ‘Los Urabeños’, ‘Clan Úsuga’ o ‘Clan de Golfo’, que aparecieron tras la desmovilización paramilitar.
En la actualidad son todos los representantes de la comunidad para el reasentamiento los que han sido amenazados o intimidados por estos encapuchados y motorizados, sin que haya un avance en las investigaciones por parte de las autoridades. Tampoco en el otorgamiento de medidas de protección efectivas y necesarias para salvaguardar la vida de los líderes y su comunidad, máxime ahora tras el asesinato de Aldemar Parra García, quien era un trabajador minero sindicalizado y sobrino del actual presidente de la Junta de Acción Comunal. |
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Atentan contra líderes ambientalistas que se opusieron a la Colosa, en Cajamarca |
El Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) denuncia que dos de sus integrantes salieron ilesos luego de disparos que les hicieron cuando se desplazaban de las veredas Rincón Placer a la Ciudadela Ismael Perdomo, para actividades en defensa del territorio y los derechos humanos. Esta acción se registró el viernes 28 de julio aproximadamente a las 7:30 de la noche.
Estos dos activistas hicieron parte de la promoción en la consulta minera de Cajamarca, donde el NO a los proyectos de minería a gran escala, el pasado mes de marzo, derrotó a la propuesta de la compañía Anglo Gold Ashanti con una votación del 97%.
Desde hace cuatro años, según Cosajuca, “ha perdido dos compañeros, Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014 […] hemos sido víctimas de todo tipo de amenazas por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa que fue detenido gracias a la histórica consulta popular”.
Este hecho se suma a la situación que está viviendo el país, luego de ser catalogado como uno de los más peligrosos para ejercer el activismo social y la defensa de los derechos humanos y el territorio.
El informe “Defender la tierra” de Global Witness muestra que Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2016 se registraron 37 homicidios, justo después de Brasil con 49.
En lo corrido del 2017, más de 40 líderes han sido asesinados en Colombia, según lo registrado por la Marcha Patriótica, movimiento social y político que ha venido denunciado la falta de garantías para la organización, participación y movilización social.
Frente a la mayoría de estas denuncias el Gobierno Nacional ha manifestado en diversas ocasiones que son hechos aislados, que no tienen sistematicidad, como lo ha manifestado el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, o el Ministerio de Defensa.
La incapacidad del Estado en proteger a sus líderes sociales ha sido expresada con preocupación por varias organizaciones, así como agencias de cooperación internacional, además de la ONU, que han visto con inquietud cómo en plena implementación del Acuerdo de paz la confrontación contra líderes y colectividades se agudiza.
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Represión en San Juan: varios heridos y 23 detenidos en el piquete contra la Barrick Gold |
En la madrugada de este 23 de octubre, la policía de la localidad sanjuanina de Jáchal reprimió a los asambleístas que se encontraban bloqueando el ingreso de la empresa Barrick Gold, tras un derrame de un millón de litros de agua cianurada ocurrido hace un mes y que envenenó el agua los ríos de la zona.
El saldo de esta violenta acción ordenada por el juez Pablo Oritija fue la detención de 22 personas que fueron trasladadas primero a la Comisaría Nº 22 de Rodeo y recientemente a la de Jáchal.
La información que brinda la justicia es poco clara en relación a la situación de los detenidos, por lo cual diversas organizaciones sociales, políticas y de DDHH manifestaron su preocupación por la seguridad de los asambleístas.
Cabe agregar que los testimonios dan cuenta de que los periodistas, al identificarse, recibieron el "privilegio" de poder retirarse antes de la represión, sumado a la advertencia de ser detenidos si se quedaban a registrar. Este hecho demuestra cómo se intenta manejar la información en las provincias mineras: quienes guardar silencio, se salvan; quienes intentan reflejar la realidad y difundirla, terminan presos o judicializados.
Fuente: Red Nacional de Medios Alternativos |
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Vecinos de Cuncumén denuncian violenta represión de Fuerzas Especiales en manifestación contra minera del Grupo Luksic |
Los habitantes de Cuncumén, localidad ubicada en la comuna de Salamanca de la región de Coquimbo, denunciaron la violenta represión por parte de Fuerzas especiales (FF.EE.) de Carabineros, luego de que la madrugada del jueves se tomaran la ruta de acceso a la minera los Pelambres del grupo Luksic en protesta por la contaminación de polvo en suspensión que estaría provocando uno de los tranques de la minera.
Según la información entregada por la Radio JGM, se reportan cinco heridos, uno de gravedad, y tres detenidos tras el represivo actuar de la policía uniformada. “Carabineros no nos deja pasar. Están reprimiendo con bombas lacrimógenas y con perdigones. Una persona fue detenida y pateada en el suelo antes de subirla al furgón policial”, denuncian los habitantes.
El Desconcierto se contactó con los vecinos de la zona quienes ampliaron la información y denunciaron que hay una persona baleada en su pantorrilla por un disparo de Carabineros. En el vídeo que se muestra a continuación se puede apreciar como el disparo cruzó la pierna del manifestante.
La protesta llevada a cabo por los habitantes de la zona denuncia que está emanando una polución desde el tranque de relaves Los Quillayes, contaminando el Valle Alto del Choapa, afectando a los vecinos de Cuncumén y Salamanca. El último levantamiento de polvo se registró el lunes pasado, cuando una nube de contaminación cubrió el sector.
“El tranque Quillayes es un lugar de descarga de relave por parte de la minera. Que debido a las lluvias del último tiempo, y el viento que venía de cordillera a valle del lunes, provocó que el polvo se levantara y transformara Cuncumén en una nube de contaminación donde no se podía respirar”, señaló la dirigenta de la junta de vecinos de Cuncumén, Miriam Barrera.
“Nosotros estamos pidiendo el cierre definitivo del Tranque, que la minera cumpla cabalmente las medidas de mitigación que se comprometió con nosotros a cumplir y que se de una respuesta y solución al estudio que hizo la Universidad Católica de Valparaíso que indica que nuestros suelos están contaminados con capas de cobre”, agregó la dirigenta.
“Estamos peleando por nuestro derecho a vivir con calidad. Las autoridades no se han hecho cargo jamás en este pueblo, nunca se han hecho presente. El Estado es responsable que una minera de estas dimensiones nos tenga en la situación que nos tiene“, finalizó Barrera.
Desde la Minera Los Pelambres han señalado que la situación se debe a “una condición inusual de viento en el sector, lo que generó el levantamiento de material particulado. Pese a ello, los indicadores se mantuvieron bajo norma y cumpliendo los niveles de acuerdo a la legislación vigente”.
No sólo en Cuncumén y Salamanca se han denunciado problemas ambientales derivados de la explotación minera en Los Pelambres. En junio pasado, una delegación representó a los vecinos de los sectores de Choapa Viejo y Las Cañas 2 de Illapel ante la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. En la instancia, expusieron sobre la contaminación del pozo de agua potable que abastece a las comunidades.
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Fiscalía pide hasta 17 años de prisión para defensores de Cotabambas |
Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.
Dos de los acusados, Edwar Brandon Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, sufrieron prisión preventiva durante seis meses en una cárcel del Cusco, entre 2015 y 2016. Desde marzo de 2016 siguen su proceso en libertad.
Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.
El día 28 de setiembre, la represión policial a la protesta ciudadana causó la muerte de tres personas, así como numerosos heridos. Actualmente, no ha avanzado ningún proceso judicial para esclarecer las muertes de dichas personas. Sin embargo, la Fiscalía sí ha formalizado la denuncia contra 20 comuneros por supuestos hechos violentos ocurridos durante la protesta, evidenciando una doble vara: nula iniciativa para defender los derechos de los ciudadanos, pero drástica actitud para criminalizar a quienes participaron de las movilizaciones sociales.
Los acusados fueron detenidos por la Policía cuando retornaban del interior del campamento minero. La defensa legal de los acusados sostiene que no existen pruebas para sostener la acusación formulada por la Fiscalía, y que existen irregularidades en las actas de incautación y registro personal que hablarían de una posible “siembra” de pruebas, como ha ocurrido anteriormente en otros casos. Por otro lado, los acusados en todo momento han sostenido que ellos ingresaron al campamento minero en apoyo del personal de la posta médica para el traslado de los heridos.
Desde este Observatorio señalamos una vez más que criminalizar a los defensores sociales no es una manera de resolver los conflictos. En el caso Las Bambas, debiera retomarse el diálogo con la ciudadanía para afrontar realmente un plan de desarrollo sostenible de la provincia, y para solucionar los impactos ambientales producidos por las continuas modificaciones al proyecto.
13 de agosto de 2018
http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/13/fiscalia-pide-hasta-17-anos-de-prision-para-defensores-de-cotabambas/ |
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Gobierno retoma por quinta vez el estado de emergencia en el corredor minero del sur |
Tras las últimas protestas contra la compañía Las Bambas, el gobierno declaró nuevamente por 30 días el estado de excepción en los alrededores de la vía que une Cusco, Apurímac y Arequipa. En la zona se ubican las operaciones extractivas más importantes del sur. |
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Detenidos ilegalmente , golpeados y amenazados 4 opositores a minera Autlan en Sierra Negra |
Denunciamos públicamente que el pasado 28 de junio de este 2018, siendo las 7 horas de la tarde aproximadamente, cuando nuestros compañeros Sergio Rivera Hernández, Hugo Alba Cortes y Evaristo Torres regresaban de trabajar y transitaban entre las comunidades de Tepexilotla y Coyolapa en la zona baja de Zoquitlan, Sierra Negra de Puebla, fueron detenidos ilegalmente por un retén de aproximadamente veinte militantes y simpatizante del PRD. Al frente de estas personas se encontraban Zaire Montalvo Avendaño, quien está propuesto a regidor dentro de la planilla del candidato por el perredismo-panismo a la alcaldía de Zoquitlan y su hermano Caín, así como Victorino Tellez Carrillo, dirigente de UNORCA en Coyolapa y empleado de la Minera Autlan, empresa que quiere construir una presa hidroeléctrica en Coyolapa y Pozotitla en dicho municipio, proyecto al cual nos hemos opuesto desde hace dos años. Al marcarles el alto, dos personas a quienes no se puede identificar, quienes portaban pistolas de alto calibre, los bajaron de su automóvil. Fueron revisados, y en esos momentos le dieron un cachazo en la cabeza a Hugo Alba, activándose el arma y realizando una detonación. Debido a esta lesión con la cacha, el agredido empezó a sangrar. Al ver esto, con amenazas de muerte de parte de Victorio Tellez y Zaire Montalvo, tanto Sergio Rivera como Evaristo Torres recibieron la orden de los pistoleros quien a su vez obedecían a Victorino Tellez Carrillo y a los hermanos Montalvo Avendaño de que se fueran, reteniendo al lesionado a quien fueron a dejar a su casa en Tepexilotla hasta la una de la mañana del siguiente dia. Por su testimonio sabemos que bajo amenazas de parte de Froylán León Sánchez, quien es otro de los caciques perredistas de Coyolapa y primo hermano del alcalde de Zoquitlan fue obligado a recibir cinco mil pesos “por reparación del daño”. Estos pistoleros que pertenecen a las mafias del huachicol (gasolina robada de los ductos de Pemex), que están aliadas con los alcaldes de Zoquitlan (Fermín González León) y Tlacotepec de Díaz (Cirilo Trujillo Lezama) siguen intimidando a la población en las poblaciones de Tepexilotla y Coyolapa para presionar a la gente a votar por el PRD y amenazar a los opositores. Hemos puesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se sancionen estos delitos conforme a derecho.
– Responsabilizamos de cualquier ataque o agresión que pueda suceder hacia los integrantes del movimiento de resistencia indígena contra el Proyecto Hidroeléctrico a la empresa Minera Autlan, quien es quien ha venido a dividir a nuestras comunidades y familias, ha corrompido a los alcaldes de la región y ha sembrado la discordia para confrontarnos en su intento de construir su represa afectando nuestros ríos de manera irreversible.
-Responsabilizamos también a Cirilo Trujillo Lezama, alcalde de Tlacotepec de Díaz y a Fermín González León por cualquier agresión en nuestra contra, ya que son los principales operadores de Minera Autlan en la Sierra Negra y porque al aliarse con las mafias del huachicol han traído este sucio negocio a nuestras montañas acrecentando el problema de inseguridad en la que vivimos por la presencia del pistoleros del crimen organizado que ya empiezan a operar a la luz del día portando armas cortas y largas de uso exclusivo de las fuerzas armadas oficiales.
