El sábado 23 de febrero 12 activistas hondureños que han estado defendiendo el agua potable en sus comunidades de una empresa minera, propiedad de miembros de la poderosa oligarquía de Honduras, fueron encarcelados en una mala utilización extrema del sistema de justicia.

Este jueves 28 de febrero, se llevará a cabo una audiencia que va a determinar si los 12 defensores del río Guapinol pasarán hasta varios años en la cárcel en espera del juicio o no. El Ministerio Público de Honduras, apoyado por Estados Unidos, está llevando a cabo el juicio contra al menos 32 defensores del río Guapinol; muchos se enfrentan a cargos graves que podrían resultar en décadas en prisión.

Tomar medidas: Escriba a la embajada de Honduras en su país y exprese su preocupación/protesta por este caso solidarizando así con los 12 activistas hondureños. Socialice en sus redes sociales, con sus contactos, para que sea conocido y denunciado este injusto caso.

Durante meses, las comunidades de la región del Bajo Aguán mantienen un campamento en defensa del río Guapinol y su agua potable de una mina propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé los que pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras.

Es de destacar que esta mina se encuentra en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Recordemos que Carlos Escaleras fue asesinado en 1997 defendiendo el mismo río Guapinol y fue el coordinador de una de las organizaciones que ahora está siendo criminalizada.

Defensores de los derechos humanos han presentado un recurso constitucional contra el Decreto Legislativo que redujo el núcleo del Parque Nacional, facilitando así la concesión minera.

El Campamento por Dignidad de Guapinol ha sido desalojado violentamente por fuerzas de seguridad de Honduras las que son respaldadas por los EEUU y los líderes hondureños han enfrentado difamación y amenazas.

La represión militar y policial, así como la inteligencia militar y las tácticas provocadoras, a menudo van de la mano de la persecución judicial. Existe un claro patrón de abuso del sistema de justicia en Honduras para silenciar a los defensores y activistas de los derechos humanos y ambientales. En el caso de los defensores de Guapinol, la Procuraduría de la República, respaldada y entrenada por los Estados Unidos, ha presentado cargos que incluyen asociación ilícita, incendio, detención ilegal y usurpación. La inclusión de la acusación de asociación ilícita permite que el caso sea juzgado en la Corte de Jurisdicción Nacional que es una corte especial creada para conocer casos contra redes del crimen organizado. Este Tribunal Nacional de Jurisdicción suele conocer casos de alto nivel, en lugar de los tribunales regionales normales, y muchos consideran que está controlado por intereses políticos.

Los presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez, que fueron detenidos durante las manifestaciones pro-democracia hace más de un año, han estado encarcelados por más de un año por orden del Tribunal de la Jurisdicción Nacional a pesar de que los cargos que se enfrentan no están dentro de la competencia de aquel. La semana pasada, la Sentencia del Tribunal Nacional de Competencia admitió que no tiene competencia para pronunciarse sobre su caso y que el caso debe ser enviado a un tribunal local. Esto significa que Edwin y Raúl han sido encarcelados en condiciones inhumanas durante más de un año a pesar de la orden procedente de un tribunal que no tiene la autoridad para decidir sobre su caso.

En ambos casos, los EEUU ha respaldado y entrenado al Ministerio Público de Honduras quienes han perseguido celosamente y presentados serios cargos criminales contra activistas de derechos humanos. Llama la atención que el Ministerio Público ha presentado cargos de asociación ilícita contra los defensores de los derechos humanos de Guapinol y la misma institución no ha presentado cargos de asociación ilícita contra la estructura criminal que mató a Berta Cáceres y ejecuta otros delitos contra el pueblo Lenca a pesar de las múltiples solicitudes de las víctimas.
La institución ha perseguido a Edwin y Raúl y a otros que se manifestaron contra el fraude electoral, pero los actores estatales responsables de la muerte de decenas de esos manifestantes no han sido enjuiciados ni llamados a rendir cuentas.

Las autoridades estadounidenses han elogiado en repetidas ocasiones y respaldado al jefe del Ministerio Público de Honduras, el fiscal general Oscar Chinchilla, quien fue recientemente reelegido para el cargo en un proceso irregular y controvertido. Los Estados Unidos ayudó a crear el “Manual de Investigación Criminal” del Ministerio Público que guía el trabajo de la institución y pone en marcha una nueva formación.

En agosto de 2018, la USAID firmó un acuerdo con la oficina del Ministerio Público para enunciar los principios que orientarán sus esfuerzos y los EEUU ha formado a numerosos elementos de la Fiscalía Pública. Los EEUU también es responsable por su papel en la promoción de una institución que está criminalizando clara y repetidamente a defensores de los derechos humanos y permitir la impunidad de muchos actores estatales responsables de la represión violenta.
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