La madrugada del jueves 22, la comunidad de Ayotitlán denunció que Gaudencio Mancilla, representante legal del consejo de mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en Jalisco, fue secuestrado por un grupo de pistoleros.
En cinco camionetas los extraños llegaron a su domicilio, ingresaron y se lo llevaron junto a su hermano Bonifacio Mancilla Roblada y a Gerónimo Flores, un vecino de la zona.
Al instante, la noticia se difundió causando alarma y preocupación por los antecedentes de secuestros y asesinatos que en las últimas décadas han afrontado los indígenas en el marco de conflictos con empresas mineras y extractores de madera.

De acuerdo a la fiscalía, el día de la detención los agentes fueron notificados de que había en el lugar hombres armados, por eso acudieron al predio donde vive Mancilla.

Según el testimonio de los oficiales, tras no encontrar lo que buscaban, un hombre salió de su domicilio con una pistola, por lo que allanaron su vivienda y en ella encontraron propaganda relacionada a la creación de “policías comunitarias”.

Sin embargo, los familiares de Mantilla aseguran que fue detenido en un allanamiento y cateo ilegal de su domicilio.

Gaudencio Mancilla fue conducido al ministerio público federal adscrito en Autlán de Navarro, Jalisco. Fue liberado al día siguiente en la madrugada, tras pagar una fianza.

Ya en libertad, el líder denunció que durante su detención fue golpeado por la policía para que confesara que pretendía la creación de una “policía comunitaria” armada.

Cabe recordar que en los meses de noviembre y diciembre de 2012, la comunidad de Ayotitlán realizó reuniones públicas y con participación de autoridades locales para evaluar la posibilidad de conformar policías comunitarias para defenderse de la permanente hostilización, asesinatos y secuestros.

El dirigente fue detenido a los pocos días de haber participado en un evento, donde expresó su postura contra iniciativas mineras en su localidad y denunció los hostigamientos a los que vienen sido sometidos los miembros de su comunidad (Ayotitlán) por parte de empresas mineras legales e ilegales, así como de industrias madereras.