El conflicto surgió de los trabajos que desde el 2010 realiza la empresa minera canadiense Almaden Minerals. Después de más de diez años de sondeos y trabajos de exploración realizados la empresa presumió haber dotado de empleos a personas de la comunidad de Santa María Sotoltepec, y de haber realizado trabajos de mantenimiento de espacios públicos, lo que no es cierto.
Uno de los principales problemas, es que la explotación minera la pretenden realizar en el municipio de Ixtacamaxtitlán, el más grande del estado de Puebla, en las partes más elevadas del territorio serrano, justo donde nacen las cuencas de los ríos que abastecen de agua a parte de la sierra y a la capital.
Según Leonardo Durán Olguín y Emilio Rodríguez Almazán, del Consejo Tiyat Tlali y de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales, estos proyectos de muerte afectarán a más de 250 mil personas que habitan la Subcuenca del Río Apulco, que también pertenece a la Cuenca del Río Tecolutla, clasificada por la CONABIO como una Región Hidrológica Prioritaria, por su importancia para la conservación de la biodiversidad.
La resistencia en el pueblo de Ixtacamaxtitlán inicia el 22 de mayo del 2014, cuando la delegación poblana de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó un informe preventivo para hacer exploración minera en el municipio de Ixtacamaxtitlán a la empresa canadiense Almaden Minerals, bajo sus filiales Minera Gavilán y Minera Gorrión. En el resolutivo se estableció que era necesario realizar una consulta a los pueblos indígenas antes de iniciar el proyecto minero.
A través del oficio DFP/1835/14, con asunto “Resolución de informe preventivo”, esa autoridad hizo saber a la minera la condición de que las obras de exploración que involucra el proyecto, deberán obtener –expresamente– el consentimiento, previo, libre e informado, que las comunidades indígenas de este municipio otorguen para la ejecución de este proyecto, obligándolo a establecer un protocolo para la aplicación de esa consulta y obtener el acuerdo solicitado. Resolución que motivó a la presentación de un amparo interpuesto por la empresa minera.
En junio de 2014 aproximadamente 1.500 personas se movilizaron para repudiar el proyecto minero, el reclamo por una verdadera consulta pública y por el derecho a la auto determinación de los pueblos serranos, fundamentalmente indígenas.
La población de Ixtacamaxtitlán emprendió la labor de informarse sobre los impactos de la extracción de minerales como el oro y plata, ya que de la empresa sólo han recibido discursos sobre las bondades y beneficios de dicha actividad. “Desde hace como 10 años llego una empresa canadiense que se llama Almaden minerals a explorar, comenzó a ofrecer trabajo, recursos, dinero al presidente municipal, regalías a las comunidades. Quieren explotar oro y plata a cielo abierto, la resistencia lleva como tres años de estar trabajando, justo acaban de terminar la exploración… están buscando los inversionistas para iniciar la explotación. En este momento la resistencia, que incluye población de esta y otras comunidades han levantado un amparo y otras acciones para concientizar a más personas. En las comunidades se creó “La Unidad de ejidos y comunidades” en defensa de la vida, el agua y el territorio.” Informó Rosa Govela.
La defensa legal de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, que defiende los derechos que viola el proyecto Ixtaca, señala que el juicio de garantías tendría que haberse resuelto a lo mucho en un año. Sin embargo, la tardanza con la que ha actuado el Poder Judicial hace pensar que se pueda utilizar una estrategia como la que han usado mineras canadienses en Guerrero, ejemplificó la abogada Diana Pérez.
En el juicio de amparo se reclama la violación de derechos por parte del Estado mexicano a través de actos de la Secretaría de Economía, que otorgó las concesiones mineras 219469 y 233434. Las concesiones fueron otorgadas aplicando la Ley Minera expedida en 1992, violando los derechos al territorio y la consulta, por lo que los pobladores de Ixtacamaxtitlán exigen que se les conceda el derecho de información, pero principalmente a la consulta indígena sobre lo que está pasando en su territorio.
