La empresa canadiense Eco Oro Mineral Corp interpuso una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, apelando a sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.
El motivo de esta demanda, tiene lugar por el fallo de la corte constitucional impidió la extracción de minerales e hidrocarburos en zonas protegidas.

El Estado colombiano entregó títulos mineros a diestra y siniestra desconociendo que algunos predios para la extracción de recursos se encontraban en zonas de reserva protegidas. Nueve mil títulos en todo el país se otorgaron para extraer recursos sin importar que se trataran de zonas de paramos, reservas productoras de agua, parques naturales y resguardos indígenas, muchos de estos títulos fueron otorgados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y por consiguiente fue implementado por Juan Manuel santos mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

La multinacional pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante el transcurso de 15 años, sin embargo hace cinco años el estado los obligo a ejercer minería subterránea debido a las fuertes críticas ambientalistas que recibieron por estas prácticas irresponsables en terreno colombiano, y con la aprobación del PND su funcionamiento siguió vigente.

Esta medida no solo beneficia a unos cuantos campesinos de a pie, más de tres millones de personas se benefician del agua que emana del páramo de Santurban, el cual se encuentra en disputa con la compañía demandante, "no hay otra salida que defender la soberanía interponiendo las demandas necesarias para lograr una vida digna y un desarrollo sostenible en un país lleno de recursos naturales"; fueron las palabras de Miguel Ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander.