Desde el 2011, las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han denunciado los posibles impactos ambientales y a la salud de la mina, así como la imposición violenta del proyecto contra su voluntad. Durante años, han mantenido el campamento pacífico, conocido como "La Puya" y han resistido los repetidos intentos de desalojo, sufriendo la represión de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. A pesar de una campaña en curso de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.

En el 2016, la Corte Suprema de Guatemala suspendió las operaciones de KCA por no haber consultado con los pueblos indígenas en el área y esta decisión fue apelada ante la Corte Constitucional por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa. En lugar de respetar los procesos democráticos y judiciales de Guatemala, KCA ha presentado esta demanda ante el CIADI, que en efecto presiona al gobierno para que reinicie la mina o pague a la compañía cientos de millones de dólares en “ganancias potenciales perdidas”.

El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista - Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Los tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados quienes no están obligados a respetar precedente alguno en sus decisiones.

KCA es solo una empresa entre un número creciente de empresas mineras transnacionales que han lanzado juicios maliciosos contra países, especialmente en el Sur Global, para obtener cuantiosos premios monetarios. A pesar de que no han obtenido el consentimiento de la comunidad o los permisos requeridos para operar, las compañías alegan una pérdida de inversión como la base para presentar estas demandas. En el caso de KCA, el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía en Guatemala se encuentran actualmente bajo investigación criminal en Guatemala por haber operado la mina de forma ilegal, ignorando la orden judicial inicial que suspendió las operaciones por falta de las consultas debidas. En su comunicado de prensa del 19 de diciembre de 2018, la Resistencia Pacífica de La Puya también aclara que la empresa nunca obtuvo una licencia de construcción válida.

Nos unimos en solidaridad con los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes están profundamente preocupados por la grave amenaza que la mina representa para los suministros de agua, los ecosistemas y la calidad de vida en el área. En particular, hacemos eco de su acusación por el hecho de que KCA y el Estado no hayan evaluado de manera creíble el impacto que el proyecto de oro tendría sobre los suministros de agua en una región con altos niveles de arsénico natural.

Expresamos nuestra consternación por la forma en que ésta demanda representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala. La Corte Constitucional ya está bajo presión como resultado de la decisión del Presidente Morales de desafiar la sentencia de la Corte y expulsar al organismo de anticorrupción/anti-impunidad respaldado por la ONU; la CICIG. En comentarios, el presidente Morales también reprendió al Tribunal Constitucional por suspender los proyectos mineros e hidroeléctricos, como lo ha hecho en el caso de KCA y otros por violaciones de los derechos de los indígenas, calificándolo de "abuso de funciones". Hacemos un llamado a KCA y al Gobierno guatemalteco a que se abstengan de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional y que se permita que los casos que tienen ante sí se presenten y que las decisiones se tomen de acuerdo con el imperio de la ley.

Sin lugar a duda, este asalto corporativo se produce en un momento delicado en Guatemala y tiene el potencial de erosionar aún más las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. El 28 de enero, la Resistencia Pacífica en la Puya celebró una conferencia de prensa para denunciar la presencia militar en San José del Golfo por la preocupación de que su presencia tiene el fin de intimidar y provocar que las comunidades en resistencia piensen que la compañía minera está de regreso como resultado de la demanda de arbitraje internacional. El comunicado de prensa indica que los militares se han desplegado en la región desde el 11 de enero, un mes después de que KCA presentara su demanda. Hacemos un llamado por la inmediata desmilitarización de la zona.

También apoyamos al llamamiento de la Resistencia Pacífica de La Puya para que el CAFTA-DR sea declarado perjudicial para el bienestar de los guatemaltecos y en contra de la Constitución Política de Guatemala, considerando además que Guatemala ya ha tenido que pagar $ 32.4 millones de dólares a dos empresas estadounidenses (RDV y TECO) y actualmente está sujeta a otras reclamaciones de arbitraje por cientos de millones de dólares.