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Encarcelamiento del dirigente antiminero Carlos Pérez |
El dirigente Carlos Pérez Guartambel, fue sentenciado el 9 de agosto de 2011 a ocho días de prisión por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. El dirigente campesino fue acusado de bloquear los servicios básicos y cierre de carretera.
El hecho ocurrió el 4 de mayo del 2010, cuando Pérez, en compañía de varios pobladores del sector de Tarqui, cerraron la vía que lleva hasta el cantón de Girón y posteriormente hasta la ciudad de Machala, en protesta por la Ley Minera. En ese día, un piquete de policías detuvo al dirigente por varias horas acusado de cerrar el tráfico en dicha carretera.
Ayer, la Primera Sala de los Penal del Azuay dictó la sentencia de 8 días de reclusión para el dirigente campesino. La sentencia "es un dictamen del presidente Correa", dijo Pérez luego de conocer el veredicto de los jueces. Además, dijo que este tipo de medidas "solo despiertan la ira e indignación en los pueblos y que esta sentencia solo busca dar escarmiento para que no existan movilizaciones". |
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Criminalización de terrorismo a líderes, ambientalistas y autoridades de Piura. |
El 24 de marzo de 2008, una organización de reciente formación denominada Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba presentó ante la Fiscalía Provincial de Turno de Piura una denuncia por delitos de terrorismo, en quince modalidades distintas, contra 35 líderes ambientalistas de la región.
Entre éstos, alcaldes, presidentes de comunidades y de frentes de defensa, de rondas campesinas, que suman 27 líderes. Más ocho profesionales: dos abogados, un ingeniero, una economista y un biólogo, del equipo técnico de las ONGs que apoyan el movimiento ambientalista.
Los delitos de los que se les acusa son: "contra la tranquilidad y la paz pública, disturbios, apología, asociación ilícita, contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, motín, conspiración, contra la humanidad, torturas, lesiones graves y leves, coacción, secuestro, violación de domicilio, contra el patrimonio, usurpación y daños".
En total 300 son los procesados, entre ellos los 35 por terrorismo. Se han abierto 25 juicios a los cuestionadores del proyecto. |
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Orden de captura contra ocho mujeres y un hombre en la comunidad de Agel |
La semana pasada ocho ordenes de captura fueron emitidas por miembros de las comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacan, departamento de San Marcos, Guatemala, en un intento a criminalizar y eliminar la resistencia local a la mina Marlin, un proyecto de explotacion de oro y plata en el area.
Las ordenes acusan a ocho mujeres y un hombre del delito de usurpación agravado por danos hechos a un tendido electrico que provee luz a la planta de la mina y que corre por las propiedades de varios vecinos de la comunidad. El 13 de junio, un miembro de la comunidad y madre de seis hijos, bloqueo el cable electrico que corre por su propiedad despues de meses de intentar convencer la empresa de quitar el poste electrico de su tierra. Se creia que el poste y el cable presentaban un peligro a la seguridad de su casa y mostraban la arrogancia con la cual la empresa sigue imponiendose en las tierras a pesar de los deseos de la poblacion. Dentro de unos dias, este acto de resistencia fue utilizado por la empresa para justificar las ordenes de aprehension contra ocho otros vecinos involucrados en denunciar a la empresa minera canadiense Goldcorp y su subsidiario Montana Exploradora por danos y violaciones a derechos humanos causados por la mina Marlin.
En febrero de 2010, las fuerzas de seguridad intentaron capturar a Crisanta Crisanta Pérez, lideresa de la comunidad de Agel. La intervención de otras mujeres liderezas y otras personas de la comunidad evitaron su detención, pero tuvo que permanecer oculta durante seis meses. Hasta ahora vive con miedo a ser capturada, se le hace difícil trabajar, constantemente le llegan rumores respecto a un posible secuestro y eso le causa zozobra. Casos como el de Gregoria Crisanta Pérez ilustran cómo mujeres indefensas son utilizadas para sentar precedentes y enviar mensajes para atemorizar a las mujeres que luchan en defensa de sus derechos ante las empresas transnacionales.
Estas ordenes de aprehension siguen un patron que empezo en 2007 cuando siete hombres de San Miguel Ixtahuacan que estaban exigiendo respuesta y recompensa de la empresa por la apropiacion coactiva de tierras en sus comunidades fueron identificados y demandados. Cinco de estos hombres fueron liberados mientras dos recibieron una sentencia de arresto domiciliario. Su caso ha sido apelado a la Corte Suprema de Guatemala.
http://www.youtube.com/watch?v=gzRbi43mlfU |
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Juicio penal por denunciar contaminación ambiental en Tenguel- provincia del Guayas |
Persona denunciada:
Esther Landeta, presidenta “Comité Prodefensa “Nuestros Ríos, Tenguel, Gala, Siete y Chico”
Este proceso se inició como retaliación a las denuncias que realizara la presidenta del “Comité Prodefensa de Nuestros Ríos Tenguel , Gala, Siete y Chico” en relación a la contaminación de los ríos y su impacto en la salud de la población y en la vida acuática. |
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Investigación judicial a pobladores de Morona Santiago opuestos a la minera EcuaCorrien |
1. Investigación judicial a pobladores de Morona Santiago opuestos a la presencia de la minera EcuaCorrien te en Rosa de Oro, cantón Limón, y
en San Carlos, cantón San Juan Bosco
En noviembre de 2006, indígenas de la
Federación Interprovincial de Centros Shuar
(FICSH) con el apoyo de población mestiza,
se movilizaron con el objeto de conseguir la
salida de la empresa EcuaCorriente de las
zonas San Carlos y Rosa de Oro, en la
provincia de Morona Santiago. Debido a la
convulsión social desatada en estas
provincias amazónicas, el Gobierno resolvió
la suspensión de las actividades de la
empresa. Pese a esta suspensión, la
empresa presentó, en el año 2007 una
denuncia en contra de 16 personas que
participaron en la movilización mencionada
por invasión y destrucción de campamento.
Esta denuncia no se activó sino hasta el año
2010, en que la empresa fue autorizada por
el Gobierno, a reanudar sus actividades.
Antecedentes de la indagación previa:
Indagación previa 15-2010-DP, conocida por
Fanny Jácome, Fiscal de Morona Santiago (Méndez)
Actualmente la esta indagación se encuentra en el
Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Santiago de Méndez, on el No 55-2010. En
esta instancia la Fiscalía solicitó la desestimación.
ESTADO DEL PROCESO A NOVIEMBRE DE 2011:
En enero de 2010, las personas denunciadas fueron llamadas a una audiencia de formulación de cargos
“por invasión de edificios” en perjuicio de la empresa. La causa está en el Juzgado Cuarto Penal
Está pendiente el pedido del fiscal de desestimación.
ACCIONES DE DEFENSA REALIZADAS:
Este caso fue conocido por la Defensoría del Pueblo, la misma que emitió la Resolución Defensorial Nro.79- CNDHIG-Exp-408212009 |
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Denuncia a operadores de justicia (de Morona Santiago) por fallar a favor de indígenas |
Luego de que el Juez Tercero de Morona Santiago dictara el sobreseimiento definitivo en noviembre de 2009, a favor de los tres indígenas involucrados en la retención de los implementos técnicos de los empleados de EcuaCorriente, el Fiscal y Juez de lo Penal que conocieron la causa fueron denunciados por la empresa. Esta solicitó al Fiscal General de la Nación revisar la actuación del fiscal local en el proceso. Igualmente, el 8 de enero de 2010, la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de Judicatura instruyó un sumario administrativo para el Juez Tercero de Garantías Penales de Morona Santiago, para indagar el fallo por éste emitido en el juicio a los tres indígenas.
ESTADO DEL PROCESO:
Las denuncias no fueron procesadas |
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Integrantes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) acusados de sabotaje y terrorismo con muerte. |
Once personas: José Acacho, ex presidente de la FISCH , Pedro Mashiant Chamik, Fidel Kanira Taish, Santiago Bosco Sharup Wachapa, Sharian Pedro Narankas Mashiant, Andrés Juan Vizuma Shimbiu, Ernesto Washikiat Chiriap, Francisco Washikiat Saant Tsenjush. Luis Alberto Katan Shinqui, Rufino Antonio Marian Kasent y Clara Elena Chuncho Juanga fueron acusados de sabotaje y terrorismo a raíz de la movilización protagonizada por el pueblo shuar en Morona Santiago durante la jornada nacional de protesta contra el proyecto oficial de Ley de Aguas. Públicamente, los dirigentes de esta organización han expresado su posición de no permitir la explotación petrolera/ minera en territorio shuar.
ESTADO DEL EXPEDIENTE:
Expediente Nro. 01-2010 (56-2010).El caso lo trami
ta el Juzgado Primero de Garantías Penales de Morona Santiago Hábeas corpus Nro. 7132-2011-0084, concedido por la Sala Segunda de lo Laboral, la Niñez y la Adolescencia, de Pichincha, el 8 de febrero de 2011.
ESTADO DEL PROCESO:
El 7-09-2009, Juzgado Primero de Garantías Penales: audiencia de identificación de responsabilidades 28 de enero de 2010: audiencia formula ción de cargos 1 de enero de 2010: Corte de Justicia provincial dictó orden de prisión preventiva contra tres de los investigados (entre ellos, ex presidente de la FICSH), quie-
nes mediante operativo policial y del Ejército fueron apresados en Morona Santiago y conducidos a Quito. Luego de 7 días de prisión, la Segunda Sala Penal de lo Laboral, la Niñez y la Adolescencia, aceptó el recurso de habeas corpus, solicitado por los tres indígenas.
El 11-02-2011, la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Justicia apelaron en contra del hábeas corpus concedido.
El 21-02-2011, la defensa de los tres indígenas solicitó la revocatoria del pedido de la Procuraduría y del Ministerio de Justicia |
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Nuevamente enjuiciados Carlos Perez, Federico Guzman y Efrain Arpi |
Tres de las cinco personas (Carlos Pérez, dirigente de los usuarios del agua; Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y el comunero Efraín Arpi, quienes obtuvieron el amparo de libertad, fueron nuevamente llamados a juicio.
ESTADO DEL EXPEDIENTE:
Juicio 0112120110128
Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia
ESTADO DEL PROCESO:
El 19 de agosto de 2011, el Tribunal Primero de Garantías Penales del Azuay, dictó sentencia a favor de los incrimi-
nados. Sin embargo, el 27 de agosto de 2009, el Fiscal XI de Lo Penal de Azuay, Julio Inga Yanza, interpuso el recurso de casación. Ante la apelación de la defensa para que se niegue la casación, la Corte Provincial de Justicia (Primera Sala), ha notificado a los implicados a una audiencia reservada, oral de fundamenta
ción de recurso de apelación, para el 24 de junio de 2011, la misma que se postergó para el 8 agosto de 2011. En esta audiencia, la Sala de lo Penal y de Tránsito revoca la sentencia absolutoria emitida en agosto de 2010 por el Tribunal Primero de Garantías Penales de la Corte del Azuay, sentenciando a Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi a 8 días de prisión por obstrucción de vías. Los sentenciados presentaron un pedido de ampliación y
aclaración de la sentencia el 10 de agosto de 2011 |
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Acción administrativa en contra de indígenas shuar de la zona de Panantza |
Ocho indígenas shuar: Samik Adriano Ankuash Juwa; Marcelo Wampiu Antuash; José Mashu Asamant; Rafael Tsamaraint; Luis Domingo Tiwiram Taish; Segundo Pinchupa Tiwiram Taish; Shakain Vinicio Chamik Kukush; y Bartolomé Enrique Chamik Tatsamai.
Cuatro de estas personas fueron procesadas y sobreseídas en 2009
ESTADO DEL EXPEDIENTE:
Amparo administrativo Nro. 002 M.S con trámite Nro. 2344, seguido por la Agencia de Regulación y Control Minero –Coordinación Regional Macas
ESTADO DEL PROCESO:
La agencia de Regulación y Control Minero-Macas dictó una providencia basada en el Art. 101 del Reglamento de la Ley de Minería, a fin de tramitar la demanda de amparo administrativo presentada por la empresa ExplorCobres, y realizar una inspección ténico-administrativa
(Actuario: Oswaldo Arias V.)
Informacion adicional:
En el año 2007, después de la toma de los campamentos mencionados y de que el Estado resolviera la suspensión de las actividades de la empresa EcuaCorriente, Tarquino Cajamarca, alcalde de la ciudad Limón (en Morona Santiago), Fernando Mejía, Lina Solano, Celso Jara, José Ricardo Piña Marín, María Mercedes Pacheco
Dumagual, Luz Amada Salinas Reinoso, Miguel Ramón Ramón, Rosa Elvira Salinas Reinoso, Julio Gonzalo Peñaranda Villa, Leonidas Salazar Guzmán, Enrique Chamik Tatsemai, Luis Domingo Tiwiram Taish, Joel Zhunio, Luis Gabriel Chumpik,Tsetselip Rafael Tsamaraint Tsankup, fueron llamados a presentar sus versiones
en respuesta a una denuncia presentada por EcuaCorriente351, por los siguientes delitos: invasión de propiedad privada, alteración del orden público, intimidación y amenazas con armas.352
Esta denuncia fue objeto de un informe por parte de la Defensoría del Pueblo, cuya resolución expresa:
Se dispone a los delegados provinciales de la Defensoría del Pueblo que vigilen el debido proceso de los procesos judiciales iniciados después de la amnistía general otorgada por la Asamblea Nacional Constituyente, en contra de personas que han tomado parte en los procesos de resistencia a las actividades mineras, en especial a la actividad minera a gran
escala[...].353
La denuncia de 2007 fue reactivada el 30 de junio de 2010 y las 16 personas fueron citadas a una audiencia de formulación de cargos, esta vez por “por invasión de edificios” en perjuicio de la empresa EcuaCorriente.354
Varias de las personas involucradas en este proceso investigativo han sido afectadas por denuncias similares antes y después de la emisión de resoluciones de amnistías de la Asamblea Nacional Constituyente. Así, en el año 2007, tres dirigentes entre ellos, Tarquino Cajamarca actual alcalde del cantón Limón y reconocido defensor de los derechos humanos, fueron investigados judicialmente por sabotaje y terrorismo a partir de una denuncia presentada por la empresa SIPETROL –responsable del tendido eléctrico que abastecería de energía a EcuaCorriente.355 Este proceso fue archivado en el año 2008, por resolución de la Asamblea Nacional Constituyente.
Fuente: INTERVENCIÓN MINERA A GRAN ESCALA EN ECUADOR Y VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Caso Corriente Resources,
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Conflicto por Mineras Agua Rica y Filo Colorado en Andalgala |
Por Darío Aranda
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011,
antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”. |
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Ejidatarios de San Antonio de la Huerta son reprimidos por autoridades en Soyopa |
Contaminación de tierras y agua en el estado de Sonora por el devastaminto de las minas extranjeras que indiscriminadamente operan con toda libertad ha generado que los ejidatarios de San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa, en el Estado de Sonora hayan realizado protestas encontra de la compañía minera La Libertad.
Alrededor de 50 ejidatarios del municipio de Soyopa, Sonora, protestaron el viernes 5 de abril en Hermosillo, luego de que durante la mañana del mismo día policías estatales y militares ingresaran a su ejido para detener a 42 personas que participaban en un plantón en el acceso a la mina “Libertad”, que opera con capital canadiense en el ejido San Antonio de la Huerta.
Elementos de la Policía Estatal y del Ejército entraron el viernes al ejido y detuvieron a 42 personas que mantenían un plantón en la mina, demandando varias cosas, entre ellas un pago anual de 60 mil pesos a cambio de que sus tierras sigan siendo explotadas por la empresa.
Por esa razón, alrededor de 50 ejidatarios se trasladaron a la capital sonorense, para manifestarse en el Palacio de Gobierno y exigir ahí la liberación de sus compañeros; sin embargo, no hubo respuesta de las autoridades, por lo que los habitantes decidieron bloquear por más de seis horas el bulevar Rosales.
Realizaron un plantón en la sede de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que se ubica en dicha calle, de donde fueron desalojados más tarde por elementos de la Policía Estatal, bajo un operativo calificado como violento, por los pobladores.
Ahí fueron detenidos cinco integrantes de la mesa directiva del comisariado ejidal: Sergio Acedo Miranda (presidente), Ramón Antonio Acedo Espinoza (secretario), Manuel Ignacio Yáñez Espinoza, David Guadalupe Valenzuela (integrante del Frente Amplio Democrático del Estado de Sonora) y el abogado Ramsés Valenzuela.
Cerca de las 10:00 de la noche del viernes, los 42 manifestantes detenidos en San Antonio de la Huerta fueron liberados, aunque los cinco detenidos por la tarde permanecían en un hotel de arraigo en Hermosillo. |
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Minera CIEMSA S.A denuncia a lideres campesinos del distrito de Paratia en Puno |
Empresa minera CIEMSA explota recusos minerales en territorio de las comunidades campesinas de Paratía, en Puno, Perú, violentando sus derechos. No ha solicitado permiso a las comunidades conforme a ley. Ha habido derrames peligrosos de material contaminante, que ha causado grandes perdidas a los campesinos, sin tener ninguna respuesta por parte de la empresa. Asimismo no solo es el incumplimiento de las normas sobre responsabilidad ambiental sino tambien los de responsabilidad social, no prestando apoyo alguno a las comunidades y se niega a dialogar con los habitantes de la zona.
Ante esto, los campesinos de Paratía se han levantado contra la empresa, siendo criminalizados por la policía. Como resultado de las manifestaciones, resultaron quemadas varias instalaciones y enseres de la empresa (una camioneta, una ambulancia y una compresora), sin tener responsables por los actos. Sin embargo, CIEMSA denunció a 9 campesinos por las manifestaciones y la quema de sus bienes.
Es una empresa abusiva, pues ha denunciado a los campesinos por haber realizado una protesta por todos los abusos que comete esta empresa |
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Vecinos detenidos en protesta contra puerto minero-papelero La Paloma |
Se trata de un puerto que el gobierno uruguayo quiere construir en La Paloma a solicitud de UPM Botnia y de la minera Aratirí, tal vez conjuntamente con esa minera y capitales chinos.
A parte de destruir un sitio turístico, tranquilo y limpio, acabará con las fuentes de ingreso de muchísima gente, contaminación de todo tipo, no trae beneficio alguno para la población local o la del país.
La Unión de Vecinos es contraria a la instalación en la Paloma de una terminal maderera que tiene como objetivo sacar cargamentos por mar hacia UPM Botnia y descongestionar las carreteras. Sostiene que la obra del puerto maderero en Rocha no cuenta aún con permiso ambiental. A través de su sitio www.puertolapaloma.com presentaron una propuesta alternativa "participativa de desarrollo, a corto plazo y con un mínimo de inversión, que promueve un crecimiento sustentable y asegura la perdurabilidad de los recursos para las generaciones venideras".
La protesta de los vecinos ha sido pacífica, en todo momento, no cayendo en provocaciones, ni siquiera cortando las rutas. Reclaman también que jamás fueron consultados sobre esta decisión, que les toca directamente, e indirectamente nos toca a todos.
La policía detuvo a varias personas que se manifestaban para impedir la construcción del camino de acceso al nuevo puerto maderero en La Paloma.
A través de un comunicado, la Unión de Vecinos de La Paloma (UVLP) aseguró que la policía reprimió y detuvo a los vecinos que se manifestaban contra el puerto maderero de La Paloma.
Desde hace ya días un grupo importante de vecinos de La Paloma y zonas aledañas vienen manifestando y repartiendo volantes para impedir que se abra un camino de acceso al puente maderero.
Varias personas fueron detenidas, incluyendo un hombre con su hijo de dos años, además de la abogada Cecilia Ilundain y el activista Martín Abreu.
Integrantes de la UVLP admitieron que la policía no actuó de forma violenta, aunque sí, los efectivos empujaron a los jóvenes que estaban tomados de la mano frente a las máquinas para que salieran del lugar.
Ante esta situación, la Unión de Vecinos de La Paloma emitió un Comunicado de prensa el día lunes 27/8/12
"Desde el 22 de agosto pasado, pobladores locales vienen manifestando en contra de la apertura del camino de acceso hacia el actual puerto, a la altura de la ruta 15, por donde pasarían los camiones transportando madera para instalar la operativa maderera en el Puerto de La Paloma. En la mañana de hoy, lunes 27 de agosto, se hizo presente en el lugar la Guardia Republicana. La orden, según señaló la fuerza de seguridad a los pobladores, era detener a cualquier persona que obstaculizara el trabajo de las máquinas. Fueron detenidas cuatro personas, solamente por el hecho de arribar a la zona, una de ellas con un niño en brazos, quien también fue llevado por la policía. Ninguno de ellos protagonizaba acto alguno de violencia o desacato, ni obstaculizaban el trabajo de las máquinas.
La Unión de Vecinos de La Paloma manifiesta su total repudio frente a un hecho que considera de represión infundada a la sociedad civil, en nombre de las más de trescientas cincuenta personas que se han hecho presentes frente a las obras de excavaciones en los últimos días y de los centenares de vecinos que participaron en las numerosas asambleas realizadas en los últimos meses, expresando su malestar por la poca seriedad de un proyecto de alto riesgo para el desarrollo sustentable del turismo, la pesca y la identidad del lugar.
Los vecinos y vecinas denunciamos que la ilegalidad la hace el Estado al permitir el comienzo de obras sin haber realizado un procedimiento de estudio de impacto ambiental previsto en la propia ley. Denunciamos que el atropello lo hacen los gobiernos nacionales y departamentales al no escuchar los reclamos de los pobladores locales que, con sustento, han argumentado que el proyecto no es bueno para el lugar.
Denunciamos que hay una
irresponsabilidad total por parte de las autoridades en general de aceptar este tipo de proyectos en pos de un modelo de desarrollo que está siendo cuestionado en el mundo entero, con movilizaciones enormes en toda América Latina, por considerar que de esta forma estamos poniendo en juego nuestros bienes comunes por un crecimiento económico inmediatista y a favor de las multinacionales.
Exigimos urgentemente la detención de las obras para realizar un debate serio sobre qué desarrollo quiere y precisa La Paloma y el país, y no que se utilicen los recursos del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, en beneficio del interés empresarial y transanacional.
Además de repudiar y denunciar estas acciones represivas, exigimos que no se vuelvan a violar derechos tan básicos como la libre expresión de los ciudadanos cuando éstos se manifiestan por métodos pacíficos.
Nuestra solidaridad con los compañeros por la represión recibida." |
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Juicio penal y encarcelamiento a indígenas shuar |
Luego de la toma del campamento minero de EcuaCorriente, en Rosa de Oro, en 2006, dos técnicos de esa empresa que habrían intentado ingresar a la zona en abril de 2009 fueron impedidos de hacerlo por las familias shuar ahí asentadas. Estas habrían retenido sus implementos de trabajo (un GPS, un teléfono satelital y otros artículos). Ante este hecho, los técnicos de la empresa presentaron una denuncia por robo agravado en contra de los indígenas mencionados, dos los cuales estuvieron presos por alrededor de dos meses.
SITUACIÓN DEL EXPEDIENTE:
Indagación previa 072-2009-DP (Fiscalía de Morona Santiago) Juicio 18-09,Juzgado III de lo Penal
y Tránsito de Morona San tiago (Gualaquiza)
ESTADO DEL PROCESO:
La causa fue sobreseída de forma definitiva en noviembre del 2009 |
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Policías torturan a líder nahua Gaudencio Mancilla |
La madrugada del jueves 22, la comunidad de Ayotitlán denunció que Gaudencio Mancilla, representante legal del consejo de mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en Jalisco, fue secuestrado por un grupo de pistoleros.
En cinco camionetas los extraños llegaron a su domicilio, ingresaron y se lo llevaron junto a su hermano Bonifacio Mancilla Roblada y a Gerónimo Flores, un vecino de la zona.
Al instante, la noticia se difundió causando alarma y preocupación por los antecedentes de secuestros y asesinatos que en las últimas décadas han afrontado los indígenas en el marco de conflictos con empresas mineras y extractores de madera.
De acuerdo a la fiscalía, el día de la detención los agentes fueron notificados de que había en el lugar hombres armados, por eso acudieron al predio donde vive Mancilla.
Según el testimonio de los oficiales, tras no encontrar lo que buscaban, un hombre salió de su domicilio con una pistola, por lo que allanaron su vivienda y en ella encontraron propaganda relacionada a la creación de “policías comunitarias”.
Sin embargo, los familiares de Mantilla aseguran que fue detenido en un allanamiento y cateo ilegal de su domicilio.
Gaudencio Mancilla fue conducido al ministerio público federal adscrito en Autlán de Navarro, Jalisco. Fue liberado al día siguiente en la madrugada, tras pagar una fianza.
Ya en libertad, el líder denunció que durante su detención fue golpeado por la policía para que confesara que pretendía la creación de una “policía comunitaria” armada.
Cabe recordar que en los meses de noviembre y diciembre de 2012, la comunidad de Ayotitlán realizó reuniones públicas y con participación de autoridades locales para evaluar la posibilidad de conformar policías comunitarias para defenderse de la permanente hostilización, asesinatos y secuestros.
El dirigente fue detenido a los pocos días de haber participado en un evento, donde expresó su postura contra iniciativas mineras en su localidad y denunció los hostigamientos a los que vienen sido sometidos los miembros de su comunidad (Ayotitlán) por parte de empresas mineras legales e ilegales, así como de industrias madereras. |
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Marco Guatemal y dirigentes de la FICI son criminalizados por el Estado Ecuatoriano |
En mayo de 2010, el Sr. Marco Guatemal, presidente de la FICI-Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, participó, junto con los Sres. César Cuascota, Presidente de la Unión de Comunidades de González Suárez, y José Miguel Tocagón, Presidente de la Unión de Comunidades de San Rafael, en las manifestaciones llevadas a cabo a nivel nacional en Ecuador, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en oposición a la aprobación de la Ley de Recursos y al proyecto oficial de Ley de Aguas inconsulto.
El gobernador de Imbabura de ese entonces, Luis Salazar, presentó una denuncia por el delito de sabotaje y terrorismo en contra de estos 3 dirigentes indígenas. Sin embargo la sospecha fue desechada por falta de pruebas: César Cuascota fue declarado inocente y José Miguel Tocagón se acogió a la medida cautelar de suspensión provisional del procedimiento. En cuanto a Marco Guatemal, debido a la falta de pruebas materiales, los delitos de “sabotaje” y “terrorismo” fueron desestimados. Sin embargo, el Ministerio Público siguió un proceso judicial en su contra por el delito de “obstrucción a las vías públicas” y en el año 2011 fue enjuiciado.
El Juez Martín Góngora, resolvió la presencia del dirigente, cada 15 días, como medida cautelar, hasta el pronunciamiento. El día 21 de junio de 2011 se dio Audiencia de juzgamiento, a la que no compareció el abogado patrocinador Mario Ruiz ni tampoco Marco Guatemal.
El Tribunal dictó orden de prisión preventiva, y ofició a la policía para su captura. Estuvo detenido desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2011, en que el Juzgado Primero de Garantías Penales (Ibarra) lo declaró inocente, al no tener pruebas luego de la investigación que lo mantuvo en prisión preventiva, |
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Minera Sinchi Wayra criminaliza protesta social en Oruro |
Con una citación al Ministerio Público, la empresa minera Sinchi Wayra que opera en la mina Bolívar del municipio de Antequera del departamento de Oruro, intenta acallar a comunarios que reclaman los compromisos asumidos hace 6 años atrás por la empresa transnacional para explotar minerales.
“Me han hecho citar a la FELCC de Huanuni para amedrentarnos y que dejemos los compromisos así sin cumplir, en otros países hemos visto que es una estrategia de las empresas transnacionales pero eso no nos asusta, es un justo reclamo porque la empresa nos ha dejado sin agua para tomar, no está cumpliendo con el contrato de servidumbre asumido con la comunidad, esta transportando carga de otros municipios y generando grandes cantidades de polvo afectando también al medio ambiente” menciono la Sra. Guadalupe Fernández secretaria general de la comunidad Quequeani Grande.
Desde el día lunes 21 de mayo de 2012, comunarios de Quequeani Grande iniciaron un bloqueo pacifico en un camino paralelo de Poopó a Bolívar en el marco del derecho a la protesta social para ser escuchados ante lo cual la empresa denunció a la dirigente por supuestos atentados contra la seguridad contra los transportes y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
“Como todas las empresas el trabajo que dan a comunarios son en rangos inferiores con discriminación y los menores sueldos, por la movilización que estamos haciendo están amenazando a los comunarios que trabajan en la empresa de hacerlos expulsar con el sindicato” menciono el sr. Luis Eugenio
La demanda central es el cumplimiento de compromisos con la comunidad como ser mejoramiento de las viviendas, la construcción de una micro represa de Jacha kawa Vinto, fuentes de trabajo, el cumplimiento del contrato de servidumbre.