El 2 de mayo de 2017 se reportó que empleados de la minera canadiense Almaden ingresaron por la fuerza y con amenazas a terrenos en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Con amenazas y uso de la fuerza rompieron una cerca y sin permiso de los propietarios, se introdujeron a terrenos de la comunidad de Loma Larga. De acuerdo con denuncias de los vecinos, fueron el geólogo D.S. y otra persona a la que sólo conocen por el nombre de “Fredy”, quienes se introdujeron por la fuerza a sus propiedades, el lunes 1 de mayo. Los mineros llegaron en camionetas de la empresa canadiense y no les importó la existencia de cercos ni que los propietarios de los terrenos tuvieran estacionado un vehículo en el acceso. Tiraron la cerca con el letrero que les prohibía el paso por tratarse de una propiedad privada y amenazaron a los habitantes.
A través de sus empresas filiales Gorrión y Gavilán, la canadiense Almaden Minerals tiene concesionadas 56 mil hectáreas de terreno en el municipio Ixtacamaxtitlán con vencimiento en el año 2062. En los trabajos que la minera desarrolla en la zona se han detectado violaciones a los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como a la consulta previa, libre e informada sobre el destino de la región y de sus recursos, al que el Estado mexicano está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como se documentó en el informe “Minería canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del río Apulco”.]
Siete meses más tarde, se reportó (Regeneración, 12 de diciembre de 2017) que la protesta se había llevado a Vancouver en Canadá donde ciudadanos canadienses y pobladores de Ixtacamaxtitlan se manifestaron frente a las oficinas de la empresa Almaden Minerals en Vancouver contra la ejecución del proyecto minero Ixtaca con el que se pretende extraer oro y plata en esta zona de la Sierra Norte de Puebla. Los manifestantes portaban carteles con leyendas: “Almaden Minerals está destruyendo nuestro hábitat” y “Almaden Minerals una empresa que pone en riesgo la vida y el agua de miles de personas”, difundieron su oposición al proyecto minero, así como las violaciones a los derechos humanos que ha cometido en su contra.
Asimismo, advirtieron a los inversionistas que los ejecutivos de la minera no les han dado a conocer que existe oposición al proyecto, ni sobre las quejas que han presentado ante las bolsas de valores de los Estados Unidos y Canadá contra la empresa. “A los inversionistas les pedimos que se desistan de seguir invirtiendo en el proyecto minero de Almaden, llamado Ixtaca, porque su inversión está en riesgo. La empresa les ha mentido, ya que no les ha comentado los procesos de resistencia y tampoco de las acciones legales que se han hecho para defender la vida de las comunidades de Ixtacamaxtitlan”, dijo Ignacia Serrano, integrante de la delegación de afectados. Por su parte, Kate Murray de la organización Mining Justice Alliance dijo que “por desgracia, lo que escuchamos de los habitantes de Ixtacamaxtitlán no es una historia desconocida. Nuestra organización recibe regularmente informes de daños humanos y ambientales asociados con proyectos mineros canadienses, muchos de los cuales tienen su sede en Vancouver. Los ciudadanos, las instituciones y los inversionistas canadienses deberían hacer más para prevenir los abusos relacionados con la minería”. El proyecto de Almaden Minerals generará daños irreversibles a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que habitan la zona, así como al ecosistema de la región.
En octubre 2018 miembros del Consejo Tiyat Tlali, aseguraron que el proceso para la apertura de la mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán se encuentra lejana, ante la oposición de los pobladores que han emprendido protestas públicas y judiciales, en las que han denunciado afectaciones ambientales e irregularidades causadas por la Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals. Esta organización rechazó una vez más la apertura la mina. Aseguraron que han documentado cómo la etapa de exploración realizada por la minera, ha afectado al ambiente y ha causado irregularidades que no han sido canalizadas por las autoridades.
