El Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) denuncia que dos de sus integrantes salieron ilesos luego de disparos que les hicieron cuando se desplazaban de las veredas Rincón Placer a la Ciudadela Ismael Perdomo, para actividades en defensa del territorio y los derechos humanos. Esta acción se registró el viernes 28 de julio aproximadamente a las 7:30 de la noche.

Estos dos activistas hicieron parte de la promoción en la consulta minera de Cajamarca, donde el NO a los proyectos de minería a gran escala, el pasado mes de marzo, derrotó a la propuesta de la compañía Anglo Gold Ashanti con una votación del 97%.

Desde hace cuatro años, según Cosajuca, “ha perdido dos compañeros, Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014 […] hemos sido víctimas de todo tipo de amenazas por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa que fue detenido gracias a la histórica consulta popular”.

Este hecho se suma a la situación que está viviendo el país, luego de ser catalogado como uno de los más peligrosos para ejercer el activismo social y la defensa de los derechos humanos y el territorio.

El informe “Defender la tierra” de Global Witness muestra que Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2016 se registraron 37 homicidios, justo después de Brasil con 49.

En lo corrido del 2017, más de 40 líderes han sido asesinados en Colombia, según lo registrado por la Marcha Patriótica, movimiento social y político que ha venido denunciado la falta de garantías para la organización, participación y movilización social.

Frente a la mayoría de estas denuncias el Gobierno Nacional ha manifestado en diversas ocasiones que son hechos aislados, que no tienen sistematicidad, como lo ha manifestado el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, o el Ministerio de Defensa.

La incapacidad del Estado en proteger a sus líderes sociales ha sido expresada con preocupación por varias organizaciones, así como agencias de cooperación internacional, además de la ONU, que han visto con inquietud cómo en plena implementación del Acuerdo de paz la confrontación contra líderes y colectividades se agudiza.