“No permitiremos mas amenazas ni amedrentamientos a dirigentes y a comunarios por la empresa Sinchi Wayra, estamos pidiendo el cumplimiento de compromisos y no habrá dialogo hasta que se levante la denuncia contra la Sra. Guadalupe Fernandez, preferimos morir aquí a que nos vuelvan a engañar y de no atender nuestras demandas exigiremos que nos devuelvan nuestros terrenos donde producíamos en las condiciones que les hemos entregado ya basta de abuso a las comunidades, estamos unidos y mas fortalecidos que nunca” mencionaron los comunarios de Quequeani Grande. |
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Indagación contra dirigente Rodrigo Aucay |
En el año 2006 y 2007, Rodrigo Aucay, líder del cantón El Pangui, enfrentó 16 denuncias en su contra por sus acciones antimineras contra la empresa EcuaCorrientes, sin embargo, esas indagaciones quedaron insubsistentes en 2008, por resolución de la ANC
En el año 2010, Rodrigo Acuay, acusación de haber intentado secuestrar, junto a otros comuneros, Diago Acuay, Herlinda Gualpa, Ruth Paladines, Nancy Paladines, al Alcalde de El Pangui. El Alcalde presentó la denuncia contra los pobladores, luego de que estos le reclamaran por haber negociado unilateralmente con la empresa EcuaCorriente, en el año 2010.
Así mismo, durante el año 2010, Aucay fue llamado a rendir declaración por supuestas lesiones provocadas a cuatro policías en enero de 2009, durante la protesta contra le Ley de Minería expedida. |
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Acciones penales y administrativas contra familia campesina Belezaca Vintimilla |
La familia Belezaca Vintimilla vive en un terreno de 30 hectáreas ubicado en la finca “San Antonio”, en el barrio Santa Cruz, parroquia El Güsme, en el cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe. En el barrio Santa Cruz, según informaciones extraídas del Estudio de Impacto Ambiental de EcuaCorriente, la empresa prevé la construcción de una vía para transportar el concentrado de cobre.
El terreno sobre el que actualmente vive la familia Belezaca es parte de una finca, que anteriormente fue propiedad de Julio Olmedo Castro Piedra y cuya extensión es de unas 130 hectáreas. Según miembros de la familia Belezaca, Julio Olmedo habría convenido la entrega del terreno de 30 hectáreas como pago por el trabajo que la familia realizó para él durante más de una década (cuidado de ganado, labores agrícolas, construcción de invernaderos). Pese a este acuerdo y a la posesión efectiva (por alrededor de 15 años) que la familia ha ejercido sobre el terreno, Olmedo Castro vendió la propiedad a su hermano Edgar Rogelio Castro, quien, a su vez, vendió la totalidad de la propiedad a EcuaCorriente, incluida la tierra en posesión de la familia Belezaca-Vintimilla. Según la empresa, EcuaCorriente dio per- miso para que la familia se quedara en ese lugar durante cuatro meses, mientras encontrara un sitio nuevo para vivir.
Según diversas denuncias de la familia, ésta habría sido víctima de una serie de acosos: amenazas, agresiones físicas y psicológicas e incluso intento de asesinato al hijo mayor.
La familia alega que el 25 de marzo de 2007 un grupo de personas con armas de fuego, machetes, palos y piedras, aparentemente dirigido por un empleado de EcuaCorriente, irrumpió en el domicilio de la familia campesina, hecho que habría sido prevenido por la fuerza pública. Según la denuncia, el 2 de julio de 2007, aprovechando la ausencia de los padres, el mismo empleado de la empresa habría ingresado al hogar de la familia y amenazado con armas a Juan Pablo Belezaca Vintimilla, de 17 años y a Samuel Darío Belezaca, de 14 años.
La familia alega que el 26 de julio de 2007 el mismo empleado de la empresa ingresó nuevamente al domicilio y amenazó con un arma a Aída Vintimilla. La familia denuncia además, que el 24 de octubre de 2007 Carlos Eulogio Belezaca, de 21 años, luego de haber terminado sus labores agrícolas, habría recibido del mismo empleado y de otra persona, un disparo y heridas de arma blanca, lo que le habría dejado gravemente herido.
Luego de que Carlos Eulogio Belezaca sufriera las agresiones y el intento de asesinato descritos, el joven fue enjuiciado penalmente junto a sus agresores. El Juzgado Cuarto de lo Penal de Zamora Chinchipe emitió una orden de captura en su contra.
A más de este proceso penal, la familia Belezaca Vintimilla también ha enfrentado dos acciones administrativas: una por tala ilegal de madera presentada por un trabajador de EcuaCorriente en el Distrito Regional del Ministerio de Ambiente, y un amparo administrativo, presentado por la empresa ante la Agencia Desconcentrada de Regulación y Control Minero, alegando que la familia invadió la concesión minera Mirador 3.
En ninguno de los dos casos, las autoridades verificaron ilícito alguno. Más aún, en el último caso, la Agencia Desconcentrada de Regulación y Control Minero desechó la demanda de EcuaCorriente por no encontrar ilícito alguno, y anota que se ha verificado que la familia Belezaca mantiene la posesión de su inmueble. |
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Enjuiciamiento a autoridades locales, dirigentes y comuneros de Azuay que protestaron por proyecto oficial de Ley de Aguas inconsulto |
Cinco pobladores: Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay, Efraín Arpi, dirigente comunitario y dos comuneros más fueron detenidos luego de la movilización no violenta realizada el día 4 de mayo de 2010 en oposición al proyecto oficial de la Ley de Aguas oficial y por la anunciada actividad minera en la zona.
La detención y posterior procesamiento judicial a estas personas se dio cuando efectivos de la Policía nacional reprimieron la movilización.
Al momento de la detención de los líderes en Tarqui, en el parte policial se anota la supuesta causa: “sedición, alteración del orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y obstaculización de servicios públicos”.
El mismo día, el Juez II de Garantías Penales, acogiendo la acusación de la fiscalía dicta orden de prisión preventiva por el delito de sabotaje y terrorismo a los servicios públicos tipificado en el artículo 158 del Código Penal. El 7 de mayo, ante una acción de amparo de libertad solicitada por los procesados, el presidente de la Corte Provincial del Azuay, revoca la prisión preventiva.
ESTADO DEL EXPEDIENTE:
Indagación previa, con prisión preventiva
Fiscalía XI de lo Penal del Azuay |
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Detienen a presidente de CORECAMI – Apurímac por manifestarse en contra de la minería |
El presidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI-Apurimac), Edwin Carpio, fue detenido el día 16 de agosto del 2013, por promover una movilización en contra de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation en el distrito de Pocohuanca, en Apurimac. Estuvo detenido en la comisaría de la provincia de Aymaraes por alrededor de cuatro horas, a fin de rendir su manifestación, para luego ser puesto en libertad.
Según los pobladores del distrito Edwin Carpio fue detenido porque venía cuestionando supuestos negociados que se estarían dando entre empresa minera, por el Proyecto Los Chankas, y representantes del Estado.
Efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) llegaron hasta su comunidad para arrestarlo, sus vecinos y compañeros quisieron evitar su traslado, su detención fue bastante accidentada e incluso fue esposado.
Por lo sucedido El Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la Provincia de Huarmey emitió un comunicado respecto a este caso, en donde se acusa el Presidente Ollanta Humala una actitud dictatorial tras usar las fuerzas del orden para reprimir a Edwin Carpio.
Declaratoria
Desde la Provincia de Huarmey, el Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la Provincia de Huarmey, (FEDDIPH), base Provincial de CORECAMI ANCASH, base Regional de CONACAMI PERÚ, DECLARAMOS, ante los Organismos Internacionales, OEA, ONU, OIT, Organismos No Gubernamentales AMNISTIA INTERNACIONAL, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, ante el Colegio de Abogados, ante el Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, lo siguiente:
1.- DEMANDAMOS, la aplicación sistemática del acoso y persecución a Líderes Sociales, dirigentes de comunidades campesinas, defensores ambientalistas y profesionales ecologistas por parte de los gobiernos desde el Ex Presidente ALBERTO FUJIMORI (1990), hasta el de turno OLLANTA HUMALA (2013), como también de poner en práctica la CRIMINALIZACIÓN A LA PROTESTA SOCIAL, condenándola con 25 años de prisión a quien protestará en defensa de sus Derechos Fundamentales, Colectivos, Territoriales y de Recursos Naturales, lo que fuera un Derecho a la Protesta ahora es un DELITO.
2.- DENUNCIAMOS, a la Empresa Southern Perú Cooper Corporation, por haber generado la convulsión social en la comunidad campesina de Tiaparo, del distrito de Pocohuanca, Provincia de Aymaráes, temen por la contaminación ambiental y exigen información sobre las actividades de exploración minera que vienen realizando en sus territorios. De igual modo, pobladores de la Comunidad Campesina de Tapayrihua rechazan la actividad minera realizada por la empresa Southern, porque no contaría con el acuerdo de uso de terrenos comunales y se oponen al uso irracional del agua para el proyecto minero Los Chankas.
3.- RECHAZAMOS, todo intento de mala fe del Gobierno Central, Ministerios involucrados en la entrega de CONCESIONES MINERAS, en territorios de comunidades, cabeceras de cuenca, sin respetar el CONVENIO 169ª de la OIT, DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, resultando concesionado la región andina de Apurímac, donde la legendaria cultura Chanka desarrolló todo su esplendor, se encuentra hoy avasallada por la actividad minera que compromete el 64.8 por ciento de su territorio.
4.- CONDENAMOS la actitud dictatorial y matonesca del Presidente de la República OLLANTA HUMALA por hacer uso de las fuerzas de la represión, Policía Nacional del Perú (PNP), para DETENER LA LIBERTAD del Comunero EDWIN CARPIO CHALLQUE, por solo haber cometido su único delito, la DEFENSA DE LA VIDA Y LA ECOLOGÍA, SUS TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES, CABECERAS DE CUENCA, en cumplimiento de sus funciones dirigenciales en su condición de Presidente de la COORDINADORA REGIONAL DE COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA (CORECAMI-APURIMAC),
base Regional de CONACAMI PERÚ.
5.- INVOCAMOS A LA URGENTE PARTICIPACIÓN ACTIVA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL A LA UNIFICACIÓN DE LAS FUERZAS VIVAS, FRENTES DE DEFENSA, RONDAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS, ASOCIACIONES, SINDICATOS, CONFEDERACIONES Y PUEBLO EN GENERAL A PRESENTAR NUESTRO MAS ENÉRGICO PRONUNCIAMIENTO, A MANTENERSE ALERTA A LAS POLITICAS DE GOBIERNO QUE ATENTAN CON LA INTEGRIDAD FISICA, MORAL Y PSICOLOGICA DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS, A SOLIDARIZARNOS PRESENTANDO PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, POR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO QUE PODAMOS VIVR EN ARMONIA CON LA MADRE NATURALEZA EN LA PRACTICA DEL BUEN VIVIR.
Huarmey, 26 de agosto de 2013 |
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Condena de ocho años de prisión contra siete pobladores de Nabón, Azuay |
Vivimos con una gran tristeza y desesperación. Nuestra salud no está bien. Estamos expuestos a demasiado frío aquí en el páramo, donde estamos ya casi un año. Tenemos que estar lejos de nuestras familias que son las que pagan las consecuencias. En algunos momentos logramos reunirnos los siete compañeros para animarnos un poco. Hemos sido objeto de una trampa jurídica en la que han vulnerado nuestros derechos”, cuestiona Vinicio Jaya, uno de los siete pobladores de Nabón, cantón de Azuay, <b>sentenciados a ocho años de prisión por sabotaje</b> en las instalaciones de una empresa minera de esta zona.
Todo empezó el 23 de marzo del 2008 cuando decenas de pobladores de la parroquia Cochapata de este cantón ingresaron a un campamento de la compañía Explorsur, del grupo Eljuri, en protesta por sus actividades en el páramo de Shincata, pues consideraban que se afectarían las fuentes de agua del sector.
La Fiscalía del Azuay acusó a siete de estos pobladores de actos vandálicos contra las instalaciones de la minera. Este caso se judicializó, pese a la decisión aprobada el 31 de julio del 2008, cuando la Constituyente resolvió amnistías (perdón y olvido) para centenares de integrantes de movimientos sociales que habían sido enjuiciados por protestar en contra de proyectos mineros, petroleros, madereros en defensa de sus territorios.
Entre los beneficiados con la resolución estaban los siete pobladores de Nabón: Segundo San Martín Mora, presidente de agua de riego y potable de Cochapata; Luis San Martín Mora, dirigente; Celso Patiño Quezada, teniente político; Plutarco Patiño y Vinicio Jaya, entonces concejales de Nabón; Rodrigo de los Ángeles San Martín, presidente de la Junta Parroquial; y Manuel Capelo Herráez, presidente de la Comisión de Crédito de Jardín Azuayo.
No obstante, los tribunales de Justicia del Azuay no acogieron la decisión constituyente y el 13 de abril del 2009, la Corte Provincial de Justicia los llamó a juicio. Luego, el 14 de diciembre de ese año, se ratificó la decisión.
Mientras que en el último trimestre del 2010, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte azuaya estableció que existe responsabilidad de los demandados, quienes fueron sentenciados a ocho años de reclusión y al pago de una multa de $ 87. Desde el 3 de enero pasado estas personas viven en la clandestinidad.
En junio de este año, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca elaboró un informe sobre su estado de salud, en el que concluyen que “viven en una lógica de nomadismo en medio de condiciones meteorológicas profundamente nocivas y se encuentran en aislamiento absoluto, lo que se expresa en el deterioro de su salud física”. Según el estudio, todos han perdido entre 10 y 20 kilogramos, presentan sufrimiento mental severo, pérdida de sueño, inanición y tienen ideas suicidas.
La Defensoría del Pueblo presentó un reclamo administrativo ante la Corte de Azuay, lo que fue negado. Y el 2 de marzo último presentó una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional (CC), que el 18 de julio pasado fue inadmitida.
Hace dos meses, Carlos Pérez, abogado de los sentenciados, pidió a la CC que explique el sustento jurídico de la inadmisión sin recibir respuesta, lo cual impide, según Pérez, iniciar un proceso a nivel internacional.
En septiembre pasado, la Defensoría pidió a la Asamblea Nacional una nueva amnistía para estas personas. El caso está en la comisión de legislación.
El dia 21 de diciembre de 2011 la Asamblea Nacional otorgó la amnistía a los condenados, quienes podrán regresar con sus familias luego de varios meses de encontrarse ocultos para no ser víctimas de un injusto castigo. |
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50 detenidos por manifestarse encontra de aprobación de proyecto minero Los Pumas |
Un total de 50 personas fueron detenidas el 19 de agosto, luego de tomarse por unos instantes la Gobernación Provincial de Arica, en rechazo a la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental del proyecto minero Los Pumas.
Los manifestantes llegaron tras realizar una marcha que partió desde la Intendencia, donde se reunieron para protestar contra la minera.
Tras lo sucedido, Fuerzas Especiales de Carabineros intervino en el edificio público, para sacar a los activistas, quienes fueron violentamente atacados por la policía, con un desproporcionado uso de la fuerza, utilizando uso de su carrolanzaaguas, para dispersar a los manifestantes que se encontraban en las afueras del recinto.
Todos los detenidos pasaron a la Tercera Comisaría de Arica. |
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Persecución judicial contra Magdiel Carrión, presidente de CONACAMI |
A tres años de la consulta en Ayabaca, en donde la población le dio un NO rotundo a la minería, Magdiel Carrión Píntado, principal artífice de esta gesta histórica habla sobre el derecho a la consulta, los decretos del gobierno y la defensa de la pachamama y actual presidente de Conacami tiene en la actualidad 17 procesos judiciales como parte de una persecución montada por el gobierno y dirigida a los defensores de la pachamama que participaron en la consulta de Ayabaca, en el año 2007. En total son 300 los denunciados por este hecho. |
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Violento desalojo a plantón antiminero de pobladores de San José del Progreso |
Después de más de un mes de que habitantes de San José del Progreso se mantuvieran en plantón a las afueras de la mina de la empresa Cuzcatlán, hoy 06 de mayo de 2009, cientos de policías de diversas corporaciones policíacas los desalojaron.
Los manifestantes se quejaron de que hubo violencia y gases lacrimógenos por parte de los policías durante el desalojo y además se llevaron a 19 personas detenidas.
Los habitantes de diversos poblados cercanos a San José donde se empieza el proyecto minero se quejan de que los trabajos mineros les traerán graves problemas ambientales.
Exigen información de 19 detenidos
La Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales informó este miércoles que acudirá a instancias nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos, a fin de que se pronuncien en contra de la agresión que sufrieron los simpatizantes de este movimiento durante el retiro del plantón en la mina La Natividad, de San José del Progreso, Ocotlán.
Personas detenidas:
Hilario Vásquez Gómez
; Ignacio Vásquez Gómez;
Luis Ruiz Martínez;
Víctor Ruiz Martínez;
Silvino Vásquez Mendoza;
Elías López;
Joaquín López;
Alfonso Rodríguez López
; Bernardo Vásquez;
Juan Carlos López;
Agripina Vásquez Sánchez
; Bernardo Vásquez Sánchez
; Víctor Ortiz Hernández;
Víctor Sánchez Martínez
; Apolinar García;
Carmela González
; Ubaldo González
; Alejandro Aquino Cosme, este último de Magdalena Ocotlán.
Adjuntamos a continuación Acción Urgente que surgió a partir de este acto de criminalización:
PROPUESTA DE ACCION URGENTE EN SOLIDARIDAD
Les enviamos esta Acción Urgente en relación a los acontecimientos ocurridos el día miércoles 6 de mayo en Ocotlán, Oaxaca. Les solicitamos su apoyo para difundir dicha acción y enviar el llamamiento que aparece al final del texto (por email, fax o correo postal) para detener la represión y la violación de los derechos humanos que se están cometiendo contra los pobladores de San José del Progreso y Magdalena de Ocotlán.
LOS GOBIERNOS DE FELIPE CALDERON Y ULISES RUIZ, REPRIMEN A LOS PUEBLOS DE OAXACA QUE DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES
El día de miércoles 6 de mayo del 2009, alrededor de las 8:30 de la mañana, con lujo de violencia; utilizando gases lacrimógenos, con disparos de diversas armas de fuego, perros policías, golpeando salvajemente a los compañeros y canteando sus domicilios, a quienes pacíficamente estaban resguardando el acceso de la mina, entraron más de 2500 efectivos de la policía FEDERAL, AFI, JUDICIAL, DEL CUERPO DE BOMBEROS; también fueron golpeados los medios de comunicación que se encontraban presentes y se les bloqueo el acceso, desde temprano estaba sobrevolando un helicóptero, como a 15 o 20 metros de altura, atemorizando a la población.
De manera general han detenido a 20 compañeros: Ignacio Vásquez Gómez, Hilario Vásquez, Joaquín López, Víctor Sánchez Martínez, Juan García, Elías López, Bernardo Vásquez Gómez, Silvino Vásquez Mérida, Alfonso Ruiz, Alfonso Rodrigo López, Luis Ruiz Martínez, Víctor Ruiz Martínez, Juan Carlos López, Agripina Vásquez Sánchez, Bernardo Vásquez Sánchez, Víctor Ortiz Hernández, Apolinar García, Carmela González, Ubaldo González, todos ellos de San José del Progreso y Alejandro Aquino Cosme de Magdalena Ocotlán.
Entre las 12:00 y las 12:30 hrs., han reforzado los cercos policiacos de todas las corporaciones para catear casa por casa al municipio de Magdalena Ocotlán e incluso detienen a quien anda en la calle, situación por la cual ya son más de 20 detenidos.
Con todo ese operativo, Mantienen el cerco policiaco sobre la comunidad de San José del progreso, en tanto las comunidades de Magdalena Ocotlán y Santa Lucia, El Maguey Largo, se están reorganizando, para liberar el cerco policiaco sobre San José del Progreso, Ocotlán, así como realizar acciones para la liberación de los detenidos.
Los intentos de dialogo, han sido nulos con la Secretaria del Medio Ambiente (SEMARNAT) y la SECRETARIA DE ECONOMIA, PROFEPA, COMISION NACIONAL DEL AGUA, Y CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION, instituciones que son las que dan los permisos de acuerdo a un estudio de impacto ambiental que la minera CUZCATLAN presenta, y que debe darse a conocer a los dueños originales de las tierras.
Pero han podido mas los engaños, las mentiras de la empresa CUZCATLAN, pues como se ve el día de hoy el gobierno federal y estatal están dando todo el respaldo a las inversiones mineras, sin considerar la opinión de los pueblos, que van a ser afectados por las consecuencias de envenenamiento de agua, suelos, atmosfera, por el ruido, la destrucción de los cimientos de las casas, a consecuencia de las explosiones que con dinamita por las noches ha realiza la empresa minera; ninguna de las acciones que pacíficamente hemos realizado ha podido sensibilizar a las autoridades para que la petición de los pueblos sean escuchadas, así lo demuestra el respaldo que Felipe Calderón el 21 de abril, da a conocer en cadena nacional y en periódicos, a las inversiones mineras en México, lo que demuestra que el gobierno espurio de Felipe calderón se ha puesto de rodillas ante las empresas extranjeras.
Ante esta situación exigimos:
o Alto a la brutal represión y violación de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno nacional y estatal.
o Libertad inmediata de los presos políticos de las comunidades del Valle de Ocotlán y del estado de Oaxaca.
o Salida inmediata e incondicional de las mineras que envenenan el agua y destruyen el medio ambiente.
o Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), garantice la seguridad física y psicológica de los detenidos y que se pronuncie en contra de la violación de los derechos humanos cometidos en el desalojo.
o Fuera de Oaxaca el criminal Ulises Ruiz Ortiz.
Les pedimos a las organizaciones y personalidades nacionales e internacionales que se pronuncien en contra de la represión y violación a los derechos humanos que se está cometiendo en México contra los indígenas que defienden el medio ambiente y sus recursos naturales, enviando cartas de repudio al gobierno de México y del estado de Oaxaca, a las embajadas mexicanas en sus respectivos países, y donde tengan condiciones, hacer manifestaciones de repudio a estas acciones de los gobiernos espurios de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz.
ATENTAMENTE
"POR LA VIDA, DEFENDAMOS A NUESTRA MADRE TIERRA"
FORO SOCIAL MUNDIAL
CONCEJO DE GOBIERNO POPULAR MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO OCOTLÁN
COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP)
COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN - EJUTLA |
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Detienen a Marcos Arana en Plaza de Armas de Cajamarca |
El líder del movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana, fue detenido por la Policía en Cajamarca por participar en protestas contra el proyecto minero Conga, en desacato al estado de emergencia que rige desde hoy en tres provincias de la región y que prohíbe cualquier tipo de movilización.
En una violenta intervención policial, el Padre Marcos Arana, líder de Tierra y Libertad y uno de los principales dirigentes opositores al proyecto Conga, fue detenido por un grupo de al menos doce policías en la plaza de armas de Cajamarca, mientras conversaba sentado en una banca con otros compañeros.
CNDDHH exige libertad de Arana
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió la inmediata liberación de Marco Arana y condenó la agresión de la que fue parte.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de 79 organizaciones de defensa de la vida y los derechos fundamentales de la persona, exige la inmediata libertad del líder ambientalista Marco Arana, y condena firmemente la golpiza de la que ha sido víctima por parte de las fuerzas del orden en la ciudad de Cajamarca.
Marco Arana se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de Cajamarca, sentado, cuando un número de aproximadamente 40 efectivos de la Policía Nacional del Perú lo intervino violentamente, con golpes en diversas partes del cuerpo. Luego de ello condujeron al líder ambientalista a la comisaría, donde volvieron a golpearlo.
Marco Arana cuenta con medidas cautelares de la CIDH, y en ese momento se encontraba junto a su custodio, miembro de la Policía Nacional del Perú, Elmer Díaz. La declaratoria del Estado de Emergencia no es una carta abierta para la vulneración del Estado de Derecho. Si bien los derechos a la libertad y a la reunión están limitados, estos no se convierten en delitos, ni mucho menos justifican una detención arbitraria.
Marco Arana se encuentra delicado de salud, convaleciente de un proceso fuerte de neumonía. Por ello, nos preocupa más el estado actual de salud, y el lugar donde se encuentra recluido. Responsabilizamos a las autoridades del gobierno causantes de esta arbitrariedad.
Marco Arana no ha cometido ningún delito por el cual haya tenido que ser detenido de la forma descrita. Por lo que, demandamos su inmediata libertad. |
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Minera Yanacocha denuncia a familia Chaupe Acuña |
El día 29 de octubre de 2012, se leyó la sentencia contra la Familia Chaupe, denunciada por Minera Yanacocha por supuesta usurpación de su propiedad. Cuatro miembros de esta familia fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, al pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha y se les ordenó que en un plazo de 30 días abandonen el predio para ser ocupado por la minera.
Llama la atención que la Sentencia no tenga ninguna rigurosidad jurídica y que no exprese objetividad, pues solo se ha basado en que la familia Chaupe no ha presentado pruebas para desvirtuar su responsabilidad cuando conforme a ley no le toca a los denunciados probar su inocencia sino al denunciante probar la culpabilidad. Igualmente la sentencia ha considerado como únicas pruebas para sentenciar, las inspecciones realizadas por la policía y la fiscalía en las que se acredita que la familia Chaupe estaba asentada en el predio, sin embargo el elemento fundamental que se debió acreditar es que la empresa minera era la real poseedora del terreno, situación que no se pudo comprobar a lo largo de la investigación. Por último el Ministerio Público se centró en defender la propiedad de la empresa minera respecto a este predio, sin embargo en este proceso no se discute ese tema sino la posesión del bien, habiendo así incurrido en una falta conocida como sustracción de la materia.
La Sentencia fue apelada ante las instancias superiores y se espera una reevaluación del caso y un fallo que esté acorde con las normas y la justicia.
La sentencia fue recibida por los inculpados en medio de lágrimas y la desesperación de la madre de esta familia, Maxima Acuña, la llevó a sufrir un súbito ataque nervioso que la mantuvo internada en el hospital de Celendín. |
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Policías colimenses detienen a activista antiminero |
Policías del municipio de Comala detuvieron al activista Gabriel Martínez cuando intentaba proyectar un video en la comunidad de Zacualpan contra la instalación de una mina de oro y plata en la zona.
Gabriel Martínez narró que cerca de las ocho de la noche acudió al poblado para informar a los comuneros las consecuencias de la minería, cuando el presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, acompañado de la policía, le dijo que no se permitía realizar un mítin en ese lugar.
Sin embargo, al intentar explicar que no era un mitin, la policía lo arrestó, esposó y lo subió a una patrulla.
Sin embargo, la gente que estaba en el lugar intentó detener el vehículo y obligó a la policía a liberarlo luego de varios minutos de discusión.
A través de un comunicado de prensa, diversas organizaciones civiles respaldan y defienden a los comunitarios de la zona indígena colimense que se oponen a la extracción de minerales bajo el argumento de que de llevarse a cabo traería muerte y contaminación a los ciudadanos.
A continuación reproducimos el comunicado:
A Braulio Arreguín Acevedo. Presidente municipal de Comala
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Al Gobierno del Estado de Colima
A la sociedad Colimense
La detención de Gabriel Martínez Campos, activista de la asociación civil Bios Iguana, nuevamente pone en evidencia el uso faccioso que se hace del aparato de seguridad frente a la ciudadanía crítica y organizada.
Las élites de poder político, las autoridades y los funcionarios públicos confunden la crítica con la ofensa y la oposición con la amenaza, situaciones que no corresponden a un estado democrático como se pregona, sino a un aparato político cerrado y autoritario.
El pasado primero de diciembre, pobladores de Zacualpan y ciudadanos solidarios se reunieron en asamblea pública, donde fuimos testigos de la presencia de elementos de la policía portando armas largas, situación que lejos de brindar seguridad constituye un acto de amenaza.
Alertamos la posibilidad de que se instaure un estado de intimidación y violencia alrededor de esta comunidad y los actores involucrados en la defensa del territorio y el bienestar de la población.
La detención de Gabriel Martinez fue a todas luces un acto ilegal, usando vehículos sin identificación, violando procedimientos y ejerciendo la fuerza de forma arbitraria. Esta situación se ha extendido a los pobladores de Zacualpan, quienes por custodiar sus bienes comunes, su salud y su derecho a decidir, han sido amenazados de muerte y han sufrido violencia física por parte del comisariado y la presidencia comunal, autoridades que actúan bajo interés particular y no público, como es su deber.
Es absurdo que se instalen retenes para intentar impedir el paso a personas ajenas a la comunidad y se busque impedir el activismo social, pues es una violación a derechos fundamentales como el libre tránsito, la libre expresión y la libre asociación garantizados por nuestra constitución.
¿Cómo va a garantizar nuestra seguridad un aparato que actúa bajo consigna y no bajo la norma?
Exigimos a la autoridad municipal esclarecer estos hechos y asegurar garantías a los pobladores de Zacualpan, así como a la sociedad civil, para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Hacemos eco del reclamo del Comité Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan y de Bios Iguana A.C., para pedir la destitución del comisario ejidal, Enrique Carpio, pues este pone en riesgo la integridad de la comunidad, así como hace un uso arbitrario de su investidura, violando normas y derechos imprescindibles en un estado democrático y de derecho.
¡Si tocan a uno nos tocan a todos!
¡Por un Zacualpan libre de minería!
FRENTE DE UNIDAD PATRIÓTICA DE COLIMA
BIOS IGUANA
FRENTE MAGISTERIAL DEMOCRÁTICO
FRENTE MAGISTERIAL INDEPENDIENTE
GRUPO DE LOS CIEN
MORENA
MOVIMIENTO LIBRE CIUDADANO
PALMAS DE CUYUTLAN
RESISTENCIA AL TUNEL FERROVIARIO
SOCIEDAD PARTICIPATIVA A.C. |
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Temor por la seguridad de Carlos Zorrilla increpado por el presidente Rafael Correa |
Carlos Zorrilla es miembro fundador de Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), organización que trabaja para proteger el ecosistema de Intag, una región del norte de Ecuador rica en bosques subtropicales y biodiversidad. Durante muchos años, Carlos Zorrilla ha participado en iniciativas locales para oponerse a actividades mineras que dañarían el medio ambiente en la región, y ha iniciado proyectos de desarrollo alternativos a la minería.
El 14 de septiembre, los comuneros de Intag que se oponen a la minería en la zona bloquearon el acceso de empleados de la Empresa Nacional Minera a una parte de Intag. Los empleados iban a tomar muestras para realizar una evaluación medioambiental de la zona. Según Carlos Zorrilla, él no estaba en la zona en esos momentos.
Dos semanas después, el 28 de septiembre, el presidente Rafael Correa, durante su discurso semanal televisado a la nación, difundió fotos y datos de activistas de Intag, incluido Carlos Zorrilla. Calificó sus actividades de “desestabilizadoras” y dijo que eran una injerencia, encabezada por extranjeros, en la política gubernamental. Durante otro discurso televisado el 7 de diciembre, el presidente acusó de nuevo a Carlos Zorrilla y otras personas de defender intereses extranjeros, y pidió a los ecuatorianos que reaccionaran.
La preocupación por la seguridad de Carlos Zorrilla y las demás personas nombradas durante los discursos presidenciales se ve reforzada por el repentino cierre el 4 de diciembre, por parte de la policía, de la organización ecologista Pachamama, y por la negativa de las autoridades gubernamentales a permitir a esa organización y a los activistas desempeñar su labor (véase Información complementaria).
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− pidiendo al gobierno de Ecuador que se abstenga de acusar arbitrariamente a Carlos Zorrilla y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de realizar actividades desestabilizadoras, ya que eso puede dar lugar a represalias indiscriminadas contra ellos; − expresando preocupación porque estas declaraciones del gobierno pueden disuadir a otras personas de participar en acciones públicas en defensa de los derechos humanos;
− recordando a las autoridades que los Estados tienen el deber de proteger a quienes defienden los derechos humanos y de crear las condiciones necesarias para garantizar que pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998. |
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Detención de activista antiminero Carlos Amador del Valle de Siria (Honduras) |
Carlos Amador es uno de los fundadores del Comité Ambiental del Valle de Siria, creado en 1999 por las comunidades de San Ignacio, El Porvenir y Cedros (que conforman el Valle de Siria) para velar por el estricto cumplimiento de las leyes ambientales del país y principalmente para su aplicación en el desarrollo del proyecto minero. Durante los últimos años, el dirigente se ha convertido en un público opositor a la actividad en la zona de la minera Entremares, filial de la transnacional de origen canadiense Goldcorp.
Amador fue capturado el 25 de junio de 2011 por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC). La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de Conservación Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, en Francisco Morazán.
El Comité Ambiental del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares (Goldcorp). Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo. De 600 a 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de Conservación Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas. El arresto de Carlos Amador pone una vez más en tela de juicio el aparato judicial en Honduras, donde la mayoría de los operadores de justicia están al servicio de los intereses de la elite que controla el país. |
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Campesinos solicitan a la Fiscalía que se archive acusación contra sus dirigentes |
23 de agosto 2012
Alrededor de medio millar de personas se dieron cita ayer en Santa Isabel, una población del sur del Ecuador, para exigir el archivo de una acusación penal contra un grupo de dirigentes campesinos que con sus comunidades están resistiendo pacíficamente un megaproyecto minero en sus fuentes de agua.
El Ministerio del Ambiente del Ecuador presentó en la Fiscalía de Santa Isabel una denuncia por supuesta obstaculización de la administración pública, un delito contra el Estado, cuya pena es de uno a tres años de prisión.
La subsidiaria ecuatoriana de la empresa canadiense Cornerstone, propietaria del megaproyecto minero, acusó a 17 dirigentes campesinos, en vinculación con la denuncia del Ministerio del Ambiente.
Abel Arpi, coordinador de la Asamblea de los Pueblos del Sur y uno de los acusados, manifestó: “Nosotros no hemos ido a ninguna casa ajena, nosotros hemos estado en nuestros propios territorios. No es posible que estemos siendo invadidos por grandes empresas transnacionales. Nuestros pueblos existían antes de que exista el Estado.”
Estamos aquí porque sabemos que la minería es pobreza para nuestro país, porque contamina nuestros ríos y lagunas, sostuvo Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). “La mineras no entrarán en nuestro país.” A los acusados les alentó: “Ustedes tienen el apoyo de la CONAIE”.
Hacia el mediodía, los campesinos marcharon hacia la Fiscalía, donde el caso está en indagación previa. Ahí el equipo de abogados defensores, coordinado por Wilson Ordóñez, del departamento jurídico de la CONAIE, entregó el petitorio al fiscal Pedro Panamá.
Ordóñez aseveró que los acusados han ejercido “el derecho a la resistencia ante la omisión del Estado ecuatoriano de cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada ante proyectos de extracción de recursos naturales.” Y concluyó: “Hemos venido a solicitarle se desestime la denuncia presentada y se la archive por no encontrarse los argumentos tanto de hecho como de derecho en la verdad procesal del caso.”
Gustavo Aucay, otro de los acusados, le expresó al fiscal Panamá: “No es que les estén yendo a procesar a 20 compañeros, sobre ellos hay familias, hay hijos, hay esposas. Ellos van a pagar las consecuencias, únicamente por estar diciendo «no queremos que se haga minería, queremos que se vaya el agua limpia para todo nuestro cantón Santa Isabel»”. Donde van a hacer minería hay 10 sistemas de agua potable, indicó.
El 3 de mayo del presente año, alrededor de 2 mil comuneros de Santa Isabel y otros cantones vecinos se concentraron en la parroquia Shaglly, para ejercer el derecho a la resistencia, reconocido por la Constitución ecuatoriana, ante la socialización que el Ministerio del Ambiente pretendía hacer de los Estudios de Impacto Ambiental para la exploración avanzada de la zona Vetas Grandes, de Cornerstone. Este fue el evento que dio lugar a la acusación.
La minera canadiense posee 15 concesiones que suman 45.000 hectáreas dentro del territorio de cuatro cantones de la provincia del Azuay. Esto a pesar de que la Asamblea Constituyente expidió en 2008 un mandato por el cual extinguió las concesiones mineras ubicadas en fuentes de agua, las que hubieran sido entregadas sin consulta previa y que prohibió la tenencia de más de 3 concesiones por persona natural o jurídica.
Lista de acusados y acusadas:
1. Gustavo Aucay Barreto
2. Alcides Ochoa
3. José Alciviades Ochoa
4. Eunora Rodríguez Sánchez
5. Genaro Rodríguez Sánchez
6. María Rodríguez Sánchez
7. Rodrigo Rodríguez Sánchez
8. Gloria Rodríguez Sánchez
9 .Juventino Cabrera
10. Jesús Aucay Barreto
11. Alciviades Aucay Barreto
12. Seferino Torres
13. Ernesto Guerrero
14. Nicolás Cevallos Cabrera
15. Catalina Durán Oleas
16. Abel Arpi
17. Rosa Zoila Guayllasaca Calle
Contactos de prensa:
Abel Arpi: + 593-86419518 / abelarpi@yahoo.es
Chela Calle: + 593-99393135 / wayrapalte@yahoo.es
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Minera Miski Mayo judicializa la protesta en Cajamarca |
A partir del año 2003 la empresa minera Miski Mayo S.A.C., subsidiaria de la empresa Vale inicia bajo el nombre "La Morada", un emprendimiento minero en Cajamarca. Desde el inicio de las operaciones se han suscitados diversos hechos que evidencian un conjunto de malas practicas contra la población.
El 28 de septiembre de 2007, la población inicia un paro interprovincial solicitando la intervención de una comisión de alto nivel. A raíz de la manifestación, 10 líderes fueron denunciados, incluyendo a una mujer. En 2009, después de dos años, el Fiscal solicitó al Juzgado Mixto de San Marcos penas privativas de libertad de seis y siete años para los 10 líderes denunciado, acusandolos de la toma de una carretera, por lo que además se les imponía una reparación civil de S/ 20.000 nuevos soles que deberá ser cancelada de manera solidaria por los sentenciados.
Con la nueva normatividad y la modificación del Código Penal peruano en julio del 2007, los delitos que se derivan de protestas sociales tienen penas de hasta 25 años de prisión y la policía está facultada para el uso de armas de fuego contra los manifestantes. |
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Hostigamiento y judicialización a Gloria Chicaiza |
En octubre del año 2010 Gloria Chicaiza, miembro de la organización Acción Ecológica, fue acusada por la empresa minera Curimining /Salazar Resources S.A. de origen canadiense, de auspiciar un acto de terrorismo, sabotaje y asociación ilícita para delinquir. |
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Máxima Acuña Chaupe está en peligro: Recibe amenaza de muerte y teme desalojo |
Mujer defensora de Derechos Humanos Máxima Acuña Chaupe teme desalojo después de recibir amenaza de muerte y ser intimidada por oficiales de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú.
En la mañana del 30 de Enero 2014, en Tragadero Grande, Cajamarca, Perú, mujer defensora de derechos humanos, Máxima Acuña Chaupe fue amenazada con muerte por teléfono. Unas horas después ella fue acosada por oficiales de la División de Operaciones Espaciales de la Policía Nacional del Perú (DINOES).
Máxima vive muy aislada y tiene miedo de salir de su hogar temiendo que DINOES y trabajadores de ‘Minería Yanacocha’ tomen la oportunidad para destruir su hogar y cultivos – lo único que ella tiene.
Desde 2011, Máxima ha sido sometida a atentados violentos de desalojo, amenazas, intimidación y violencia a manos de DINOES, por solo negarse vender su tierra a la compañía Minería Yanacocha para el proyecto Minas Conga. Estos ataques habían desminuido durante el proceso legal lanzado por la compañía minera en contra de la familia, acusándolos de usurpación. Ahora que el caso debe reiniciar por la segunda vez (en Marzo), acciones de acoso e intimidación han incrementado.
A las 10.30am del 30 de Enero 2014, Máxima recibió una llamada de un numero privado, el cual le dijo ‘Sal de su propiedad, si no, vas a morir’. Una hora después, mientras que ella estaba viendo sus cultivos con su hija Ysidora, dos oficiales de DINOES entraron a su tierra y les dijeron que no deberían cultivar por que esa no es su tierra. Dos otros DINOES estaban parados en el perímetro de su tierra y cuatro estaban dentro de dos camionetas estacionadas afuera de la casa de Máxima. Máxima e Ysidora regresaron a su casa. A las 12pm un policía y un DINOES armado entraron a la casa de Máxima y anunciaron que todos tenían que irse inmediatamente y que ellos deben parar de cultivar. Al ver que Máxima estaba denunciando la situación en la radio local ‘Radio Lider’, los oficiales se retiraron.
26 de Enero 0214, Máxima fue acosada y amenazada por su vecina Berta Albareda, conocida como partidaria de la mina. Berta la acuso de maltratar a sus animales y advirtió a Máxima ‘no hables sobre la minería’. Máxima reporta que el esposo de Berta es el presidente de su comunidad, y que el ha estado difundiendo entre comuneros que Máxima será desalojada muy pronto.
Estos incidentes vienen después de que la familia Bolañios de la misma comunidad (Tragadero Grande) fue desalojada forzosamente por DINOES el 19 de Enero 2014. La madre actualmente se esta alojando con Máxima ya que no tiene a donde ir.
Máxima reporta que DINOES y personas que dicen ser ingenieros de la mina frecuentemente monitorean y graban sus actividades. La constante vigilancia y restricción de movimiento mantiene a Máxima en alta tensión. Ella esta muy aislada y tiene miedo de salir de su hogar temiendo que DINOES y trabajadores de la mina tomen la oportunidad para destruir su hogar y cultivos – todo lo que tiene.
En Noviembre 2013 ULAM publicó una Acción Urgente para Máxima pidiendo que su caso legal se lleve acorde con la ley. |
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Detienen injustificadamente a seis guardianes de Lagunas en Cajamarca |
Seis DEFENSORES DEL AGUA DE CELENDÍN fueron detenidos el día 8 de abril por la policía cuando se dirigían a las lagunas de Conga a una asamblea comunal, acusándolos de los delitos contra la tranquilidad pública y tenencia ilegal de armas.
Al día siguiente a las 7.00 a.m. han sido trasladados a Chiclayo y se encuentran depositados en los calabozos de la DIVINCRI.
Uno de los detenidos es Fredy García Becerra, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Huasmín, provincia de Celendín por el Frente Amplio.
También fueron detenidos los defensores del agua:
- Andrés Fernández Castrejón.
- Jeremías Rodríguez Vargas.
- Marcos Tocas Rodríguez.
- Norberto Medina.
- Waldir Medrano Toscano.
Luego de la detención diversas organizaciones de Derechos Humanos han denunciado y dado a conocer las irregularidades del proceso.
Mirtha Vásquez, representante de la CNDDHH en Cajamarca, advirtió que durante la detención realizada ayer a un grupo de ambientalistas, la policía nacional habría incurrido en irregularidades.
Según la abogada, una de las irregularidades en las que incurrió la policía fue al detener a las 6 personas que iban a bordo del vehículo, cuando lo jurídicamente correcto habría sido detener solo a las personas que portaban armas de fuego y dejar libres al resto.
Vásquez asegura que en este caso no ameritaba el traslado de los detenidos a la ciudad de Chiclayo, pues para que el traslado se justifique las personas tendrían que haber sido detenidos durante alguna manifestación o que el caso represente un hecho de alta complejidad.
Diversas instituciones y organizaciones sociales han expresado su preocupación por estos hechos y vienen exigiendo la liberación inmediata. Al mismo tiempo, se cuestiona la actuación de la Fiscalía y de la Policía Nacional por la violación de la libertad individual y el libre tránsito en la zona de las lagunas.
Este hecho es una nueva muestra de la situación de tensión y permanente hostigamiento en la que viven los pobladores en la zona de influencia del proyecto minero Conga. |
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Javier Ramírez, dirigente de Íntag, detenido por cargos de rebelión |
Javier Ramírez, un campesino antiminero, humilde, trabajador, respetado en su comunidad: Junín, de la parroquia de Íntag, cantón Cotacachi, se convirtió este 11 de abril en un nuevo detenido y procesado por actos de “rebelión y obstruir a un funcionario público” (Art 328 del COIP), según consta en la orden de prisión preventiva dictada por el Fiscal de la localidad.
El dirigente ha sido involucrado en supuestos actos de violencia que la Empresa Nacional Minera (ENAMI) afirma que habrían ocurrido en esa zona. “Ramírez es una persona que trabaja en el campo para mantener a su familia. Es un ejemplo en su comunidad, un hombre muy tranquilo. En esos actos que inventa la ENAMI, Javier no estuvo, no participó, en ese momento del que habla ese pseudo expediente, él estuvo enfermo”, sostiene Polivio Pérez, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario de Íntag, quien estuvo junto a Ramírez el momento de su detención, y quien también fue inicialmente detenido mientras retornaban de Quito junto a Ramírez y Silvia Quiyupangui, después de haber acudido a una reunión convocada por el ministro del interior, José Serrano.
La forma en que se produjo la detención ha sido denunciada como arbitraria, pues se habría dado en similares circunstancias que lo que ha ocurrido en otros casos de dirigentes sociales y políticos detenidos por actos de sabotaje y terrorismo, o por rebelión; es decir, se lo detuvo sin explicarle las razones ni exhibir orden de prisión alguna, sino después de varias horas de haber ocurrido el hecho.
Polivio Pérez narra indignado los sucesos: “El martes recibí una invitación del ministro del Interior, José Serrano, que me la hizo llegar el Gobernador de la provincia, en la que nos invitaba a una reunión de trabajo, aunque no se mencionaba el tema que se discutiría. A pesar de la manera en que se formuló la invitación, asistimos a esa supuesta reunión de trabajo, que se desarrolló a las 15h00; asistimos con Xavier Ramírez y la compañera Silvia Quiyupangui. El Ministro solo me permitió pasar a mí, los otros compañeros se quedaron fuera. Se discutieron varios temas relacionados con la minería, pero me di cuenta de hacia dónde quería llevar la situación el señor Ministro, por eso abandoné la reunión; no se produjo ningún incidente en ese instante, solo expuse las razones por las que nos oponemos a la extracción minera, y dije que sí estábamos dispuestos a dialogar, pero no bajo presión, bajo amenazas.
“Lo que permanentemente planteó el ministro es que demos paso a la fase de exploración, que duraría entre cuatro y seis años, y que después hablaríamos acerca de si nos conviene o no el tema minero, lo cual nosotros lo consideramos un engaño. En Íntag conocemos lo que es la minería y, si se dieran los acuerdos, éstos tendrían que ser previos, no una vez que ellos se hayan establecido por varios años en el lugar. Eso fue lo que ocurrió, hubo ese rechazo por parte nuestra, pero no pasó a mayores en ese instante. La sorpresa nuestra fue que cuando nos movilizábamos en un bus interprovincial fuimos detenidos, a las 19h10, en el sector de Nanegalito; la Policía no tuvo en ese momento una orden de captura, nos detuvieron por una llamada que había realizado un coronel de quien no nos quisieron dar el nombre, y nos retuvieron en ese lugar. No nos mostraron ningún documento, incluso nos quitaron celulares, documentos, y no nos dieron el derecho que cualquier ecuatoriano tiene, por más criminal que se le considere; a nosotros, que lo único que somos es campesinos que defendemos nuestros derechos, no se nos cumplió con esa obligación de mostrarnos las razones por las que se nos detenía. Yo fui liberado a las 22h00, diciendo que me pedían mil disculpas porque yo no estaba implicado en nada, pero en ese momento, al compañero Javier Ramírez, sin tener todavía la orden de captura, se lo trasladó a la ciudad de Otavalo; recién a las 03h30 de la mañana se le exhibió una orden de captura, que fabricaron recién, ahí sí le
ingresaron en los calabozos del UPC en Otavalo”.
La audiencia de formulación de cargos se dio el 11 de abril, y en ella se resolvió extenderle a Ramírez una orden de prisión preventiva por 30 días, mientras se investigaban los supuestos hechos de la demanda. “Fue realmente una infamia, no existió ningún sustento legal para que hoy le hayan dictado una orden de prisión. No hay argumentos, solo llamadas desde la ciudad de Quito, es claro que es un acto de persecución. A través de amenazas, de persecuciones, a través de la cárcel nos quieren obligar a ceder para instalar un proyecto minero que sería tan destructivo para la zona de Intag”, afirma Pérez.
A Ramírez lo acusan por la destrucción de propiedad privada, y afirman que hubo maltrato hacia algunos funcionarios. “Realmente da pena cómo han mentido, cómo engañan y cómo se comen el cuento el Fiscal y el Juez, es increíble cómo están manejando la justicia acá. No es un sistema apegado a derecho, es una forma que el gobierno usa para decir: quien se opone a este proyecto se va preso”.
Según Pérez, los habitantes de Íntag han sido alertados desde el momento de la detención, para que se mantengan en alerta permanente, y no se descartan acciones de protesta para los próximos días. “Estamos preparados, dispuestos: si por defender nuestro territorio de Íntag tenemos que ir a la cárcel, iremos. Que siga construyendo el señor (Rafael) Correa más cárceles, porque nosotros no vamos a ceder un solo milímetro de nuestro territorio para dar paso a la Empresa Nacional Minera, y mucho peor todavía con todo ese sistema de persecución, de criminalización, no solo en Íntag sino en el país entero” |
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Impiden libre circulación a las Lagunas a defensora Máxima Acuña y acompañantes |
Desde Cajamarca nos informan que el pasado martes 6 de mayo, Máxima Acuña, su menor hijo y varios visitantes de otros países, fueron impedidos de transitar hacia las lagunas que serían afectadas por el proyecto minero Conga.
Miembros de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Dinoes) y efectivos de seguridad de Yanacocha los interceptaron en las inmediaciones de la laguna San Nicolás, los detuvieron en la caseta de vigilancia minera y luego los trasladaron a Santa Rosa. La justificación de la policía para tomar tales medidas fue aseverar que está prohibido que extranjeros transiten por dichas vías pese a que son públicas.
Las personas que fueron detenidas, junto con Máxima Acuña de Chaupe, fueron: Cristofer Santigo (norteamericano), Valezca Ruiz (peruana), Oliver Taymans y Lieselot Jamar (belgas), Sophe Jarcher (francés) y Fernando Carranza (peruano).
Luego de tres horas Máxima fue dejada en libertad y pudo finalizar su camino hacia su propiedad en la zona de las lagunas. Sin embargo, las personas de nacionalidad extranjera tuvieron que regresar a la ciudad de Cajamarca.
Frente a tal atropello, la Dra. Mirta Vásquez, Secretaria Ejecutiva de Grufides, informó que interpondrá un habeas corpus frente a dichas medidas intimidatorias que atentan contra el derecho constitucional de libre tránsito en el territorio peruano.
Cabe recordar que en febrero de este mismo año, Máxima Acuña denunció que viene siendo víctima de hostigamiento -junto a su familia- por parte de la empresa minera Yanacocha a través de la Dinoes, instancia que ha sido contratada por esta empresa para brindarle seguridad. También ha ocurrido lo mismo con periodistas e investigadores académicos nacionales y extranjeros.
Asimismo, una vez más solicitamos a las autoridades correspondientes que garanticen y se respete el derecho al libre tránsito. Ello debido a que no es la primera vez que se intenta amedrentar a los defensores del agua impidiéndoles circular por las lagunas, las cuales serían destruidas de ejecutarse el proyecto minero Conga.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en Perú |
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Detienen en Cajamarca a beneficiario de medida cautelar de la CIDH |
Algo inaudito ocurrió este mediodía en Cajamarca. El comunicador indígena César Estrada Chuquilín fue detenido por la policía junto a otras doce personas cuando cumplía su labor periodística. Según medios locales doce detenidos también fueron golpeados. Las detencione ocurrieron cuando varios cientos de pobladores así como activistas de otros países, concurrieron a la laguna El Perol para hacer una inspección para verificar el estado de las reservas naturales de agua.
El hecho es de suma gravedad dado que hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas para garantizar su vida e integridad junto con la de otras personas que se oponen al proyecto minero Conga.
La acción represiva de hoy se llevó a cabo en el sector donde se ubica la tranquera de ingreso a la laguna El Perol y que es territorio ancestral de las comunidades.
La abogada Zulma Villa del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) llamó la atención sobre este hecho, el cual vinculó con un pronunciamiento del Ministerio de Justicia a favor de la continuidad de los trabajos de la empresa Yanacocha en la zona.
INSPECCIÓN PACÍFICA
Zulma Villa precisó que la visita a las inmediaciones de la referida laguna, en la que participaron mayoritariamente campesinos y campesinas de las rondas, así como activistas de otros países, se realizó en el marco de una inspección para verificar el estado de las reservas naturales de agua.
Estaba previsto que de esta inspección serían parte pobladores de las provincias de Bambamarca, Cajamarca y Celendín.
Afirmó, en ese sentido, que de la misma estaban enterados la policía, el ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
La detención se habría dado sin razón alguna. No existía orden judicial de por medio ni tampoco flagrante delito.
Los efectivos policiales rodearon a los campesinos y activistas para pedirles sus documentos, posteriormente registraron a todos para finalmente detenerlos.
La abogada recalcó, sin embargo, que la detención no fue lo más grave. Según información recogida por medios de comunicación locales luego de ser detenidos las doce personas fueron golpeadas.
La abogada del IIDS responsabilizó por esta acción a Jorge Gutiérrez, jefe del Frente Policial de Cajamarca, quien dio la orden de detención pese a estar plenamente informado de la inspección y de su naturaleza pacífica.
LOS DETENIDOS
Según últimas informaciones, los doce detenidos se encuentran en la caseta policial que se ubica entre las lagunas Azul y Cortada.
En el tiempo que tuvo para comunicarse, Estrada informó que entre los detenidos se encuentran personas originarias de centros poblados como El Alumbre, Piedra Redonda, entre otras, y que pertenecen a la zona de la cuenca del río Jadibamba.
Según información brindada por la abogada y algunos medios locales, los detenidos son: Idelfonso Cisneros Vásquez, Juan Yamoctanta Cruzado, Javier Ortiz Vásquez, Fabiolita Huahua Garay, Juan Uriarte García, Manuel Ramos Campos, César Estrada Chuquilín.
No es la primera vez que Estrada es víctima de los efectivos del orden al servicio de intereses empresariales.
También se encuentran, Víctor Vásquez Peralta, Elvis Vásquez y Percy Coluche, este último originario de Chota. Coluche tendría una herida de gravedad en la cabeza.
También estarían entre los detenidos la joven activista Elvira Vásquez y los ciudadanos extranjeros María Norden, Johana Muller, ambos de Suecia, y el chileno Víctor López Abarca.
PISOTEANDO A LA CIDH
Esta nueva detención se realiza a una semana de que la CIDH ordene al Estado adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de 46 líderes y lideresas de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, así como de la familia Chaupe y del comunicador César Estrada Chuquilín.
Justamente la detención de este último estaría dando cuenta de una nueva forma de operar del Gobierno, advirtió Villa.
Ella manifestó su preocupación al respecto y tal como señala la CIDH en la medida cautelar 9/2014, destacó el papel de los comunicadores en situaciones de conflictos sociales como pasa en esta parte del país con el caso Conga.
De otro lado argumentó que la actuación de la policía este mediodía responde a lo vertido por Juan Jimenez Mayor, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hace algunos días.
Como se recuerda, Jimenez, respecto a la reciente medida cautelar de la CIDH, sostuvo que la misma permite la continuidad de las obras del proyecto Conga en Cajamarca a cargo de Yanacocha.
"Esto es claramente las consecuencias de las declaraciones de Juan Jimenez Mayor", sentenció.
La población de la zona se viene organizando para pedir ante la opinión pública la liberación de los detenidos.
Fuente: Servindi |
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Detienen a tres comuneros que se oponen a la minería |
Los pobladores del sur del Departamento de Potosí piden la inmediata liberación de los tres hombres que, según denunciaron, fueron detenidos y golpeados por policías.
La represión policial se produjo entre las 07:30 y 08:00 de ayer en Cuchu Ingenio, población donde emergió el primer punto de bloqueo. Los policías usaron agentes químicos para dispersar a los campesinos y sólo por algunas horas dejaron el camino expedito.
Sin embargo, desde las 16:00 de ayer, el camino Potosí-Tarija y Potosí-Villazón nuevamente está interrumpido, mientras que el secretario de coordinación de la Gobernación, René Navarro, solicitó a los dirigentes deponer actitudes y sentarse en la mesa del dialogo.
El funcionario gubernamental dijo desconocer quién dio la orden para la represión policial y el arresto de campesinos. “Debió sostenerse una reunión el lunes con los comunarios de Lalava y Caiza D, pero por factores ajenos a la Gobernación no se pudo efectivizar”, aseveró. La reunión, que debería realizarse a las 10:00 de ayer, no se cumplió porque los campesinos rechazaron.
Los ciudadanos Román Gómez (47), Isidoro Jesús Cuellar (39) y José Quispe (45) fueron ingresados a celdas policiales en calidad de aprehendidos.