– Responsabilizamos de cualquier atentado a nuestras vidas al jefe de los pistoleros de Fermín González León, alcalde de Zoquitlan, el señor Antonio Sandoval y a su primo hermano Froylán León Sánchez, así como a Victorino Tellez Carrillo y a los hermanos Zaire y Caín Montalvo Avendaño.
– Exigimos el castigo a los agresores de nuestros compañeros y que están plenamente identificados y señalados ante la Fiscalía General del Estado.
– Exigimos la presencia inmediata de las fuerzas públicas del Estado para evitar la presencia de pistoleros y sicarios del crimen organizado en la Sierra Negra.
-Exigimos el deslinde de UNORCA del delincuente Victorino Tellez Carrillo.
– Hacemos público que estos hechos y la alianza con el PAN, demuestran una vez más la descomposición del PRD, al grado de pasar de ser perseguidos por Carlos Salinas de Gortari a persecutores, pistoleros y paramilitares.
Les recordamos que hemos decidido como pueblos indígenas defender la madre tierra y nuestros territorios incluyendo ríos, árboles, subsuelo y montañas, porque son todo lo que tenemos y representan todo lo que hemos sido, somos y seremos.
Somos herederos de las luchas de la resistencia indígena que empezaron desde el 12 de octubre de 1492 hasta el día de hoy.
Estamos celebrando una cuenta de la vida como movimiento, 20 años, de lucha y resistencia y en ese camino continuaremos como resistencia campesina, indígena, obrera y popular en defensa de nuestros derechos y en resistencia contra los megaproyectos de muerte.
¡Los ríos no se venden, se cuidan y defienden!
¡Fuera Minera Autlan de Sierra Negra!
¡Por la autodeterminación de los pueblos indígenas!
¡No a los megaproyectos!
Sierra Negra. 30 de Junio de 2018.
Comunidades Nahuas en Resistencia de la Sierra Negra
Movimiento Indígena Agrario Zapatista.
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan.
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EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DEL DEFENSOR SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ |
La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.
Tememos por su integridad física y emocional, pues no es la primera vez que sufre amenazas, acoso y atentados contra su persona y demás compañerxs defensorxs de su tierra. De la misma forma que lxs compañerxs del MAIZ, responsabilizamos de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, a la Minera Autlán que tiene fuertes intereses en la Sierra Negra de Puebla y que está detrás del proyecto hídrico, que en contubernio con los munícipes de Tlacotepec de Díaz y de San Pedro Zoquitlán pretenden hacerse de los recursos naturales de las comunidades campesinas e indígenas de la región, y que incluso se han prestado como gestores a favor de los proyectos de muerte, en concreto a favor de Minera Autlán.
Como antecedente y aunado a ello, señalamos también que la Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal apoya y encubre a la minera y no es de extrañar que haya fuertes intereses políticos y económicos detrás del citado proyecto, además del minero.
Como REMA estamos convencidxs que ésta como otras desapariciones, es una estrategia terrorista más de empresas en contubernio con gobiernos para seguir despojando a las comunidades de sus bienes naturales y sus territorios.
Exigimos al gobierno federal, al gobierno del Estado de Puebla y a los gobiernos municipales involucrados un alto al clima de hostigamiento, criminalización y agresión permanente contra todxs lxs defensorxs de la vida. Basta de proteger a las empresas que actúan a lo largo de todo el país con total impunidad. Exigimos la presentación inmediata con vida del compañero Sergio Rivera Hernández, rechazando así, la posibilidad de que su desaparición se convierta en una más de la elevada cifra que hoy nos invade. Este caso, como tantos otros, dan cuenta de la violencia que siempre acompaña a los megaproyectos de muerte y que a menudo recae en los grupos de población más vulnerables.
¡Alto a la desaparición de defensorxs del territorio!
¡No a los megaproyectos de muerte y a la complicidad gubernamental en ellos!
Atentamente
RED MEXICANA DE AFECTADXS POR LA MINERÍA (REMA)
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Tres heridos en enfrentamiento entre comuneros de Cañaris y policía |
Tres comuneros, dos hombres y una mujer, resultaron heridos luego que la policía reprimiera con bombas lacrimógenas a la población de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, en la región Lambayeque, al norte del Perú.
En diálogo con Cristóbal Barrios, presidente de dicha comunidad, Radio Marañón informó hoy que noventa efectivos policiales custodian el campamento minero de la empresa y repelieron la manifestación de la población que protestaba en los alrededores desde el jueves.
Denunció que otro contigente de 120 policías y un fiscal se encuentran en la propia comunidad donde se ha cortado el fluido eléctrico y las comunicaciones. "Parece que la policía más ha venido a detener algunos dirigentes que están liderando ésta marcha pacífica”, expresó Barrios.
Suspenden protesta
La comunidad decidió suspender su medida de protesta y conceder un plazo de diez días para que la Defensoría del Pueblo intermedie y se abra un espacio de diálogo directo con las autoridades del gobierno central.
La población aceptó la propuesta de la Defensoría de Lambayeque quienes se acercaron alrededor de las 4:00 p.m. para instarlos a deponer su medida de fuerza con el compromiso de efectuar un informe a las instancias correspondientes.
El presidente comunal Cristóbal Barrios sostuvo que esperan los diez días de plazo para ser atendidos. De lo contrario proseguirán con su medida de protesta.
Cristóbal Barrios cuestionó la terca posición del Ministerio de Energía y Minas que pretende hacer valedera una asamblea que realizó la empresa en julio pasado, con solo tresciento pobladores y se niega a escuchar la opinión mayoritaria de la población que rechaza la minería en su territorio comunal.
Tal declaración la afectuó al ser consultado por radio Marañón sobre las declaraciones Vladimiro Huároc, alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien afirmó que la consulta popular realizada en Cañaris no tiene validez porque no siguió procedimientos legales.
Como se recuerda, el 30 de octubre de este año, en una consulta popular realizada en la comunidad de San Juan de Kañaris, Lambayeque, el 95 por ciento de los votantes rechazó el proyecto minero “Cañariaco” de la empresa canadiense Candente Copper. |
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5 detenidos , una menor de edad , balines y golpizas en protesta por la defensa del territorio contra la minería |
TILCARA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
PARTE DE PRENSA
AL PUEBLO DE TILCARA Y A LA POBLACION JUJEÑA EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
ANTE LA GRAVE SITUACIÓN QUE ESTÁN SUFRIENDO NUESTROS TERRITORIOS Y EL AVASALLAMIENTO DE LOS GRANDES CAPITALES, NOS VEMOS OBLIGADOS A TOMAR ESTA MEDIDA DE CORTE DE RUTA PROGRAMADO Y EN SIMULTANEO EN LA CUENCA DE LOS POZUELO, PARA EL DIA DE HOY 20 DE NOVIEMBRE, A LA ALTURA DE LA PUERTA DE HUICHAIRA, ESTE CORTE SERA SELECTIVO E INFORMATIVO, EN DEFENSA DEL AGUA, LA VIDA Y LA DIGNIDAD EN NUESTROS TERRITORIOS POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
• EL AVANCE DE LA MEGAMINERIA EN LA PUNA JUJEÑA, CON EL INICIO DE LA EXPLOTACION DE MINA CHINCHILLAS A CIELO ABIERTO, LA QUE ESTA DESTRUYENDO LA PACHAMANA, VOLANDO NUESTROS CERROS, DESTRUYENDO LA BIODIVERSIDAD, CONTAMINANDO LAS NAPAS DE AGUA, LA PASTURA, PONIENDO EN RIESGO NUESTRA VIDA Y DE LAS FUTURAS GENERACIONES. ADEMAS DE CONTAMINAR LA LAGUNA DE POZUELOS QUE ES HACE MAS DE 25 AÑOS AREA PROTEGIDA Y RESERVA DE LA BIOSFERA.
• EL HOSTIGAMIENTO A LA COMUNIDAD DE CUEVA DEL INCA, IMPIDIENDO A LAS FAMILIAS VIVIR DIGNAMENTE EN SU TERRITORIO. ESTA COMUNIDAD VIENE ATRAVESANDO DESDE MARZO 2015 UNA GRAVE SITUACION JUDICIAL, PORQUE EL JUEZ SEBASTIAN CABANA IMPUSO UNA MEDIDA DE PROHIBICION DE INNOVAR, QUE NO PERMITE EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS SANITARIOS , DE LUZ Y AGUA POTABLE. IMPIDE TRABAJAR EN EL CIRCUITO TURISTICO DE SU TERRITORIO. ADEMAS PROHIBIO AL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO Y COMPARSA LOS BARREÑOS REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD EN SU SALON, CENTRO CULTURAL QUE TIENE MAS DE 20 AÑOS EN TILCARA. Y EN ESTAS ULTIMAS SEMANAS SE AGUDIZO EL HOSTIGAMIENTO , CON LA SETENCIA DE LA MULTA DE MAS DE UN 1.000.000.DE PESOS.
• LA COMUNIDAD INDÍGENA ANGOSTO DEL PERCHEL HASTA EL MOMENTO SIGUE ESPERANDO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNIFICA A LA COMUNIDAD. COMPROMISO ASUMIDO POR EL GOBIERNO
.RECHAZAMOS LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN CONTRA DE LA SRA. CLAUDINA LAUREANO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE VOLCAN, A QUIEN PERIÓDICAMENTE LE IMPIDEN GANARSE EL SUSTENTO AL LLEVARSE SUS ANIMALES, LUEGO ELLA TIENE QUE PAGAR LOS COSTOS Y EL TRANSPORTE PARA TENER DE VUELTA A SUS ANIMALES.
ESTOS SON SOLO EJEMPLOS DE LO QUE SUFREN A DIARIO LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS Y CAMPESINAS, COMO CONSECUENCIA DE POLÍTICAS QUE SOLO BENEFICIAN A LOS GRANDES CAPITALES Y A LOS SECTORES DE PODER. POR ELLO EXIGIMOS EL CESE DEL AVASALLAMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y QUE SE RESPETE LOS MODOS DE VIDA Y LA AUTODETERMINACION DE NUESTROS TERRITORIOS.
COMUNIDADES AFECTADAS DE JUJUY
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Policía Golpea a Gente de Cerro de Pasco en Lima |
La policía golpea a gente de Cerro Pasco (contaminada por la minería, sobre todo niños) y los llevan como a animales a la comisaría de Monserrat – Lima.
Llegaron hace días para una Mesa de Diálogo q les ofreció el Ministerio de Energía y Minas, pero éste los ha mecido, después de 2 días de peloteo, los cerreños -cansados- fueron a la Plaza Mayor a protestar.
Es normal en cualquier provincia de Perú ir a la plaza central “espacio público por excelencia” a reclamar, pero los limeños han permitido q sus autoridades la cierren, se la agarren, la privaticen solo para actos de su interés.
De esto se aprovechó Inteligencia del Gobierno y mandaron tropas de la USE para desalojarlos a rastras y a golpes a los cerreños y subirlos como animales a un bus. Después los dejaron detenidos en la comisaría de Monserrate en Lima-Cercado |
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Dos detenidos en protesta pacífica contra la minera Alturas de barrick Gold |
Ayer lunes en reunión realizada entre habitantes del Valle del Elqui y la empresa Barrick Gold, donde se realizó una intervención de protesta contra la empresa y su proyecto Alturas, resultaron dos personas arbitrariamente detenidas por Carabineros.
La Asamblea de Defensa del Elqui y los detenidos, emite el siguiente comunicado:
Gracias a todos por las muestras de solidaridad, nuestros compañeros de la asamblea fueron puestos en libertad durante esta mañana, a las 8 am, nos parece injustificado el accionar de Carabineros, con funcionarios de civil participando en la reunión, y una provocación que los empleados de Barrick no se hayan ido del lugar generando el altercado una vez finalizado el encuentro.
Nuestra intervención consistió en desplegar un lienzo durante la ronda de preguntas, con 3 grandes verdades acerca de la empresa; Barrick Miente, Saquea y Contamina!.
A continuación un comunicado emitido por los propios detenidos:
"Durante manifestación pacífica de Asamblea en Defensa del Elki en contra del proyecto Alturas perteneciente a la firma canadiense Barrick Gold fuimos detenidos injustamente por desórdenes en la Vía Pública, el compañero de nacionalidad brasileña y quién realiza este comunicado, Mauro Ramos.
Ante una acción agresiva de una persona pro Barrick en contra de nuestro compañero, se desarrolló un incidente donde carabineros de Chile intentó detener a través de la fuerza y arbitrariamente al agredido, siendo éste rescatado y protegido por compañeros de la ADE.
