Vivimos con una gran tristeza y desesperación. Nuestra salud no está bien. Estamos expuestos a demasiado frío aquí en el páramo, donde estamos ya casi un año. Tenemos que estar lejos de nuestras familias que son las que pagan las consecuencias. En algunos momentos logramos reunirnos los siete compañeros para animarnos un poco. Hemos sido objeto de una trampa jurídica en la que han vulnerado nuestros derechos”, cuestiona Vinicio Jaya, uno de los siete pobladores de Nabón, cantón de Azuay, <b>sentenciados a ocho años de prisión por sabotaje</b> en las instalaciones de una empresa minera de esta zona.

Todo empezó el 23 de marzo del 2008 cuando decenas de pobladores de la parroquia Cochapata de este cantón ingresaron a un campamento de la compañía Explorsur, del grupo Eljuri, en protesta por sus actividades en el páramo de Shincata, pues consideraban que se afectarían las fuentes de agua del sector.

La Fiscalía del Azuay acusó a siete de estos pobladores de actos vandálicos contra las instalaciones de la minera. Este caso se judicializó, pese a la decisión aprobada el 31 de julio del 2008, cuando la Constituyente resolvió amnistías (perdón y olvido) para centenares de integrantes de movimientos sociales que habían sido enjuiciados por protestar en contra de proyectos mineros, petroleros, madereros en defensa de sus territorios.

Entre los beneficiados con la resolución estaban los siete pobladores de Nabón: Segundo San Martín Mora, presidente de agua de riego y potable de Cochapata; Luis San Martín Mora, dirigente; Celso Patiño Quezada, teniente político; Plutarco Patiño y Vinicio Jaya, entonces concejales de Nabón; Rodrigo de los Ángeles San Martín, presidente de la Junta Parroquial; y Manuel Capelo Herráez, presidente de la Comisión de Crédito de Jardín Azuayo.

No obstante, los tribunales de Justicia del Azuay no acogieron la decisión constituyente y el 13 de abril del 2009, la Corte Provincial de Justicia los llamó a juicio. Luego, el 14 de diciembre de ese año, se ratificó la decisión.

Mientras que en el último trimestre del 2010, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte azuaya estableció que existe responsabilidad de los demandados, quienes fueron sentenciados a ocho años de reclusión y al pago de una multa de $ 87. Desde el 3 de enero pasado estas personas viven en la clandestinidad.

En junio de este año, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca elaboró un informe sobre su estado de salud, en el que concluyen que “viven en una lógica de nomadismo en medio de condiciones meteorológicas profundamente nocivas y se encuentran en aislamiento absoluto, lo que se expresa en el deterioro de su salud física”. Según el estudio, todos han perdido entre 10 y 20 kilogramos, presentan sufrimiento mental severo, pérdida de sueño, inanición y tienen ideas suicidas.

La Defensoría del Pueblo presentó un reclamo administrativo ante la Corte de Azuay, lo que fue negado. Y el 2 de marzo último presentó una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional (CC), que el 18 de julio pasado fue inadmitida.

Hace dos meses, Carlos Pérez, abogado de los sentenciados, pidió a la CC que explique el sustento jurídico de la inadmisión sin recibir respuesta, lo cual impide, según Pérez, iniciar un proceso a nivel internacional.

En septiembre pasado, la Defensoría pidió a la Asamblea Nacional una nueva amnistía para estas personas. El caso está en la comisión de legislación.

El dia 21 de diciembre de 2011 la Asamblea Nacional otorgó la amnistía a los condenados, quienes podrán regresar con sus familias luego de varios meses de encontrarse ocultos para no ser víctimas de un injusto castigo.