El 17 de enero del 2007, durante el desalojo forzoso de 100 familias Maya Q’eqchi’ de sus pequenas viviendas en la comunidad de Lote Ocho, las once mujeres fueron violadas en grupo por personal de seguridad de la minera, policías y militares.

Estos desalojos armados y violentos fueron realizados a solicitud de HMI Nickel, con relación al Proyecto Minero Fenix. Dicho proyecto se encuentra ubicado en las orillas del Lago Izabal y es manejado a través de la empresa subsidiaria guatemalteca, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

La demanda, que ha sido presentada en el domicilio de las compañías HudBay Minerals y HMI Nickel, en Ontario, Canadá, reclama indemnización por daños en general, y como indemnización punitiva por daños y perjuicios.

Anteriormente, la empresa HMI Nickel se conocía como Skye Resources. Todas las acciones de HMI Nickel fueron compradas por HudBay Minerals en el año 2008. Actualmente, HMI es una compañía subsidiaria que pertenece a y es controlado por HudBay Minerals. Al producirse estas violaciones en grupo, HudBay Minerals no era la dueña de HMI Nickel.

‘Nueve señores entraron a mi casa y me violaron’ dijo Rosa Coc. ‘Eran policías, soldados y miembros de la seguridad privada de la empresa. Me dejaron completamente maltratada y abusada.’ Según han dicho Rosa y las demás, al momento de los ataques, algunos de sus agresores portaban uniformes con las siglas y el logotipo de la empresa subsidiaria de HMI Nickel en Guatemala, la CGN.

Desde su sede principal en Canadá, HMI Nickel (HudBay Minerals) mantuvo un control sobre las operaciones en el Proyecto Fenix al momento en que sucedieron las violaciones.

En declaraciones presentadas en Canadá, con fines de relaciones públicas, HMI Nickel (HudBay Minerals) prometió que las fuerzas de seguridad de la minera Fenix cumplirían con los estándares internacionales de selección, comportamiento, entrenamiento y supervisión de su personal de seguridad.

El entonces Presidente y Director Ejecutivo de HMI Nickel, Ian Austin, dijo a los inversionistas canadienses que todas las actividades que se llevarían a cabo en relación a los desalojos, serían realizadas por personal especialmente entrenado para evitar actos violentos.

A pesar de las promesas públicas de la compañía, HMI Nickel y CGN emprendieron acciones violentas, el desalojo forzoso, en contra de las comunidades Maya Q’qechi’ que viven en los terrenos vinculados al proyecto minero. Los demandantes no tienen conocimiento de algún hecho que indicaría que HMI Nickel haya tomado alguna medida razonable para implementar los prometidos estándares de seguridad internacional o para proteger a la comunidad contra la violencia que se dio.

Entre lo ocurrido en el terreno y lo que decían los ejecutivos de la empresa existe una distancia asombrosa. El mismo día en que hombres vestidos con el logotipo de CGN estaban cometiendo violaciones en grupo durante el desalojo de la comunidad Lote 8, que fue realizada a solicitud de la empresa, Ian Austin, el entonces Director Ejecutivo de HMI Nickel, hizo de conocimiento público en Canadá una carta que decía: ‘la empresa hizo todo lo que estaba en su poder para asegurar que los desalojos fuesen realizados en la mejor manera posible, respetando los derechos humanos.’

En Guatemala no se ha realizado ninguna investigación ni acción judicial por estos crímenes. Rosa y las demás están buscando justicia en Canadá, en parte debido a la poca confiabilidad del sistema de justicia guatemalteca. En enero 2011, Human Rights Watch señaló que ‘para el 2009, existía un 99.75 por ciento de impunidad para los crímenes violentos’, lo cual significa que casi todo tipo de crimen violento ocurre sin que haya castigo.

El informe continúa diciendo que ‘la violencia en contra de las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y los autores casi nunca son procesados por el sistema judicial’.

‘Estamos traumadas por ese ataque’ dijo Rosa. ‘No solo yo, si no toda la comunidad’.