El pasado viernes 9 de marzo del 2018, en la Comunidad de La Aurora, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, encabezadas por el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Gómez Palacio, Jaime López, reprimieron violentamente a más de 1000 personas de las comunidades de “El Volado”, “Abisinia”, “América Uno”, “Numancia”, “San Roque”, “Cuatro de Diciembre”, “La Aurora”, “Las Lechuzas”, “Sierra Hermosa”, “Las Playas”, “Noe”, “Poanas”, “Dolores”, “La Plata”, “La Mina”, “Colonia 6 de Julio”, “Estación Noe”, “María Antonieta”, “Brittingham”, “Martha” y “El Siete Pueblo Nuevo”, quienes habían respondido a la convocatoria del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio para manifestarse en contra del Proyecto “Chemours Laguna”.
Con talante autoritario, sin operadores políticos efectivos ni capacidad para el diálogo, el gobierno de Leticia Herrera Ale empleó a los cuerpos policiales quienes, para reprimir la manifestación, hicieron un uso desproporcionado e indebido de la fuerza.

Las policías, además de violar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, vulneraron el derecho a la integridad personal de los manifestantes entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos, al confrontarles, primero con amenazas e intimidación y, posteriormente con agresiones directas, tales como puñetazos y patadas o las que serealizaron con objetos contundentes, utilizando gases lacrimógenos, detonando sus armas de fuego de grueso calibre generando lesiones penetrantes.
Los antimotines, allanaron viviendas, destruyeron comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas, algunas de las cuales, NO participaron en la manifestación.
En lo esencial, los ciudadanos que se aglutinan en torno al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio no han sido tenidos en cuenta para intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las decisiones que, en este sentido, les afectan; no solo eso, en su intento de acceder a la justicia han enfrentado enormes obstáculos y después de casi siete meses sin haber obtenido respuesta de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde acudieron para demandar la nulidad de la ilegal autorización del Proyecto “Chemours Laguna”, otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, decidieron, junto a sus aliados, expresar su descontento e indignación ejerciendo su derecho a la protesta social.
Fuente : REMA