El Comité Regional de Defensa y Desarrollo del Valle de Tambo anunció la paralización de la macrorregión sur si el 13 de junio el Poder Judicial resuelve dar validez a la denuncia de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa contra 23 personas, entre dirigentes y alcaldes de la provincia de Islay, por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, disturbios, motín, entorpecimiento de tránsito y otros.
El coordinador de dicho comité, Jorge del Carpio, informó que -además de él, entre los denunciados están los alcaldes de Islay, Richard Ale; y de Punta de Bombón, José Ramos; así como el exalcalde de Dean Valdivia, Jaime de La Cruz; el dirigente de la Asamblea Popular del Valle de Tambo, Miguel Meza, entre otros.
“Esta denuncia es una maniobra para criminalizar la protesta social. Quieren detenernos y/o darnos prisión suspendida que, como se sabe, restringe la participación en protestas”, precisó Del Carpio.
El dirigente refirió que esta sería la segunda paralización macrorregional. El primero se realizó el 27 y 28 de mayo del año 2015. Su contundencia ocasionó la suspensión de los proyectos mineros Tía María y La Tapada, que se ha prolongado hasta la fecha.
Dijo que debido a los acontecimientos que se dieron durante esta protesta, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada presentó la denuncia que afrontan dirigentes y alcaldes.
Sostuvo que la protesta que mantienen contra los proyectos mineros de Southern Perú se basa en el artículo 1 de la Ley General del Medio Ambiente, que establece que toda persona tiene el deber fundamental de defender el medio ambiente, la vida y la salud colectiva.
“Nosotros cumplimos con eso. El miércoles, en la gigantesca marcha que hubo en la ciudad de Arequipa, hemos reafirmado que los proyectos Tía María y La Tapada no tendrán licencia social”, anotó.