Intentamos poner a resguardo a nuestro compañero en un sitio seguro de la ciudad de Vicuña bajo fuerte persecución policial tanto a pie como vehicular siendo finalmente detenidos en distintos puntos de la ciudad. El compañero agredido denuncia agresión xenófoba por parte de la policía chilena durante su traslado a la comisaría.
Queda claro que:
Los Estados Chilenos y Argentinos han vendido su alma al diablo, protegiendo y apoyando a quienes traen destrucción y muerte a nuestros territorios, atentando y persiguiendo a los que justamente luchamos por defender la tierra, el agua y la vida en nuestros territorios. Hoy más que nunca se hace imperioso un llamado de solidaridad y apoyo, hoy más que nunca debemos unir nuestros corazones y decir fuerte: Fuera de Chile, fuera de Argentina, fuera Barrick de América Latina!
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Estado vuelve a ampliar Estado de Emergencia en corredor minero |
Y hoy 24 de diciembre el Gobierno nos sorprende con un "regalo de Navidad" y amplía por 30 días más el Estado de Emergencia casi permanente que se vive en el #CorredorMinero para beneficiar a la empresa #LasBambas para que pueda seguir operando sin protestas sociales... Y sin atender las demandas de la población. |
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Preso por negarse a abandonar su tierra por presión de la Compañía de Níquel |
Óscar Yat, maya q’eqchi´ fue detenido de forma arbitraria. Tiene 42 años de edad, vive en la comunidad agraria El Gosen, en el municipio de El Estor, Izabal. Se negó a recibir un soborno económico por parte de personeros de la minera CGN para que las familias se dejaran de vivir en esta comunidad, como consecuencia ahora está preso.
Era 10 de febrero de 2018 y don Oscar se dirigía a su trabajo de recolector de basura para la Municipalidad, como todas las mañanas salió de su casa. Cuando un vehículo le cortó el paso “a él se lo llevaron como si fuera un secuestro, había un carro que lo siguió hasta el lugar de su trabajo…” varias personas armadas lo obligaron a subirse al vehículo, le mostraron sus armas y lo amenazaron de disparar si no se subía. Durante el traslado sus secuestradores no dijeron una sola palabra” afirmó su esposa.
No existe una orden de aprehensión en contra de Óscar Yat, no recibió ninguna notificación del juzgado para presentarse ante alguna denuncia en su contra, quienes lo detuvieron no eran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tampoco eran fiscales del Ministerio Público (MP), eran personas particulares. A pesar de la detención arbitraria, fue ingresado al Centro Preventivo de Puerto Barrios. |
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nuevo enfrentamiento entre comuneros de la zona de Yavi Yavi y la policía |
Se ha registrado un nuevo enfrentamiento entre comuneros de la zona de Yavi Yavi (Colquemarca - Chumbivilcas) y la PNP. Como se aprecia en el video, denuncian que esta vez un niño fue víctima de agresiones policiales. De otro lado, los enfrentamientos habrían causado el incendio de una carpa policial. Este tipo de violencia se está volviendo reiterativa, y se agrava más con el último Estado de Emergencia, declarado el último 24 de diciembre ( bit.ly/2VA4ZcK) , pues la presencia policial se masifica, y se restringen derechos humanos y colectivos.
Desde meses atrás las comunidades han realizado protestas en contra la empresa minera 'Las Bambas', pues el gobierno de Martín Vizcarra, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, anunció que la empresa minera podrá usar una vía, que ha sido declarada como Nacional, la cual traspasa territorios comunales afectando sus actividades agrícolas. |
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12 defensores y defensoras de derechos humanos enfrentan años de cárcel en Honduras |
El sábado 23 de febrero 12 activistas hondureños que han estado defendiendo el agua potable en sus comunidades de una empresa minera, propiedad de miembros de la poderosa oligarquía de Honduras, fueron encarcelados en una mala utilización extrema del sistema de justicia.
Este jueves 28 de febrero, se llevará a cabo una audiencia que va a determinar si los 12 defensores del río Guapinol pasarán hasta varios años en la cárcel en espera del juicio o no. El Ministerio Público de Honduras, apoyado por Estados Unidos, está llevando a cabo el juicio contra al menos 32 defensores del río Guapinol; muchos se enfrentan a cargos graves que podrían resultar en décadas en prisión.
Tomar medidas: Escriba a la embajada de Honduras en su país y exprese su preocupación/protesta por este caso solidarizando así con los 12 activistas hondureños. Socialice en sus redes sociales, con sus contactos, para que sea conocido y denunciado este injusto caso.
Durante meses, las comunidades de la región del Bajo Aguán mantienen un campamento en defensa del río Guapinol y su agua potable de una mina propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé los que pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras.
Es de destacar que esta mina se encuentra en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Recordemos que Carlos Escaleras fue asesinado en 1997 defendiendo el mismo río Guapinol y fue el coordinador de una de las organizaciones que ahora está siendo criminalizada.
Defensores de los derechos humanos han presentado un recurso constitucional contra el Decreto Legislativo que redujo el núcleo del Parque Nacional, facilitando así la concesión minera.
El Campamento por Dignidad de Guapinol ha sido desalojado violentamente por fuerzas de seguridad de Honduras las que son respaldadas por los EEUU y los líderes hondureños han enfrentado difamación y amenazas.
La represión militar y policial, así como la inteligencia militar y las tácticas provocadoras, a menudo van de la mano de la persecución judicial. Existe un claro patrón de abuso del sistema de justicia en Honduras para silenciar a los defensores y activistas de los derechos humanos y ambientales. En el caso de los defensores de Guapinol, la Procuraduría de la República, respaldada y entrenada por los Estados Unidos, ha presentado cargos que incluyen asociación ilícita, incendio, detención ilegal y usurpación. La inclusión de la acusación de asociación ilícita permite que el caso sea juzgado en la Corte de Jurisdicción Nacional que es una corte especial creada para conocer casos contra redes del crimen organizado. Este Tribunal Nacional de Jurisdicción suele conocer casos de alto nivel, en lugar de los tribunales regionales normales, y muchos consideran que está controlado por intereses políticos.
Los presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez, que fueron detenidos durante las manifestaciones pro-democracia hace más de un año, han estado encarcelados por más de un año por orden del Tribunal de la Jurisdicción Nacional a pesar de que los cargos que se enfrentan no están dentro de la competencia de aquel. La semana pasada, la Sentencia del Tribunal Nacional de Competencia admitió que no tiene competencia para pronunciarse sobre su caso y que el caso debe ser enviado a un tribunal local. Esto significa que Edwin y Raúl han sido encarcelados en condiciones inhumanas durante más de un año a pesar de la orden procedente de un tribunal que no tiene la autoridad para decidir sobre su caso.
En ambos casos, los EEUU ha respaldado y entrenado al Ministerio Público de Honduras quienes han perseguido celosamente y presentados serios cargos criminales contra activistas de derechos humanos. Llama la atención que el Ministerio Público ha presentado cargos de asociación ilícita contra los defensores de los derechos humanos de Guapinol y la misma institución no ha presentado cargos de asociación ilícita contra la estructura criminal que mató a Berta Cáceres y ejecuta otros delitos contra el pueblo Lenca a pesar de las múltiples solicitudes de las víctimas.
La institución ha perseguido a Edwin y Raúl y a otros que se manifestaron contra el fraude electoral, pero los actores estatales responsables de la muerte de decenas de esos manifestantes no han sido enjuiciados ni llamados a rendir cuentas.
Las autoridades estadounidenses han elogiado en repetidas ocasiones y respaldado al jefe del Ministerio Público de Honduras, el fiscal general Oscar Chinchilla, quien fue recientemente reelegido para el cargo en un proceso irregular y controvertido. Los Estados Unidos ayudó a crear el “Manual de Investigación Criminal” del Ministerio Público que guía el trabajo de la institución y pone en marcha una nueva formación.
En agosto de 2018, la USAID firmó un acuerdo con la oficina del Ministerio Público para enunciar los principios que orientarán sus esfuerzos y los EEUU ha formado a numerosos elementos de la Fiscalía Pública. Los EEUU también es responsable por su papel en la promoción de una institución que está criminalizando clara y repetidamente a defensores de los derechos humanos y permitir la impunidad de muchos actores estatales responsables de la represión violenta.
http://www.resumenlatinoamericano.org |
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Empresa minera KCA-presentó una demanda de arbitraje por la exorbitante cantidad de 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala |
Desde el 2011, las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han denunciado los posibles impactos ambientales y a la salud de la mina, así como la imposición violenta del proyecto contra su voluntad. Durante años, han mantenido el campamento pacífico, conocido como "La Puya" y han resistido los repetidos intentos de desalojo, sufriendo la represión de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. A pesar de una campaña en curso de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.
En el 2016, la Corte Suprema de Guatemala suspendió las operaciones de KCA por no haber consultado con los pueblos indígenas en el área y esta decisión fue apelada ante la Corte Constitucional por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa. En lugar de respetar los procesos democráticos y judiciales de Guatemala, KCA ha presentado esta demanda ante el CIADI, que en efecto presiona al gobierno para que reinicie la mina o pague a la compañía cientos de millones de dólares en “ganancias potenciales perdidas”.
El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista - Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Los tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados quienes no están obligados a respetar precedente alguno en sus decisiones.
KCA es solo una empresa entre un número creciente de empresas mineras transnacionales que han lanzado juicios maliciosos contra países, especialmente en el Sur Global, para obtener cuantiosos premios monetarios. A pesar de que no han obtenido el consentimiento de la comunidad o los permisos requeridos para operar, las compañías alegan una pérdida de inversión como la base para presentar estas demandas. En el caso de KCA, el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía en Guatemala se encuentran actualmente bajo investigación criminal en Guatemala por haber operado la mina de forma ilegal, ignorando la orden judicial inicial que suspendió las operaciones por falta de las consultas debidas. En su comunicado de prensa del 19 de diciembre de 2018, la Resistencia Pacífica de La Puya también aclara que la empresa nunca obtuvo una licencia de construcción válida.
Nos unimos en solidaridad con los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes están profundamente preocupados por la grave amenaza que la mina representa para los suministros de agua, los ecosistemas y la calidad de vida en el área. En particular, hacemos eco de su acusación por el hecho de que KCA y el Estado no hayan evaluado de manera creíble el impacto que el proyecto de oro tendría sobre los suministros de agua en una región con altos niveles de arsénico natural.
Expresamos nuestra consternación por la forma en que ésta demanda representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala. La Corte Constitucional ya está bajo presión como resultado de la decisión del Presidente Morales de desafiar la sentencia de la Corte y expulsar al organismo de anticorrupción/anti-impunidad respaldado por la ONU; la CICIG. En comentarios, el presidente Morales también reprendió al Tribunal Constitucional por suspender los proyectos mineros e hidroeléctricos, como lo ha hecho en el caso de KCA y otros por violaciones de los derechos de los indígenas, calificándolo de "abuso de funciones". Hacemos un llamado a KCA y al Gobierno guatemalteco a que se abstengan de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional y que se permita que los casos que tienen ante sí se presenten y que las decisiones se tomen de acuerdo con el imperio de la ley.
Sin lugar a duda, este asalto corporativo se produce en un momento delicado en Guatemala y tiene el potencial de erosionar aún más las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. El 28 de enero, la Resistencia Pacífica en la Puya celebró una conferencia de prensa para denunciar la presencia militar en San José del Golfo por la preocupación de que su presencia tiene el fin de intimidar y provocar que las comunidades en resistencia piensen que la compañía minera está de regreso como resultado de la demanda de arbitraje internacional. El comunicado de prensa indica que los militares se han desplegado en la región desde el 11 de enero, un mes después de que KCA presentara su demanda. Hacemos un llamado por la inmediata desmilitarización de la zona.
También apoyamos al llamamiento de la Resistencia Pacífica de La Puya para que el CAFTA-DR sea declarado perjudicial para el bienestar de los guatemaltecos y en contra de la Constitución Política de Guatemala, considerando además que Guatemala ya ha tenido que pagar $ 32.4 millones de dólares a dos empresas estadounidenses (RDV y TECO) y actualmente está sujeta a otras reclamaciones de arbitraje por cientos de millones de dólares. |
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Represion y violencia policial en Candarave |
Los candaraveños se movilizaron con destino a la laguna de Suches cerca de Huaytire en contra de la empresa minera Southern Perú que buscaba la ampliación de la concentradora de Toquepala. En esa ocasión fueron unos 7 mil candaraveños los que salieron en defensa del agua para consumo humano y agrícola; sin embargo fueron repelidos con golpes, perdigones y balas, tal como consta en el diagnóstico efectuado por los médicos de los centros de salud de Candarave y Huanuara a los heridos en esta jornada.
