La comunidad del Hatillo, integrada por más de 700 personas, es original de la vereda que lleva este nombre en el corregimiento de La Loma, en el centro de Cesar. Durante más de un siglo han trabajado esas tierras con siembras de maíz, plátano, algodón y pequeña ganadería, sin lograr que los institutos de tierras, primero el antiguo Incora y luego el Incoder, les formalizara la propiedad con títulos. Por el contrario, el gobierno nacional se concentró en concesionar las tierras a empresas mineras interesadas en la explotación de carbón.
Según lo documentó la organización PAS, la “fiebre” por el carbón se intensificó a comienzos del nuevo siglo cuando, tras la crisis energética global, las potencias mundiales exigieron la búsqueda de un sustituto del petróleo. Fue así como para 2003 Cesar alcanzó una producción de 19 millones de toneladas anuales del mineral, correspondiente al 40 por ciento del total nacional.
Y la producción no paró. El Ministerio de Minas y Energía trazó un plan para el aumento de la explotación, anunciando un incremento en las exportaciones de carbón en 70 millones de toneladas para 2012 y en 250 millones para 2018. El entonces Ingeominas no dudó en otorgar títulos a diversas empresas que llegaron al centro de Cesar para explotar el mineral.
En las denuncias presentadas a diversas instituciones del Estado, está el robo ocurrido el 21 de junio de 2014 contra dos campesinos de la cooperativa de trabajadores de la vereda de El Hatillo y las llamadas intimidantes; en septiembre de ese año se amenazó a través de un panfleto a todos los líderes de la comunidad de no lograr un reasentamiento en julio de 2015. En abril de ese año otra líder fue amenazada tras realizar un viaje de incidencia a Europa con el que buscaba respaldo internacional al proceso de reasentamiento con garantía de derechos y denuncia frente a las dilaciones e incumplimientos en el mismo por parte del operador y las empresas mineras.

Durante 2015 las amenazas e intimidaciones continuaron contra otros líderes por medio de robos, llamadas, mensajes de texto y seguimientos. En 2016 la situación empeoró con la presencia de encapuchados que llegaron en moto hasta las viviendas de la comunidad, merodeando por varios días.

‘Los motorizados’ incrementaron su presencia en noviembre pasado, cuando la comunidad, liderada por los adultos mayores y a través del Presidente de la Junta de Acción Comunal con el apoyo de PAS, presentó una acción de tutela contra las tres empresas multinacionales que explotan carbón en El Paso (Drummond, Prodeco y Colombian Natural Resources) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, exigiendo los derechos a la salud, vida y vivienda dignas, al territorio y a la alimentación campesina.
A principios de diciembre la comunidad se alertó aún más cuando entre las 12 y las 4 de la madrugada comenzaron a ver a hombres vestidos de negro o de caqui, botas de caucho y pasamontañas que rondaban por las calles y los patios de sus casas. En su informe, la Defensoría Regional del Pueblo ha advertido sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como ‘Los Urabeños’, ‘Clan Úsuga’ o ‘Clan de Golfo’, que aparecieron tras la desmovilización paramilitar.
En la actualidad son todos los representantes de la comunidad para el reasentamiento los que han sido amenazados o intimidados por estos encapuchados y motorizados, sin que haya un avance en las investigaciones por parte de las autoridades. Tampoco en el otorgamiento de medidas de protección efectivas y necesarias para salvaguardar la vida de los líderes y su comunidad, máxime ahora tras el asesinato de Aldemar Parra García, quien era un trabajador minero sindicalizado y sobrino del actual presidente de la Junta de Acción Comunal.