El 24 de marzo de 2008, una organización de reciente formación denominada Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba presentó ante la Fiscalía Provincial de Turno de Piura una denuncia por delitos de terrorismo, en quince modalidades distintas, contra 35 líderes ambientalistas de la región.

Entre éstos, alcaldes, presidentes de comunidades y de frentes de defensa, de rondas campesinas, que suman 27 líderes. Más ocho profesionales: dos abogados, un ingeniero, una economista y un biólogo, del equipo técnico de las ONGs que apoyan el movimiento ambientalista.

Los delitos de los que se les acusa son: "contra la tranquilidad y la paz pública, disturbios, apología, asociación ilícita, contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, motín, conspiración, contra la humanidad, torturas, lesiones graves y leves, coacción, secuestro, violación de domicilio, contra el patrimonio, usurpación y daños".

En total 300 son los procesados, entre ellos los 35 por terrorismo. Se han abierto 25 juicios a los cuestionadores del proyecto.