Oscar Valdez Dancuart, Presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala, fue denunciado por la masacre de campesinos en la provincia de Candarave, Tacna. Así lo confirmó - en aquel entonces- el abogado David Chambi, contratado por el Gobierno Regional de Tacna, quién confirmó a Radio Uno, que se presentó la denuncia por los presuntos delitos de daño agravado, hurto agravado y lesiones graves.
Junto a éste también figuró, Óscar Gonzáles Rocha, presidente del directorio de la empresa Southern, Américo Villena, jefe de la XXI Dirección Territorial Policial de Tacna y Moquegua.
No obstante, la denuncia fue dejada sin efecto por la fiscalía, informó Pedro Pablo Jinchuña, alcalde de Cairani. "Estoy indignado con la resolución de la fiscalía que debería proteger a las víctimas pero lo que hace es recibir una denuncia del General Américo Villena para investigar a las víctimas de Candarave y deja sin efecto la denuncia contra el ministro”, indicó en aquella época.
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5 Dirigentes y asesores legales de la comundad Fuerabamba detenidos por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas |
¿Qué esta pasando? El Ministerio Público informó la detención de cinco presuntos integrantes de la organización criminal a quienes denominaron ‘Los Chavelos’, en un operativo realizado en Abancay, Lima y Cusco. Según el MInisterio Público, este proceso se enmarca en la investigación preliminar por los presuntos delitos de crimen organizado y extorsión en agravio del proyecto minero ‘Las Bambas’.
El abogado y asesor legal de la comunidad de Fuerabamba Jorge Martín Chávez Sotelo, fue sindicado como el presunto cabecilla de la organización, también fue detenido su hermano, el abogado Franck Anibal Chávez Sotelo.
Así mismo debemos precisar que fueron detenidos Gregorio Rojas Paniura (Presidente de la comunidad de Fuerabamba-Cotabambas), así como Carlos Fernando Vargas Arizabal. En las próximas horas serán trasladados a Abancay.
Según los documentos se da cuenta que también fue detenido Wilfredo Quino Chávez, a quien luego de un allanamiento en su vivienda se le encontró explosivos como cartuchos de dinamita, proyectiles y otros.
Según las autoridades en las próximas horas darían con la ubicación y captura de Rafael Valdivia Balares, Édison Vargas Huamanga y Nohemí Portillo Vargas, directivos de las comunidades Nueva Fuerabamba y Haquira de la provincia de Cotabambas, quienes formarían parte de esta presunta organización.
Mientras tanto, esta mañana pobladores de Fuerabamba (Cotabambas) salieron en protesta, rechazan la detención de sus autoridades y abogados. (Fuente: Ministerio Público) |
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Las Bambas: Gobierno declara Estado de emergencia en Challhuahuacho,además prorrogó por séptima vez el Estado de emergencia declarado en parte del Corredor Vial |
29 de marzo. El Gobierno decidió declarar en Estado de emergencia el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas – Apurímac, pero además prorrogó por séptima vez el Estado de emergencia declarado en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, precisamente en la zona que bordea el fundo Yavi Yavi, en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas – Cusco. ¿Será la mejor decisión frente al conflicto?
La medida fue dispuesta a través del decreto supremo N° 056-2019 – PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano, edición extraordinaria. Esta vez, el Estado de emergencia en Challhuahuacho será solo por 15 días calendario, a empieza a regir desde el 29 de marzo de 2019.
Además, como lo señala el documento, la prórroga de declaratoria es para un sector de la vía: ‘el Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención’. |
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Violencia y criminalizacion hacia las protestas en contra de Aruntani |
Documento recibido de Julián Condori, publicado el 17 de diciembre de 2014.- Minera Aruntani ordena asesinar a comuneros en Apurímac. Empresario Guido del Castillo envía matones para asesinar comuneros porque no le dejan saquear cerro y enfrenta comunidades. Hay varios heridos de bala.
Varios comuneros heridos de bala (entre ellos un niño pastor de ovejas) y un desaparecido es el saldo que dejó el ataque de los delincuentes que Guido del Castillo, dueño de la minera Aruntani SAC, envió desde el Cusco a la comunidad de Pucuta, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, Apurímac.
Un niño que pasteaba sus ovejas en las laderas de iniciales J.R.A (08) también fue apedreado por los matones.
El motivo: los comuneros no quieren que Aruntani SAC explote en su territorio, más bien ellos mismos lo vienen trabajando en forma artesanal y con las leyes en la mano, pues están a un paso de formalizarse.
Ellos no quieren ser empleados de Aruntani, ni entregar esos cerros que valen millones a las transnacionales; ellos mismos quieren explotarlo en forma racional… Si lo explotan los comuneros, los cien soles que ganan se quedarán en la comunidad, aparte de canon para Apurímac porque los mineros tributan.
Si lo explota Aruntani, solo quedará en el Perú aproximadamente tres soles de cada cien soles que gane esta empresa (de allí solo llegará a Apurímac 1.5 soles en forma de canon).
«»Ataque minera Aruntani
Con esta acción Guido del Castillo emprendió una política de destrucción de comunidades campesinas, dividiéndolas, haciendo pelear a hermanos contra hermanos, una estrategia utilizada antes en Apurímac (específicamente en Huancabamba y Cceñuarán) por otras transnacionales como Ares de sus amigos los Hoschchild.
El ataque se produjo el día domingo a las nueve de la mañana en el asentamiento de mineros artesanales de Pucuta, según denunció el presidente de dicha comunidad, Edwin Huillca Gonzales.
Uno de los heridos de bala fue identificado como Wilfredo Huamán Aymara (40), comunero de Collpa y trabajador de la mina. El desaparecido es un señor de 60 años de nombre Guillermo. Los matones llegaron desde el Cusco en varios vehículos, entre ellos uno de color plomo oscuro de placa C8I-286 y otro de placa X20-706.
Después de atacar a los comuneros en el cerro, incendiaron los campamentos de los comuneros y sus equipos de trabajo. Los matones fueron detenidos en la noche por los efectivos policiales de Curahuasi cuando regresaban de Pucuta al Cusco luego de causar desmanes, pero fueron liberados después de tomar su manifestación.
El presidente de la comunidad de Pucuta, Edwin Huillca Gonzales, pidió la presencia de una comisión de alto nivel de la PCM en Abancay para buscar una salida al problema. También pidió el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
«»Herido abandonado.
El Centro de Salud de Curahuasi fue informado el domingo en la mañana sobre los heridos de bala, pero no se movieron sino hasta las tres de la tarde. Sin embargo, la ambulancia se regresó de Antilla, dejando a su suerte a los heridos de bala, por lo que el centro de salud de Curahuasi será denunciado oportunamente. Los heridos recién fueron traídos al hospital el día de ayer lunes.
«»Herido Aruntani. Negligencia policial.
Cabe informar que la policía de Abancay fue informado mediante oficio 009-2014-AMP-A, firmado por el presidente de la comunidad de Pucuta, de los posibles ataques el 4 de diciembre (adjuntamos copia de oficio). Sin embargo, no movió ni un efectivo policial a la comunidad de Pucuta.
Incluso el día domingo, aun enterados del ataque, no se movieron de la comisaría de Curahuasi, faltando a su obligación de proteger a los comuneros. Los comuneros de Pucuta responsabilizaron a la policía por no haber intervenido con el resguardo en el caso oportunamente.
«»Problema generado por Aruntani.
Las comunidades de Ccollpa, Pucuta y Antilla, que vivían en armonía desde siempre, se convirtieron en una zona de guerra entre comuneros desde el día en que llegó a la zona la minera Aruntani, la cual dividió a los comuneros y enfrentó hermanos contra hermanos, hecho que degeneró en varios hechos lamentables.
Varias veces la minera transportó a algunos comuneros, incluso ancianos, hasta Abancay para presionar a las autoridades, con el fin de sacar a los mineros comuneros de Pucuta de su territorio y dejar libre entrada a Aruntani.
Para tal efecto ha “comprado” a algunos dirigentes comunales y autoridades de Abancay, principalmente las del DREM, que esperamos sean cambiados por el nuevo presidente regional.
El presidente regional, Elías Segovia, también se prestó a este juego que beneficia a la transnacional, pues desde la DREM canceló las declaraciones de varios comuneros.
Ya anteriormente se produjo el incendio del campamento de Aruntani, supuestamente a manos de la misma minera, para denunciar y perseguir después a los comuneros que no aceptan el ingreso de esta empresa.
Anabi ya hizo lo mismo en la comunidad de Llusco (Chumbivilcas, Cusco) en el 2012, donde el campamento fue incendiado por agentes de la transnacional; con ese pretexto se persiguió a los comuneros con denuncias.
Guido del Castillo y sus aliados transnacionales tienen otros proyectos en Apurímac. Uno de ellos se denomina Anama, ubicado en la provincia de Antabamba, y producirá sesenta mil onzas de oro al año. Otro proyecto, pero de cobre, se denomina Anabia, programado para producir unos veinte mil toneladas de cobre metálico al año a partir del 2015.
En la actualidad Aruntani opera cuatro minas de oro: Aruntani (Moquegua), Arasi (Puno), Anabi (Cusco) y Apumayo (Ayacucho). Juntas suman una producción de 350.000 onzas de oro. ¿Y el Frente de Defensa de Abancay?
Ahora que una transnacional con fachada de nacional mete bala a comuneros abanquinos, en la misma puerta de la provincia, ¿qué dirá el supuesto Frente de Defensa de Abancay? ¿Solo sirve para atacar a los andahuaylinos y a las autoridades elegidas con supuestas denuncias de corrupción?
¿Qué dirán esos políticos que en la campaña se convierten en “defensores de los campesinos” y llegan a los pueblos prometiendo el oro y el moro? ¿Qué dirá UNAMBA cuando uno de sus profesores defiende a una transnacional (habría estado dirigiendo a los delincuentes) y promueve la expulsión de los comuneros de su territorio (debería tener vergüenza de enseñar en una universidad que lleva el nombre de Micaela Bastidas)?
¿Qué dirán los congresistas de Apurímac ante este atropello? ¿Qué dirán las nuevas autoridades recién elegidas? Por ahora, se viene formando en Abancay un Frente de Defensa de los Recursos de Apurímac con el grito: ¡ARUNTANI NO VA!• |
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MUERTOS Y HERIDOS EN EL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ A MANOS DE EMPLEADOS DE CEMENTERA |
Dos personas fallecidas, heridos graves y vehículos incendiados son el resultado de graves sucesos acaecidos en el caserío Los Pajotes, San Juan Sacatepequez, en la noche del viernes 19 de septiembre cuando un grupo de hombres armados, algunos de ellos identificados por los comunitarios como trabajadores de la empresa cementera Cementos Progreso.
Hasta el momento es escasa la información que fluye sin embargo se conoce que sobrevuelan el lugar helicópteros y se presume que son las fuerzas de seguridad que buscan tomar control de la situación.
En su página de Facebook, el dirigente del CUC, Daniel Pascual, ha publicado la siguiente alerta:
ALERTA, ALERTA, ALERTA!!!!!
Grupo armado siembra el terror y la muerte en la comunidad Los Pajoques de San Juan Sacatepéquez
La paz y la tranquilidad en la comunidad de Los Pajoques de San Juan Sacatepéquez se vio salvajemente truncada en horas de la noche del viernes 19 de septiembre cuando un grupo de hombres armados, algunos de ellos identificados por los comunitarios como trabajadores de la empresa cementera Cementos Progreso, por motivos desconocidos, empezaron a disparar al aire en medio de la calle.
Los habitantes de la comunidad, al escuchar la balacera a esas horas de la noche, se alertaron y salieron a ver lo que estaba ocurriendo. Los cinco primeros comunitarios que llegaron al lugar donde el grupo armado estaba disparando fueron interceptados por ellos y atacados a balazos, producto de ello falleció Juan José Pajoc Chajaj y dos hombres más quedaron gravemente heridos. Estos hechos sucedieron alrededor de las once de la noche. Los asesinos intentaron huir del lugar al ver que más comunitarios estaban llegando para capturarlos y entregarlos a la Policía, momento en el que volvieron a hacer uso de sus armas de fuego, hiriendo de gravedad a otras cinco personas, una de las cuales falleció en horas de la mañana de hoy sábado 20 de septiembre.
