Conflicto Minero: Resistencia en el Tolima contra invasión de La Colosa

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Información general

Ubicación Vereda La Luisa, entre el casco urbano de Cajamarca y el Alt
Pais(es) Colombia
Inicio del daño 2007
Inicio del conflicto 2008

Comunidades afectadas

Nombre Ocupación Detalles
Comunidades agrícolas de los municipios de Cajamarca y Calarcá AGRICULTURA Ver
Consejo Regional Indígena del Tolima AGRICULTURA Ver
27 Municipios AGRICULTURA Ver
Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINTRAINAL) ALIMENTOS - NUTRICION Ver

Actores involucrados

Nombre Ocupación Detalles
CORTOLIMA POLITICA Ver
Ecotierra Ver

Descripción

Organizaciones internacionales han documentado el compromiso de la AngloGold Ashantí (AGA) con estructuras armadas y crímenes ejecutados en diferentes países, a fin de garantizar su ingreso y el desarrollo de explotaciones en gran escala. Diferentes denuncias de organizaciones sociales y de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia han demostrado que la situación en el país, especialmente en el Sur de Bolívar, parece responder a patrones similares. Coincidentemente, las áreas donde se hacen las solicitudes de contratos de concesión por parte de la Sociedad Kedahda S.A., filial de AGA, corresponden a lugares en los cuales, desde el año 1995, estructuras paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, actuando conjuntamente, han ejecutado de manera sistemática crímenes de lesa humanidad. Kedahda ha hecho 1.216 solicitudes en 21 Departamentos y 336 Municipios. Su principal influencia se da en Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Huila y Chocó. Antioquia y Bolívar representan el 32% de las solicitudes existentes. Entre julio de 2004 y septiembre de 2007 Kedahda y sus asociados en riesgo compartido han explorado sistemáticamente 6.32 millones de hectáreas. En la actualidad controlan aproximadamente 4.2 millones de hectáreas en el país, de las cuales 2 millones pertenecen a Kedahda. Un análisis comparado de los municipios en los que existen profundos intereses de la multinacional con los municipios en los cuales ha existido un posicionamiento del paramilitarismo, que ha atentado de manera directa y sistemática contra la población civil a través de diferentes acciones (ejecuciones extrajudiciales, torturas, despojo de pertenencias, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado), muestra que más del 99.9% de los mismos resultan coincidir. Durante el periodo 1988-2006, 5.438 personas fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y 610.110 personas fueron objeto de expulsión y apropiación de sus territorios por parte de paramilitares en lugares donde AGA desarrolla o busca llevar a cabo proyectos mineros. En las regiones de Colombia donde AGA tiene previsto desarrollar labores de exploración y explotación en el período más reciente (2005 hasta hoy), se han intensificado los procesos de militarización. Los casos más críticos se han presentado en Tierradentro (Cauca), Remedios y Segovia (Antioquia), Quinchía (Risaralda) y el Sur de Bolívar. La militarización de estas regiones además de desplazar a las fuerzas guerrilleras, busca desterrar a los nativos que se convierten en una verdadera molestia a la hora de privilegiar el saqueo transnacional. Estos procesos de militarización han venido acompañados de sistemáticas violaciones a los DDHH, bloqueos alimenticios y de insumos de trabajo para el desarrollo de las actividades agropecuarias, así como de acciones que desconocen el principio de distinción, establecido en el DIH. Sumado a ello, continúan las detenciones de líderes sociales, políticos y comunitarios, como estrategia para debilitar y romper los procesos organizativos. Son 4 las modalidades de operación de AGA en Colombia y su aplicación parece un libreto similar en África, Asia y al resto de América Latina: beneficio de la represión, como mecanismo para garantizar sus procesos de explotación; utilización de la Fuerza Pública, como parte de su departamento de seguridad; adecuación de la legislación interna (nacional o regional) a los intereses de la transnacional; congelamiento de territorios como un acto de despojo. Los municipios de Bolívar y El Peñón se ubican en el sur del departamento de Santander, justo en el extremo suroriental de la región del Magdalena Medio (valle interandino), en donde se conectan los departamentos de Bolívar (al noroccidente), Cesar (al nororiente) y Antioquia (al occidente). La población de la región del nMagdalena Medio ha padecido históricamente las inclemencias de la guerra colombiana y, específicamente, desde el año 2004 ha enfrentado bloqueos económicos, alimentarios, sanitarios y de movilización por parte de grupos paramilitares. Allí, las violaciones a los DDHH y al DIH son producto de conflictos de intereses que están asociados a las