“Estábamos en el sector de Cuchu Ingenio, han venido los policías y nos han gasificado. Y luego ha habido enfrentamiento, los transportistas y los policías se han venido encima de nosotros”, relató José Quispe, uno de los detenidos por la Policía.
“A mí me han golpeado en mi cabeza, a mi pie me ha llegado un proyectil. A mí me han agarrado y directamente me han dado en mi cabeza”, complementó. Y añadió que el sólo cumplía la determinación de los dirigentes en el bloqueo.
Por su parte, Jesús Cuellar aseveró que él realizaba el bloqueo por el incumplimiento a los pedidos que hicieron. “Los policías nos han rebasado y cuando nos reuníamos los bloqueadores otra vez los policías vinieron y nos gasificaron”, detalló.
Entre tanto, Román Gómez, otro de los detenidos, dijo que hubo un abuso policial en Cuchu Ingenio porque no respetaron a nadie.
"Yo estaba caminando y de golpe han venido (los policías) y no han agarrado. A mi me han pateado y golpeado", aseveró.
La principal exigencia es el cese de operaciones mineras en esa región potosina con el fin de evitar que las aguas que beben y utilizan para el sector agrario no sean contaminadas.
Fuente: El Potosí |
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Abuso de poder judicial en contra de pobladores de Nueva Esperanza |
Hoy, 9 de Julio de 2014 la comunidad de Nueva Esperanza ha vivido una vez más el maltrato por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia. Olman Vijil Vasquez, Grevin Amaya Pineda y José Lemus Pineda fueron citados de manera indebida e intimidante por inspectores de la D.N.I.C. con placas No. 1309 y 11727 a comparecer a sus oficinas en Tela, Atlántida por supuestos "DELITOS VARIOS". Ante este citatorio la comunidad de Nueva Esperanza se sintió agredida debido a que la denuncia la interpuso una familiar del trabajador minero Wilfredo Funez, arrestado el pasado 28 de febrero y el cual ha aceptado su culpabilidad en los delitos imputados en contra de la comunidad y de los observadores internacionales de PROAH. Por tal razón, unos 30 vecinos y los Misioneros Claretianos, de la oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), acompañaron a los tres miembros criminalizados representados por su abogado Martín Fernández, miembro del MADJ.
Entre las anomalías del citatorio está:
1. El primer citatorio lo recibieron los imputados el domingo 6 de julio por la tarde para presentarse el lunes 7 por la mañana. Conducido por personas particulares de la comunidad.
2.En el segundo citatorio iba una nota intimidatoria escrita en la esquina de cada una de las Actas de Citación que dice así: "presentarse obligatoriamente o se dará orden de captura por la fiscalía ultima cita".
3. En la D.N.I.C no había denuncia ni declaración por parte de la demandante. Después de escuchar a la demandante se evidenció que no existían los tales “delitos varios”.
4. Los inspectores fueron los mismos que se prestaron para la criminalización de 5 líderes de la comunidad de Nueva Esperanza en enero del año pasado en clara colaboración con la Empresa Minera.
5. Luego, los pobladores quisieron poner denuncias sobre hechos “reales” de amenazas y hostigamiento y los mismos inspectores se negaron a recibirlas.
Ante estos hechos, surgen las preguntas ¿Por qué no se actúa con igual celeridad a favor de las demandas de la comunidad de Nueva Esperanza que lleva más de dos años pidiendo que se haga una investigación seria y responsable en las diferentes violaciones a sus Derechos Humanos ejecutadas por la Empresa Minera La Victoria? ¿Al aceptar la culpabilidad Wilfredo Funez por qué no se inicia un proceso contra los autores intelectuales de los delitos aceptados?
¿Por qué el Estado Hondureño, por medio de sus órganos de Justicia, permite que se siga criminalizando a las Víctimas que gozan de Medidas Cautelares dictadas por la CIDH, en vez de concretar dichas medidas con prontitud?
¿Qué necesidad tenía el hermano José Lemus Pineda de ir a ese rídiculo citatorio después de haber sufrido la pérdida de su recién nacida el día lunes y haberla enterrado el día de ayer? ¿Qué hubiese sucedido sí embargado por su dolor no se hubiera hecho presente? ¿Acaso le hubieran aplicado la amenaza de "orden de captura" y acusado de desobediencia a la "autoridad"? Si embargo, este campesino, como todos los campesinos de Nueva Esperanza desde siempre han intentado que este "sistema de justicia" funcione a pesar de las experiencias contrarias.
Lamentamos lo sucedido y nos seguimos solidarizando con la comunidad de Nueva Esperanza esperando que pronto estén librados de tanto sufrimiento y terror empresarial e institucional.
Fuente: OFICINA DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN. MISIONEROS CLARETIANOS |
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Brutal represión a manifestantes de parte de minera Cerro Verde: 5 heridos graves y mas de 12 detenidos |
La empresa minera de Cerro Verde una vez más está enfrentando una situación bastante delicada. En esta oportunidad no se trata sobre de la manera amañada como minera Cerro Verde logró que la planta de tratamiento de aguas residuales se realice en el mismo terreno de la concesión minera, ni a la manera escandalosa como Ollanta Humala le renovó el contrato de estabilidad jurídica hasta el 2030.
Ahora se trata de los abusos que la minera perpetra contra la población aledaña al proyecto minero que no se había opuesto a la explotación minera, pero que hoy es víctima del abuso y la prepotencia de Cerro Verde.
Con la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales, desde hace dos meses la empresa minera restringió el tránsito para la población del distrito de Uchumayo generando enérgicas protestas, dado que demoraban aproximadamente 1:30 minutos para su traslado al centro de la ciudad.
Las protestas se generalizaron cuando en un abusivo comunicado Cerro Verde anunció que cerraran la vía de manera total por el lapso de dos meses.
De esta manera se término por colmar la paciencia de la gente que salió a la protesta y bloquear su principal vía para que los camiones y buses de la minera no pasen por el lugar. La acción de lucha la materializan desde el pasado miércoles 27 de agosto. Los manifestantes exigen que representantes de Cerro Verde participen de una audiencia popular para plantear soluciones al conflicto. La minera hasta el momento no ha dado respuesta positiva.
El lunes 1 de setiembre, la policía nacional detuvo a 10 manifestantes a la altura del kilometro 48 entre ellos a 2 menores de edad. Tras su liberación en seguridad de estado, los detenidos denunciaron que los golpearon brutal y salvajemente con sus escudos y varas.
Lo que llama seriamente la atención es la actitud del alcalde de UchumayoHardin José Abril, quién mostró no tener el temple ni la personalidad para enfrentar la situación y ponerse a la defensa de los derechos de su pueblo.
Los manifestantes denunciaron también que para “comprar conciencias” y quebrar la protesta, la minera Cerro Verde está distribuyendo unos vales por 150 soles. “Creen que por unos vales el pueblo va a doblegar el codo”, dijo una pobladora.
Aproximadamente 100 efectivos policiales reprimieron brutalmente con bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo de los ciuadadan@s que protestaban en inmediaciones del pueblo de Cerro Verde, dejando varios heridos de gravedad. Un ciudadano se encuentra seriamente herido, dado que la bomba lacrimógena le cayó en la cabeza, el mismo que fue trasladado de urgencia al hospital Honorio Delgado de Arequipa.
Los pobladores hacen un llamado urgente al representante de la Defensoría del Pueblo para que se constituya en el lugar.
Los pobladores del distrito de Uchumayo, desde hace 6 días realizan enérgica protesta porque la minera Cerro Verde de manera abusiva anunció el cierre de su vía principal por un lapso de dos meses.
Relación de heridos:
Eduardo Chambilla (74)
Elizabeth Arias Flores (30)
Denis Urrubia Abril (37
Juan Salazar Torres (45)
No identificado
También hay 8 detenidos en la comisaría de Tiabaya.
La vía principal está bloqueada con gran cantidad de piedras. A medida que pasan las horas, la población de la ciudad de Arequipa se solidariza con la lucha del distrito de Uchumayo; y en las próximas horas organizaciones y colectivos sociales y culturales se estarían convocando para una vigilia en la plaza de armas de Arequipa.
Fuente: Celedín Libre, Voces de la Tierra |
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Repudio a descarada sentencia en contra de Máxima Acuña y su familia |
El 5 de agosto de 2014 el Poder Judicial de Celedin sentenció a Máxima Acuña Atalaya, Jaime Chaupe Lozano, Isidora Chaupe Atalaya (hija de Máxima) y Eliaz Chávez Rodríguez (esposo de Isidora Chaupe) a 2 años y 8 meses de prisión preventiva y una reparación de S/.5500 nuevos soles en favor de la Empresa Minera Yanacocha argumentando que la familia Chaupe esta invadiendo terrenos de la empresa sin pruebas, de forma injusta, siendo que la familia Chaupe tiene todos los documentos de propiedad y posesión; por los obrados se puede concluir que el fiscal actuó como abogado de la empresa minera.
La empresa minera ya logró desplazar a la comunidad para cumplir con su expansión minera en la zona de Cajamarca, ejerció violencia física, sicológica y económica contra Máxima Acuña y ahora está criminalizando la familia, violando sus derechos propietarios, su derecho a la vida, a un ambiente sano y saludable. |
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Asesinan a manifestante y detienen a 16 por oponerse a proyecto Tía María |
Las protestas contra el proyecto Tía María se han visto empañadas de violencia y criminalización, ya que el décimo tercer día de protesta y paro en el Valle del Tambo dejó como saldo una víctima fatal, identificada como Andrés Taype Chuquipima de 22 años de edad, y según el parte médico, murió por una herida de bala que le perforó el pulmón izquierdo.
Además, durante esta jornada, 4 de abril de 2011, hay un saldo de 16 detenidos por la policía. |
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Criminalización contra manifestantes del proyecto Tía María deja tres muertos y varios heridos de gravedad |
Luego de 17 días de protestas de la comunidad de Cocachacra contra el proyecto del Tía María, la policía y represión gubernamental ha dejado como saldo tres muertos y más de cincuenta heridos y heridas.
Las víctimas fatales identificadas son: Aurelio Huarcapoma de 50 años; Nestor Cerezo de 31 años; y Andrés Taype de 22 años.
Luego de estas manifestaciones, el Ejecutivo decidió cancelar el proyecto minero de Southern Perú por considerar inadmisible el estudio de impacto ambiental, el cual contaba con 138 observaciones.
El anuncio fue dado por el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, junto con Miguel Hidalgo, ministro del Interior y el presidente del Frente de Defensa de Islay, Pepe Guitiérrez.
El titular del MEM señaló que Southern Perú no podrá ejecutar cualquier actividad minera planteada en la mina Tía María, y deberá retirar sus maquinarias del lugar.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo recomendó que se inicie una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público para determinar las responsabilidades respecto de las muertes ocurridas en el marco de las jornadas de protesta. |
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Paro contra Barrick Gold en Cotuí deja dos heridos y decenas de detenidos |
Dos heridos y decenas de detenidos, enfrentamientos a tiros, pedradas y bombazos, y neumáticos quemados, dejó ayer un paro de 24 horas en reclamo que el Gobierno y la Barrick Gold entreguen el 5% de la venta del oro extraído de la mina de Pueblo Viejo a la provincia.
También reclaman un acueducto múltiple, reparación de las carreteras y de los caminos vecinales, un nuevo puente sobre el río Yuna entre La mata y Cotuí, energía eléctrica 24 horas y un aumento de la cuota de empleo en las operaciones auríferas.
En el sector La Gallera fue herida a perdigonazos la señora Quisqueya Mejía, de 64 años, y un agente policial de Los topos, cuyo nombre no pudo ser obtenido, fue alcanzado por una piedra lanzada por un manifestante y tiene laceraciones en el hombro izquierdo. |
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Policias violentan y destruyen campamento del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla |
El martes 26 de mayo de 2009, la Policía de Penonomé destruyó el campamento que el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla y la Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAGUAS) habían erigido en la comunidad de Nazareno, a escasos quince minutos de Coclesito, para cortar el acceso de Petaquilla Gold y Minera Panamá (canadiense) a los proyectos mineros de oro y cobre.
La Policía de Penonomé llegó en tres vehículos llenos de unidades antimotines aproximadamente a las 9 a.m. y, sin dar preaviso ni entablar algún contacto civilizado con las comunidades que mantenían cerrado el paso por 16 días -- para disuadirlas y retirarse en paz y sin violencia -- los antimotines arrojaron bombas lacrimógenas, desmantelaron todo cuanto pudieron, estropearon y arrestaron a 19 campesinos, indígenas y ambientalistas, a quienes arrastraron, empujaron y golpearon para encarcelarlos en Coclesito. A los costados y en las colinas circundantes se hallaban otras unidades de la Policía para evitar que los campesinos e indígenas pudiesen evadir el cerco. La policía monitoreaba el operativo en tierra desde helicópteros de las empresas mineras, al igual que ocurrió en Changuinola, cuando la empresa estadunidense AES contrató a la Policía para reprimir a los indígenas que se oponían al proyecto hidroeléctrico y prestó sus aeronaves para perseguir a los dirigentes por las montañas.
En Nazareno, los antimotines voltearon las pailas y ollas con comida, arrojándolas a la calle, y se llevaron muchos enseres pertenecientes a los moradores que fueron depositados en la Corregiduría de Coclesito; destruyeron los radios transistores de los indígenas; quemaron la madera y se robaron cientos de Balboas que los manifestantes mantenían en sus ropas.
Según testigos presenciales, la Policía destruyó las astas hechas con madera de monte donde ondeaban tanto la bandera nacional de la República de Panamá como las banderas del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla y de CONADETIAGUAS, una al lado de la otra; las embolillaron y quemaron junto a otros enseres que fueron envueltos en una de las lonas que se hallaban en el lugar.
La bandera del Comité está formada por dos triángulos, verde y rojo, atravesados por una línea blanca.
El jueves 28 de mayo, una delegación indígena del Movimiento Rey Quibién subió a Coclesito para inquirir por cuatro moradores de Nuevo Sinaí que estaban en el campamento y no habían retornado a sus casas. Dos días de camino le toma a los indígenas caminar de Coclesito a Nuevo Sinaí.
El señor Demetrio Ábrego y su esposa, y un señor de nombre David y su compañera, huyeron al momento de la represión y no han sido vistos desde entonces por nadie, temiéndose por su paradero y su integridad física.Las abogadas Celma y Teresa Moncada presentaron inmediatamente el martes los Habeas Corpus en favor de los detenidos en la ciudad de Colón y en la Corte Suprema de Justicia en Panamá, algunos de cuales fueron amarrados.
Los detenidos – entre ellos Carmencita Tedman MacIntyre -- fueron puestos en libertad entre las 6 p.m. y las 9 p.m. del 26 de mayo. Dos horas después, a las 11 p.m., Julio Yao y Celma Moncada, del Servicio Paz y Justicia y la Fundación Humanitas respectivamente, llegaron a Coclesito y se encontraron con unas 200 moradores que protestaban ante la Policía y la Corregiduría, mientras que otros cientos de moradores venidos de todas partes se mantenían en vigilia en el destruído campamento de Nazareno.
Tan pronto se tuvo noticia de la represión, el Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá) envió a la licenciada Iraida Graell, a quien, una vez en Coclesito, la Corregidora Saturnina Ortega, le impidió ver a los detenidos.Cronología de una agresión anunciada- 26 de mayo: los moradores esperan al gobernador de Colón, y en su lugar llegó la destrucción del campamento.
El día de la represión, 26 de mayo, los moradores esperaban la visita del gobernador de Colón, Julio Kennion, quien
había visitado el campamento el jueves 21 de mayo y prometido traer el martes 26 la respuesta del gobierno a las peticiones de cierre inmediato y definitivo de la mina de Petaquilla. Kennion le informó el lunes 25 a la Dra. Celma Moncada que no llegaría el martes 26 sino el miércoles 27, a las diez de la mañana, y así se le informó al campamento de Nazareno.
Para representar a las comunidades y al Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, las comunidades le habían asignado a Julio Yao el sábado 23 de mayo la responsabilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el gobernador Kennion y le presentara, si fuera necesario, una contrapropuesta para levantar el bloqueo.
Pero el gobernador Kennion no se presentó, y en su lugar llegaron los antimotines. El gobierno respondió con la violencia a una protesta que se declaró no violenta desde el principio. La represión del 26 de mayo – un claro acto de traición a su palabra -- demostró la complicidad del gobierno con las empresas mineras y su absoluto desprecio por la Constitución, por la autoridad Nacional del Ambiente y las leyes ambientales.
-- 23 de mayo: los antimotines llegaron a despejar la carretera Pero antes, el sábado, 23 de mayo, cuando Julio Yao y Celma Moncada se dirigían a Coclesito, recibieron una llamada en la que se les informaba que tres vehículos con antimotines habían pasado por La Pintada rumbo a Nazareno para aplastar el plantón. Inmediatamente se llamó a Coclesito para alertar a las comunidades y, al llegar al mediodía a Nazareno, el jefe de los antimotines, con los tres vehículos a sus espaldas, y las comunidades, nos esperaban gracias a una tregua de una hora que habían solicitado los manifestantes.
Con las citadas personas llegaron dos periodistas de La Estrella de Panamá.
La intervención de tres vehículos antimotines el sábado 23 de mayo fue una violación por parte del Gobierno del espacio de diálogo abierto el sábado 16 de mayo.
El sábado 23 Yao le explicó al jefe de los antimotines -- que llegó con instrucciones de “despejar la carretera” -- que estaba abierta y pendiente una solución entre el gobierno y las comunidades desde el sábado 16; que se debía esperar la respuesta oficial el martes 26, y se le entregó al jefe del pelotón, una decisión escrita de las comunidades en respuesta a la acusación de las mineras de que se estaba interrumpiendo la “libertad de tránsito” y el “orden público.” Petaquilla Gold se quejaba de que no estábamos permitiendo el paso a los obreros y allí se decidió suspender la prohibición, conforme al texto siguiente, entregado al jefe del pelotón:
“Siendo las 11:40 a.m. del día 23 de mayo, en asamblea general de todas las personas que estamos ubicadas en la comunidad de Nazareno, protestando en contra del proyecto minero, hemos decidido dejar pasar a todos los trabajadores toda vez que pasen caminando, y solamente hasta el día martes 26 de mayo, cuando nos visite nuevamente el gobernador de Colón, Julio Kennion.
Queda claro, entonces, que sólo pasarán las personas caminando y no así vehículo, ni equipo pesado del proyecto minero. Pasarán entonces los vehículos comerciales, de pasajeros, oficiales, vehículos de la mina con enfermos. Y con esto exigimos la suspensión total de las labores en sitio planta”.
El profesor Yao le explicó al jefe de los antimotines que el único “orden público” violado lo violaron las empresas mineras, que habían fracturado y expropiado muchas fincas y construído vados que impedían el libre tránsito de los botes por los ríos, que son las carreteras del campesino y el indígena en Petaquilla; que la empresas habían violado el orden de la vida, al contaminar las aguas sin las que no se puede vivir. Yao le explicó al jefe de los antimotines que la Policía cometería un grave error si intervenía con fuerza para desalojarnos, toda vez que interrumpiría un espacio abierto por el propio gobierno (el alcalde de Donoso y el gobernador) y que metería en problemas al propio presidente Torrijos, que sería responsable de dejarles las aguas envenenadas al nuevo presidente electo Ricardo
Martinelli, de quien esperábamos una respuesta.
Dicho esto, y entregada la decisión arriba transcrita, los antimotines regresaron a Penonomé, seguidos por quienes habíamos venido de Panamá. Este hecho fue celebrado por las comunidades como un éxito inusitado en la historia de la protesta popular.
-- 16 de mayo: un representante del Alcalde de Donoso intenta despejar el cierreYa el sábado 16 de mayo, el licenciado Portocarrero, representante del Alcalde de Donoso, se había presentado al campamento para conocer las razones del cierre, acompañado por la Corregidora Saturnina Ortega y el Jefe de la Policía de Coclesito.
Los moradores explicaron múltiples razones por las cuales rechazaban la presencia minera metálica en la región, indicando que Petaquilla Gold estaba en abierto desacato a las autoridades del Estado, habida cuenta de que la Autoridad Nacional del Ambiente le había impuesto el 13 de noviembre de 2008 a la empresa una multa, una sanción y la orden de suspender actividades, en vista de que no contaban con un Estudio de Impacto Ambiental y llevaban a cabo una lesión enorme a los ecosistemas no susceptible de mitigación.
Además, las mineras jamás han consultado a las comunidades para lograr su aprobación al proyecto, tal como lo mandatan las leyes ambientales. El profesor Yao le explicó al representante del Alcalde que el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla apoyaba y exigía una acción enérgica del Estado para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la república y que, ante la evidente falta de voluntad política del gobierno, las comunidades se convertían en el mejor auxiliar de la ley para defender el derecho más importante, que es el derecho a la vida, amenazada directamente por la minería a cielo abierto en Petaquilla.
A lo largo de tres horas, el vocero le explicó al licenciado Portocarrero que la solución del problema no es competencia de la Alcaldía, ni de la gobernación de Colón, sino del presidente Martín Torrijos y del presidente-electo, Ricardo Martinelli, aunque las comunidades estarían dispuestas a explicar su posición al ministro designado de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez.
El licenciado Portocarrero se comprometió a llevar el mensaje a instancias superiores y a traer alguna respuesta del Estado en la semana del 18 al 22 de mayo, mientras que se gestionaba una cita con el presidente Martinelli. Julio Yao explicó que se había abierto un proceso de negociación, y que ni el gobierno ni el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, debían hacer nada que entorpeciera este proceso.
Pero al día siguiente, domingo 17, la familia Bernal, residente en San José del General, colocó una barricada a primeras horas de la mañana para impedir el paso de vehículos de la empresa, a 15 minutos del cierre principal. Al poco tiempo se apersonó el exmayor Felipe “Pipe” Camargo acompañado de 20 hombres armados con varillas de hierro de tres pies de largo por tres cuartos de pulgada de ancho, para eliminarla, amenazando de muerte a los cuatro miembros de la familia, de los cuales dos son mujeres.
El señor José de la Luz Bernal denunció ante la Dirección de Investigación Judicial el 19 de mayo, que la barricada era para recordarle a Petaquilla Gold que no le ha pagado un solo centavo por las 2.4 hectáreas de terreno de su finca titulada, que les fue cercenada de su propiedad titulada en el año 2006 para construir la carretera, propiedad que se ofreció a dos Balboas el metro cuadrado.
El abogado Gabriel Carrizo y Alvaro Tejeira, según Bernal, le contestaron que el gobierno le daría dos Balboas por las 2.4 hectáreas (24 mil metros cuadrados), para que Bernal los compartiera con su hermano. Para confundir y lograr que los campesinos abandonen la lucha, Camargo afirmó que los campesinos “están perdiendo el tiempo serenándose por gusto, pues a Julio Yao y Celma Moncada la empresa les está pagando”.
Próximas actividades del Comité pro Cierre de Mina Petaquilla
Una vez liberados los detenidos el 26 de mayo, se llevó a cabo una asamblea de 11 p.m. a 4 a.m. del 27 de mayo, en la que se
decidió realizar una caminata el viernes 5 de junio, Día del Medio Ambiente, desde el sitio del campamento destruído en Nazareno hasta Coclesito, donde se llevará a cabo un mítin y una vigilia. El domingo 7 de junio las poblaciones afectadas por la minería a cielo abierto se darán cita en Coclesito para realizar un Cabildo Abierto de Comunidades Campesinas e Indígenas y decidir el Plan de Acción a seguir.
El Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, que aglutina la representación de más de 55 comunidades de la región, y las suscritas organizaciones asociadas, que integran a miles de comunidades campesinas e indígenas de Colón, Coclé y Panamá, acusan al gobierno del presidente Martín Torrijos de contubernio y complicidad con las empresas Petaquilla Gold y Minera Panamá y de ser incapaces de anular el contrato leonino e inconsulto de 1997 que le regala a comerciantes panameños y extranjeros aquellos recursos y riquezas naturales que, según el Derecho Internacional, deben quedar al amparo de la soberanía nacional para el beneficio del pueblo panameño.
¡AQUÍ NO SE RINDE NADIE, CARAJO!COMITÉ PRO CIERRE DE MINA PETAQUILLAOrganizaciones asociadas:Julio Yao, Carmencita Tedman MacIntyre: Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas (CONADETIAGUAS).María Muñoz, Coordinadora Campesina por la Vida.Fredesbindo Sáez, Coordinadora de Pobladores Colonenses por el Derecho a la Vida, la Tierra y la Dignidad.Rubén Bernal, Asociación de Productores Agrícolas de La Pintada.Celma Moncada, Fundación Humanitas.Anabel Herrera, Liga para la Defensa Ambiental y Animal.Carmencita Tedman MacIntyre, Cecilia MacIntyre, Elvia Lefevre, Asocición pro Defensa de las Cuencas Hidrográficas.José Arroyo, Comité de Defensa de Colón.Julio Yao, Servicio Paz y Justicia en Panamá (Serpaj-Panamá).
Firma responsable y para mayor información: Julio Yao 6634-6123; María Muñoz, 6623-3575. |
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Minera Los Pelambres persigue judicialmente a dirigentes y abogados defensores |
Los esfuerzos de la minera Los Pelambres, por derribar a este grupo de profesionales la llevó a acusar a los socios Ramón Angel Ossa, Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y al abogado Iván Sanhueza de los delitos de prevaricación de abogados, de suscripción engañosa de documento y de asociación ilícita. Así mismo, denunciaban a Cristián Flores, dirigente acusado de desorden público y asociación ilícita.
Inquietud existe entre los abogados de la comunidad de Caimanes.
Desde hace varios años, la comunidad de Caimanes se encuentra en una disputa legal con la Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, por la instalación de un tranque de relaves tóxicos, que perjudica la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad de la cuarta región.
Esto llevó a que la minera levantara un proceso en contra de los abogados de la comunidad, que a juicio de Sandra Dagnino, una de las juristas acusadas, ha estado repleto de situaciones anómalas.
“Se nos acusa de haber inventado la contaminación para obtener un beneficio de la minera y resulta que el tribunal no admite a prueba los exámenes que dicen que en muestras de aguas subterráneas cercanas a la cortina, tienes manganeso sobre nueve mil unidades, mientras que la norma chilena es de 100. Recurrimos al Tribunal Constitucional porque consideramos que es una ilegalidad que una de las partes no pueda apelar a una resolución tan agraviante como es que dejen evidencias tan fundamentales fuera de tu defensa”, precisó la legista.
La abogada, sostiene que existe una clara desventaja en la investigación, que favorece la postura de la minera.
“Hay antecedentes de la Contraloría General de la República que dicen que hay una serie de problemas con sitios arqueológicos. Se despachó la orden de investigar sobre estos lugares y la contaminación de las aguas y la minera no dejó entrar a la Policía de Investigaciones. Cuando la Brigada de Delitos Ambientales pide autorización a la Fiscalía, que está para investigar, se le niega. Si eso no es desventaja, no sé lo que es”, inquirió.
Sandra Dagnino descartó además que con la presentación de estos recursos se haya buscado retrasar el inicio del juicio oral, sino que simplemente quisieron incorporar elementos esenciales que han sido desechados, a la causa.
El proceso se inició luego de que los abogados fueran formalizados en abril de 2010 por los delitos de prevaricación, asociación ilícita y suscripción engañosa de documentos.
Según la postura de la Minera, los ilícitos fueron cometidos con la finalidad de engañar a los pobladores de Caimanes y obtener un provecho económico de diversas acciones interpuestas con el objeto de paralizar la operación del tranque. Algo que ha sido rechazado por los abogados y por la misma comunidad. |
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Justicia Méxicana detienen a tres afectados que protestaban por contaminación de minera |
Tres afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, quienes participaron en el bloqueo de la carretera federal 14 Hermosillo-Ures el pasado fin de semana, fueron trasladados este lunes al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 4, con sede en Tepic, Nayarit.
Los detenidos fueron identificados como Juan Francisco Maldonado Canizales, Martín Romero Contreras y Eligio Figueroa Moreno.
De acuerdo con testigos, cerca de las 21:00 del sábado 11, un grupo de policías federales antimotines arribó hasta el bloqueo para reabrir a la fuerza la circulación de esta vialidad.
En el lugar quedaron niños y mujeres heridos, bajo el argumento de que es un delito la obstrucción de una vía federal de comunicación.
Éricka Corral Domínguez, cuñada de Maldonado Canizales, relató que desde las primeras horas del sábado los federales llegaron al lugar para acabar con el bloqueo, pero esperaron hasta la noche para agredir a los inconformes.
“Se los llevaron muy rápido y lo hicieron para infundirnos temor porque los federales y las cosas no debieron llegar a tanto”, lamentó.