Ante la gravedad de los acontecimientos provocados por este grupo armado, representantes de la comunidad de Los Pajoques pidieron, ya en la noche de ayer, la inmediata presencia del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para que procedieran a la captura de los asesinos, pero no quisieron personarse en el lugar incurriendo en incumplimiento de funciones.
Se ha podido determinar que el grupo armado está compuesto por entre 15 y 20 personas que en estos momentos de la mañana de hoy sábado, se encuentran atrincherados en una vivienda de la comunidad de Los Pajoques mientras los comunitarios están rodeando esta vivienda para impedir que huyan mientras esperan que la Policía haga acto de presencia para proceder a su captura y les confisquen las armas.
Desde la noche de ayer viernes las mujeres y los niños de la comunidad Los Pajoques se encuentran aterrorizados por este grupo de hombres armados que ya ha dejado un trágico saldo de dos personas fallecidas y seis heridos graves. Hasta el momento sólo se conoce la identidad de una de las personas asesinadas, Juan José Pajoc Chajaj, y de dos de los heridos graves, los hermanos Hermenegildo y Francisco Pajoc Chajaj. |
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Chumbivilcas: Enfrentamientos entre comunidades del entorno minero de HudBay causa la muerte de una persona y varios heridos |
Diversos medios locales de Chumbivilcas informaron el día de ayer sobre el enfrentamiento entre las comunidades de Uchucarcarcco (Chamaca) y Quehunicha (Livitaca), en el se han registrado más de 30 heridos y se ha confirmado la muerte de Belisario Surco (Uchuccarcco), quien fue trasladado hasta el hospital de Espinar para ser atendido por el impacto de una piedra en su cabeza, sin embargo no soportó la gravedad de las heridas y falleció.
Estos enfrentamientos surgieron debido a problemas limítrofes. Según el parte policial se habría producido la usurpación de un terreno por parte de los comuneros de Uchuccarcco en Quehuincha. Así mismo, algunos medios de comunicación de Santo Tomas – Chumbivilcas han denunciado vía redes sociales que se habrían quemado motos y otros objetos de los comuneros de Uchucarcco, quienes se encontraban trabajando en la demarcación geográfica de su comunidad cuando fueron sorprendidos por un gran número de comuneros de Quehuincha. Según lo señalan los medios, los enfrentamientos fueron con huaracas, piedras y palos.
Cabe señalar que esta problemática no es nueva, la delimitación territorial ha provocado enfrentamientos y rencillas entre las comunidades desde hace varios años, los mismos que se han intensificado desde que la empresa minera HudBay se ha instalado en la zona, pues con un proyecto en ampliación, ha promovido diferentes acuerdos que beneficiarían a aquellas comunidades de influencia directa e indirecta. Esta situación ha provocado que las comunidades quieran garantizar que la empresa les pueda brindar algún tipo de beneficio.
Actualmente, la tercera modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Constancia no ha determinado correctamente el área de influencia, todo esto ha agudizado el enfrentamiento entre ambas comunidades. Alertamos al gobierno central, las autoridades competentes y a la misma empresa HudBay que la situación se puede agravar en la zona. |
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EN MEDIO DE LAGRIMAS ENTERRARON A COMUNERO ASESINADO POR POLICÍAS DE LA DINOES |
Luego de llevarse acabo la misa del que en vida fue el señor Guillermo Tolentino Abad el féretro fue paseado por las calles de Huaraz para darle el último adiós al inocente campesino que murió acribillado por los integrantes de la DINOES.
En ese sentido una gran masa humana acompaño al ultimo adiós del hombre del campo quienes acompañando con pancartas en mano pedían justicia por esta inocente muerte, y sobre todo exigían que la empresa Pierina de Barrick Gold cumpla con su responsabilidad ante el fallecido como de las diversas victimas.
En el último adiós estuvieron presente una serie de comuneros, alcalde de Huaraz, el Fedip de la localidad como algunas organizaciones civiles locales quienes se unieron a esta medida de sensibilidad que de alguna manera trato de darle un apoyo a los familias de la victima, quienes hasta hoy no pueden creer lo que están viviendo y en menos de dos días ya no tengan con ellos al jefe de la familia.
De otro lado al llegar a la plaza de armas de la ciudad se realizo una misa en presencia del padre Idelfonso Espinoza quien hizo un llamado a la empresa minera para que cumpla con sus compromisos sociales y no actué mediante la policía violentamente dejando sangre por las tierras de los hermanos del campo, alguien tiene que responder a lo que hoy viven los señores de Shecta, las cosas no pueden pasar con facilidad al olvido, se tiene que buscar justicia mediante el diálogo y no prometiendo cosas que al final no se cumplirán, se hace una llamado al pueblo para que reaccione con los actos de violencia y luche por que la minera invierta en la zona porque así como se lleva millones de soles tiene que cumplir con el pueblo, es verdad que hoy hay un muerto pero justamente por ello para que se haga justicia, dijo. |
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Represión en mina Pierina de Barrick Gold deja dos víctimas |
Miles de campesinos de 18 comunidades asentadas en la parte alta del cerro de Sechta, jurisdicción de la mina Pierina, protestaron ayer para exigir investigación y justicia por la muerte de dos compañeros como consecuencia de una batalla campal entre policías y comuneros. El enfrentamiento ocurrió el pasado viernes y dejó, además, una veintena de heridos de gravedad, entre ellos algunos policías.
El estudiante de ingeniería agrícola Joel Martel Castromonte (de 25 años) y el minero Guillermo Tolentino Abat (de 42), en cuyo cuerpo se encontraron impactos de bala, fueron las víctimas mortales de este acto violento que comenzó cuando centenares de comuneros que trabajan en la extracción de minerales para la compañía minera Barrick, en la Cordillera Negra de Huaraz, acudieron a Huallapampa para pedir un incremento de salario.
Ante la negativa de los funcionarios y como medida de protesta, los comuneros bloquearon la carretera de acceso con piedras y troncos.
Esta acción fue reprimida con bombas lacrimógenas lanzadas por una patrulla policial, a las que los comuneros respondieron con el lanzamiento de piedras.
Varios heridos presentaron fracturas en las extremidades y algunos manifestantes y policías tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente.
Salario
Los comuneros, que trabajan en la extracción de oro, entre otros minerales, han iniciado un paro hasta que sus requirimientos se cumplan. En la acutalidad perciben 20 nuevos soles diarios, de los que les descuentan dos soles para la AFP.
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SIN CONSULTA, CON REPRESIÓN Y VIOLENCIA IMPONEN PROYECTOS EXTRACTIVOS EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA |
El Estado mexicano ha concesionado 331,729 hectáreas a empresas privadas sin informar previamente, ni respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. En complicidad con las empresas, reprime a las comunidades que se organizan para defender su territorio.
En la “Primera Jornada El derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla” se denunció la privatización de los bienes comunes, la criminalización de defensores y la violencia en la región y en el estado de Puebla. Asistieron comunidades de los municipios de Cuetzalan, San Felipe Tepatlán, Ixtacamaxtitlán, Tlapacoya, Pauatlán, Ayotoxco, entre otras más y fue convocada por el Consejo Tiyat Tlali (que agrupa a 13 organizaciones), Fundar Centro de Análisis para la Investigación, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y el Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
La organización PODER documentó la existencia de 440 concesiones mineras, además de 15 proyectos hidroeléctricos privados, así como laexploración y explotación de hidrocarburos en campos petroleros operados por Halliburton y Diavaz en el estado de Puebla. El 60% de las concesiones mineras están en manos de la empresa Almaden Minerals.
Fundar enfatizó en su exposición que la región de la Sierra Norte se encuentra en la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la segunda en prioridad de hidrocarburos a nivel nacional y la primera en recursos prospectivos en petróleo.
Sin embargo, a las comunidades no se les informa; actualmente existen 233 pozos que utilizan fractura hidráulica (fracking) en la Sierra Norte sin que la población esté informada sobre si se trata de yacimientos de hidrocarburos no convencionales o no y, por lo tanto, sobre los riesgos e impactos negativos que implica para sus territorios, su medio ambiente y sus vidas. Además, la Secretaría de Energía ya ha entregado dos asignaciones a Pemex para exploración de este tipo de hidrocarburos en esta región, sin informar a las comunidades. Tampoco se han realizado los estudios de impacto social y las consultas previas que establece la legislación en la materia, señaló Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar.
El foro, que tuvo lugar en la facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sirvió como un espacio para reconocer las luchas que diversas comunidades están emprendiendo para defender su derecho a la vida. “Es el momento de exigir al gobierno que promueva el decrecimiento económico y una redistribución de la riqueza”, es también “un llamado a que la sociedad reflexione sobre sus prácticas cotidianas de consumo, y para fortalecer y acompañar los procesos de defensa del territorio”, señaló en su presentación Silvia Villaseñor a nombre del Consejo Tiyat Tlali, “pues es muy difícil combatir a Walt Mart
cuando tiene miles de consumidores”.
El doctor Germán Sánchez Daza, coordinador del Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la BUAP, enfatizó que se ha agudizado la presencia del capital y que las reformas estructurales, la creación de zonas económicas especiales, así como la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico están orientadas a mejorar los negocios privados. No obstante, recordó que al mismo tiempo se ha fortalecido la resistencia de los pueblos. “Las comunidades luchan y resisten a estos proyectos pero también construyen proyectos de vida para defenderse del saqueo del capital” expuso Edmundo del Pozo de Fundar.
Por su parte, Aldegundo González, del municipio de Cuetzalan, expuso que en julio de 2013 fue aprobado el informe preventivo del Proyecto El Aretón, perteneciente a la Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V. Sin embargo, las comunidades que integran el Consejo Maseual se enteraron hasta el 28 de noviembre de 2013, cuando Semarnat publicó en su portal que se habían concesionado 1,527 hectáreas de su territorio ancestral para extraer minerales. Debido a la inexistencia de consultas lascomunidades afectadas se organizaron en asambleas, la primera en la casa de cultura de Cuetzalan.
En la cuarta asamblea se realizó un cabildo abierto que declaró al municipio de Cuetzalan “libre de proyectos de muerte”. Interpusieron un amparo y el juzgado concedió la suspensión de plano para “salvaguardar sus derechos de posesión, propiedad o disfrute de sus territorios, aguas y sitios sagrados”.
En contraste, las comunidades de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya enfrentan la imposición del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 autorizado a la empresa Deselec 1, subsidiaria de Comexhidro, constituida por Salomón Camhaji Samra, exdirector de la otrora paraestatal Altos Hornos de México, hoy privatizada. La Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de autoabastecimiento para proveer de electricidad a Wal Mart, Waldo’s Mart, Suburbia, Vips, Colchas de México y una persona física, Ileana Jinich Mekler, expuso Patricia Legarreta de PODER. La empresa recibió financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para la promoción de energías renovables, recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura.
A las comunidades afectadas por el proyecto no se les proveerá de electricidad producida por la hidroeléctrica. Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali informó que el proceso de consulta inició cinco años después de haber sido otorgado el primer permiso. Cuando hicieron solicitudes de acceso a la información para conocer el proceso de consulta se les indicó que estaba protegido por secreto industrial. Por tanto, insistió “las comunidades no conocen el proceso de consulta que se les aplicó.”
La lucha por combatir este proyecto ha desencadenado como respuesta acciones de autoridades y de la empresa para romper el tejido comunitario. Quienes tratan de organizar asambleas para defenderse son señalados en la prensa local y amenazados; en fechas recientes 14 pobladores de San Felipe Tepatlán fueron denunciados penalmente como parte de esta estrategia de represión, manifestaron pobladores de estos municipios. La empresa ha promovido la creación de la organización Campesinos Unidos de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, con recursos públicos destinados a fines privados.
Aunado a ello, Alejandro Marreros del CESDER expuso la importancia que tiene la organización comunitaria frente a este tipo de proyectos que recruden la marginalización de las comunidades con respecto al ejercicio de sus derechos fundamentales. En donde, si no es con amenazas, las empresas llegan a ofrecer fuertes cantidades de dinero a autoridades y habitantes para dividirlos y confrontarlos. Es por ello que hizo un llamado para generar afinidades con otros sectores y pueblos del estado en un frente común a estos proyectos de desarrollo excluyente.