fumigaciones del Plan Colombia, la implementación de megaproyectos de comunicación (terrestre, fluvial y ferroviaria), el desarrollo de proyectos agropecuarios y agroindustriales, y la extracción de minerales, hidrocarburos y metales. En este contexto de riqueza natural y de condiciones aptas para el cultivo y la ganadería, el gobierno nacional ataca sistemáticamente a asociaciones civiles como el PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio) o el OPI (Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio) con intervenciones militares que se articulan con acciones paramilitares. Los dirigentes de estos grupos han sufrido señalamientos e intimidaciones mientras la región padece los bloqueos y los desplazamientos. En el período 1994-2007 fueron expulsadas 116.453 personas de los municipios de la región del Magdalena Medio. Los momentos en los que estas expulsiones se han intensificado han sido entre 1999 y 2002 (año de llegada de AGA al país) y entre 2004 (año de asentamiento de AGA en la zona) y 2007. En esta misma región, entre 2005 y 2007, se han cometido 1.067 actos de violencia política y social, cuyas formas más destacadas son la ejecución extrajudicial (406 casos), la detención arbitraria (98 casos), la amenaza individual (86 casos), asesinato (84 casos), herida (65 casos), tortura (51 casos) y amenaza colectiva (46 casos). Entre 2005 y 2007 se registraron 60 combates entre los actores armados del departamento de Santander. La porción de este Departamento que hace parte del Magdalena Medio se caracteriza por tener buenas posibilidades para la explotación aurífera, maderera, petrolífera, carbonífera y de uranio, razón por la cual experimenta disputas por proyectos de explotación multinacional, pero también por territorios para el cultivo, comercio y tráfico de coca. Según el OPI, los municipios de Bolívar y El Peñón han sido una de las zonas del Magdalena Medio con menores problemas en materia de violación de Derechos: allí se registraron 87 y 114 muertos respectivamente, por razones políticas entre 1997 y 2007, y 2 y 3 acciones bélicas entre 2005 y 2007. Por otro lado, estos son unos de los municipios con menor recepción de personas desplazadas en la región (89 y 39 respectivamente, entre 1998 y 2007). Entre 2006 y 2008 fueron expulsadas 492 personas de El Peñón y las amenazas a sus habitantes viene en ascenso. Ambos municipios, además, enfrentan otros problemas socioambientales y manejan unas de las cifras más bajas de indicadores NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en el Magdalena Medio. Dentro de los principales aspectos que denuncian sus comunidades se encuentran la contaminación y la deforestación causada por las recientes exploraciones auríferas, así como la dificultad de emplear mecanismos de participación local. Desde hace un par de años, las comunidades de Bolívar y El Peñón han trabajado en diferentes procesos de empoderamiento local como el Espacio Humanitario del Borroscoso Carare Opón y la Mesa de Desarrollo Integral del Borroscoso-Opón, en donde se han discutido diversos temas centrales para la zona como la funcionalidad del tren del Carare y los impactos mineros. Respecto a este último se ha propuesto la elaboración de un código de explotación minera por las organizaciones de base; la demanda de políticas públicas minero-ambientales más eficaces en donde se integre a la población y se articulen los problemas que conectan a todos los municipios de la región; la elaboración del modelo de desarrollo sostenible que propenda por el bienestar social; la exigencia de regalías, de compensaciones económicas por las afectaciones y de la constitución de una comisión ambiental y minera en el Consejo municipal; la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el respeto del mismo. A nivel departamental se ha iniciado la creación de un Sistema Ambiental Minero Energético de Santander (SIAME) y la necesaria intervención de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de minas y energía.



Proyecto relacionado: La Colosa

Ver Mega mina de Oro, con reservas calculadas de 13.000.000 de onzas de oro. Se encuentra en etapa de exploración y pretende desarrollarse en una estrella hídrica de la cordillera central de Colombia, de la que emanan 161 nacimientos de agua Perjudicaría a 6 municipios directamente y a 27 indirectamente. Terminaría con el distrito de riego más grande de Colombia el de Usocoello en la parte plana del Departamento del Tolima.

Derechos vulnerados

Derecho
Negación del acceso a recursos productivos
Retención de información
Robo, saqueo
Violacion a derecho de pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales
Violaciones al derecho a un medio ambiente saludable
Violaciones al derecho de los pueblos a la autodeterminacion
Violaciones al derecho de los pueblos al desarrollo

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