La noche del sábado los aprehendidos fueron llevados a las instalaciones de la PGR Sonora y la mañana de este lunes fueron trasladados al penal nayarita de El Rincón. Desde entonces permanecen incomunicados.
A ocho meses del derrame de 40 millones de litros de metales pesados y sulfato de cobre ocurrido en la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, los pobladores de Ures, así como de los otros seis municipios afectados, aún carecen del abastecimiento de agua potable, de eficaces servicios de salud, del pago de indemnizaciones y la reactivación de la economía regional.
Paralelo a este bloqueo, el próximo jueves se cumplirá un mes que el Frente Todos Unidos contra Grupo México, conformado por damnificados y mineros de la Sección 65, tomó el centro de abastecimiento de agua Los Patos, lo que origina pérdidas al consorcio por el orden de los 4 millones de dólares diarios.
La solución a estas manifestaciones podría concretarse hasta el próximo 7 de junio porque con la llamada “veda electoral”, impuesta el 6 de marzo, se suspendió el pago de indemnizaciones a damnificados por parte del Fideicomiso Río Sonora.
Fuente: Revista Proceso |
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Lideres campesinos del departamento de Santander fueron detenidos por defender su territorio |
A las 3:00 A.M del pasado miércoles 15 de abril de 2015 el CTI de la Fiscalía, el ESMAD de la Policía y otros uniformados de la Policía Nacional de Colombia, por orden de la Fiscalía 2da de Cimitarra-Santander, realizaron allanamientos en diversas casas de líderes defensores de los derechos ambientales en las veredas Quebrada Larga y Puerto Rico. Se produjo la detención del LÍDER CAMPESINO MANUEL GÓMEZ.
Según información de la comunidad, las entidades nombradas anteriormente tienen un listado mayor de personas a detener. Los hechos son narrados por la comunidad de la siguiente manera:
“A las 3 am del día 15 de Abril de 2015 un gran número de vehículos llegaron a Tienda Nueva, vereda Caño Bonito, municipio de Vélez, Santander, entre ellos 4 turbos tipo camión con ESMAD de la Policía Nacional y siete camionetas de las cuales cinco blancas y dos a color (dando un total de 11 vehículos) en los que se transportaba la Policía y la Sijin. Dos grupos de estos se desplazaron hacia la vereda Quebrada Larga, llevando un número de 9 vehículos los cuales llegaron a la CASA DE LA SRA. LUZ MILA GUIZA HIGUERA, en este lugar violentaron las puertas de la vivienda, intimidaron a los menores que dormían en su habitación encañonándolos con las armas de dotación obligándolos, a que estuvieran levantados. Uno de los policías o Sijin iba con el rostro encapuchado. Después de registrar la casa minuciosamente y al no encontrar nada llaman a la Sra. Luz Mila Guiza a que les firme el permiso de allanamiento, a lo que ella se niega voluntariamente. Luego de intimidarla a mano armada y causarle mucho pánico” ella afirma.
Otro grupo se desplazó hacia la CASA DE LOS SEÑORES ARTURO GONZÁLEZ Y LUIS ALBERTO GONZÁLEZ preguntando por el paradero de Luis Alberto. Luego de registrar la vivienda y no encontrar nada se retiran hacia la casa del Señor Arturo González, hablan con la empleada y le preguntan por su esposo. Aprovechando que un niño salió de su casa, lo intimidaron tratando de sacarle información, la mamá les dicen que con él no hablen que es menor de edad y que se retiren.
De la misma forma lo hicieron en la VIVIENDA DEL SEÑOR PASIÓN ARIZA GALEANO, causando pánico e intimidación a esa hora de la mañana. Un grupo de dos vehículos se desplazaron hacia la vereda de Puerto Rico, a las 4:00 A.M, llegando hasta la casa del Señor Manuel Antonio Gómez, el cual fue sorprendido durmiendo por miembros de la policía. Después de presentarse con argumentos engañosos lograron que la empleada abriera la puerta, a la cual le manifestaron que se trataba de una requisa o allanamiento. El dueño de la casa al escuchar los gritos decide levantarse ha atender el llamado de las autoridades ya que nunca ha sido notificado por la justicia. En el momento en el que sale el SEÑOR MANUEL ANTONIO GÓMEZ se ve sorprendido por los agentes que le dicen que se trata de una CAPTURA y le leen los cargos por los que es acusado “entorpecer el paso de la ley”, luego lo esposaron y subieron a una de las camionetas y se marcharon.No se entiende cómo, mientras el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón habla de comprometer al país y todos sus habitantes en el trabajo para enfrentar el cambio climático, el mismo Estado ARRESTA A LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE ante una LICENCIA AMBIENTAL QUE VIOLA LA LEY COLOMBIANA y una explotación minera que violenta los derechos ambientales y de salubridad de las comunidades de 8 veredas de los municipios de Landázuri y Vélez en Santander, Colombia.
Se reitera que las comunidades de las 8 veredas protestan desde el 22 de Julio de 2014 para defender la zona de Río Blanco – Caño Bonito de Landázuri y Vélez, Departamento de Santander, Colombia, ante el inicio de actividades de una mina de carbón a cielo abierto y por socavón. Las comunidades manifiestan varias razones para exigir la revocatoria de la licencia ambiental y del título minero, razones que como RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y
PAZ, integrada por 75 organizaciones sociales y eclesiales de 25 departamentos del país, apoyamos:
1.El Título minero FHD – 161 de Invercoal – SRSS Resources Min SAS, con una extensión de 4.392 Hectáreas, está totalmente superpuesto con la reserva forestal del Río Magdalena establecida mediante la ley 2 de 1959. Según documento del Ministerio del Medio Ambiente. Y no se realizó la sustracción previa de área para el otorgamiento de licencia, ni para la autorización de inicio de actividades, como lo manda la ley.
2.Se argumenta por la CAS que el título está en el distrito de manejo integrado de la serranía de los Yariguíes, lo cual en vez de facilitar la explotación, hace que esté en zona de doble protección: este distrito y ley 2 de 1959
3.La contaminación que se realiza por lo autorizado en la licencia ambiental mediante resolución DGL 1162 de 21 de octubre de 2010 va a privar de la pesca a más de 200 familias campesinas de veredas vecinas, y, llegará al complejo de humedales cercanos a Barrancabermeja, y, llegará a cerro de armas (5km en línea recta) sitio estratégico del parque de los Yariguíes.
4.Los estudios se han presentado para el 10% del territorio del título minero, varios documentos en el expediente de la CAS están sin las firmas de los profesionales, y, la licencia se concedió para el 100% del título minero. Dentro del 10% presentado se afectan 8 afluentes de agua: Río Blanco, quebrada innominada en documento de la CAS, causes naturales que conducen a río Blanco, corriente que lleva quebrada caño solo, quebrada Ariza, quebrada Cañas, Quebrada Ayala, quebrada Larga.
5.Las consecuencias del carbón (60.000 toneladas mensuales de extracción por 30 años) van más allá del 10% que dicen será la mina y así sólo fuera ese el territorio, la contaminación afectará a toda la zona del título minero y más allá.
6.La licencia ambiental global para todo el territorio del título afecta la zona de mayor riqueza agropecuaria y ambiental del municipio de Vélez.
7.En la zona del título minero, de gran biodiversidad, hay especies de animales en vía de extinsión: mono ahuyador, loro oreji amarillo, loro cabeza amarilla. Otras especies que desaparecerán como babillas, tortugas, oso hormiguero, loro común y muchas otras especies de aves, mamíferos y reptiles.
8.Los lineamientos territoriales de Santander, aprobados por la asamblea departamental y el Gobernador Richard Aguilar dicen: que el 12% del territorio departamental con títulos mineros es inviable. Que se debe reducir al 6%. Y que se hará todo por reversar los títulos que están en zona de reserva. Este título tiene doble protección y es una oportunidad para que el Gobernador cumpla con lo que aprobó y está obligado a ejecutar.
9.No podemos aceptar la llamada “legalidad” y “minería responsable” que viola la ley ambiental colombiana y vulnera derechos de las comunidades campesinas.
10.La socialización del proyecto está viciada totalmente, porque nunca se presentaron los estudios técnicos y los alcances del proyecto en toda sus dimensiones a las diferentes comunidades.
11. La desinformación ha sido constante. Existen grabaciones en donde el representante de la empresa minera dice que el proyecto afecta 2Has/año, otras que 6Has año. Que luego de sacar el carbón se deja el terreno como se encontraba previamente, utilizando la capa vegetal previamente separada. Esto es imposible ¿De dónde van a sacar 720.000 toneladas año para dejar el terreno como se encontraba?
11.Se ha pedido una comisión de verificación de informaciones, para que desde la técnica se vea la cantidad de fallas en el proceso de la licencia. A esto se responde con fuerza irracional. Ni siquiera se escuchan las alertas tempranas donde se advertía, entre otros, que el puente de río Blanco no estaba capacitado para más de 18 toneladas. Y dañan el puente al pasar la maquinaria ¿Quién responderá ante la ley y las comunidades por esto?
12.A los campesinos de tiempo atrás el Incoder les ha negado la titulación de sus predios con el argumento de encontrarse en Ley 2 de 1959. A la
empresa minera le adjudican título en Ley 2 de 1959. Esto viola el derecho constitucional a la igualdad para los habitantes de 8 veredas de Landázuri y Vélez.
Por todo lo anterior exigimos al Estado Colombiano la liberación inmediata del Defensor de los Derechos Ambientales de las comunidades de Río Blanco – Caño Bonito, Don MANUEL GÓMEZ y cancelar las demás órdenes de captura a los Defensores de los Derechos Ambientales de las comunidades e investigar las irregularidades denunciadas por la comunidad.
Bogotá, abril 16 de 2015
RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y PAZ |
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Detienen a dirigente opositor a proyecto Tía María, Jesús Cornejo |
A las 10 de la mañana fue detenido Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, una de los dirigentes representativos de los agricultores opositores al proyecto minero Tía María.
El hecho se registró cuando Cornejo se encontraba transitando por las inmediaciones del sector El Fiscal, en el distrito de Cocachacra que forma parte del Valle de Tambo.
Según reporta un grupo de manifestantes, el dirigente se encuentra ahora en la sede de Seguridad del Estado, a la espera de que se defina su situación.
La detención de Cornejo era algo que él mismo se esperaba. Medios de información que llegaron a la zona daban cuenta de un afán policial por lograr su detención. Esta finalmente se logró horas después de la visita de Cateriano a la provincia de Islay con un mensaje contradictorio sobre el diálogo.
Cabe recordar en este punto lo expresado por el presidente del Consejo de Ministros a su llegada a Mollendo, capital de la provincia, para participar de la instalación de dos submesas de trabajo.
En ese marco, Cateriano exhortó públicamente al Fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial a detener y denunciar a las personas que realicen disturbios en Arequipa, con motivo de las protestas en contra del proyecto Tía María de la empresa Southern Perú.
Sobre la situación de Cornejo, el abogado que ve su caso, de apellido Herrera, señaló que esta depende de la fiscal de Mollendo Jasit Zevallos.
Si Zevallos lo denuncia y pide detención preventiva por 9 meses, el caso pasará al Poder Judicial y será un juez quien determiné si queda en libertad o queda detenido, explicó Herrera.
Según información que recogió este último, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo fue detenido cuando se encontraba sentado en una berma junto con otros compañeros, esperando a la comitiva de dirigentes que venía de Arequipa.
Ante las noticia de su detención, las expresiones de solidaridad no se han hecho esperar.
Los primeros en pedir su liberación fueron sus compañeros de lucha Helard Valencia, alcalde del distrito de Cocachacra, José Ramos, alcalde de Punta de Bombón y Jaime de la Cruz, de Deán Valdivia. Asimismo, el secretario del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez.
De otro lado, mientras la población del Valle reafirmaba su vocación de lucha contra el proyecto, en el Congreso se desarrollaba un debate en torno a la viabilidad de Tía María. Relucieron las voces de varios congresistas que echaban por tierra las afirmaciones de Cateriano sobre que el Perú es un “país minero”.
Con cifras en la mano, el parlamentario por Cajamarca Jorge Rimarachín destacó la rentas que genera la agricultura que se encuentran por encima de las que genera la minería y las oportunidades de trabajo muy superiores que genera.
Fuente: Servindi |
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Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para dirigente Jesús Cornejo |
El fiscal Álvaro Torres solicitó nueve meses de prisión preventiva por los supuestos delitos de obstrucción de vía y desacato a la autoridad contra el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo y el ciudadano Roger Manuel Ramos Flores.
Este pedido se realizó a 24 horas de efectuada la detención de los opositores al proyecto minero Tía María en la zona de El Fiscal en la provincia de Islay.
La audiencia para revisar la solicitud se realizará el sábado 18 de abril a las 6:00 de la tarde en las instalaciones del Poder Judicial de Arequipa.
16 de abril de 2015
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN |
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35 asambleístas denunciados por Minera MIDAIS en Famatina |
En el Juzgado Instruccional Número 1 de Chilecito, en La Rioja, la Empresa Midais radicó una denuncia penal contra 35 asambleístas que reclamaban contra la extracción de oro en la localidad de Angulo, en el departamento de Famatina
El abogado de la minera salteña MIDAIS, Daniel Adolfo Luna, visitó los estudios de Radio Fénix y denunció a los asambleístas antimineros que se convocaron en Angulos para evitar la extracción de oro. Aseguran que amenazaron con armas de fuego a los trabajadores de la firma y que incendiaron con nafta el campamento. El letrado aseguró que entre las más de 35 personas se encontraban la diputada provincial Lucía Avila, el intendente Ismael Bordagaray y el cura párroco Omar Quinteros. |
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Encarcelan a 34 indígenas en Colima por protestar contra minera |
La Procuraduría General de Justicia de Colima (PGJE) consignó a 34 indígenas nahuas detenidos después de manifestarse en la minera Peña Colorada y retener a tres empleados de esa empresa, por los delitos de secuestro consumado, despojo y daños.
A pesar de las negociaciones entre los secretarios de gobierno de Jalisco y Colima, la Procuraduría de Justicia colimense consignó a 34 nahuas de Ayotitlán detenidos en el desalojo violento del pasado 22 de julio.
El pasado 23 de julio, más de 300 indígenas del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, se plantaron en el acceso de esa compañía, en el municipio de Minatitlán, Colima, para exigir mil millones de pesos por 50 años de usufructo de mil 200 hectáreas que, aseguran, son de su propiedad.
Los ejidatarios son acusados de secuestro consumado, despojos y daños en las cosas, lo que impide su liberación bajo fianza y podrían recibir condenas de hasta 40 años de prisión.
El pasado miércoles, más de 500 indígenas nahuas fueron desalojados cuando reclamaban la restitución de dos mil hectáreas en poder de la minera Peña Colorada.
A pesar de que los ejidatarios de Ayotitlán contaban con un amparo, el secretario de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, dijo que fueron “malinformados” porque las 192 hectáreas en las que trabaja la minera no forman parte de la suspensión que se dictó a su favor.
Sin embargo, el funcionario reconoció que el gobierno estatal apenas revisa los alcances de la resolución dictada a favor del ejido de Ayotitlán pero, según la información que tienen, la minera no violó el mandato judicial.
López Lara no aclaró si habrá consecuencias por la entrada de la Policía de Colima a territorio jalisciense para desalojar a los ejidatarios y dijo que hay “buena relación” con el gobierno de esa entidad
A decir de Félix Monroy Rutilio, uno de los ejidatarios, el día de la protesta la empresa pagó 14 millones 805 mil pesos, no para que liberaran a los tres trabajadores de Peña Colorada, sino como pago de la renta 2015-2016. Detalló que el depósito se hizo mediante transferencia en dos emisiones: una a las 14 horas y otra a las 17:30 horas.
Según Monroy Rutilio, el mediodía del 23 de julio los ejidatarios partieron a Minatitlán y cerca de las 18 horas fueron atendidos por el asesor legal de Peña Colorada, David Cárdenas.Están fabricándoles delitos. La Procuraduría de Justicia actuó por órdenes de la minera, aseguró.
Relató que minutos después llegaron policías estatales con una tanqueta, comenzaron a aventarles piedras y los campesinos respondieron de la misma manera. Luego hubo disparos y un joven campesino resultó herido en una pierna y sigue hospitalizado.
El procurador de Colima, Marco Santana Montes, informó que los 34 nahuas podrían alcanzar penas hasta de 40 años de prisión, sin derecho a fianza.
(Con información de La Jornada y Notisistema.com)
Fuente: Regeneración |
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Policías y guardia privada inician desalojo en Tundayme |
Personal de la empresa minera Ecuacorriente S.A acompañado de policías y militares se encuentran en la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, Zamora Chinchipe, desalojando a los habitantes de la zona que se encuentran defendiendo su territorio.
“A las 06:00 de la mañana ingresaron a la vivienda de los herederos Uyaguari-Guaman y sacan todas las cosas hacia la calle, esto es un eminente desalojo violento. No se notifico, los comuneros no han ejercido el derecho a la defensa”. Cascomi denuncia que este desalojo se está repitiendo con otras viviendas de otros comuneros de la zona.
Hace dos semanas la Comunidad Amazónica de Acción Social "Cordillera del Cóndor Mirador” (Cascomi) denunció que personal de la empresa transnacional minera Ecuacorriente S.A ingresaron con dos máquinas excavadoras y un equipo de perforación al sector de Wawaim, comunidad amazónica Cordillera del Cóndor, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe.
Con esto se causará nuevos daños ambientales y sociales a la comunidad. Aproximadamente cien hectáreas serán afectadas por los trabajos relacionados con actividades mineras pues se destruirá el ecosistema para la apertura de caminos y plataformas para perforaciones. Al momento se han realizado tres perforaciones y seis plataformas están listas para las excavaciones.
Alertamos a las autoridades del Estado ecuatoriano y a las organizaciones de derechos humanos del país y del mundo que Ecuacorriente S. A está causando daños ambientales y sociales irreparables a los comuneros al realizar desalojos violentos a vista y paciencia de las autoridades competentes y la justicia parcializada de Ecuador.
Cascomi responsabiliza al Estado ecuatoriano y a sus gobiernos de turno por todos los daños ambientales y sociales causados en el territorio y serán responsables directos por daños a la integridad física de los comuneros que están defendiendo su tierra al impedir que personas de la minera continúen ingresando a causar más daños en los terrenos de dicha comunidad.
Contacto de prensa:
Luis Sánchez, presidente de CASCOMI
(593) 0967415485 |
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Represión en San Juan: varios heridos y 23 detenidos en el piquete contra la Barrick Gold |
En la madrugada de este 23 de octubre, la policía de la localidad sanjuanina de Jáchal reprimió a los asambleístas que se encontraban bloqueando el ingreso de la empresa Barrick Gold, tras un derrame de un millón de litros de agua cianurada ocurrido hace un mes y que envenenó el agua los ríos de la zona.
El saldo de esta violenta acción ordenada por el juez Pablo Oritija fue la detención de 22 personas que fueron trasladadas primero a la Comisaría Nº 22 de Rodeo y recientemente a la de Jáchal.
La información que brinda la justicia es poco clara en relación a la situación de los detenidos, por lo cual diversas organizaciones sociales, políticas y de DDHH manifestaron su preocupación por la seguridad de los asambleístas.
Cabe agregar que los testimonios dan cuenta de que los periodistas, al identificarse, recibieron el "privilegio" de poder retirarse antes de la represión, sumado a la advertencia de ser detenidos si se quedaban a registrar. Este hecho demuestra cómo se intenta manejar la información en las provincias mineras: quienes guardar silencio, se salvan; quienes intentan reflejar la realidad y difundirla, terminan presos o judicializados.
Fuente: Red Nacional de Medios Alternativos |
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Gerentes de ZAFRANAL no solucionan Conflictos |
La conpañia minera Zafranal no soluciona los conflictos con los pueblos de influencia y tampoco con los dueños Lejitimos de la Superficie. |
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Ex Regidor es detenido por acusaciones de minera Yanacocha |
El ex regidor y líder ambientalista del distrito de Baños del Inca, Fernando Chuquiruna Gallardo, se encuentra detenido en la sede del Poder Judicial en la región de Cajamarca.
Las circunstancias de su arresto no pudieron ser más tristes para él y su familia. Cuando quedaba poco para despedir el 2015, el 31 de diciembre, Chuquiruna fue detenido.
Esto a raíz de una denuncia que Yanacocha, nada menos que la compañía de oro más grande de Sudamérica, le impuso por el supuesto daño que habría causado a suelo forrajero de la empresa en el anexo La Shacsha-Baños del Inca.
Según el ex regidor y abogado de profesión, el verdadero motivo de su detención es por estar comprometido en la defensa de los acuíferos de dicha zona en el distrito cajamarquino.
Precisó así, en un comunicado público, que en esta área sembró plantones de Puno con la finalidad de conservar los escasos recursos hídricos que quedan en la zona.
“Hoy me encuentro detenido por haber sembrado árboles en el anexo La Shacsha con la finalidad de conservar nuestros pocos recursos hídricos que nos quedan y mitigar la contaminación ambiental que produce Yanacocha con su actividad minera”, explicó.
Chuquiruna precisó de otro lado que el área que intervino no presentaba forraje sino pasto natural, lo que se conoce como ichu.
Informó que le han notificado que el inicio de juicio oral está programado para el martes 5 de enero a la 9:00 a.m. en el Quinto Juzgado Penal Unipersonal, sede Qápac Ñan.
El ex regidor ha recibido la solidaridad de amigos y compañeros de lucha así como del propio gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, quien consideró que el Poder Judicial actuó de forma muy ligera. |
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Dos detenidos por manifestarse contra minera Andes Cooper |
Un grupo de vecinos del sector Las Coimas, en su mayoría jóvenes, decidieron interrumpir el tránsito en la carretera E-71 a la altura del Paradero 25, levantando barricadas para sumarse a la oposición de la comunidad hacia el proyecto minero de Andes Copper al interior de Los Patos.
La manifestación comenzó pasadas las 21:00 horas cuando el tránsito fue suspendido por los residentes del sector, quienes con neumáticos y otros elementos procedieron a encender una barricada y a instalar lienzos contra la compañía minera canadiense, el Diputado Marco Antonio Núñez, a quien tildaron de “vendido” y contra Enríque Correa, presidente de Imaginacción, además de gritar consignas en defensa del agua.
Los automovilistas que se encontraron con la manifestación decidieron retornar en ambos sentidos e ingresar y salir de Putaendo a través de Quebrada Herrera, mientras que transcurridos varios minutos comenzó a llegar un pequeño contingente de Carabineros, que a eso de las 22:00 horas vio reforzada su labor con la llegada de un bus de fuerzas especiales.
A través de Radio FM Vida, el Teniente de Carabineros Ángelo Acevedo daba aviso que no habría diálogo entre los uniformados y los manifestantes, tornándose más tensa la situación cuando desde el móvil de fuerzas especiales comenzaron a arrojar bombas lacrimógenas directamente hacia las personas, entre las que incluso se encontraban algunos adultos mayores y niños que a distancia observaban lo que ocurría y que se vieron afectados por el efecto del gas.
Los manifestantes se dispersaron hacia los sitios colindantes a Calle Ernesto Concha para ingresar hacia los cerros del sector, produciéndose nuevos enfrentamientos con personal de Carabineros.
Tras la manifestación y hasta el cierre de esta edición sólo se registraron a dos personas detenidas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, acusados de maltrato de obra a Carabineros, pues en el transcurso de la protesta se arrojaron piedras a vehículos y funcionarios policiales.
“El agua es nuestra” “Fuera la Minera de Putaendo” “Núñez vendido, Correa Corrupto” eran parte de las consignas que los manifestantes dejaban sentir durante la protesta, sumándose al llamado a la oposición al proyecto minero de la empresa Andes Copper al interior de Los Patos.
Algunos sectores de Las Coimas se vieron afectados por cortes de luz, mientras que el tránsito en la carretera E-71 fue restablecido pasadas las 22:30 horas. |
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Detienen a Gervasio Osuna, opositor a mina Paradox |
El ingeniero Gervasio Osuna Contreras, secretario de minería de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y hombre cercano al diputado federal, Heriberto Galindo Quiñónes fue aprehendido por la Policía Ministerial del Estado la tarde de este martes como presunto incitador del bloqueo a la mina Paradox, que opera en el ejido Potrero de Cancio, Choix.
La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de despojo agravado que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix dictó en el expediente 32/2013, iniciada por denuncia de hechos de la minera Paradox y su representante legal, María Hermila Márquez Rodríguez.
A Osuna, el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Choix le imputó cargos de incitar al bloqueo mediante el aleccionamiento de los campesinos a tomar el camino, bloquearlo con troncones, cercarlo con alambre de púas y financiar la movilización.
Del caso de Paradox contra los ejidatarios de el Potrero de Cancio falta por detener al presidente del comisariado ejidal, Ramón Corrales Vega, que enfrentará cargos iguales a los de Gervasio Osuna, por declaraciones manipuladas.
Corrales Vega nunca estuvo en el bloqueo y cuenta con pruebas documentales que asentó en actas de que rechazaba la movilización, pero estas no le fueron incluidas en el expediente para convertirlo en culpable de un delito que no cometió. El gobierno de Mario López Valdez pretende encarcelarlo como advertencia a futuras movilizaciones sociales, dijo en su momento.
Los cargos contra Osuna y Corrales vega fueron producto de declaraciones manipuladas de los 32 campesinos detenidos en la víspera del bloqueo que pretendía recuperar la mina de mineral de hierro que explota Paradox, sin pagar regalías.
Los campesinos dijeron que las declaraciones fueron asentadas por el fiscal actuante, pues nunca declararon lo que aparece en las diligencias y que las firmaron por ignorancia y temor a ser asesinados por los agentes ministeriales que los custodiaban.
Del caso 32/2013, la Policía Ministerial del Estado aprehendió a 32 campesinos, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó acción penal contra 28. De estos, una de las detenciones fue calificada como ilegal y se decretó auto de libertad contra 13 personas por falta de elementos para ser procesarlos, en tanto que 14 fueron recluidos en la cárcel sin derecho a fianza.
Este es el primer caso en que se castiga penalmente y con prisión una movilización social. Y es que los actuales diputado locales consideraron como delito grave todo bloqueo cometido por dos o más personas contra particulares. Y aunque es delito grave, el delito no es oficioso y se persigue por denuncia de parte, la cual puede otorgar perdón.
El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez y su secretario de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, así como el alcalde de Choix, Juan Carlos Estrada Vega ofrecieron gestiones en favor de los presos, pero todos mintieron. |
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REPRESIÓN EN ANDALGALÁ POR DEFENDER LA VIDA |
Los vecinos de Andalgalá han sufrido una fuerte represión policial al intentar desalojarlos de la ruta, donde están asentados en rechazo de la instalación de una minera. Hace pocos días, el intendente había dicho que, si era necesario, iba a matar a los asambleístas. Hay heridos y detenidos.
La represión dejó de ser una amenaza para convertirse en realidad. El gobierno local y las mineras reconocen de este modo que más de 6.000 personas marcharon en la última movilización exigiendo la paralización de La Alumbrera e impedir el inicio de Agua Rica, dos megaproyectos mineros de alto impacto contaminante. Andalgalá se ha puesto de pie y resiste en estos momentos la represión de fuerzas especiales enviadas por el gobierno y las mineras.
En estos momentos las fuerzas especiales que reprimen a los asambleistas de Andalgalá "tiran gases, balas de goma, arrastran a la gente de los pelos y a patadas los meten en la comisaría”. En Chaquiago, lugar del enfrentamiento frente a la escuela y en la propia asamblea El Algarrobo, tiran a la gente al suelo y es apaleada. Detrás de la policía en pleno corte aparecen unas máquinas para la explotación minera. El enfretamiento entre el pueblo de Andalgalá y la policía es total. La gente intenta juntarse en la plaza pero es impedida de ir hacia el lugar del enfrentamiento en pleno corte de ruta. La gente que pudo atravesar los bloqueos policiales se está yendo hacia el corte. Hay asambleistas muy golpeados.
Relato obtenido de : https://prensadelpueblo.blogspot.cl/2010/02/represion-en-andalgala-por-defender-la.html
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Represión en San Juan: varios heridos y 23 detenidos en el piquete contra la Barrick Gold |
Cerca de las 4 de la madrugada, efectivos de Infantería Nacional reprimieron y detuvieron a 23 vecinos del departamento sanjuanino de Jáchal, quienes mantenían cortado ayer el ingreso a la mina Veladero. Los manifestantes protestaban por lo ocurrido el 13 de septiembre, cuando se filtró un millón de litros de solución cianurada en los ríos de la zona.
Tras el operativo, los voceros de la asamblea "Jáchal no se toca" responsabilizaron a la Barrick Gold y el gobierno provincial de José Luis Gioja y repudiaron la "violencia y brutalidad" del operativo, que, además de las detenciones, dejó a una persona hospitalizada y a otras con hematomas y lastimaduras.
