El Estado mexicano ha concesionado 331,729 hectáreas a empresas privadas sin informar previamente, ni respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. En complicidad con las empresas, reprime a las comunidades que se organizan para defender su territorio.

En la “Primera Jornada El derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla” se denunció la privatización de los bienes comunes, la criminalización de defensores y la violencia en la región y en el estado de Puebla. Asistieron comunidades de los municipios de Cuetzalan, San Felipe Tepatlán, Ixtacamaxtitlán, Tlapacoya, Pauatlán, Ayotoxco, entre otras más y fue convocada por el Consejo Tiyat Tlali (que agrupa a 13 organizaciones), Fundar Centro de Análisis para la Investigación, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y el Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La organización PODER documentó la existencia de 440 concesiones mineras, además de 15 proyectos hidroeléctricos privados, así como laexploración y explotación de hidrocarburos en campos petroleros operados por Halliburton y Diavaz en el estado de Puebla. El 60% de las concesiones mineras están en manos de la empresa Almaden Minerals.

Fundar enfatizó en su exposición que la región de la Sierra Norte se encuentra en la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la segunda en prioridad de hidrocarburos a nivel nacional y la primera en recursos prospectivos en petróleo.

Sin embargo, a las comunidades no se les informa; actualmente existen 233 pozos que utilizan fractura hidráulica (fracking) en la Sierra Norte sin que la población esté informada sobre si se trata de yacimientos de hidrocarburos no convencionales o no y, por lo tanto, sobre los riesgos e impactos negativos que implica para sus territorios, su medio ambiente y sus vidas. Además, la Secretaría de Energía ya ha entregado dos asignaciones a Pemex para exploración de este tipo de hidrocarburos en esta región, sin informar a las comunidades. Tampoco se han realizado los estudios de impacto social y las consultas previas que establece la legislación en la materia, señaló Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar.

El foro, que tuvo lugar en la facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sirvió como un espacio para reconocer las luchas que diversas comunidades están emprendiendo para defender su derecho a la vida. “Es el momento de exigir al gobierno que promueva el decrecimiento económico y una redistribución de la riqueza”, es también “un llamado a que la sociedad reflexione sobre sus prácticas cotidianas de consumo, y para fortalecer y acompañar los procesos de defensa del territorio”, señaló en su presentación Silvia Villaseñor a nombre del Consejo Tiyat Tlali, “pues es muy difícil combatir a Walt Mart
cuando tiene miles de consumidores”.

El doctor Germán Sánchez Daza, coordinador del Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la BUAP, enfatizó que se ha agudizado la presencia del capital y que las reformas estructurales, la creación de zonas económicas especiales, así como la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico están orientadas a mejorar los negocios privados. No obstante, recordó que al mismo tiempo se ha fortalecido la resistencia de los pueblos. “Las comunidades luchan y resisten a estos proyectos pero también construyen proyectos de vida para defenderse del saqueo del capital” expuso Edmundo del Pozo de Fundar.

Por su parte, Aldegundo González, del municipio de Cuetzalan, expuso que en julio de 2013 fue aprobado el informe preventivo del Proyecto El Aretón, perteneciente a la Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V. Sin embargo, las comunidades que integran el Consejo Maseual se enteraron hasta el 28 de noviembre de 2013, cuando Semarnat publicó en su portal que se habían concesionado 1,527 hectáreas de su territorio ancestral para extraer minerales. Debido a la inexistencia de consultas lascomunidades afectadas se organizaron en asambleas, la primera en la casa de cultura de Cuetzalan.

En la cuarta asamblea se realizó un cabildo abierto que declaró al municipio de Cuetzalan “libre de proyectos de muerte”. Interpusieron un amparo y el juzgado concedió la suspensión de plano para “salvaguardar sus derechos de posesión, propiedad o disfrute de sus territorios, aguas y sitios sagrados”.

En contraste, las comunidades de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya enfrentan la imposición del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 autorizado a la empresa Deselec 1, subsidiaria de Comexhidro, constituida por Salomón Camhaji Samra, exdirector de la otrora paraestatal Altos Hornos de México, hoy privatizada. La Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de autoabastecimiento para proveer de electricidad a Wal Mart, Waldo’s Mart, Suburbia, Vips, Colchas de México y una persona física, Ileana Jinich Mekler, expuso Patricia Legarreta de PODER. La empresa recibió financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para la promoción de energías renovables, recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura.

A las comunidades afectadas por el proyecto no se les proveerá de electricidad producida por la hidroeléctrica. Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali informó que el proceso de consulta inició cinco años después de haber sido otorgado el primer permiso. Cuando hicieron solicitudes de acceso a la información para conocer el proceso de consulta se les indicó que estaba protegido por secreto industrial. Por tanto, insistió “las comunidades no conocen el proceso de consulta que se les aplicó.”

La lucha por combatir este proyecto ha desencadenado como respuesta acciones de autoridades y de la empresa para romper el tejido comunitario. Quienes tratan de organizar asambleas para defenderse son señalados en la prensa local y amenazados; en fechas recientes 14 pobladores de San Felipe Tepatlán fueron denunciados penalmente como parte de esta estrategia de represión, manifestaron pobladores de estos municipios. La empresa ha promovido la creación de la organización Campesinos Unidos de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, con recursos públicos destinados a fines privados.

Aunado a ello, Alejandro Marreros del CESDER expuso la importancia que tiene la organización comunitaria frente a este tipo de proyectos que recruden la marginalización de las comunidades con respecto al ejercicio de sus derechos fundamentales. En donde, si no es con amenazas, las empresas llegan a ofrecer fuertes cantidades de dinero a autoridades y habitantes para dividirlos y confrontarlos. Es por ello que hizo un llamado para generar afinidades con otros sectores y pueblos del estado en un frente común a estos proyectos de desarrollo excluyente.

La criminalización es, por tanto, una de las respuestas del Estado Mexicano frente a la defensa de las comunidades por su tierra y territorio. Otra de las respuestas ha sido la negación ante los juzgados federales, de las violaciones a derechos humanos cometidas por la emisión de concesiones y permisos a las grandes empresas, señaló Itzel Silva de Fundar. Tal es el caso del amparo presentado por la comunidad nahua de Tecoltemi en contra de dos concesiones mineras, juicio en que el Estado se ha defendido virtiendo diversos argumentos, como el que darle la razón a la comunidad significaría quitarle derechos ya concedidos a la empresa minera, lo que pone en evidencia los verdaderos intereses que busca proteger; o que el derecho a la consulta no le obligaba porque la Ley Minera es anterior a la reforma constitucional que reconoce dicho derecho, con lo que niega el deber que desde 1990 tiene, de consultar a las comunidades, por haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Cada una de las empresas operadoras de proyectos extractivos en la Sierra Norte posee un historial de malas prácticas empresariales como corrupción de autoridades públicas, desastres ambientales, tráfico de influencias, ocultar información, así como una serie de conflictos por los derechos de propiedad territorial en otros de sus emprendimientos en México o en el extranjero” sentenció Omar Escamilla, investigador de PODER.

Finalmente, se aprobó la “Declaración de la Primera Jornada Por el derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla”. Los participantes de esta Primera Jornada exigen al Estado Mexicano respete y garantice los derechos a la tierra y el territorio, a la libre determinación y autonomía, a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla; exigen al cumplimiento cabal de los instrumentos internacionales que reconocen y protegen dichos derechos, así como el cese de cualquier acto de criminalización en contra las comunidades que con toda legitimidad, han decidido defender su territorio.