La criminalización es, por tanto, una de las respuestas del Estado Mexicano frente a la defensa de las comunidades por su tierra y territorio. Otra de las respuestas ha sido la negación ante los juzgados federales, de las violaciones a derechos humanos cometidas por la emisión de concesiones y permisos a las grandes empresas, señaló Itzel Silva de Fundar. Tal es el caso del amparo presentado por la comunidad nahua de Tecoltemi en contra de dos concesiones mineras, juicio en que el Estado se ha defendido virtiendo diversos argumentos, como el que darle la razón a la comunidad significaría quitarle derechos ya concedidos a la empresa minera, lo que pone en evidencia los verdaderos intereses que busca proteger; o que el derecho a la consulta no le obligaba porque la Ley Minera es anterior a la reforma constitucional que reconoce dicho derecho, con lo que niega el deber que desde 1990 tiene, de consultar a las comunidades, por haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Cada una de las empresas operadoras de proyectos extractivos en la Sierra Norte posee un historial de malas prácticas empresariales como corrupción de autoridades públicas, desastres ambientales, tráfico de influencias, ocultar información, así como una serie de conflictos por los derechos de propiedad territorial en otros de sus emprendimientos en México o en el extranjero” sentenció Omar Escamilla, investigador de PODER.
Finalmente, se aprobó la “Declaración de la Primera Jornada Por el derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla”. Los participantes de esta Primera Jornada exigen al Estado Mexicano respete y garantice los derechos a la tierra y el territorio, a la libre determinación y autonomía, a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla; exigen al cumplimiento cabal de los instrumentos internacionales que reconocen y protegen dichos derechos, así como el cese de cualquier acto de criminalización en contra las comunidades que con toda legitimidad, han decidido defender su territorio. |
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Cierra por violencia mina en Chihuahua |
Sobre lo que pasa en Madera, nadie quiere hablar. El miedo se ha apoderado de las familias, las pocas que quedan, en las comunidades rurales cercanas al Mineral de Dolores, una vez el más pujante del estado de Chihuahua y hoy amenazado por la guerra entre cárteles del narcotráfico que mantienen una lucha constante por el poder en esta zona.
Aunque los registros periodísticos refieren hechos violentos desde hace más de un año, hace poco menos de dos meses que la situación empeoró, platican con reserva quienes viven en aquella comunidad.
No quieren decir nada, prefieren callar antes de ser la siguiente víctima de la delincuencia que sigue dejando una estela de muerte en aquella región que colinda con Sonora.
La presencia del Ejército Mexicano es esporádica, afirman trabajadores de la mina, quienes explican que hace aproximadamente 22 días comenzó lo peor, pues entonces casi a diario llegaban camionetas con hombres armados al campamento y hablaban con los jefes de la empresa, el tema es desconocido por los empleados.
Sin embargo, desde entonces muchos de los supervisores les expresaron que “todo estaba muy cab…”, que mejor se fueran porque ya se veía venir el cierre de la mina.
Para bajar del campamento a la ciudad de Madera, algunos trabajadores hacían hasta 4 días, pues se sabía de la presencia permanente de gente armada en las brechas.
Los enfrentamientos son frecuentes en este punto, pues se trata del camino que conecta un estado con otro, la guardarraya, ahí el encuentro entre los integrantes del cártel de Sinaloa con los de La Línea, ha generado la migración forzada de cientos de familias que antes encontraban en el Mineral de Dolores, la posibilidad de bien vivir dentro de sus pueblos de origen.
Conversaciones en portales de noticias a través de redes sociales, dejan al descubierto la realidad que se vive en aquella zona y que las autoridades sólo atinan a atribuir a una lucha entre cárteles, pero que implica mucho más que estadísticas de asesinatos.
Es migración forzada, desbasto de medicamentos, de maestros, de médicos, incluso de programas sociales, pues nadie puede transitar por esos caminos sin correr un riesgo de muerte.
Un año de asesinatos
Desde 2017 incrementaron los homicidios en este punto, los enfrentamientos y los cuerpos abandonados, algunos de ellos mutilados en el camino que lleva hasta la Mina de Dolores.
26 de abril del 2017
Balean a empleado de la Mina de Dolores
Agentes investigadores tomaron conocimiento de la muerte de una persona identificada como Abigael Carreón González de 40 años, con domicilio en Madera, quien fue sorprendido por un sujeto que le disparó en varias ocasiones.
El reporte se realizó por parte de personal de la Mina de Dolores en el sentido de que cerca del campamento se hallaba el cuerpo de una persona sin vida.
Algunos testigos dieron a conocer que Abigael laboraba como supervisor para la empresa Saprosa, dedicada al mantenimiento de caminos.
Indicaron que se hallaban a la hora de los alimentos cuando una persona le gritó por su nombre y que, a los pocos minutos de retirarse, escucharon varios disparos y posteriormente un vehículo que se retiraba del lugar.
Abril 30 del 2017
Siete civiles armados fueron abatidos por el Ejército Mexicano en La Grulla
El sábado 29 de abril de 2017, aproximadamente a las 14:00 horas, tiempo local, siete sujetos armados fueron abatidos por elementos del Ejército en un enfrentamiento en el poblado La Grulla, cerca del Mineral de Dolores, ubicado a dos horas de la cabecera municipal de Madera.
El reporte de la FGE en la zona occidente estableció que 15 militares que iban a bordo de dos vehículos se dirigían a la comunidad Arroyo Amplio, cuando los agresores abrieron fuego disparándoles con armas de alto poder, por lo que repelieron la agresión.
“Tras la refriega cayeron cinco hombres sin vida en un radio de 100 metros en una zona pedregosa en el voladero del arroyo, un cuerpo más retirado del grupo”, comunicó la FGE.
El séptimo cuerpo sin vida fue localizado por agentes preventivos de Policía Estatal Única sobre una brecha, a cuatro kilómetros de distancia de donde se dio el enfrentamiento.
Cada uno de los abatidos, con edades entre los 24 y 30 años de edad, tenía chaleco antibalas, cargadores y armas largas que portaban.
Junio del 2017
localizan 4 asesinados en camino a la Mina de Dolores
A simple vista se pudo observar que las víctimas fueron sometidas a golpes severos en diferentes partes del cuerpo, y no había señas de casquillos o alguna otra evidencia.
28 de septiembre del 2017
Al menos una docena de hombres han sido privados de su libertad en 24 horas en la serrana zona de Madera, al noroeste de la entidad, generando con ello la movilización de un centenar de agentes policiacos, sin que hayan tenido éxito en las pesquisas preliminares.
8 de mayo del 2018
Localizan en Madera un torso humano en camino a la Mina de Dolores
El tronco de hombre estaba en estado de descomposición, y fueron agentes de la Fiscalía quienes llegaron para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.
La Fiscalía Zona Occidente informó que el hallazgo del despojo se hizo en un camino de terracería de Madera a la Mina de Dolores, a la altura del rancho Aguahedionda.
Mineral del Dolores
Millonario aprovechamiento en zona de conflicto por narcotraficantes
Compañía Minera Dolores S.A. de C.V. pertenece a la canadiense Pan American Silver Corporation, que la adquirió en 2012, cuando compró Minefinders Corporation Ltd. Minera Dolores, se dedica a la exploración, explotación y comercialización de minerales metálicos en la mina de oro y plata a cielo abierto Dolores, en la cadena montañosa Sierra Madre en Chihuahua, México. La firma se constituyó en 1991.
En 2010, esta empresa solía generar hasta mil 800 empleos directos e indirectos, dando trabajo al 98 por ciento de las personas económicamente activas del ejido Huizopa, también mantenía con plazas a habitantes de Casas Grandes, Yepachi, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Chihuahua y Cuauhtémoc.
800 millones de dólares que se habrían invertido tan sólo en la exploración y construcción de toda la infraestructura que mantenía la empresa de capital canadiense y unos 50 millones extra para obras de beneficio social, informaba en un reportaje Mundo Minero Mx, que destacaba la entrega del premio Empresa Social Responsable para la Mina de Dolores en aquel año.
La tarde del viernes, el titular de Minería en el estado, José Rafael Jabalera Batista, daba el cierre temporal de la Mina de Dolores, tras un incidente con los contratistas de la mina, con el fin de estudiar la situación para evitar que esto vuelva a suceder. El funcionario estatal agregó en un comunicado que esta determinación fue tomada sin que la empresa minera diera a conocer un comunicado oficial; no obstante, especificó que el cierre no será en su totalidad.
“No es sencillo para una mina cerrar de un día para otro, hay muchas situaciones que van a continuar ahí con vigilancia”, expresó el funcionario estatal. |
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Presidente Vizcarra autoriza ingreso de FFAA a la provincia de Islay ( Puerto Matarani) |
El día de hoy fue publicado en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como se señala en la resolución suprema.
Huelga Indefinida
Como es de conocimiento público, este lunes 5 de agosto desde las 00 horas, inicia la huelga indefinida en Arequipa, y diversas organizaciones y población de todas las provincias, incluyendo a la población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, han acordado implementar la medida de fuerza.
La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo.
Resolución ilegal
Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, que a nivel constitucional está refrendado.
La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento, añadió. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.
Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.
Finalmente, como Red Muqui rechazamos esta intervención militar y llamamos al presidente Vizcarra a respetar la voluntad popular de todo el Valle de Tambo y la provincia de Islay, dando una respuesta positiva a la cancelación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, que está en revisión hace unos días en el Ministerio de Energía y Minas. Las observaciones graves al Estudio de Impacto Ambiental de Tía María se siguen manteniendo y no han sido debidamente levantadas.
Reiteramos, como lo hemos estado señalando en redes sociales, que estaremos atentos junto a la Misión de Derechos Humanos que integramos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Centros y Amnistía Internacional, para denunciar cualquier posible violación de derechos humanos de parte de la policía y las fuerzas armadas en el marco de la legítima protesta del Valle de Tambo.
http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/918-red-muqui-rechaza-intervencion-de-fuerzas-armadas-en-islay-matarani?fbclid=IwAR3LidzXWRMuXvDpSjBGyd-PuuptM1G_Xu2UtCh82Q06nGPNfysPvVZOQng |
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Desalojo por vía policiva de la comunidad indígena wayuu “El Rocío” |
-La comunidad indígena wayuu el Rocío ubicada entre Albania y Maicao, departamento de La Guajira, ha habitado el predio por más de 40 años de forma pacífica e ininterrumpida, heredada de generación en generación. Actualmente está conformada por alrededor de 30 familias (de las cuales 10 familias habitan permanentemente el territorio y están compuestas por más de 15 niños y niñas y 5 madres lactantes y 1 mujer embarazada).
-La comunidad del Rocío ha sido víctima en dos ocasiones del desplazamiento forzado por hechos ocasionados por grupos armados en el marco del conflicto armado, primero en 1997 y posteriormente en el 2010, sin embargo al pasar 3 o 6 meses de los hechos han retornado a sus tierras, debido a su pertenencia territorial y dado sus condiciones de vulnerabilidad, puesto que no tienen otras opciones para habitar y desarrollar sus actividades económicas, sociales y culturales.
-La comunidad El Rocío habita, junto a otras comunidades indígenas wayuu, en la parte media y alta del Arroyo Bruno, fuente hídrica que está en permanente riesgo por el proyecto de desviación del arroyo Bruno de la empresa Carbones del Cerrejón Lmted. Es fundamental que esta comunidad permanezca en sus predios para que pueda continuar en la defensa de este territorio y del agua, en especial del arroyo Bruno.
-La autoridad tradicional de la comunidad del Rocío instauró acción de tutela contra el municipio de Maicao, inspección central de Policía de Maicao y Policía nacional-ESMAD en procura de sus derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, subsistencia, protección a territorios indígenas, debido proceso y otros, para que se suspenda la orden de desalojo en el marco del ilegitimo proceso de lanzamiento por ocupación de hecho. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Maicao fallo en contra, por lo que se impugnó y ahora en segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha resolvió confirmar la decisión del primer fallo.
-Sin embargo, en los dos fallos no se abordaron ni revisaron los temas de fondo que corresponden a la posible vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad indígena como sujeto de especial protección constitucional, ni la posible vulneración de los derechos de los niños y niñas que habitan la comunidad, y las instancias se limitaron a tener en cuenta aspectos de forma declarando improcedente el amparo.
-El día 22 de julio, el inspector de policía de Maicao, aseguró que no hay manera de detener el desalojo, ni por intervención de Defensoría del Pueblo u otro órgano de control, a menos de que la Corte Constitucional se pronuncie. Desconociendo que el desalojo implica inducir a la comunidad a situación de pobreza extrema y a la vulneración de los derechos de los niños, niñas, madres lactantes y adultos mayores. |
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Envían a prisión a siete ambientalistas que se oponen a contaminación del río Guapinol |
Siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, fueron remitidos a prisión este lunes, acusados por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita. Los pobladores del litoral atlántico, a quienes se les dictó la medida de prisión preventiva durante la audiencia de imputados en los juzgados capitalinos, fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán.
Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.
El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, han sido judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.
Los defensores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad. |
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Cusco: Mujer pierde el ojo durante enfrentamientos en el Corredor Minero |
Una mujer perdió un ojo producto de los enfrentamientos entre manifestantes y policías por el bloqueo del Corredor Minero del Sur. Comuneros de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, continúan protestas en contra de la empresa MMG Limited Las Bambas.
La víctima fue identificada como Higidia Humpire (55), quien recibió el impacto de un perdigón en el ojo izquierdo. En un video se muestra a Humpire llorando desesperadamente y tapándose el rostro tras ser herida.
Humpire se suma a la lista de más de 15 heridos, entre comuneros y policías, a raíz de los enfrentamientos que empezaron hace más de una semana en el Corredor Minero Sur.
El conflicto se agudizó cuando los policías intentaron desbloquear la vía, lo que motivó a los comuneros, provistos de huaracas, a lanzar piedras a los agentes del orden, por lo que estos respondieron a los ataques con bombas lacrimógenas. |
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Chumbivilcas: Inicia represión tras declaratoria de Estado de Emergencia en Corredor Minero |
Desde hace 25 días los comuneros de estas localidades vienen bloqueando la vía en protesta frente a la contaminación ambiental que genera el paso de 600 camiones de la empresa china MMG Las Bambas, que transporta minerales desde Apurímac pasando por Cusco hasta el puerto de Matarani en Arequipa, donde embarcan el mineral hacia China. La PNP y la Fuerza Armada al llegar a la comunidad de Cancahuani reprimieron a los comuneros que se defendieron con palos y piedras, logrando despejar la vía y provocando lesiones en varios de los comuneros.
Frente a la información de que los protestantes habrían sido heridos por perdigones, conversamos con el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe, quien relató que se encuentran confirmando los hechos para tomar medidas al respecto como Frente de toda la provincia. El operativo policial y de las fuerzas armadas se realiza en el marco de la implementación de la declaratoria del Estado de emergencia, a través del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM, emitido el día de ayer 15 de octubre, por 30 días en el sector del corredor minero sur que contempla los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas.
El Estado de Emergencia implica la suspensión de los derechos constitucionales respecto a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libre reunión. Desde tempranas horas el ministro del Interior, Carlos Morán, salió a los medios de comunicación a informar de la medida tomada y señalar que «apostamos por el diálogo, pero eso no se puede confundir con debilidad. Vamos a cumplir con nuestra función»; sorprendiendo a los comuneros de Chumbivilcas, en palabras del presidente del FUDICH, Carlos Quispe, debido a que ya habían pactado una reunión de diálogo para el 21 de octubre, y esta medida lo que genera es desconfianza en la población. «¿Si estamos en una democracia, no podemos protestar?», cuestionó el dirigente. Añadió que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también se ha pronunciado sobre la denuncia de contaminación ambiental realizada por los comuneros de Chumbivilcas. |
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Gobierno declara el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa |
El Gobierno declaró el estado de emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas, región Cusco.
Así lo precisa el Decreto Supremo N° 169-2019-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La norma agrega que la medida estará vigente por 30 días calendario.
El D.S. indica que la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la zona declarada en estado de emergencia que comprende a cuatro distritos de la provincia de Chumbivilcas.
La norma dispone, además, la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, comprendidos en los incisos 9) y 12) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Sobre la labor de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, precisa que esta se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, respectivamente.
El Decreto Supremo lleva la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra, y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos; y por los ministros del Interior, Carlos Morán; de Defensa, Walter Martos; y de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla. |
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Desalojo forzado en diciembre de 2016 |
El gobierno del estado de Zacatecas autorizó un desalojo forzado en la comunidad de Salaverna que dejó como saldo la destrucción de viviendas, la delegación municipal, la escuela y la Iglesia. |
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Minera canadiense desaloja con armas a vecinos de Chalchihuites |
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Agresión y judialización de ejidatarios de San Tiburcio |
La policía estatal de Zacatecas desalojo un bloqueo que mantenían ejidatarios de San Tiburcio sobre los accesos a las instalaciones de la mina Camino Rojo, el resultado fue de 7 campesinos heridos y 14 demandas personales. |
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Mineras Penmont y Peñoles fabrican delitos para despojar a ejidatarios |
En un nuevo intento para arrebatarles los ricos terrenos del ejido El Bajío, las mineras Peñoles y Penmont acusaron a 11 campesinos de “asociación delictuosa” ya que se acusa a los humildes campesinos de robar más de 460 millones de litros de una solución cianurada rica en oro.
En el expediente penal 112/2016 que interpusieron las empresas en el municipio de Caborca, Sonora, el pasado 19 de abril, un juez giró órdenes de detención contra 11 ejidatarios por el “robo con violencia” de vehículos mecánicos y robots que estaban en los terrenos del ejido, donde las mineras se habían apropiado de esos terrenos ilegalmente para sacar oro. |
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Persecución y excesivo control a pobladores locales en zona de litio |
De acuerdo a testimonios de personas del lugar, los territorios ocupados para llevar a cabo extractivismo de litio han quedado liberados al poder y la fuerza de las empresas puesto que los lugareños son perseguidos por agentes de seguridad.
Román Guitian, expone que al pasar por las proximidades de una empresa minera que está en la zona, son detenidos en el camino por fuerzas de seguridad, revisados, expuestos a un excesivo control y siempre puestos bajo sospecha.
“Venía un día de Salta, como a las 11 de la noche, antes de llegar a la minera ahí estaba parada la camioneta, me hacen señas de luces, yo sigo, paso todo lo que es la minera y ahí me paran. Se bajan dos policías de la camioneta de Guido Mogetta y me preguntan por qué me estaba fugando”, explicó Guitian. El lugareño les aseguró a los policías que no se estaba dando a la fuga y que él no sabía quién estaba en la camioneta. “Tuvimos una discusión con los policías, vuelvo antes de ayer a la noche y también me pasó lo mismo”, lamentó Guitian.
“Antes de llegar a Antofagasta yo venía pasando a alta velocidad porque estaba de noche y solo. Me hace seña de luces una camioneta en plena oscuridad. No sabía quién era y no paro, yo paso. Después paro, me identifico y me pidieron todos los datos, la documentación de la camioneta y me revisaron la camioneta. No sé qué quieren”, expresó el lugareño.
Además, se ha mencionado que ya ha habido otros casos de violencia donde mujeres fueron arrastradas por agentes de seguridad y varias personas fueron detenidas por oponerse a las acciones de las mineras que están instaladas en estos territorios.
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Caza de integrantes de asambleas y manifestantes contra la megaminería en Chubut |
Asambleas socioambientales de Chubut denunciaron que el gobierno de Mariano Arcioni intenta imponer la megaminería con violencia y detenciones arbitrarias. Precisaron que el jueves 12 de noviembre del año en curso la policía provincial allanó en Rawson las viviendas de asambleístas que rechazan la megaminería. Los operativos se dieron luego de que, en la última semana, se produjeran movilizaciones en todo Chubut en defensa del agua y contra la avanzada extractiva.
“El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería”, denunció la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH) el jueves por la noche en un comunicado. Definieron la situación provincial como “convulsionada” y explicaron: “Luego de las multitudinarias movilizaciones el Gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes (del 10 de noviembre) en inmediaciones de la Casa de Gobierno. Previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de ‘ecoterrorista’”.
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Amedrentamiento a manifestantes que protestan por aprobación irregular a minera Vizcachitas |
La comunidad de Putaendo salió a las calles el sábado y domingo 25 y 26 de abril para manifestarse en contra de la irregular aprobación de la iniciativa "Vizcachitas", ante lo cual se presentó un "un despliegue desproporcionado de fuerzas policiales y militares" en medio de las concentraciones ciudadanas.
Cabe destacar que, en medio de la pandemia del coronavirus y a espaldas de la ciudadanía, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó el lunes 20 de abril un proyecto de exploración minera "Vizcachitas", de capitales canadienses, el que dañará en forma irreparable idílicos paisajes de Putaendo.
Por este motivo, la ciudadanía salió de forma pacífica a manifestar su descontento y desaprobación, no obstante, en respuesta sufrieron acciones de amedrentamiento por parte de las fuerzas armadas de chile, en el marco del Estado de Excepción declarado como medida por la pandemia del COVID-19 que se vive a escala global. |
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Carabineros desaloja a vecinos en el Melón |
Por más de dos meses, un grupo de vecinos de El Melón comenzó una toma del pozo 9 de Anglo American, como una medida desesperada frente a la grave escasez hídrica que afecta a esa localidad.
En respuesta a esta manifestación, la minera instaló un by-pass desde este pozo, para abastecer los estanques del Agua Potable Municipal y, además, hace pocos días anunció que la conexión de un segundo pozo. Sin embargo, los vecinos aseguraban que no depondrían la toma hasta que la totalidad de los vecinos tuviera agua en sus hogares.
Sin embargo, la mañana del 24 de enero un alto contingente de Carabineros y Policía de Investigaciones llegó hasta el pozo para realizar un desalojo de la toma.
Los manifestantes pudieron escapar y no hubo ninguna persona detenida. De todas maneras, los policías se llevaron las carpas, un refrigerador, un fogón, bancas y otros implementos usados por los vecinos. |
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Autoridades impiden protesta contra la minería en Jericó |
Fernando Jaramillo, integrante de La Mesa Ambiental del municipio de Jericó contra la minería en ese territorio, denunció que la policía y la alcaldía les están impidiendo el derecho a la protesta pacífica.
El líder ambiental aseguró que con previa autorización de los propietarios de las viviendas de la localidad instalaron unas banderas pequeñas en las fachadas que representa la resistencia contra la multinacional minera Anglo Gold Ashanti que pretende adelantar extracción de oro en el territorio, pero que cerca de la medianoche de este sábado 12 de septiembre, aprovechando la soledad de las calles, la policía por orden de la alcaldía de Jericó (Antioquia) las desmontó.
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Cuatro detenidos en Gualel por protesta contra minera |
Cuatro personas fueron detenidas en la parroquia de Gualel producto de una manifestación.
El jueves fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos adultos mayores, quienes supuestamente estarían involucrados en la quema de una camioneta.
Dos de los ciudadanos fueron aprehendidos en sus propias parcelas y otro mientras descansaba en su domicilio, conforme sus propias declaraciones afuera del Centro de Rehabilitación Social de Loja.
Según el parte policial la detención de estas personas ocurrió en esa jurisdicción rural, ubicada al noroccidente del cantón Loja, por información brindada por los presuntos afectados.
Los detenidos fueron trasladados al centro de detención provisional de la ciudad de Loja en horas de la madrugada.
El viernes 16 de octubre, el Comité para la Defensa del Agua y Pueblo de Fierro Urco convocó a una conferencia de prensa.
Se habló de que estas personas fueron detenidas injustamente, el presidente del FIIS Pedro Sigcho, comentó que incluso en la camioneta de la empresa se encontró un arma de fuego y alcohol etílico.
Audiencia
Más tarde, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos donde la jueza Jenny Jaramillo, aceptó la flagrancia a pesar de que la defensa argumentaba de que los señores no fueron encontrados en el lugar de los hechos sino en sus domicilios y parcelas.
En las afueras del edificio donde funciona la Unidad Penal de Loja, amigos, familiares y miembros de colectivos en defensa del agua, entre voces, carteles y aplausos pedían la liberación de sus compañeros.
Para Manuel Angamarca, vocal de la junta parroquial, la defensa del agua y de los pueblos ancestrales no termina pues ellos seguirán luchando para que no exista explotación minera en la zona.
Liberación
La Fiscalía acusó a los señores Salomón T., Jovita C., Juan A., y Jon M., de los delitos de ataque y resistencia, y daño a bien ajeno, sin embargo, la jueza aprobó la liberación de las personas involucradas otorgándoles medidas cautelares mientras se lleve a cabo la instrucción fiscal.
La defensa de los sospechosos, argumentó que los hechos no quedaron del todo claros, sin embargo, ellos respaldan el derecho constitucional a la manifestación.
La lucha no termina, se busca defender las reservas hídricas de Loja y por supuesto la vida, manifestó Marco Romero, abogado.
Testimonios
Se cumplió con la liberación de los detenidos, sus familiares y amigos los recibieron entre abrazos y ovaciones. Jovita, relató que la detuvieron dentro de su parcela, entre lágrimas narró que fue ultrajada por los policías quienes la habrían pateado y golpeado, pero se mantiene firme en la defensa del agua.