"Hay más de 20 personas detenidas y mujeres que han sido maltratadas", contó Domingo Jofré, uno de los representantes vecinales. Entre ellas, precisó que hay "una mujer internada con un traumatismo de cráneo", mientras otra está detenida y espera ser hospitalizada a raíz de las lastimaduras sufridas por los uniformados.
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Más de 30 ambientalistas detenidos por protestar contra la empresa Barrick Gold en San Juan |
Represión y arrestos contra una manifestación de vecinos y ambientalistas en la localidad de Iglesia en la provincia de San Juan. Los manifestantes se oponen al funcionamiento de la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold y protagonista de dos derrames de agua con cianuro en ríos de la zona en menos de un año.
Los manifestantes participaban del ‘1er Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha’ y fueron detenidos de forma violenta y con muchas irregularidades en el procedimiento policial, según contaron algunos de los asistentes.
Se encontraban allí cortando el camino de ingreso a la Mina Valadero que es explotada por la mencionada empresa. El reclamo de los manifestantes es el cierre de la mina en la que ya ocurrieron graves derrames de cianuro, uno en setiembre de este año y otro en 2015, episodios que son considerados para los ambientaleistas como “extractivismo ecogenocida”. |
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SSP Hidalgo reprime manifestación indígena contra minera |
Vecinos de las localidades indígenas de Tolago y Chinconcuac, municipio de Lolotla, que se manifestaban de manera pacífica contra la minera Autlán, fueron dispersados de forma violenta por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo esta noche. Al cierre de la edición el saldo del operativo policíaco era de 10 personas detenidas.
Por la mañana, 400 pobladores de dichas localidades se apostaron en las afueras de las instalaciones de la minera Autlán para protestar por la supuesta contaminación del aire y del agua de un río producida por manganeso. También reclamaron el incumplimiento de la empresa de instalar una purificadora de agua.
De acuerdo a los vecinos fueron detenidas diez personas, entre ellas Alberto López, Fortino Rojas, Rubén López, Rodrigo López, Guadalupe Silva, Maximino Romero, entre otros.
María Jaime López Hernández, vecina de Tolango, una de las participantes de la manifestación denunció, que no han podido entablar comunicación con los detenidos.
Dijo que ni la Policía Estatal no la Procuraduría de Hidalgo ha querido informarles dónde se encuentran los detenidos.
Según los vecinos, por los golpes que recibió por parte de los policías, un hombre identificado como Oscar Velazco fue trasladado al hospital de Tlanchinol.
Acusaron a los uniformados de robarles teléfonos celulares con los que habían grabado la represión policiaca. La minera Autlán se localiza en el municipio de Molango y en este complejo se extrae el 80 por ciento de la producción manganeso del país. |
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Pobladores realizan plantón por la acusación de 6 comuneros por daños, amenazas y privación de libertad por empresario minero en El Triunfo |
y miembros de la comunidad de de la comunidad Ojo de Agua del municipio de El Triunfo son acusados por amenazas, daños y privación de libertad por parte del representante legal de la minera Los Lirios, José Daniel Canales. Frente a ello, el resto de la comunidad realiza un plantón frente a la Dirección Policial de Investigaciones.
El presidente del Comité de la Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf) manifestó que el motivo del plantón fue la citación de las seis personas, ya que junto a la mayoría de la comunidad de Ojo de Agua y zonas aledañas están en contra de la exploración minera, y que co esta acción pacífica se demuestra la unidad de las comunidades contra la minería. .
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Comunidades Mapuches resisten ante la instalación de minera Don Sixto |
Las familias denuncian que están alambrando la zona donde viven para instalar el proyecto minero aurífero “Don Sixto”. Hacen responsable a los referentes peronistas de la provincia, Omar y Emir Félix.
La comunidad Mapuche Lof Rukache se ubica en el Paraje de Agua Nueva, Distrito de Agua Escondida, Departamento de Malargüe. Las familias de la comunidad, Cortez y Martínez, viven ahí desde generaciones.Esa zona mantenía una población importante de familias hasta hacen unos diez años, a partir de cuando empezaron problemas vinculados a la ocupación de la tierra. Con la instalación del proyecto minero aurífero “Don Sixto” aumentaron los intereses sobre la zona: pobladores y personas ajenas empezaron a entrar en conflicto por el acceso al agua y la propiedad de la tierra.
Aparecieron alambrados y procesos de mensuras y títulos supletorios. El alambrado es un acto posesorio necesario para comprobar la posesión en estos juicios. Es tan así que en algunos de los pobladores locales – los que accedieron a trabajos en el proyecto minero – y personas ajenas implementaron los alambrados como un método.
En 2008-2009 la comunidad de Agua Nueva se movilizó por un lado en contra del proyecto minero por la posible contaminación del agua de la zona. Por otro lado se movilizaron en contra del avance de alambrados por parte de privados ajenos al lugar, en particular un alambrado del sector Este, realizado por “Chafi” Félix (exintendente de San Rafael durante la última Dictadura Militar) que despojó una gran parte del campo de pastoreo del Sr. Rolando Martínez del puesto Agua de los Chanchos.
En este momento decidieron autoreconocer y recuperar su identidad Mapuche y organizarse como comunidad constituida, a través de la solicitud de su reconocimiento como Comunidad Indígena ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
En junio de 2014 el Sr. Rolando Martínez, vecino del Lof Rukache empezó a construir un alambrado usurpando parte del territorio comunitario del Lof Rukache. En el marco de este conflicto se realizaron las denuncias correspondientes y se inicio un proceso judicial en la segunda fiscalía correccional de San Rafael (exp p2-108462/15).
A partir de esto se inicia una serie de demandas y contrademandas , en las cuales directa e indirectamente se ha fallado a favor de quienes pretenden cercar el territorio mapuche en beneficio de la minera, que aun está en juicio .
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La sentencia de Javier Ramírez sentó un precedente en el valle de Íntag |
La sentencia a 10 meses de prisión del dirigente antiminero de Íntag Javier Ramírez sentó un precedente. Es el primer habitante de esa zona que cumple una condena por rebelión, los últimos siete años, según informes del Instituto Regional de DD.HH. (Inredh) y la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu). Ramírez fue liberado el 10 de febrero pasado del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Allí estuvo detenido desde el 10 de abril de 2014. Él vive a un costado de la plaza central de Junín, una comunidad de Íntag, una región de bosques nublados y fincas, rica en biodiversidad, con una extensión de 2 200 km2 en el noroccidente (cantón Cotacachi, provincia de Imbabura). Ramírez, quien fue enjuiciado por agredir a personal y bienes de la Enami, está casado con Ileana Torres y tiene cuatro hijos, todos menores de edad. Mientras estuvo preso, su hijo de 17 años y su esposa lo reemplazaron en sus labores de jornalero en una finca de la zona donde siembran café. “Mi esposo ganaba el básico (USD 365), en la finca nos siguieron pagando lo mismo. Nos encargábamos de sacar la yerba mala y cosechar, que es lo más difícil. Eso nos ayudó a mantenernos”. Durante su encarcelamiento, muchas cosas cambiaron en Junín. “Mi comunidad hoy está fracturada –comenta- ya no es la misma que defendía abiertamente la naturaleza de la explotación minera. Ahora hay otro grupo que se formó y apoya el proyecto Llurimagua, que impulsa la Enami, Empresa Nacional Minera, con la compañía estatal chilena Codelco”. Los diez últimos meses esta zona ha estado bajo vigilancia policial. Grupos de uniformados patrullan a caballo sus intrincados senderos para evitar que los lugareños impidan el trabajo de exploración que realizan los funcionarios de la Enami. En este lapso las autoridades difundieron las bondades de la “minería responsable”. Además, realizaron asambleas en varias localidades, que ven en la minería una alternativa para mejorar sus condiciones de vida, especialmente dotarles de servicios como agua potable, escuelas, centros médicos. La obra más visible, por el momento, es un estrecho acceso de 1,50 metros de ancho, que construyen obreros, 300 metros antes de llegar a Junín. Conduce hasta el sitio donde se construirán las plataformas de perforación para verificar la existencia de cobre. Según estimaciones, los yacimientos del subsuelo de Íntag contienen 318 toneladas de mina de cobre; unas 2,26 toneladas de cobre puro. Pese a que fue condenado, Ramírez mantiene colocada en la parte frontal de su vivienda una pancarta que dice: “Hoy, mañana y siempre defenderemos nuestro territorio”. “En el centro de detención de Ibarra viví una pesadilla, pero seguiré en esta lucha para defender nuestra tierra, el agua… es la única herencia para mis hijos”, comenta Ramírez, mientras reconoce apesadumbrado que entre quienes apoyan el proyecto también están algunos de sus primos y tíos. Ramiro Román, abogado de Ramírez, considera que en este caso el derecho penal sirvió para amedrentar al resto de la comunidad. La oposición de los moradores de Junín a la minería se remonta a inicios de los 90, cuando Bishimetals realizó las primeras exploraciones de minerales. Desde esa época las comunidades locales se organizaron y crearon frentes en contra de la minería, con el apoyo de redes ambientalistas internacionales. Precisamente, a fines de enero una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) estuvo en el país para verificar los casos denunciados de supuesta criminalización. Incluso, participaron en una audiencia celebrada en el juicio contra Ramírez, y solicitaron su absolución. Este caso también está incluido en un informe que el 31 de octubre pasado fue entregado por Inredh y la Cedhu a la Comisión Interamericana de DD.HH. En el documento se destaca que en Ecuador otra forma de criminalización ha sido el inicio de investigaciones y/o procesos penales contra defensores de derechos humanos o de la naturaleza, pero con la particularidad de que no concluyen. “El único fin ha sido mantener activo el proceso o la investigación. Simplemente se abren expedientes, indagaciones o instrucciones y no se archivan en el tiempo establecido por la ley”, indica el informe. En reiteradas ocasiones las autoridades judiciales han defendido sus actuaciones insistiendo en que se persiguen delitos y no personas. Un actor fundamental en estas causas es el Ministerio Público. “La Fiscalía respeta el derecho constitucional de la protesta social, pero la protesta, y todo derecho tienen un límite: no invadir los campos del derecho penal”, sostiene el fiscal Galo Chiriboga. “Lo que en el país ha ocurrido en varios casos donde han existido manifestaciones es que se ha incurrido en un tipo penal sancionado por nuestra legislación”. La Fiscalía está preparando una publicación sobre el marco teórico de la protesta social e infracciones penales. “En esa publicación técnica se demostrará la actuación profesional de la Fiscalía en todos estos casos de supuesta criminalización (…). Es nuestra obligación acusar cuando hay elementos e indicios de cualquier delito; siempre habrá críticas de quienes se sientan afectados”. La investigación del Inredh y la Cedhu documenta varios casos. Entre otros Shagly, en Azuay, “donde se mantuvo activa una indagación previa contra 17 dirigentes, hombres y mujeres más de dos años”, denuncia Harold Burbano, de Inredh. Además, se destaca el caso de San Pablo de Amalí, en Bolívar, donde se mantienen abiertos procesos penales en contra de los agricultores Manuel Trujillo y Manuela Pacheco. “Desde el 30 de septiembre de 2013 estamos obligados a presentarnos todos los lunes en la Fiscalía de Chillanes, estamos acusados de sabotaje y rebelión”, sostiene Trujillo, quien fue llamado a juicio pero aún no ha sido absuelto ni sentenciado. “Solo esperamos que el Tribunal Penal de Bolívar esclarezca nuestra situación.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/intag-javier-ramirez-mineria-detencion.html |
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Declaran Estado de Emergencia en todo el corredor minero |
El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.
El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.
En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.
Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.
“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.
Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.
Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095. |
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INTENTO DE ASESINATO A PRESIDENTE DE ECUARUNARI |
A las 07h30 de este 9 de mayo de 2018, en la comunidad de Cochapamba, parroquia de Molleturo, Provincia de Azuay del Sur de Ecuador, fueron secuestrados Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay FOA, por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield.
Los tres dirigentes fueron retenidos en el vehículo en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los parabrisas, los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro, acción que no llevaron a acabo por intervención de mujeres de la comunidad. Luego, fueron llevados hasta la garita de vigilancia de la empresa y al convento de la iglesia de Cochapamba, donde fueron detenidos e incomunicados.
Los tres secuestrados fueron agredidos físicamente, y amenazados de muerte hasta su liberación a las 14h30 gracias a la intervención de periodistas presentes en la zona. Adicionalmente, se tiene conocimiento que trabajadores de la empresa, han impedido el paso de una de las ambulancias que se dirigían a prestar atención a los heridos en la comunidad. Se reportan también allanamientos a viviendas y detenciones arbitrarias a comuneros
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Habitantes denuncian intimidaciones por parte de Fuerza Pública en Jericó, Antioquia |
Los habitantes del corregimiento Palo Cabildo, en Jericó, Antioquia, denunciaron que el pasado lunes 7 de mayo, mientras campesinos se movilizaban en contra de la presencia de una comitiva de la multinacional AngloGold Ashanti, integrantes de la Fuerza Pública, específicamente del GOES, arremetieron hacia las personas que se movilizaban, amenazándolos e intimidandolos con capturarlos.
De acuerdo con Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, los campesinos venían marchando, luego de haber logrado que el grupo de personas de la multinacional se retiraran del territorio, minutos después abría aparecido el GOES en actitud agresiva y fuertemente armados.
Jaramillo afirmó que la delegación se habría retirado del lugar porque “desde hace aproximadamente 5 años, la empresa AngloGold Ashanti y los campesinos de Palo Cabildo, llegaron al acuerdo de que la empresa no iba a transitar por ese corregimiento, porque cerca de él, está la zona de exploración” que la multinacional ha buscado explotar cobre. |
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Represión y Criminalización en torno al ilegal Proyecto “Chemours Laguna” |
El pasado viernes 9 de marzo del 2018, en la Comunidad de La Aurora, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, encabezadas por el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Gómez Palacio, Jaime López, reprimieron violentamente a más de 1000 personas de las comunidades de “El Volado”, “Abisinia”, “América Uno”, “Numancia”, “San Roque”, “Cuatro de Diciembre”, “La Aurora”, “Las Lechuzas”, “Sierra Hermosa”, “Las Playas”, “Noe”, “Poanas”, “Dolores”, “La Plata”, “La Mina”, “Colonia 6 de Julio”, “Estación Noe”, “María Antonieta”, “Brittingham”, “Martha” y “El Siete Pueblo Nuevo”, quienes habían respondido a la convocatoria del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio para manifestarse en contra del Proyecto “Chemours Laguna”.
Con talante autoritario, sin operadores políticos efectivos ni capacidad para el diálogo, el gobierno de Leticia Herrera Ale empleó a los cuerpos policiales quienes, para reprimir la manifestación, hicieron un uso desproporcionado e indebido de la fuerza.
Las policías, además de violar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, vulneraron el derecho a la integridad personal de los manifestantes entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos, al confrontarles, primero con amenazas e intimidación y, posteriormente con agresiones directas, tales como puñetazos y patadas o las que serealizaron con objetos contundentes, utilizando gases lacrimógenos, detonando sus armas de fuego de grueso calibre generando lesiones penetrantes.
Los antimotines, allanaron viviendas, destruyeron comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas, algunas de las cuales, NO participaron en la manifestación.
En lo esencial, los ciudadanos que se aglutinan en torno al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio no han sido tenidos en cuenta para intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las decisiones que, en este sentido, les afectan; no solo eso, en su intento de acceder a la justicia han enfrentado enormes obstáculos y después de casi siete meses sin haber obtenido respuesta de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde acudieron para demandar la nulidad de la ilegal autorización del Proyecto “Chemours Laguna”, otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, decidieron, junto a sus aliados, expresar su descontento e indignación ejerciendo su derecho a la protesta social.
Fuente : REMA |
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Vizcarra prolonga estado de emergencia en el corredor minero |
Pese a que hace solo dos días dirigentes de Apurímac pidieron al nuevo presidente Martín Vizcarra iniciar un nuevo tipo de relación con las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, hoy el Ejecutivo ha emitido un decreto supremo que prorroga por 60 días el estado de emergencia en el corredor minero, impuesto inicialmente por el ex presidente Kuczynski. Con ello, hay localidades de Cusco y Apurímac que cumplirán 10 meses bajo esta situación supuestamente excepcional, que restringe los derechos ciudadanos, pese a que no se han registrado nuevas protestas.
“Nada justifica esta nueva ampliación del Estado de Emergencia”, afirmó al respecto José De Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú. “El gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva desperdicia nuevamente una oportunidad de dar un mensaje al país y sobre todo a las comunidades de la zona, que pretenden hacer las cosas de manera distinta. Al parecer se continuará con las mismas políticas que apuntan a criminalizar y recortar derechos. Lamentable”, señaló.
El decreto supremo 037-2018-PCM resuelve “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”. La norma en mención agrega que “La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
Fuente: conflictosmineros.org.pe |
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Tres dirigentes serán nuevamente juzgados por protestas ambientales |
El exalcalde de Espinar y dos exdirigentes del Frente de Defensa de la misma provincia cusqueña, respectivamente Óscar Mollohuanca y Sergio Huamaní y Herbert Huamán, serán nuevamente juzgados por las protestas ambientales que lideraron en 2012, luego de que una segunda instancia regresara todo el proceso a fojas cero.
Los tres imputados, que fueron absueltos de los cargos en primera instancia, ahora tendrán que revivir el juicio que lleva ya seis años, extendiendo aún por más tiempo el “vía crucis” que sufren los defensores ambientales de Espinar, según varios entendidos en la materia.
Recordemos que, tras el paro de 2012 en contra de la contaminación por metales tóxicos que sufre Espinar, Mollohuanca fue violentamente intervenido mientras se encontraba en sus oficinas en la municipalidad provincial y fue recluido bajo la figura de prisión preventiva. Otros líderes y defensores de derechos humanos también fueron detenidos, algunos de ellos incluso dentro de las instalaciones de la empresa minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay). Alegando “falta de garantías”, el Poder Judicial decidió trasladar el proceso hasta la ciudad de Ica, arbitrariedad que se mantiene hasta hoy pese a que las protestas acabaron y la zona se ha mantenido en calma. Ello ha significado elevados costos económicos y personales para los acusados, como parte de una estrategia de judicialización de la protesta que ha buscado obstaculizar la defensa de los activistas ambientales y de los líderes de las comunidades.
Cabe recordar que durante las protestas, tres manifestantes murieron por la represión policial con arma de fuego. Este caso ha quedado en la más absoluta impunidad.
Pese a que en la primera instancia quedó claro que no existe ninguna prueba de que Mollohuanca, Huamán y Huamaní hubieran “azuzado” a acciones violentas tal y como acusa la Fiscalía, este proceso se sigue alargando y se siguen prolongando así los costos personales para quienes alzaron su voz de protesta ante un caso emblemático de contaminación. |
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10 años de cárcel para las ex autoridades ronderas y comunicador social indigena Cesar Estrada Chuquilin |
Sentencia fue confirmada con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual y Henry Napoleón Vera Ortiz votaron en contra de la nulidad de la sentencia, reafirmando de esta forma los 10 años de cárcel para las ex autoridades ronderas y comunicador social.
Por su parte los familiares han calificado de un grave error el fallo de los jueces, toda vez que Cesar nunca participo en la intervención a la empresaria y su vehículo, como tampoco participo de la decisión de las rondas campesinas, prueba de ello el acta de donación que suscriben las rondas y la empresaria, no aparece su nombre como tampoco firma.
Sin embargo, los jueces han tomado como prueba esta acta, para señalar en su fallo lo siguiente: Si bien es cierto que Cesar Estrada no participo en la intervención, si participo de la decisión de las rondas sobre la donación, por lo tanto si es responsable, el PJ toma como prueba de manera errónea el acta de donación que suscriben las rondas y la empresaria, ni la firma ni la letra, ni el sello, nada es de Cesar Estrada como creen los jueces, eso es un grave error, es invitarse pruebas que no existen, esto deja al descubierto el hostigamiento que niega el Poder Judicial señalaron.
Por tanto, la defensa ha manifestado que este fallo será llevado a casación ente la corte suprema de Lima.
De los hechos:
Como se sabe, el comunicador indígena Cesar Estrada junto a dos ronderos, fueron sentenciados a 10 años de cárcel el pasado 25 de julio del 2017, luego que el Poder Judicial desvincularla la acusación inicial de secuestro y hurto agravado y los acusara de extorsion, por haber intervenido dentro de su base rondera, a una empresaria que presta servicios para Yanacocha.
Tanto la defensa legal como los acusados, señalan que la intervención se dio en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en un contexto de convulsión de protestas en contra del megaproyecto minero CONGA a finales del 2013, así mismo señalan que tras concluir con la investigación el vehiculo retenido a la empresaria, en aras de coordinación como establece la ley, las rondas emitieron oficios, al Ministerio Público y Policía Nacional, a fin de que se apersonan y pongan a disposición dicha unidad.
Sin embargo mencionan, que estos documentos fueron tomados como prueba por el Poder Judicial para acusarlos sentenciar los por extorsión, violando los propios protocolos de coordinación entre sistemas justicias, que el poder Judicial ha creado, asi como el articulo 149 de la CP, el convenio 169 y otros indican.
Pronunciamiento de Amnistía Internacional
Por su parte, Amnistía Internacional a finales de abril de este año se pronunció al respecto, rechazando la sentencia contra el Comunicador Social Indígena Cesar Estrada Chuquilin, quien ha calificado de un hostigamiento para callar su labor.
La defensa legal de Cesar Estrada un recurso de habeas corpus en segunda instancia, cuya fecha de audiencia está programado para el mes de junio y se espera que la sala a cargo les dé la razón, ello paralelo a lo que será el caso penal cuyo fallo se dará a conocer el día de hoy. |
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Ma. Luz Bermeo comunera d Molleturo deja las rejas tras audiencia d flagrancia, pero a pedido d fiscalía inicia instrucción fiscal x supuesto delito tipificado en el art 283 del COIP como ataque y resistencia |
Los compañeros/as se encontraban el día de ayer en un plantón en la comunidad de Migüir (cerca de Río Blanco)
• Para llegar hasta allá, no encuentran resistencia, sin embargo al regreso salen a su encuentro carros de la policía y de la empresa minera.
• Los compañeros/as, para evitar disturbios, piden de manera amable se ceda el paso. Sin embargo, los agentes se niegan.
• Ante la negativa empiezan los empujones.
• Ante esto, la Policía agrede con gases lacrimógenos y detienen a 3 compas.
• Dos de ellos son retenidos mientras que María Luz Bermeo fue trasladada a un UPC en Cuenca.
• La noche de ayer María Luz pasó en la cárcel de Turi y hoy se espera su juicio a las 08h30 en la Corte de Justicia de Azuay.
• Aún no se sabe si será procesada por Ataque y Resistencia (delito) o alteración del Orden Público (contravención).
Fuente: YASunidos
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Estado de excepción en la provincia de Morona Santiago en relación a los enfrentamientos entre miembros del Pueblo Shuar y la Policía Nacional |
El lunes 21 de
noviembre de 2016, un grupo de personas pertenecientes al Pueblo Shuar se habrían tomaron un campamento minero en la comunidad de Nankints[2], ubicada en la parroquia Santiago de Pananza, cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago. De acuerdo a un comunicado realizado por miembros del Pueblo Shuar en Nankints, esta acción se debió a que en el mes de agosto de 2016 la fuerza pública desalojó y destruyó las viviendas
de los pobladores de Nankints para dar paso a la explotación minera en el proyecto San Carlos Pananza por parte de la empresa china Ecuacorriente (ECSA). El martes 22 de noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado tomaron el control del campamento minero e informaron la existencia de policías heridos. No se tiene información respecto a la situación de los indígenas shuar. El miércoles 14 de diciembre se dio a conocer el fallecimiento de un policía y varios heridos tras un nuevo enfrentamiento entre la fuerza pública y comuneros en Nankints. Producto de esta situación, el Presidente de la República, mediante decreto Ejecutivo 1276 declaró el estado de excepción en la provincia de Morona Santiago y que, como consecuencia, se limitara el ejercicio de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, la reunión pacífica, libertad de asociación y libre movilidad. Además, se desplegó contingente militar en toda la provincia, y en especial, en las inmediaciones del campamento minero y del territorio shuar circundante. |
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ECUADOR: Detención arbitraria del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, presidente de la FICSH |
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la detención arbitraria del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, Presidente del Comité Interfederacional que agrupa a otros colectivos indígenas como la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la Nación Shuar del Ecuador (NASHE) y la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), presentes en el centro sur amazónico ecuatoriano, zona de resistencia de proyectos mineros y petroleros. El Sr. Wachapá es también ex-Presidente de la FICSH, máxima entidad de los pueblos indígenas Shuar que busca velar por la promoción y el respeto de los derechos de este pueblo y de sus territorios ancestrales, así como fundador de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)1 y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE)2.
De acuerdo con la información recibida, el día 21 de diciembre de 2016, policías y militares ecuatorianos entraron en horas de la madrugada en la sede de la FICSH y detuvieron al Sr. Wachapá sin presentarle las razones de su retención, ni una orden de captura que la justificara. Según las mismas informaciones, el defensor indígena fue objeto de humillaciones, en tanto fue lanzado al suelo, lo pisotearon y se burlaron de él mientras se realizaba el operativo.
El mismo día de su detención, la jueza, la Dra. Yolanda Ottati Cordero, ordenó trasladarlo a la cárcel de máxima seguridad de la Latacunga en la Provincia de Cotopaxi, ubicada a más de 500 km de su residencia, donde comparte celda con otras personas detenidas por la Policía y el Ejército durante el Estado de Excepción decretado en la región de Morona Santiago desde el 14 de diciembre de 2016 (ver “Antecedentes y contexto”).
Al parecer, el supuesto delito imputado por la Fiscalía de Morona Santiago al Sr. Wachapa es el de “instigar a la discordia”, bajo el articulo 348 del Código Penal, después de una denuncia puesta por el Sr. Diego Fuentes, ex Ministro del Interior, en la que se señalaría que el máximo dirigente Shuar buscó incitar a agredir a la fuerza pública a través de un mensaje publicado en la red social Facebook. |
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Dirigentes y alcaldes del Valle de Tambo fueron denunciados por asociación ilícita para delinquir. |
El Comité Regional de Defensa y Desarrollo del Valle de Tambo anunció la paralización de la macrorregión sur si el 13 de junio el Poder Judicial resuelve dar validez a la denuncia de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa contra 23 personas, entre dirigentes y alcaldes de la provincia de Islay, por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, disturbios, motín, entorpecimiento de tránsito y otros.
El coordinador de dicho comité, Jorge del Carpio, informó que -además de él, entre los denunciados están los alcaldes de Islay, Richard Ale; y de Punta de Bombón, José Ramos; así como el exalcalde de Dean Valdivia, Jaime de La Cruz; el dirigente de la Asamblea Popular del Valle de Tambo, Miguel Meza, entre otros.
“Esta denuncia es una maniobra para criminalizar la protesta social. Quieren detenernos y/o darnos prisión suspendida que, como se sabe, restringe la participación en protestas”, precisó Del Carpio.
El dirigente refirió que esta sería la segunda paralización macrorregional. El primero se realizó el 27 y 28 de mayo del año 2015. Su contundencia ocasionó la suspensión de los proyectos mineros Tía María y La Tapada, que se ha prolongado hasta la fecha.
Dijo que debido a los acontecimientos que se dieron durante esta protesta, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada presentó la denuncia que afrontan dirigentes y alcaldes.
Sostuvo que la protesta que mantienen contra los proyectos mineros de Southern Perú se basa en el artículo 1 de la Ley General del Medio Ambiente, que establece que toda persona tiene el deber fundamental de defender el medio ambiente, la vida y la salud colectiva.
“Nosotros cumplimos con eso. El miércoles, en la gigantesca marcha que hubo en la ciudad de Arequipa, hemos reafirmado que los proyectos Tía María y La Tapada no tendrán licencia social”, anotó. |
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Criminalización de 16 activistas debido a la defensa de las lagunas de Conga |
Los hechos se remontan a 2012 cuando el gobernador de Sorochuco acusó a varios activistas de Celendín de haberlo mantenido como rehén. El fiscal de Celendín pide 35 años de prisión por cada uno de los acusados.
16 humildes ciudadanos, entre ellos, algunos dirigentes ambientales tanto de Sorochuco como de Celendín - Cajamarca son objeto de una absurda denuncia debido a sus posturas en defensa del agua y por oponerse al Proyecto Conga.
Los procesados, quienes siempre se han opuesto al Proyecto Conga por las impactos negativos que ocasionaría y por defensa de las lagunas, son sospechosamente acusados por el hoy gobernador de Sorochuco, Luis Armando Castañeda Pisco, de haberlo Secuestrado.
