Carlos Amador es uno de los fundadores del Comité Ambiental del Valle de Siria, creado en 1999 por las comunidades de San Ignacio, El Porvenir y Cedros (que conforman el Valle de Siria) para velar por el estricto cumplimiento de las leyes ambientales del país y principalmente para su aplicación en el desarrollo del proyecto minero. Durante los últimos años, el dirigente se ha convertido en un público opositor a la actividad en la zona de la minera Entremares, filial de la transnacional de origen canadiense Goldcorp.

Amador fue capturado el 25 de junio de 2011 por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC). La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de Conservación Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, en Francisco Morazán.

El Comité Ambiental del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares (Goldcorp). Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo. De 600 a 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de Conservación Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas. El arresto de Carlos Amador pone una vez más en tela de juicio el aparato judicial en Honduras, donde la mayoría de los operadores de justicia están al servicio de los intereses de la elite que controla el país.