Los esfuerzos de la minera Los Pelambres, por derribar a este grupo de profesionales la llevó a acusar a los socios Ramón Angel Ossa, Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y al abogado Iván Sanhueza de los delitos de prevaricación de abogados, de suscripción engañosa de documento y de asociación ilícita. Así mismo, denunciaban a Cristián Flores, dirigente acusado de desorden público y asociación ilícita.

Inquietud existe entre los abogados de la comunidad de Caimanes.

Desde hace varios años, la comunidad de Caimanes se encuentra en una disputa legal con la Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, por la instalación de un tranque de relaves tóxicos, que perjudica la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad de la cuarta región.

Esto llevó a que la minera levantara un proceso en contra de los abogados de la comunidad, que a juicio de Sandra Dagnino, una de las juristas acusadas, ha estado repleto de situaciones anómalas.

“Se nos acusa de haber inventado la contaminación para obtener un beneficio de la minera y resulta que el tribunal no admite a prueba los exámenes que dicen que en muestras de aguas subterráneas cercanas a la cortina, tienes manganeso sobre nueve mil unidades, mientras que la norma chilena es de 100. Recurrimos al Tribunal Constitucional porque consideramos que es una ilegalidad que una de las partes no pueda apelar a una resolución tan agraviante como es que dejen evidencias tan fundamentales fuera de tu defensa”, precisó la legista.

La abogada, sostiene que existe una clara desventaja en la investigación, que favorece la postura de la minera.

“Hay antecedentes de la Contraloría General de la República que dicen que hay una serie de problemas con sitios arqueológicos. Se despachó la orden de investigar sobre estos lugares y la contaminación de las aguas y la minera no dejó entrar a la Policía de Investigaciones. Cuando la Brigada de Delitos Ambientales pide autorización a la Fiscalía, que está para investigar, se le niega. Si eso no es desventaja, no sé lo que es”, inquirió.

Sandra Dagnino descartó además que con la presentación de estos recursos se haya buscado retrasar el inicio del juicio oral, sino que simplemente quisieron incorporar elementos esenciales que han sido desechados, a la causa.

El proceso se inició luego de que los abogados fueran formalizados en abril de 2010 por los delitos de prevaricación, asociación ilícita y suscripción engañosa de documentos.

Según la postura de la Minera, los ilícitos fueron cometidos con la finalidad de engañar a los pobladores de Caimanes y obtener un provecho económico de diversas acciones interpuestas con el objeto de paralizar la operación del tranque. Algo que ha sido rechazado por los abogados y por la misma comunidad.