Carlos Zorrilla es miembro fundador de Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), organización que trabaja para proteger el ecosistema de Intag, una región del norte de Ecuador rica en bosques subtropicales y biodiversidad. Durante muchos años, Carlos Zorrilla ha participado en iniciativas locales para oponerse a actividades mineras que dañarían el medio ambiente en la región, y ha iniciado proyectos de desarrollo alternativos a la minería.

El 14 de septiembre, los comuneros de Intag que se oponen a la minería en la zona bloquearon el acceso de empleados de la Empresa Nacional Minera a una parte de Intag. Los empleados iban a tomar muestras para realizar una evaluación medioambiental de la zona. Según Carlos Zorrilla, él no estaba en la zona en esos momentos.

Dos semanas después, el 28 de septiembre, el presidente Rafael Correa, durante su discurso semanal televisado a la nación, difundió fotos y datos de activistas de Intag, incluido Carlos Zorrilla. Calificó sus actividades de “desestabilizadoras” y dijo que eran una injerencia, encabezada por extranjeros, en la política gubernamental. Durante otro discurso televisado el 7 de diciembre, el presidente acusó de nuevo a Carlos Zorrilla y otras personas de defender intereses extranjeros, y pidió a los ecuatorianos que reaccionaran.
La preocupación por la seguridad de Carlos Zorrilla y las demás personas nombradas durante los discursos presidenciales se ve reforzada por el repentino cierre el 4 de diciembre, por parte de la policía, de la organización ecologista Pachamama, y por la negativa de las autoridades gubernamentales a permitir a esa organización y a los activistas desempeñar su labor (véase Información complementaria).
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

− pidiendo al gobierno de Ecuador que se abstenga de acusar arbitrariamente a Carlos Zorrilla y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de realizar actividades desestabilizadoras, ya que eso puede dar lugar a represalias indiscriminadas contra ellos; − expresando preocupación porque estas declaraciones del gobierno pueden disuadir a otras personas de participar en acciones públicas en defensa de los derechos humanos;
− recordando a las autoridades que los Estados tienen el deber de proteger a quienes defienden los derechos humanos y de crear las condiciones necesarias para garantizar que pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998.