La denuncia del Gobernador
Los hechos se han producido en pleno conflicto Conga cuando los pobladores del distrito de Sorochuco, en Celendín, le exigieron al mencionado gobernador, que manifestara su postura respecto a este tema y que definiera si iba a estar a lado de su pueblo. Debido a ello se celebró una asamblea en la plaza central del distrito donde los ciudadanos expresaron sus preocupaciones y pese a que la gente estuvo enérgica al plantear sus preocupaciones al gobernador, dicha reunión se realizó de manera pacífica, no existiendo ninguna agresión en contra del mismo, menos aún hubo alguna retención como lo denuncia la citada autoridad, argumentando que la población lo habría secuestrado.
Pese a lo absurdo de la denuncia, Ruperto Alcantara, Fiscal de Celendín, arduo defensor del Proyecto Conga y del Presidente Humala, formuló acusación en contra de los 16 ciudadanos por los delitos de Secuestro agravado y coacción, pidiendo 35 años de carcel para cada uno de ellos.
Por la naturaleza del delito y la cantidad de implicados este caso fue declarado “complejo” o de gravedad, pasando a ser juzgado por una sala colegiada en la Corte Superior de Justicia Cajamarca, habiéndose dado inicio al inició juicio oral.
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Defensora Emperatriz Bolaños Ayala y su hija detenidas en Celedín |
Lo que viene después es más surrealista aún, luego de tenerla en un calabozo de la comisaría de Sorochuco, encerrada toda la tarde y la noche, a la mañana siguiente las trasladarán como a peligrosas delincuentes hasta Celendín, el pueblo donde está la Fiscalía. El Fiscal de turno toma conocimiento del caso por intermedio de la policía, que lo pone al tanto sobre “de quién se trata”, y sorprendentemente éste determina que se la procesaría bajo la Ley 30364, Ley de Violencia de género. Sí, el Fiscal con el argumento absurdo de que las supuestas agraviadas son mujeres, además familiares, y considerando que Emperatriz y su hija son las agresoras, ordena procesarla con esta ley que le da la posibilidad de solicitar la inmediata apertura de un juicio.
Sin razones que le hagan entender que de ninguna manera se trata de violencia de género, sin querer otorgarles tampoco la libertad, el Fiscal señala que va a pasar el caso al Poder Judicial y que se le abrirá juicio en el día, mediante proceso inmediato, con lo cual Emperatriz y su hija podían ser condenadas incluso en las siguientes veinticuatro horas.
Toca hacer entonces una serie de acciones de incidencia con diversas organizaciones de derechos humanos del país, llamar a la Defensoría del Pueblo, amenazar con la interposición de un habeas corpus, entre otras cosas. Solo después de activar todo tipo de mecanismos de presión, logramos que el Fiscal de marcha atrás en sus pretensiones abusivas y arbitrarias y le da libertad; sobre la una de la tarde del 30 de mayo ello se concreta.
Emperatriz es una mujer impresionantemente fuerte, pero esta detención y toda la violencia con que se ha actuado contra ella la quiebra, tiene muy claro que la criminalización obedece a su postura, a su liderazgo visible en las luchas por su territorio y el agua, sabe que este es el precio de defender la vida.
La criminalización es una política que se viene utilizando en nuestro país de forma casi imperceptible, y se aplica contra los defensores ambientales que cuestionan y se oponen legítimamente a proyectos extractivos. No solo supone reprimirlos, usar las leyes penales para perseguirlos, incluye todo un entramado político, jurídico, social y un cerco mediático comunicacional que permite que quienes disienten con esta política del gobierno de promover extractivas, sean considerados y estigmatizados como delincuentes, violentistas, enemigos de este país. Por ello, quienes en concreto solo son defensores de sus derechos y ejercen reclamos legítimos, son tratados de este modo, como criminales. |
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Walter Aduviri, enjuiciado y sentenciado a prisión por su rol en las protestas sociales que tuvieron lugar el año 2011 , Aymarazo en la región sureña de Puno. |
Nos referimos específicamente a los juicios derivados del conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo” del año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades, la ilegalidad del proyecto y la falta de transparencia y mala fe de la empresa con las comunidades. La protesta desembocó en una dura represión por parte del estado y en la cancelación del proyecto. Sin embargo,la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes, que derivó en la condena de Walter Aduviri, principal portavoz – sentenciado a 7 años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de soles (aprox. 600,000 dólares y 2,500 salarios mínimos vitales en Perú).
En diciembre de 2017 los tribunales en Puno ratificaron esta sentencia y ordenaron la detención de Aduviri, quien al conocer el fallo se declaró en la clandestinidad. Su defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia, que fue aceptada en enero 2018 y que ahora está siendo revisada.
Consideramos que, si la sentencia es ratificada por la Corte Suprema, se estarían sentando duros precedentes en contra de la defensa de los DDHH y del territorio en Perú, debido a que Aduviri es acusado de ser “autor mediato” del supuesto delito de “disturbios” durante el Aymarazo, es decir, de instigar a terceros a cometerlos. Esto podría derivar en la persecución de más líderes que podrían ser considerados “autores mediatos” de supuestos delitos cometidos en conflictos similares, sin pruebas, y sólo por el hecho de ser portavoz de una organización o comunidad.Además, durante el proceso, y en una actitud profundamente racista, Aduviri fue despojado de sus derechos indígenas como miembro del pueblo Aymara – derecho al territorio, a la consulta, identidad, autonomía, etc. -, debido a que, a criterio de los jueces, posee estudios superiores. Es por eso que sus derechos indígenas no fueron tomados en cuenta en el juicio. |
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Fiscalía pide hasta 17 años de prisión para defensores de Cotabambas |
Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.
Dos de los acusados, Edwar Brandon Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, sufrieron prisión preventiva durante seis meses en una cárcel del Cusco, entre 2015 y 2016. Desde marzo de 2016 siguen su proceso en libertad.
Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.
El día 28 de setiembre, la represión policial a la protesta ciudadana causó la muerte de tres personas, así como numerosos heridos. Actualmente, no ha avanzado ningún proceso judicial para esclarecer las muertes de dichas personas. Sin embargo, la Fiscalía sí ha formalizado la denuncia contra 20 comuneros por supuestos hechos violentos ocurridos durante la protesta, evidenciando una doble vara: nula iniciativa para defender los derechos de los ciudadanos, pero drástica actitud para criminalizar a quienes participaron de las movilizaciones sociales.
Los acusados fueron detenidos por la Policía cuando retornaban del interior del campamento minero. La defensa legal de los acusados sostiene que no existen pruebas para sostener la acusación formulada por la Fiscalía, y que existen irregularidades en las actas de incautación y registro personal que hablarían de una posible “siembra” de pruebas, como ha ocurrido anteriormente en otros casos. Por otro lado, los acusados en todo momento han sostenido que ellos ingresaron al campamento minero en apoyo del personal de la posta médica para el traslado de los heridos.
Desde este Observatorio señalamos una vez más que criminalizar a los defensores sociales no es una manera de resolver los conflictos. En el caso Las Bambas, debiera retomarse el diálogo con la ciudadanía para afrontar realmente un plan de desarrollo sostenible de la provincia, y para solucionar los impactos ambientales producidos por las continuas modificaciones al proyecto.
13 de agosto de 2018
http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/13/fiscalia-pide-hasta-17-anos-de-prision-para-defensores-de-cotabambas/ |
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Gobierno retoma por quinta vez el estado de emergencia en el corredor minero del sur |
Tras las últimas protestas contra la compañía Las Bambas, el gobierno declaró nuevamente por 30 días el estado de excepción en los alrededores de la vía que une Cusco, Apurímac y Arequipa. En la zona se ubican las operaciones extractivas más importantes del sur. |
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Estado vuelve a ampliar Estado de Emergencia en corredor minero |
Y hoy 24 de diciembre el Gobierno nos sorprende con un "regalo de Navidad" y amplía por 30 días más el Estado de Emergencia casi permanente que se vive en el #CorredorMinero para beneficiar a la empresa #LasBambas para que pueda seguir operando sin protestas sociales... Y sin atender las demandas de la población. |
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Preso por negarse a abandonar su tierra por presión de la Compañía de Níquel |
Óscar Yat, maya q’eqchi´ fue detenido de forma arbitraria. Tiene 42 años de edad, vive en la comunidad agraria El Gosen, en el municipio de El Estor, Izabal. Se negó a recibir un soborno económico por parte de personeros de la minera CGN para que las familias se dejaran de vivir en esta comunidad, como consecuencia ahora está preso.
Era 10 de febrero de 2018 y don Oscar se dirigía a su trabajo de recolector de basura para la Municipalidad, como todas las mañanas salió de su casa. Cuando un vehículo le cortó el paso “a él se lo llevaron como si fuera un secuestro, había un carro que lo siguió hasta el lugar de su trabajo…” varias personas armadas lo obligaron a subirse al vehículo, le mostraron sus armas y lo amenazaron de disparar si no se subía. Durante el traslado sus secuestradores no dijeron una sola palabra” afirmó su esposa.
No existe una orden de aprehensión en contra de Óscar Yat, no recibió ninguna notificación del juzgado para presentarse ante alguna denuncia en su contra, quienes lo detuvieron no eran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tampoco eran fiscales del Ministerio Público (MP), eran personas particulares. A pesar de la detención arbitraria, fue ingresado al Centro Preventivo de Puerto Barrios. |
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12 defensores y defensoras de derechos humanos enfrentan años de cárcel en Honduras |
El sábado 23 de febrero 12 activistas hondureños que han estado defendiendo el agua potable en sus comunidades de una empresa minera, propiedad de miembros de la poderosa oligarquía de Honduras, fueron encarcelados en una mala utilización extrema del sistema de justicia.
Este jueves 28 de febrero, se llevará a cabo una audiencia que va a determinar si los 12 defensores del río Guapinol pasarán hasta varios años en la cárcel en espera del juicio o no. El Ministerio Público de Honduras, apoyado por Estados Unidos, está llevando a cabo el juicio contra al menos 32 defensores del río Guapinol; muchos se enfrentan a cargos graves que podrían resultar en décadas en prisión.
Tomar medidas: Escriba a la embajada de Honduras en su país y exprese su preocupación/protesta por este caso solidarizando así con los 12 activistas hondureños. Socialice en sus redes sociales, con sus contactos, para que sea conocido y denunciado este injusto caso.
Durante meses, las comunidades de la región del Bajo Aguán mantienen un campamento en defensa del río Guapinol y su agua potable de una mina propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé los que pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras.
Es de destacar que esta mina se encuentra en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Recordemos que Carlos Escaleras fue asesinado en 1997 defendiendo el mismo río Guapinol y fue el coordinador de una de las organizaciones que ahora está siendo criminalizada.
Defensores de los derechos humanos han presentado un recurso constitucional contra el Decreto Legislativo que redujo el núcleo del Parque Nacional, facilitando así la concesión minera.
El Campamento por Dignidad de Guapinol ha sido desalojado violentamente por fuerzas de seguridad de Honduras las que son respaldadas por los EEUU y los líderes hondureños han enfrentado difamación y amenazas.
La represión militar y policial, así como la inteligencia militar y las tácticas provocadoras, a menudo van de la mano de la persecución judicial. Existe un claro patrón de abuso del sistema de justicia en Honduras para silenciar a los defensores y activistas de los derechos humanos y ambientales. En el caso de los defensores de Guapinol, la Procuraduría de la República, respaldada y entrenada por los Estados Unidos, ha presentado cargos que incluyen asociación ilícita, incendio, detención ilegal y usurpación. La inclusión de la acusación de asociación ilícita permite que el caso sea juzgado en la Corte de Jurisdicción Nacional que es una corte especial creada para conocer casos contra redes del crimen organizado. Este Tribunal Nacional de Jurisdicción suele conocer casos de alto nivel, en lugar de los tribunales regionales normales, y muchos consideran que está controlado por intereses políticos.
Los presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez, que fueron detenidos durante las manifestaciones pro-democracia hace más de un año, han estado encarcelados por más de un año por orden del Tribunal de la Jurisdicción Nacional a pesar de que los cargos que se enfrentan no están dentro de la competencia de aquel. La semana pasada, la Sentencia del Tribunal Nacional de Competencia admitió que no tiene competencia para pronunciarse sobre su caso y que el caso debe ser enviado a un tribunal local. Esto significa que Edwin y Raúl han sido encarcelados en condiciones inhumanas durante más de un año a pesar de la orden procedente de un tribunal que no tiene la autoridad para decidir sobre su caso.
En ambos casos, los EEUU ha respaldado y entrenado al Ministerio Público de Honduras quienes han perseguido celosamente y presentados serios cargos criminales contra activistas de derechos humanos. Llama la atención que el Ministerio Público ha presentado cargos de asociación ilícita contra los defensores de los derechos humanos de Guapinol y la misma institución no ha presentado cargos de asociación ilícita contra la estructura criminal que mató a Berta Cáceres y ejecuta otros delitos contra el pueblo Lenca a pesar de las múltiples solicitudes de las víctimas.
La institución ha perseguido a Edwin y Raúl y a otros que se manifestaron contra el fraude electoral, pero los actores estatales responsables de la muerte de decenas de esos manifestantes no han sido enjuiciados ni llamados a rendir cuentas.
Las autoridades estadounidenses han elogiado en repetidas ocasiones y respaldado al jefe del Ministerio Público de Honduras, el fiscal general Oscar Chinchilla, quien fue recientemente reelegido para el cargo en un proceso irregular y controvertido. Los Estados Unidos ayudó a crear el “Manual de Investigación Criminal” del Ministerio Público que guía el trabajo de la institución y pone en marcha una nueva formación.
En agosto de 2018, la USAID firmó un acuerdo con la oficina del Ministerio Público para enunciar los principios que orientarán sus esfuerzos y los EEUU ha formado a numerosos elementos de la Fiscalía Pública. Los EEUU también es responsable por su papel en la promoción de una institución que está criminalizando clara y repetidamente a defensores de los derechos humanos y permitir la impunidad de muchos actores estatales responsables de la represión violenta.
http://www.resumenlatinoamericano.org |
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Chumbivilcas: Gobierno prorroga por sexta vez el Estado de Emergencia en un sector del Corredor Minero |
El pasado 26 de febrero, con Decreto Supremo Nº 38-2019-PCM, el gobierno prorrogó por sexta vez, y por un plazo de 30 días calendarios, el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Minero Apurímac – Cusco – Arequipa. Como lo señala el documento, la declaratoria es para un sector de la vía: ‘el Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención’. Esta nueva medida empezó desde el 27 de febrero.
Es de conocimiento público que por esta vía son permanentes las manifestaciones de la comunidad de Yavi Yavi en contra de la empresa minera ‘MMG Las Bambas’, exigiendo se les otorgue un resarcimiento económico por el uso de sus territorios por el que transitan vehículos de la empresa en mención. Aunque continúa el proceso de diálogo entre la comunidad y la minera, aún no han llegado a ningún acuerdo que compense a ambas partes. Cabe señalar que por toda la vía del corredor minero transitan más de 500 vehículos por día, generando polvareda, contaminación ambiental y acústica, y en algunos zonas, derrames de materiales tóxicos.
Esta medida aplicada para Apurímac, Cusco y Arequipa de declarar estados de emergencia bajo la figura “preventiva”, ya se ha convertido en una hecho reiterativo, siendo contrario al respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia. A pesar de los esfuerzos de las comunidades y organizaciones sociales de base de generar espacios de diálogo, el Estado insiste en militarizar la zona para garantizar la producción minera.
El último 24 de diciembre, a vísperas de navidad, Martín Vizcarra decidió ampliar nuevamente el #EstadoDeEmergencia en…
Posted by Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco on Tuesday, January 8, 2019
¿Qué implica un estado de emergencia?
Según lo que dicta nuestra Constitución, la declaratoria de un Estado de Emergencia deja abierta la posibilidad de suspender o restringir -todos o alguno- de los siguientes derechos:
*Libertad y seguridad personal: Las detenciones pueden ocurrir sin flagrancia o sin mandato judicial. Las acciones de habeas corpus en relación a personas detenidas serán declaradas improcedentes.
*Inviolabilidad de domicilio: Las PNP y/o Fuerzas Armadas pueden ingresar a cualquier domicilio sin mandato judicial o flagrancia.
*Libertad de Reunión: Se suspenden todo tipo de reuniones.
*Libertad de Tránsito: Se puede suspender la libertad de circular en ciertos lugares y/o en ciertos horarios (No es lo mismo que un ‘Toque de queda’) |
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Empresa minera KCA-presentó una demanda de arbitraje por la exorbitante cantidad de 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala |
Desde el 2011, las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han denunciado los posibles impactos ambientales y a la salud de la mina, así como la imposición violenta del proyecto contra su voluntad. Durante años, han mantenido el campamento pacífico, conocido como "La Puya" y han resistido los repetidos intentos de desalojo, sufriendo la represión de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. A pesar de una campaña en curso de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.
En el 2016, la Corte Suprema de Guatemala suspendió las operaciones de KCA por no haber consultado con los pueblos indígenas en el área y esta decisión fue apelada ante la Corte Constitucional por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa. En lugar de respetar los procesos democráticos y judiciales de Guatemala, KCA ha presentado esta demanda ante el CIADI, que en efecto presiona al gobierno para que reinicie la mina o pague a la compañía cientos de millones de dólares en “ganancias potenciales perdidas”.
El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista - Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Los tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados quienes no están obligados a respetar precedente alguno en sus decisiones.
KCA es solo una empresa entre un número creciente de empresas mineras transnacionales que han lanzado juicios maliciosos contra países, especialmente en el Sur Global, para obtener cuantiosos premios monetarios. A pesar de que no han obtenido el consentimiento de la comunidad o los permisos requeridos para operar, las compañías alegan una pérdida de inversión como la base para presentar estas demandas. En el caso de KCA, el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía en Guatemala se encuentran actualmente bajo investigación criminal en Guatemala por haber operado la mina de forma ilegal, ignorando la orden judicial inicial que suspendió las operaciones por falta de las consultas debidas. En su comunicado de prensa del 19 de diciembre de 2018, la Resistencia Pacífica de La Puya también aclara que la empresa nunca obtuvo una licencia de construcción válida.
Nos unimos en solidaridad con los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, quienes están profundamente preocupados por la grave amenaza que la mina representa para los suministros de agua, los ecosistemas y la calidad de vida en el área. En particular, hacemos eco de su acusación por el hecho de que KCA y el Estado no hayan evaluado de manera creíble el impacto que el proyecto de oro tendría sobre los suministros de agua en una región con altos niveles de arsénico natural.
Expresamos nuestra consternación por la forma en que ésta demanda representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala. La Corte Constitucional ya está bajo presión como resultado de la decisión del Presidente Morales de desafiar la sentencia de la Corte y expulsar al organismo de anticorrupción/anti-impunidad respaldado por la ONU; la CICIG. En comentarios, el presidente Morales también reprendió al Tribunal Constitucional por suspender los proyectos mineros e hidroeléctricos, como lo ha hecho en el caso de KCA y otros por violaciones de los derechos de los indígenas, calificándolo de "abuso de funciones". Hacemos un llamado a KCA y al Gobierno guatemalteco a que se abstengan de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional y que se permita que los casos que tienen ante sí se presenten y que las decisiones se tomen de acuerdo con el imperio de la ley.
Sin lugar a duda, este asalto corporativo se produce en un momento delicado en Guatemala y tiene el potencial de erosionar aún más las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. El 28 de enero, la Resistencia Pacífica en la Puya celebró una conferencia de prensa para denunciar la presencia militar en San José del Golfo por la preocupación de que su presencia tiene el fin de intimidar y provocar que las comunidades en resistencia piensen que la compañía minera está de regreso como resultado de la demanda de arbitraje internacional. El comunicado de prensa indica que los militares se han desplegado en la región desde el 11 de enero, un mes después de que KCA presentara su demanda. Hacemos un llamado por la inmediata desmilitarización de la zona.
También apoyamos al llamamiento de la Resistencia Pacífica de La Puya para que el CAFTA-DR sea declarado perjudicial para el bienestar de los guatemaltecos y en contra de la Constitución Política de Guatemala, considerando además que Guatemala ya ha tenido que pagar $ 32.4 millones de dólares a dos empresas estadounidenses (RDV y TECO) y actualmente está sujeta a otras reclamaciones de arbitraje por cientos de millones de dólares. |
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5 Dirigentes y asesores legales de la comundad Fuerabamba detenidos por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas |
¿Qué esta pasando? El Ministerio Público informó la detención de cinco presuntos integrantes de la organización criminal a quienes denominaron ‘Los Chavelos’, en un operativo realizado en Abancay, Lima y Cusco. Según el MInisterio Público, este proceso se enmarca en la investigación preliminar por los presuntos delitos de crimen organizado y extorsión en agravio del proyecto minero ‘Las Bambas’.
El abogado y asesor legal de la comunidad de Fuerabamba Jorge Martín Chávez Sotelo, fue sindicado como el presunto cabecilla de la organización, también fue detenido su hermano, el abogado Franck Anibal Chávez Sotelo.
Así mismo debemos precisar que fueron detenidos Gregorio Rojas Paniura (Presidente de la comunidad de Fuerabamba-Cotabambas), así como Carlos Fernando Vargas Arizabal. En las próximas horas serán trasladados a Abancay.
Según los documentos se da cuenta que también fue detenido Wilfredo Quino Chávez, a quien luego de un allanamiento en su vivienda se le encontró explosivos como cartuchos de dinamita, proyectiles y otros.
Según las autoridades en las próximas horas darían con la ubicación y captura de Rafael Valdivia Balares, Édison Vargas Huamanga y Nohemí Portillo Vargas, directivos de las comunidades Nueva Fuerabamba y Haquira de la provincia de Cotabambas, quienes formarían parte de esta presunta organización.
Mientras tanto, esta mañana pobladores de Fuerabamba (Cotabambas) salieron en protesta, rechazan la detención de sus autoridades y abogados. (Fuente: Ministerio Público) |
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Las Bambas: Gobierno declara Estado de emergencia en Challhuahuacho,además prorrogó por séptima vez el Estado de emergencia declarado en parte del Corredor Vial |
29 de marzo. El Gobierno decidió declarar en Estado de emergencia el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas – Apurímac, pero además prorrogó por séptima vez el Estado de emergencia declarado en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, precisamente en la zona que bordea el fundo Yavi Yavi, en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas – Cusco. ¿Será la mejor decisión frente al conflicto?
La medida fue dispuesta a través del decreto supremo N° 056-2019 – PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano, edición extraordinaria. Esta vez, el Estado de emergencia en Challhuahuacho será solo por 15 días calendario, a empieza a regir desde el 29 de marzo de 2019.
Además, como lo señala el documento, la prórroga de declaratoria es para un sector de la vía: ‘el Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención’. |
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Meten en prision a policia comunitario |
En 2013 hubo prisión contra líderes sociales relacionada con el acaparamiento de tierras para extraer recursos. Recién liberado en 2017, tras cuatro años en prisión, Agustín Villanueva, policía comunitario de Aquila, relató su versión sobre la violencia en contra de las comunidades: primero fue el narcotráfico, hoy es la minería. [1]. Una acusación falsa de secuestro mantuvo preso cuatro años dos meses a este iniciador del movimiento de autodefensas ex presidente de bienes comunales. Su detención se realizó en agosto de 2013 durante el primer operativo de seguridad para desarmar a las autodefensas que se levantaron en armas en contra del cártel de "Los Caballeros Templarios". Ese día, ocho comunitarios fueron asesinados y 41 más detenidos junto con Agustín y sus hermanos Efraín y Vicente todo esto debido a que ellos sabian que la mina de Aquila es un tema que mantiene en riesgo a la comunidad, pues el cobro de regalías por más de 18 mil pesos al mes a la empresa Ternium Las Encinas por la extracción de mineral de hierro acordado en 2012, no se está respetando.
Precisamente, a raíz de ese convenio de 2012 de cobro de regalías de la mina, se inició la persecución contra Agustín, dirigente de las autodefensas en Aquila y se le fabricaron los delitos que lo llevaron a prisión. No descarta que la situación se repita, él es incómodo para los intereses de los mineros. “Está bien peligroso por la razón de que la empresa minera Ternium les está robando el mineral a la comunidad de Aquila. Tienen permiso para explotar 73 hectáreas nada más en el gobierno federal y con la comunidad, pero ellos están convirtiendo la superficie de ocupación temporal de las 383 hectáreas en explotación sin permiso de la comunidad y sin permiso del gobierno federal. El peligro que estamos viviendo es que la empresa minera fabrica denuncias a las personas que defienden a sus compañeros, a mí me fabricaron 12 acusaciones y no me pudieron comprobar ni una pero si me eché 4 años en la cárel injustamente”.[1]. Tras la liberación bajo fianza de los hermanos Villanueva, la persecución y criminalización hacia los líderes de las policías comunitarias de la Sierra Costa de Michoacán se intensificó. La más reciente estrategia de los gobiernos federal y estatal para desarticular al movimiento es la fabricación de los delitos de secuestro, robo de combustible, delincuencia organizada, lavado de dinero y terrorismo. |
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Violencia y criminalizacion hacia las protestas en contra de Aruntani |
Documento recibido de Julián Condori, publicado el 17 de diciembre de 2014.- Minera Aruntani ordena asesinar a comuneros en Apurímac. Empresario Guido del Castillo envía matones para asesinar comuneros porque no le dejan saquear cerro y enfrenta comunidades. Hay varios heridos de bala.
Varios comuneros heridos de bala (entre ellos un niño pastor de ovejas) y un desaparecido es el saldo que dejó el ataque de los delincuentes que Guido del Castillo, dueño de la minera Aruntani SAC, envió desde el Cusco a la comunidad de Pucuta, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, Apurímac.
Un niño que pasteaba sus ovejas en las laderas de iniciales J.R.A (08) también fue apedreado por los matones.
El motivo: los comuneros no quieren que Aruntani SAC explote en su territorio, más bien ellos mismos lo vienen trabajando en forma artesanal y con las leyes en la mano, pues están a un paso de formalizarse.
Ellos no quieren ser empleados de Aruntani, ni entregar esos cerros que valen millones a las transnacionales; ellos mismos quieren explotarlo en forma racional… Si lo explotan los comuneros, los cien soles que ganan se quedarán en la comunidad, aparte de canon para Apurímac porque los mineros tributan.
Si lo explota Aruntani, solo quedará en el Perú aproximadamente tres soles de cada cien soles que gane esta empresa (de allí solo llegará a Apurímac 1.5 soles en forma de canon).
«»Ataque minera Aruntani
Con esta acción Guido del Castillo emprendió una política de destrucción de comunidades campesinas, dividiéndolas, haciendo pelear a hermanos contra hermanos, una estrategia utilizada antes en Apurímac (específicamente en Huancabamba y Cceñuarán) por otras transnacionales como Ares de sus amigos los Hoschchild.
El ataque se produjo el día domingo a las nueve de la mañana en el asentamiento de mineros artesanales de Pucuta, según denunció el presidente de dicha comunidad, Edwin Huillca Gonzales.
Uno de los heridos de bala fue identificado como Wilfredo Huamán Aymara (40), comunero de Collpa y trabajador de la mina. El desaparecido es un señor de 60 años de nombre Guillermo. Los matones llegaron desde el Cusco en varios vehículos, entre ellos uno de color plomo oscuro de placa C8I-286 y otro de placa X20-706.
Después de atacar a los comuneros en el cerro, incendiaron los campamentos de los comuneros y sus equipos de trabajo. Los matones fueron detenidos en la noche por los efectivos policiales de Curahuasi cuando regresaban de Pucuta al Cusco luego de causar desmanes, pero fueron liberados después de tomar su manifestación.
El presidente de la comunidad de Pucuta, Edwin Huillca Gonzales, pidió la presencia de una comisión de alto nivel de la PCM en Abancay para buscar una salida al problema. También pidió el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
«»Herido abandonado.
El Centro de Salud de Curahuasi fue informado el domingo en la mañana sobre los heridos de bala, pero no se movieron sino hasta las tres de la tarde. Sin embargo, la ambulancia se regresó de Antilla, dejando a su suerte a los heridos de bala, por lo que el centro de salud de Curahuasi será denunciado oportunamente. Los heridos recién fueron traídos al hospital el día de ayer lunes.
«»Herido Aruntani. Negligencia policial.
Cabe informar que la policía de Abancay fue informado mediante oficio 009-2014-AMP-A, firmado por el presidente de la comunidad de Pucuta, de los posibles ataques el 4 de diciembre (adjuntamos copia de oficio). Sin embargo, no movió ni un efectivo policial a la comunidad de Pucuta.