Salomón T., cuenta que fue detenido dentro de su casa mientras descansaba, fue golpeado y recibió también un machetazo, para él, la defensa del agua es lo más importante, pide que el Cabildo de Loja defienda y mantenga su palabra cuando declaró, en 2019, a Loja libre de minería metálica.
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Equinox Gold violenta a campesinos en Guerrero |
De acuerdo a un comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA):
La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.
Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.
Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.
Fuente: REMA.
En otro comunicado del 07 de septiembre la REMA había advertido lo siguiente:
El día de hoy, a las 17:40 horas, alrededor de 50 elementos del ejército mexicano se presentaron, en un camión y
una camioneta, en la entrada de la mina Los Filos, lugar en el que se ubica el campamento que mantienen las y
los ejidatarios de Carrizalillo, Guerrero, para intimidarlos por su exigencia de respeto hacia la minera canadiense
Equinox Gold con la que han rescindido sus convenios por el trato racista y discriminatorio que han recibido de
su parte.
Fuente: REMA |
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Pobladores de Santa Cruz la India son forzados para vender sus tierras |
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denuncia la campaña de intimidación y amenazas contra residentes de la comunidad Mina la India, por parte de la empresa minera de capital británico Cóndor Gold. Desde principios de 2020, residentes de esta comunidad han denunciado una renovada campaña de acoso por parte de oficiales del gobierno, acompañados de elementos de la Policía Nacional, para que vendan sus propiedades a dicha empresa.
Cóndor Gold, opera en Nicaragua a través de su subsidiaria La India Gold SA, desde 2008. La empresa cuenta con 11 concesiones en el distrito de La India con una extensión de 313.26 Km², donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto/subterráneo. Sin embargo, la empresa no ha logrado obtener la licencia social por parte de residentes de la comunidad quienes han denunciado la destrucción ambiental, violación de espacios comunes, procesos viciados de consulta, irregularidades en el proceso de adjudicación de licencias, y la criminalización de pobladores que se oponen a la mina.
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Allanamiento del hogar de Olman Salazar y agresión a su familia |
Olman Onel Salazar Umanzor, secretario del Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial (MONAFMI), ha tenido que huir al monte después que oficiales de la Policía Orteguista, al mando del Comisionado Fidel Domínguez, jefe de la policía en León, allanaron su casa, ubicada en Mina La India, municipio de Santa Rosa del Peñón, la tarde del miércoles 18 de diciembre de 2019, denunció el MONAFMI.
Los miembros de la familia de Olman Salazar sufrieron agresiones físicas y psicológicas y fueron sometidos a interrogatorios. Asimismo, denunciaron que tomaron fotografías a menores de edad y confiscaron una computadora, un celular y una USB.
El activista ambiental estuvo exiliado nueve meses en Estados Unidos, debido a las constantes amenazas, asedio y represión que vive. Regresó hace dos meses estando consciente del riesgo que ello implicaba.
El allanamiento a la vivienda de Olman Salazar ocurrió seis días después que el líder ambientalista presidió una conferencia de prensa del MONAFMI para informar que, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial (BM), canceló el financiamiento al proyecto minero de la empresa Cóndor Gold, ubicado en la comunidad Santa Cruz de la India, tras una queja interpuesta ante el mecanismo de rendición de cuentas de la IFC en el 2018 y una serie de críticas internacionales por el patrón de represión que ha acompañado el proyecto desde su inicio.
Los mecanismos de represión han sido mediante amenazas, asedio, criminalización de defensores ambientales y líderes comunitarios que han criticado el proyecto por falta de consulta, señaló el comunicado del MONAFMI. |
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Entrega de agua con represión en Mendoza |
Medio centenar de detenidos, infiltrados policiales y heridos fue el saldo de la represión del gobernador Rodolfo Suárez a la marcha provincial a la ciudad de Mendoza. Fue tras la reforma de la ley 7.722, pactada entre radicales, peronistas y mineras.
Según el propio jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, al menos 45 manifestantes fueron detenidos por la fuerza el lunes 23 de diciembre. Lo que no dijo el jefe policial es que las detenciones se produjeron en medio de una represión planificada que incluyó infiltración de efectivos de civil entre la gente, amedrentamiento callejero a los tiros y una violenta cacería de personas cuyo “delito” era manifestar contra la reforma de la Ley 7.722 de protección del agua.
Esta reforma, como se viene informando, se consumó en el Legislatura mendocina el mismo viernes tras un pacto entre el Frente de Todos-PJ, la UCR del gobernador Rodolfo Suárez y multinacionales como Barrick Gold mientras la sociedad movilizada repudiaba este nuevo ataque a los recursos naturales y la salud pública. |
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Ambientalistas que denuncian la megaminería son reprimidos en Chbut |
El jueves 05 de diciembre de 2019 se realizó el primer paro provincial contra la Megaminería. En Puerto Madryn, Trelew, Lago Puelo, Esquel, El Escorial, Comodoro Rivadavia y muchas ciudades mas se realizaron grandes marchas. Por la medianoche los activistas que impulsan el movimiento ambientalista en Rawson fueron reprimidos frente a la Legislatura y seis de ellos detenidos.
Durante la madrugada fueron liberadas tres mujeres y a los tres varones los trasladaron a la Alcaidía de Trelew. Recién a media mañana los liberaros y quedaron imputados por daños y resistencia a la autoridad, calificaciones habituales cuando la policía detiene a luchadores en manifestaciones.
Denuncian que todos fueron golpeados y maltratados, que a algunas mujeres las encapucharon para que no vieran como les pegaban al resto de los detenidos. El operativo de traslado a Trelew fue de un despliegue inusitado de fuerzas represivas.
Durante la mañana y tarde del viernes se extiende la denuncia a la represión y a la creación del ministerio al servicio de las mineras.
El motivo de las manifestaciones se detonó en respuesta a las reuniones entre diputados de los distintos bloques con la empresa canadiense Pan American Silver, a fin de cocinar maniobras para imponer las actividades megamineras en la provincia. El avance que lograron fue la creación de la ley de ministerios y el Ministerio de Minería, lo cual, desencadenó las protestas donde ambientalistas fueron reprimidos y judicializados. |
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Nueve heridos y dos desaparecidos deja desalojo en Arequipa |
Según denunciaron los pobladores, varios hombres armados acudieron al campamento de minería artesanal Calpa, ubicado en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, en Arequipa para desalojarlos. De acuerdo a lo expuesto por los mineros artesanales, los ataques habrían sido ordenados por Roxana Calmet, dueña de la concesión Intigol Mining, a quien acusan de contratar a personas para retirarlos del lugar.
En un video difundido por los pobladores del asentamiento, se aprecia que varios espacios del campamento fueron incendiados. Nueve personas resultaron heridas y la Gerencia Regional de Salud informó que son atendidas en el Hospital Honorio Delgado Espinoza y el Goyeneche. Tres pacientes tienen heridas de bala. Se trata de Elia Felícitas Pérez (39), Juan Alvaro Coila (32) y René Alave (57), que fueron referidos desde el Centro de Salud de Caravelí. La Fiscalía informó que dos ciudadanos se encuentran desaparecidos luego que se produjera el ataque.
“Nos quieren sacar a la fuerza con matones, han quemado nuestro campamento”, expresó una mujer.
Desde la empresa Intigold Mining S.A., informaron que el contrato de posesión que les dieron a los mineros artesanales terminó y que tienen una orden de desalojo.
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Dos comuneras son desaparecidas en Apurímac |
El 17 de noviembre por la mañana, comuneros de la comunidad de Huancuire en el distrito de Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac denunciaron que fueron atacados por efectivos de la PNP y sujetos no identificados que serían contratados por MMG Las Bambas, en el sector Apu Itaña, lugar para el pastoreo de animales.
Las comunidades denuncian que mientras 6 comuneros pasteaban sus animales, estos fueron sorprendidos por aproximadamente 30 sujetos vestidos de negro y con cascos blancos. Aseguran que 4 lograron escapar, sin embargo, dos comuneras fueron agredidas y presuntamente secuestradas por personal de La empresa minera Las Bambas. Las mujeres fueron identificadas con los nombres de Augostina Pucsaclla Ochoa – quien tiene discapacidad en el brazo – y Sofía Pucsaclla Vargas. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Frente a estos hechos, se siguen generando enfrentamientos que han dejado varios comuneros heridos. Romualdo Ochoa, comunero de Huancuire denuncia que las comunidades viven en medio de un hostigamiento constante por parte de la minera Las Bambas; y que precisamente ahora vienen siendo provocados por los policías contratados por la minera.
El sector Apu Itaña es una zona en disputa. Este lugar, pese a que años atrás fue vendida a la minera Las Bambas, según las comunidades aún es parte del territorio comunal que no ha sido negociado y que les pertenece. |
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Represión a comuneros que protestaban por bono por COVID-19 en Espinar |
Comuneros de la provincia de Espinar, región Cusco, protestaron y bloquearon con piedras el acceso a la localidad, como parte de las manifestaciones en contra la empresa minera Antapaccay, a quien piden el pago de un bono de mil soles para más de 50 mil familias.
La manifestación fue liderada por más de mil pobladores, quienes realizaron piquetes de protestas en el Puente Coporaque, Puente Huañumayo, Aeródromo, Puente Amistad y otros accesos que quedaron bloqueados.
Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando un grupo de pobladores llegó hasta el sector Tintaya Marquiri, excampamento de la minera, donde actualmente funcionan las oficinas de la empresa.
Los pobladores lograron ingresar a la propiedad privada, lo que generó un enfrentamiento con la Policía, que se vio obligada a usar bombas lacrimógenas para dispersarlos. En medio de los enfrentamientos se quemaron varias extensiones de pastizales y la planta de bombeo de agua potable de la empresa minera fue incendiada.
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Persecución política y detención de opositores a proyecto Tía María |
En horas de la mañana, once personas -entre trabajadores y obreros de construcción civil- fueron detenidas supuestamente por pertenecer a una organización criminal denominda «El Ladrillo Sindical del Sur», sindicada de extorsión de empresas de construcción en Arequipa.
La fiscalía de crimen organizado realizó un megaoperativo donde se allanaron las viviendas de los investigados y los locales de organizaciones sindicales.
Entre los detenidos se encuentran los dirigentes sociales José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), y Andrés Saya Alarcón, secretario general de Construcción Civil. Ambos líderes conocidos por las protestas contra del proyecto minero Tía María.
Según la declaración del fiscal José Chávez Cotrina a Radio Yaraví, la supuesta organización se dedicaba a cobrar cupos y colocar trabajadores fantasma en obras.
Alrededor de 500 efectivos de la Región Policial Arequipa junto a 22 fiscales especializados contra el crimen organizado intervinieron en el operativo. La medida estuvo dirigida por la fiscal Rosmery Mendoza Palomino, y se dictó detención preliminar por 15 días.
Dos de los detenidos son dirigentes sindicales que pertenecen al Comando de lucha en defensa al Valle de Tambo que rechazan el proyecto minero Tía María de la empresa Southern. Ellos fueron trasladados a la sede de la región policial en el marco de las investigaciones.
El abogado de Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores, Agustín Núñez, afirmó se trataría de una «persecución política» debido a que su defendido dirigía uno de los gremios importantes en las protestas de Tía María y en la lucha de los trabajadores en Arequipa. «Trataremos de desvincular a mi patrocinado de los delitos que le están imputando», declaró.
A través del medio Yaraví varios pobladores opinaron que estas detenciones serían parte de una estrategia para amedrentar a las organizaciones sindicales.
Lista de detenidos
José Luis Chapa Diaz (a) “CHAPA”- mando ejecutivo
Andrés Saya Alarcon (a) “ANDRÉS” O “CHIMUELO” – mando ejecutivo
Alfredo Mojica Valdez (a) “PELAO” O “MOJICA – mando ejecutor
Teófilo Maldonado Yanapa (a) “TEO” – mando ejecutor
José Rubén Díaz Diaz (a) “CENTELLA” O “DÍAZ” – mando ejecutor
Gelber Dagoberto Quispe Leon (a) “DAGO” O “GELBER” – mando ejecutor
Genaro Jorge Tapia Quispe (a) “GENE” – mando ejecutor
José Manuel Quispe Flores (a) “CACHARRÓN” – mando ejecutor
Juan Alberto Lopez Mamani (a) “LURIGANCHINO” O “LÓPEZ” – mando ejecutor
Juan Alberto Calle Lopez (a) “CACHORRO” – ejecutor
Pedro Aurelio Alvarez Tinuco (a) “TINUCO” – ejecutor |
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