Este rechazo se une al de otros municipios de toda la Sierra Norte que se niegan a aceptar proyectos de muerte como la minería, hidroeléctricas y gasoductos y abandonar y dejar morir la tierra que ha dado sustento y los conocimientos que han cuidado y mantenido la vida de cerros y ríos en donde han habitado por siglos. Muestra de ello no sólo han sido las asambleas informativas sino ruedas de prensa, marchas y foros donde mujeres y hombres que radican en sus comunidades o que han tenido que salir por temporadas a trabajar a las ciudades han manifestado su rechazo a la actividad minera.
Para reconocerse y hablar del camino que han recorrido durante los 5 años que lleva la resistencia contra este proyecto que ellas denominan de muerte, pero también para hablar de la manera en que desde sus espacios familiares y sus actividades cotidianas son guardianas de su cuerpo “su primer territorio” y entender la manera en que “dan un enfoque de género” a su lucha, las mujeres se reunieron en el auditorio de la comunidad de Santa María Sotoltepec.
Supieron de la minera, cuentan, cuando empezaron a resentir los daños: en Tenamigtic empezó a llegar el agua potable muy sucia y algunos se enfermaron, así se pusieron a investigar qué cosa pasaba, porque, aunque los canadienses llegaron al municipio hace muchos años y empezaron a sacar “tierra en bolsitas”, nunca les dijeron cuáles eran sus verdaderas intenciones.
Aunque reconocieron que con sus movilizaciones y un amparo han logrado frenar la apertura de la mina de la que prevén sacar 130 mil onzas de oro y 7 millones 798 mil onzas de plata durante cada uno de los 14 años que dura el proyecto, “como madres –aseguraron – nos preocupa el futuro de nuestra familia. Por eso tenemos que luchar para que se cancele y evitar que gente de otros países vengan a explotar nuestras riquezas, y no nos referimos sólo al oro, sino que vienen a desaparecernos, a extinguirnos”.
El camino de su lucha, en estos años, ha sido duro, sinuoso, como el que bordea la ribera del río Apulco que nace aquí y baja hasta la cuenca del Tecolutla para llegar al Golfo de México. Poco a poco se han ido sumando, de comunidad en comunidad. Lo que nos llama, dijeron, es nuestro corazón, es el interés por cuidar sus vidas, escuchar sus experiencias, saber qué le pasa a su Tierra y encontrar juntas lo que pueden seguir haciendo.
Las mujeres de Ixtacamaxtitlan describieron sus comunidades, de sus cerros, ríos, bosques, cuevas y manantiales, el espacio donde habitan sus cuerpos, donde están sus tradiciones y la memoria de sus ancestros y ancestras. Hablaron también de la importancia de las actividades que realizan en sus casas para sus familias y de la manera en que en muchas ocasiones ese trabajo no es valorado.
Ellas hacen la comida, cuidan a sus hijos y esposo. Trabajan la tierra o son comerciantes, pero también están en las manifestaciones, denuncian las violaciones cometidas por la empresa e incluso la delegación que viajó a Canadá para entrevistarse con congresistas, organizaciones y autoridades, estaba formada mayoritariamente por mujeres.
Por ello indicaron, ante la importancia de su participación en la lucha por la defensa del territorio y en desarrollo de sus familias, buscarán que su palabra se escuche y sea tomada en cuenta. “Que se valore nuestro aporte. Que se considere nuestro tiempo y la energía que destinamos a la reproducción de la familia y la comunidad”.
“Nuestros antepasados legaron la madre tierra; entonces nosotros tenemos que salvaguardarla también para heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vendrán después”, afirmaron.
En abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dictó la sentencia del juicio de amparo 445/2015, a favor de la comunidad indígena de Tecoltemi, contra las dos concesiones mineras expedidas en su territorio a favor de la compañía canadiense Almadens Minerals, por considerar que la autorización gubernamental se hizo “violando el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, del pueblo (La Jornada, Alfredo Valadez 24 de abril de 2019).