Incluso el día domingo, aun enterados del ataque, no se movieron de la comisaría de Curahuasi, faltando a su obligación de proteger a los comuneros. Los comuneros de Pucuta responsabilizaron a la policía por no haber intervenido con el resguardo en el caso oportunamente.
«»Problema generado por Aruntani.
Las comunidades de Ccollpa, Pucuta y Antilla, que vivían en armonía desde siempre, se convirtieron en una zona de guerra entre comuneros desde el día en que llegó a la zona la minera Aruntani, la cual dividió a los comuneros y enfrentó hermanos contra hermanos, hecho que degeneró en varios hechos lamentables.
Varias veces la minera transportó a algunos comuneros, incluso ancianos, hasta Abancay para presionar a las autoridades, con el fin de sacar a los mineros comuneros de Pucuta de su territorio y dejar libre entrada a Aruntani.
Para tal efecto ha “comprado” a algunos dirigentes comunales y autoridades de Abancay, principalmente las del DREM, que esperamos sean cambiados por el nuevo presidente regional.
El presidente regional, Elías Segovia, también se prestó a este juego que beneficia a la transnacional, pues desde la DREM canceló las declaraciones de varios comuneros.
Ya anteriormente se produjo el incendio del campamento de Aruntani, supuestamente a manos de la misma minera, para denunciar y perseguir después a los comuneros que no aceptan el ingreso de esta empresa.
Anabi ya hizo lo mismo en la comunidad de Llusco (Chumbivilcas, Cusco) en el 2012, donde el campamento fue incendiado por agentes de la transnacional; con ese pretexto se persiguió a los comuneros con denuncias.
Guido del Castillo y sus aliados transnacionales tienen otros proyectos en Apurímac. Uno de ellos se denomina Anama, ubicado en la provincia de Antabamba, y producirá sesenta mil onzas de oro al año. Otro proyecto, pero de cobre, se denomina Anabia, programado para producir unos veinte mil toneladas de cobre metálico al año a partir del 2015.
En la actualidad Aruntani opera cuatro minas de oro: Aruntani (Moquegua), Arasi (Puno), Anabi (Cusco) y Apumayo (Ayacucho). Juntas suman una producción de 350.000 onzas de oro. ¿Y el Frente de Defensa de Abancay?
Ahora que una transnacional con fachada de nacional mete bala a comuneros abanquinos, en la misma puerta de la provincia, ¿qué dirá el supuesto Frente de Defensa de Abancay? ¿Solo sirve para atacar a los andahuaylinos y a las autoridades elegidas con supuestas denuncias de corrupción?
¿Qué dirán esos políticos que en la campaña se convierten en “defensores de los campesinos” y llegan a los pueblos prometiendo el oro y el moro? ¿Qué dirá UNAMBA cuando uno de sus profesores defiende a una transnacional (habría estado dirigiendo a los delincuentes) y promueve la expulsión de los comuneros de su territorio (debería tener vergüenza de enseñar en una universidad que lleva el nombre de Micaela Bastidas)?
¿Qué dirán los congresistas de Apurímac ante este atropello? ¿Qué dirán las nuevas autoridades recién elegidas? Por ahora, se viene formando en Abancay un Frente de Defensa de los Recursos de Apurímac con el grito: ¡ARUNTANI NO VA!• |
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SIN CONSULTA, CON REPRESIÓN Y VIOLENCIA IMPONEN PROYECTOS EXTRACTIVOS EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA |
El Estado mexicano ha concesionado 331,729 hectáreas a empresas privadas sin informar previamente, ni respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. En complicidad con las empresas, reprime a las comunidades que se organizan para defender su territorio.
En la “Primera Jornada El derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla” se denunció la privatización de los bienes comunes, la criminalización de defensores y la violencia en la región y en el estado de Puebla. Asistieron comunidades de los municipios de Cuetzalan, San Felipe Tepatlán, Ixtacamaxtitlán, Tlapacoya, Pauatlán, Ayotoxco, entre otras más y fue convocada por el Consejo Tiyat Tlali (que agrupa a 13 organizaciones), Fundar Centro de Análisis para la Investigación, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y el Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
La organización PODER documentó la existencia de 440 concesiones mineras, además de 15 proyectos hidroeléctricos privados, así como laexploración y explotación de hidrocarburos en campos petroleros operados por Halliburton y Diavaz en el estado de Puebla. El 60% de las concesiones mineras están en manos de la empresa Almaden Minerals.
Fundar enfatizó en su exposición que la región de la Sierra Norte se encuentra en la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la segunda en prioridad de hidrocarburos a nivel nacional y la primera en recursos prospectivos en petróleo.
Sin embargo, a las comunidades no se les informa; actualmente existen 233 pozos que utilizan fractura hidráulica (fracking) en la Sierra Norte sin que la población esté informada sobre si se trata de yacimientos de hidrocarburos no convencionales o no y, por lo tanto, sobre los riesgos e impactos negativos que implica para sus territorios, su medio ambiente y sus vidas. Además, la Secretaría de Energía ya ha entregado dos asignaciones a Pemex para exploración de este tipo de hidrocarburos en esta región, sin informar a las comunidades. Tampoco se han realizado los estudios de impacto social y las consultas previas que establece la legislación en la materia, señaló Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar.
El foro, que tuvo lugar en la facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sirvió como un espacio para reconocer las luchas que diversas comunidades están emprendiendo para defender su derecho a la vida. “Es el momento de exigir al gobierno que promueva el decrecimiento económico y una redistribución de la riqueza”, es también “un llamado a que la sociedad reflexione sobre sus prácticas cotidianas de consumo, y para fortalecer y acompañar los procesos de defensa del territorio”, señaló en su presentación Silvia Villaseñor a nombre del Consejo Tiyat Tlali, “pues es muy difícil combatir a Walt Mart
cuando tiene miles de consumidores”.
El doctor Germán Sánchez Daza, coordinador del Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la BUAP, enfatizó que se ha agudizado la presencia del capital y que las reformas estructurales, la creación de zonas económicas especiales, así como la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico están orientadas a mejorar los negocios privados. No obstante, recordó que al mismo tiempo se ha fortalecido la resistencia de los pueblos. “Las comunidades luchan y resisten a estos proyectos pero también construyen proyectos de vida para defenderse del saqueo del capital” expuso Edmundo del Pozo de Fundar.
Por su parte, Aldegundo González, del municipio de Cuetzalan, expuso que en julio de 2013 fue aprobado el informe preventivo del Proyecto El Aretón, perteneciente a la Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V. Sin embargo, las comunidades que integran el Consejo Maseual se enteraron hasta el 28 de noviembre de 2013, cuando Semarnat publicó en su portal que se habían concesionado 1,527 hectáreas de su territorio ancestral para extraer minerales. Debido a la inexistencia de consultas lascomunidades afectadas se organizaron en asambleas, la primera en la casa de cultura de Cuetzalan.
En la cuarta asamblea se realizó un cabildo abierto que declaró al municipio de Cuetzalan “libre de proyectos de muerte”. Interpusieron un amparo y el juzgado concedió la suspensión de plano para “salvaguardar sus derechos de posesión, propiedad o disfrute de sus territorios, aguas y sitios sagrados”.
En contraste, las comunidades de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya enfrentan la imposición del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 autorizado a la empresa Deselec 1, subsidiaria de Comexhidro, constituida por Salomón Camhaji Samra, exdirector de la otrora paraestatal Altos Hornos de México, hoy privatizada. La Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de autoabastecimiento para proveer de electricidad a Wal Mart, Waldo’s Mart, Suburbia, Vips, Colchas de México y una persona física, Ileana Jinich Mekler, expuso Patricia Legarreta de PODER. La empresa recibió financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para la promoción de energías renovables, recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura.
A las comunidades afectadas por el proyecto no se les proveerá de electricidad producida por la hidroeléctrica. Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali informó que el proceso de consulta inició cinco años después de haber sido otorgado el primer permiso. Cuando hicieron solicitudes de acceso a la información para conocer el proceso de consulta se les indicó que estaba protegido por secreto industrial. Por tanto, insistió “las comunidades no conocen el proceso de consulta que se les aplicó.”
La lucha por combatir este proyecto ha desencadenado como respuesta acciones de autoridades y de la empresa para romper el tejido comunitario. Quienes tratan de organizar asambleas para defenderse son señalados en la prensa local y amenazados; en fechas recientes 14 pobladores de San Felipe Tepatlán fueron denunciados penalmente como parte de esta estrategia de represión, manifestaron pobladores de estos municipios. La empresa ha promovido la creación de la organización Campesinos Unidos de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, con recursos públicos destinados a fines privados.
Aunado a ello, Alejandro Marreros del CESDER expuso la importancia que tiene la organización comunitaria frente a este tipo de proyectos que recruden la marginalización de las comunidades con respecto al ejercicio de sus derechos fundamentales. En donde, si no es con amenazas, las empresas llegan a ofrecer fuertes cantidades de dinero a autoridades y habitantes para dividirlos y confrontarlos. Es por ello que hizo un llamado para generar afinidades con otros sectores y pueblos del estado en un frente común a estos proyectos de desarrollo excluyente.
La criminalización es, por tanto, una de las respuestas del Estado Mexicano frente a la defensa de las comunidades por su tierra y territorio. Otra de las respuestas ha sido la negación ante los juzgados federales, de las violaciones a derechos humanos cometidas por la emisión de concesiones y permisos a las grandes empresas, señaló Itzel Silva de Fundar. Tal es el caso del amparo presentado por la comunidad nahua de Tecoltemi en contra de dos concesiones mineras, juicio en que el Estado se ha defendido virtiendo diversos argumentos, como el que darle la razón a la comunidad significaría quitarle derechos ya concedidos a la empresa minera, lo que pone en evidencia los verdaderos intereses que busca proteger; o que el derecho a la consulta no le obligaba porque la Ley Minera es anterior a la reforma constitucional que reconoce dicho derecho, con lo que niega el deber que desde 1990 tiene, de consultar a las comunidades, por haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Cada una de las empresas operadoras de proyectos extractivos en la Sierra Norte posee un historial de malas prácticas empresariales como corrupción de autoridades públicas, desastres ambientales, tráfico de influencias, ocultar información, así como una serie de conflictos por los derechos de propiedad territorial en otros de sus emprendimientos en México o en el extranjero” sentenció Omar Escamilla, investigador de PODER.
Finalmente, se aprobó la “Declaración de la Primera Jornada Por el derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla”. Los participantes de esta Primera Jornada exigen al Estado Mexicano respete y garantice los derechos a la tierra y el territorio, a la libre determinación y autonomía, a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla; exigen al cumplimiento cabal de los instrumentos internacionales que reconocen y protegen dichos derechos, así como el cese de cualquier acto de criminalización en contra las comunidades que con toda legitimidad, han decidido defender su territorio. |
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AlertaDefensoras HONDURAS / Detención arbitraria e intimidación contra defensoras del territorio y los bienes naturales de Azacualpa |
Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodríguez y Suyapa Trigueros
Actividad
Defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales
Agresiones
Detención arbitraria, intimidación
HECHOS – En la tarde del sábado 11 de mayo, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Santa Rosa de Copan detuvieron de manera arbitraria a siete integrantes de la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, entre las que se encontraban las defensoras Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodriguez y Suyapa Trigueros y los defensores Florentino Pérez, Antonio Trigueros, Edwin Hernández y Jesús Rodríguez.
La detención se produjo cuando las defensoras y sus compañeros trataban de oponerse a una detonación de dinamita cerca del cementerio de la comunidad por parte de la empresa Minerales de Occidente, subsidiaria de Aura Minerals, de capital canadiense.
Todas las personas detenidas fueron finalmente puestas en libertad sin cargos, al no haberse producido delito alguno, por lo que su detención debe interpretarse como parte de una estrategia de intimidación y criminalización contra la protesta social ejercida por el Estado en connivencia con los intereses privados de empresas cuya actividad es perjudicial para el medio ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades.
Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenamos esta vulneración al legítimo derecho a la protesta de las defensoras de la comunidad de Azacualpa y exigimos al Estado hondureño que deje de poner las instituciones públicas de seguridad y justicia al servicio de intereses privados social y ambientalmente nocivos, con el objetivo de reprimir, perseguir, intimidar y criminalizar a quienes defienden derechos humanos. |
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Envían a prisión a siete ambientalistas que se oponen a contaminación del río Guapinol |
Siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, fueron remitidos a prisión este lunes, acusados por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita. Los pobladores del litoral atlántico, a quienes se les dictó la medida de prisión preventiva durante la audiencia de imputados en los juzgados capitalinos, fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán.
Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.
El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, han sido judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.
Los defensores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad. |
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Detenido ayer en Lima el gobernador legítimo de Puno, Walter Aduviri |
El gobernador de Puno, Walter Aduviri, fue detenido este domingo por efectivos de la Policía Nacional en Lima, al promediar las 5 de la tarde, luego de permanecer en la clandestinidad desde mediados de agosto.
La detención tiene una evidente finalidad de quebrar espacios de unidad que la izquierda peruana viene construyendo en un contexto de crisis económica, política y social. Y próximo a un año electoral.
Sobre Aduviri pesaba una orden de prisión efectiva de 6 años por el caso del levantamiento popular denominado el ‘Aymarazo’, luego de que el Poder Judicial lo encontrara culpable de haber participado como coautor no ejecutivo «de actos violentos» en las protestas desatadas en Pun oen el 2011. Además, también se le impuso el pago de una reparación civil de 2 millones de soles en favor del Estado. En realidad, tanto los anteriores gobiernos como el actual buscan con estas medidas represivas cercenar el derecho del pueblo a elegir representantes que no se vendan, no se corrompan (como todos los ultimos presidentes peruanos) y trabaje por los de abajo enfrentando a las multinacionales mineras y extractivistas que están destruyendo al Perú.
Aduviri se encontraba en la clandestinidad desde que el pasado 5 de agosto cuando el Ministerio Público solicitara una orden de prisión preventiva por 15 días contra el gobernador de Puno.
Cuando supo de su condena, Walter Aduviri, desde la clandestinidad, anunció en una entrevista telefónica con RPP que buscaría agotar todas las instancias, tanto nacionales contra internacionales, para revertir la condena en su contra.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio del Interior informó que efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional y personal de la Digimin, de la misma cartera, lograron la captura del gobernador puneño, quien fue trasladado tras su captura a la sede de la Dirincri en la avenida España. |
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Gobierno declara el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa |
El Gobierno declaró el estado de emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas, región Cusco.
Así lo precisa el Decreto Supremo N° 169-2019-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La norma agrega que la medida estará vigente por 30 días calendario.
El D.S. indica que la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la zona declarada en estado de emergencia que comprende a cuatro distritos de la provincia de Chumbivilcas.
La norma dispone, además, la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, comprendidos en los incisos 9) y 12) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Sobre la labor de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, precisa que esta se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, respectivamente.
El Decreto Supremo lleva la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra, y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos; y por los ministros del Interior, Carlos Morán; de Defensa, Walter Martos; y de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla. |
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Catorce defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos enfrentan procesos penales en su contra |
En total Catorce defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos enfrentan procesos penales en su contra, como consecuencia de su labor de defensa contra la compañía minera Plata Real S. de R.L. de C.V. (Comunicado del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios). |
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Desalojan 200 policías plantón de 30 labriegos en Zacatecas |
Alrededor de 200 agentes antimotines y policías ministeriales participaron en el operativo para desalojar a 30 campesinos que tenían bloqueada la mina. Los hermanos Epifanio y Mónico Morquecho, dirigentes de los ejidatarios, fueron detenidos y trasladados a la cárcel distrital del municipio Concepción del Oro. |
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Agresión y judialización de ejidatarios de San Tiburcio |
La policía estatal de Zacatecas desalojo un bloqueo que mantenían ejidatarios de San Tiburcio sobre los accesos a las instalaciones de la mina Camino Rojo, el resultado fue de 7 campesinos heridos y 14 demandas personales. |
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Mineras Penmont y Peñoles fabrican delitos para despojar a ejidatarios |
En un nuevo intento para arrebatarles los ricos terrenos del ejido El Bajío, las mineras Peñoles y Penmont acusaron a 11 campesinos de “asociación delictuosa” ya que se acusa a los humildes campesinos de robar más de 460 millones de litros de una solución cianurada rica en oro.
En el expediente penal 112/2016 que interpusieron las empresas en el municipio de Caborca, Sonora, el pasado 19 de abril, un juez giró órdenes de detención contra 11 ejidatarios por el “robo con violencia” de vehículos mecánicos y robots que estaban en los terrenos del ejido, donde las mineras se habían apropiado de esos terrenos ilegalmente para sacar oro. |
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Empresa británica solicita arbitraje a Colombia sobre mina de níquel |
La compañía minera británica South32 SA Investments Limited ha solicitado un arbitraje de inversiones conta Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La demanda de arbitraje fue registrada el 27 de marzo de 2020 y la minera invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Colombia-Reino Unido de 2010.
A raíz de un comunicado en la página web que South32 posee en relación con el proyecto de minería de níquel Cerro Matoso, se puede inferir que el conflicto puede estar relacionado con: “el inicio de una investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de La República por una supuesta falta de pago de regalías durante el periodo 1982 a 2012 y en relación con dos contratos de concesión finalizados en el año 2012”.
South32 está siendo representada por Freshfields Bruckhaus Deringer US (Washington), Dechamps International Law (London) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá) |
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Minera canadiense demanda a Colombia por impedir minería en Páramos |
La empresa canadiense Eco Oro Mineral Corp interpuso una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, apelando a sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.
El motivo de esta demanda, tiene lugar por el fallo de la corte constitucional impidió la extracción de minerales e hidrocarburos en zonas protegidas.
El Estado colombiano entregó títulos mineros a diestra y siniestra desconociendo que algunos predios para la extracción de recursos se encontraban en zonas de reserva protegidas. Nueve mil títulos en todo el país se otorgaron para extraer recursos sin importar que se trataran de zonas de paramos, reservas productoras de agua, parques naturales y resguardos indígenas, muchos de estos títulos fueron otorgados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y por consiguiente fue implementado por Juan Manuel santos mediante el Plan Nacional de Desarrollo.
La multinacional pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante el transcurso de 15 años, sin embargo hace cinco años el estado los obligo a ejercer minería subterránea debido a las fuertes críticas ambientalistas que recibieron por estas prácticas irresponsables en terreno colombiano, y con la aprobación del PND su funcionamiento siguió vigente.
Esta medida no solo beneficia a unos cuantos campesinos de a pie, más de tres millones de personas se benefician del agua que emana del páramo de Santurban, el cual se encuentra en disputa con la compañía demandante, "no hay otra salida que defender la soberanía interponiendo las demandas necesarias para lograr una vida digna y un desarrollo sostenible en un país lleno de recursos naturales"; fueron las palabras de Miguel Ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander.
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Cuatro detenidos en Gualel por protesta contra minera |
Cuatro personas fueron detenidas en la parroquia de Gualel producto de una manifestación.
El jueves fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos adultos mayores, quienes supuestamente estarían involucrados en la quema de una camioneta.
Dos de los ciudadanos fueron aprehendidos en sus propias parcelas y otro mientras descansaba en su domicilio, conforme sus propias declaraciones afuera del Centro de Rehabilitación Social de Loja.
Según el parte policial la detención de estas personas ocurrió en esa jurisdicción rural, ubicada al noroccidente del cantón Loja, por información brindada por los presuntos afectados.
Los detenidos fueron trasladados al centro de detención provisional de la ciudad de Loja en horas de la madrugada.
El viernes 16 de octubre, el Comité para la Defensa del Agua y Pueblo de Fierro Urco convocó a una conferencia de prensa.
Se habló de que estas personas fueron detenidas injustamente, el presidente del FIIS Pedro Sigcho, comentó que incluso en la camioneta de la empresa se encontró un arma de fuego y alcohol etílico.
Audiencia
Más tarde, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos donde la jueza Jenny Jaramillo, aceptó la flagrancia a pesar de que la defensa argumentaba de que los señores no fueron encontrados en el lugar de los hechos sino en sus domicilios y parcelas.
En las afueras del edificio donde funciona la Unidad Penal de Loja, amigos, familiares y miembros de colectivos en defensa del agua, entre voces, carteles y aplausos pedían la liberación de sus compañeros.
Para Manuel Angamarca, vocal de la junta parroquial, la defensa del agua y de los pueblos ancestrales no termina pues ellos seguirán luchando para que no exista explotación minera en la zona.
Liberación
La Fiscalía acusó a los señores Salomón T., Jovita C., Juan A., y Jon M., de los delitos de ataque y resistencia, y daño a bien ajeno, sin embargo, la jueza aprobó la liberación de las personas involucradas otorgándoles medidas cautelares mientras se lleve a cabo la instrucción fiscal.
La defensa de los sospechosos, argumentó que los hechos no quedaron del todo claros, sin embargo, ellos respaldan el derecho constitucional a la manifestación.
La lucha no termina, se busca defender las reservas hídricas de Loja y por supuesto la vida, manifestó Marco Romero, abogado.
Testimonios
Se cumplió con la liberación de los detenidos, sus familiares y amigos los recibieron entre abrazos y ovaciones. Jovita, relató que la detuvieron dentro de su parcela, entre lágrimas narró que fue ultrajada por los policías quienes la habrían pateado y golpeado, pero se mantiene firme en la defensa del agua.
Salomón T., cuenta que fue detenido dentro de su casa mientras descansaba, fue golpeado y recibió también un machetazo, para él, la defensa del agua es lo más importante, pide que el Cabildo de Loja defienda y mantenga su palabra cuando declaró, en 2019, a Loja libre de minería metálica.
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Acoso y hostigamiento a campesino en Zacatecas |
Organizaciones civiles denunciaron un acoso judicial contra el campesino Roberto de la Rosa, quien desde hace años libra una lucha contra la minera que devastó su pueblo, que pertenece al magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México.
El campesino, cuya casa se ubica en el poblado de Salaverna, en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, encabeza desde hace años la defensa comunitaria contra la minera Ocampo Mining Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Slim.
El pasado 13 de abril, en medio de la epidemia por coronavirus, 20 trabajadores de la minera realizaron obras en terrenos cercanos a la milpa donde siembra el campesino. Esta situación provocó una discusión entre Roberto de la Rosa y el grupo de trabajadores encabezado por Jaime Alberto Contreras.
Durante el altercado, el campesino, quien lleva años siendo amenazado por su resistencia a la mina, sacó una pistola de calibre reglamentario (que usa para defenderse de los asaltantes), lo que hizo que los trabajadores abandonaran las tierras.
En respuesta, el 25 de abril, presuntos integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, adscritos a la Casa de Justicia de Mazapil, fueron a buscar al campesino a su casa para entregarle una notificación judicial para declarar ante el Ministerio Público por este altercado. |
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Entrega de agua con represión en Mendoza |
Medio centenar de detenidos, infiltrados policiales y heridos fue el saldo de la represión del gobernador Rodolfo Suárez a la marcha provincial a la ciudad de Mendoza. Fue tras la reforma de la ley 7.722, pactada entre radicales, peronistas y mineras.
Según el propio jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, al menos 45 manifestantes fueron detenidos por la fuerza el lunes 23 de diciembre. Lo que no dijo el jefe policial es que las detenciones se produjeron en medio de una represión planificada que incluyó infiltración de efectivos de civil entre la gente, amedrentamiento callejero a los tiros y una violenta cacería de personas cuyo “delito” era manifestar contra la reforma de la Ley 7.722 de protección del agua.
Esta reforma, como se viene informando, se consumó en el Legislatura mendocina el mismo viernes tras un pacto entre el Frente de Todos-PJ, la UCR del gobernador Rodolfo Suárez y multinacionales como Barrick Gold mientras la sociedad movilizada repudiaba este nuevo ataque a los recursos naturales y la salud pública. |
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Ambientalistas que denuncian la megaminería son reprimidos en Chbut |
El jueves 05 de diciembre de 2019 se realizó el primer paro provincial contra la Megaminería. En Puerto Madryn, Trelew, Lago Puelo, Esquel, El Escorial, Comodoro Rivadavia y muchas ciudades mas se realizaron grandes marchas. Por la medianoche los activistas que impulsan el movimiento ambientalista en Rawson fueron reprimidos frente a la Legislatura y seis de ellos detenidos.
Durante la madrugada fueron liberadas tres mujeres y a los tres varones los trasladaron a la Alcaidía de Trelew. Recién a media mañana los liberaros y quedaron imputados por daños y resistencia a la autoridad, calificaciones habituales cuando la policía detiene a luchadores en manifestaciones.
Denuncian que todos fueron golpeados y maltratados, que a algunas mujeres las encapucharon para que no vieran como les pegaban al resto de los detenidos. El operativo de traslado a Trelew fue de un despliegue inusitado de fuerzas represivas.
Durante la mañana y tarde del viernes se extiende la denuncia a la represión y a la creación del ministerio al servicio de las mineras.
El motivo de las manifestaciones se detonó en respuesta a las reuniones entre diputados de los distintos bloques con la empresa canadiense Pan American Silver, a fin de cocinar maniobras para imponer las actividades megamineras en la provincia. El avance que lograron fue la creación de la ley de ministerios y el Ministerio de Minería, lo cual, desencadenó las protestas donde ambientalistas fueron reprimidos y judicializados. |
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Lupaña Gold inicia arbitraje contra Perú por más de 100 millones de dólares |
Lupaka Gold ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en el que alude a la falta de apoyo del gobierno peruano en un conflicto social que ha paralizado todo trabajo en la mina Invicta durante los últimos dos años.
La petición se basa en el Artículo 36 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, conocido como Convenio del CIADI, y el Artículo 824 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la del Perú.
De acuerdo con la minera, el origen de la demanda se debe a la falta de apoyo de la policía peruana, fiscales y funcionarios del gobierno central para eliminar el bloqueo ilegal de pobladores de la comunidad de Parán y restaurar los derechos que exigía la minera Lupaka en el proyecto que llevaba adelante.
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Persecución política y detención de opositores a proyecto Tía María |
En horas de la mañana, once personas -entre trabajadores y obreros de construcción civil- fueron detenidas supuestamente por pertenecer a una organización criminal denominda «El Ladrillo Sindical del Sur», sindicada de extorsión de empresas de construcción en Arequipa.
La fiscalía de crimen organizado realizó un megaoperativo donde se allanaron las viviendas de los investigados y los locales de organizaciones sindicales.
Entre los detenidos se encuentran los dirigentes sociales José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), y Andrés Saya Alarcón, secretario general de Construcción Civil. Ambos líderes conocidos por las protestas contra del proyecto minero Tía María.
Según la declaración del fiscal José Chávez Cotrina a Radio Yaraví, la supuesta organización se dedicaba a cobrar cupos y colocar trabajadores fantasma en obras.
Alrededor de 500 efectivos de la Región Policial Arequipa junto a 22 fiscales especializados contra el crimen organizado intervinieron en el operativo. La medida estuvo dirigida por la fiscal Rosmery Mendoza Palomino, y se dictó detención preliminar por 15 días.
Dos de los detenidos son dirigentes sindicales que pertenecen al Comando de lucha en defensa al Valle de Tambo que rechazan el proyecto minero Tía María de la empresa Southern. Ellos fueron trasladados a la sede de la región policial en el marco de las investigaciones.
El abogado de Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores, Agustín Núñez, afirmó se trataría de una «persecución política» debido a que su defendido dirigía uno de los gremios importantes en las protestas de Tía María y en la lucha de los trabajadores en Arequipa. «Trataremos de desvincular a mi patrocinado de los delitos que le están imputando», declaró.
A través del medio Yaraví varios pobladores opinaron que estas detenciones serían parte de una estrategia para amedrentar a las organizaciones sindicales.
Lista de detenidos
José Luis Chapa Diaz (a) “CHAPA”- mando ejecutivo
Andrés Saya Alarcon (a) “ANDRÉS” O “CHIMUELO” – mando ejecutivo
Alfredo Mojica Valdez (a) “PELAO” O “MOJICA – mando ejecutor
Teófilo Maldonado Yanapa (a) “TEO” – mando ejecutor
José Rubén Díaz Diaz (a) “CENTELLA” O “DÍAZ” – mando ejecutor
Gelber Dagoberto Quispe Leon (a) “DAGO” O “GELBER” – mando ejecutor
Genaro Jorge Tapia Quispe (a) “GENE” – mando ejecutor
José Manuel Quispe Flores (a) “CACHARRÓN” – mando ejecutor
Juan Alberto Lopez Mamani (a) “LURIGANCHINO” O “LÓPEZ” – mando ejecutor
Juan Alberto Calle Lopez (a) “CACHORRO” – ejecutor
Pedro Aurelio Alvarez Tinuco (a) “TINUCO” – ejecutor |
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