El día 29 de octubre de 2012, se leyó la sentencia contra la Familia Chaupe, denunciada por Minera Yanacocha por supuesta usurpación de su propiedad. Cuatro miembros de esta familia fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, al pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha y se les ordenó que en un plazo de 30 días abandonen el predio para ser ocupado por la minera.

Llama la atención que la Sentencia no tenga ninguna rigurosidad jurídica y que no exprese objetividad, pues solo se ha basado en que la familia Chaupe no ha presentado pruebas para desvirtuar su responsabilidad cuando conforme a ley no le toca a los denunciados probar su inocencia sino al denunciante probar la culpabilidad. Igualmente la sentencia ha considerado como únicas pruebas para sentenciar, las inspecciones realizadas por la policía y la fiscalía en las que se acredita que la familia Chaupe estaba asentada en el predio, sin embargo el elemento fundamental que se debió acreditar es que la empresa minera era la real poseedora del terreno, situación que no se pudo comprobar a lo largo de la investigación. Por último el Ministerio Público se centró en defender la propiedad de la empresa minera respecto a este predio, sin embargo en este proceso no se discute ese tema sino la posesión del bien, habiendo así incurrido en una falta conocida como sustracción de la materia.

La Sentencia fue apelada ante las instancias superiores y se espera una reevaluación del caso y un fallo que esté acorde con las normas y la justicia.

La sentencia fue recibida por los inculpados en medio de lágrimas y la desesperación de la madre de esta familia, Maxima Acuña, la llevó a sufrir un súbito ataque nervioso que la mantuvo internada en el hospital de Celendín.