Javier Ramírez, un campesino antiminero, humilde, trabajador, respetado en su comunidad: Junín, de la parroquia de Íntag, cantón Cotacachi, se convirtió este 11 de abril en un nuevo detenido y procesado por actos de “rebelión y obstruir a un funcionario público” (Art 328 del COIP), según consta en la orden de prisión preventiva dictada por el Fiscal de la localidad.

El dirigente ha sido involucrado en supuestos actos de violencia que la Empresa Nacional Minera (ENAMI) afirma que habrían ocurrido en esa zona. “Ramírez es una persona que trabaja en el campo para mantener a su familia. Es un ejemplo en su comunidad, un hombre muy tranquilo. En esos actos que inventa la ENAMI, Javier no estuvo, no participó, en ese momento del que habla ese pseudo expediente, él estuvo enfermo”, sostiene Polivio Pérez, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario de Íntag, quien estuvo junto a Ramírez el momento de su detención, y quien también fue inicialmente detenido mientras retornaban de Quito junto a Ramírez y Silvia Quiyupangui, después de haber acudido a una reunión convocada por el ministro del interior, José Serrano.

La forma en que se produjo la detención ha sido denunciada como arbitraria, pues se habría dado en similares circunstancias que lo que ha ocurrido en otros casos de dirigentes sociales y políticos detenidos por actos de sabotaje y terrorismo, o por rebelión; es decir, se lo detuvo sin explicarle las razones ni exhibir orden de prisión alguna, sino después de varias horas de haber ocurrido el hecho.

Polivio Pérez narra indignado los sucesos: “El martes recibí una invitación del ministro del Interior, José Serrano, que me la hizo llegar el Gobernador de la provincia, en la que nos invitaba a una reunión de trabajo, aunque no se mencionaba el tema que se discutiría. A pesar de la manera en que se formuló la invitación, asistimos a esa supuesta reunión de trabajo, que se desarrolló a las 15h00; asistimos con Xavier Ramírez y la compañera Silvia Quiyupangui. El Ministro solo me permitió pasar a mí, los otros compañeros se quedaron fuera. Se discutieron varios temas relacionados con la minería, pero me di cuenta de hacia dónde quería llevar la situación el señor Ministro, por eso abandoné la reunión; no se produjo ningún incidente en ese instante, solo expuse las razones por las que nos oponemos a la extracción minera, y dije que sí estábamos dispuestos a dialogar, pero no bajo presión, bajo amenazas.

“Lo que permanentemente planteó el ministro es que demos paso a la fase de exploración, que duraría entre cuatro y seis años, y que después hablaríamos acerca de si nos conviene o no el tema minero, lo cual nosotros lo consideramos un engaño. En Íntag conocemos lo que es la minería y, si se dieran los acuerdos, éstos tendrían que ser previos, no una vez que ellos se hayan establecido por varios años en el lugar. Eso fue lo que ocurrió, hubo ese rechazo por parte nuestra, pero no pasó a mayores en ese instante. La sorpresa nuestra fue que cuando nos movilizábamos en un bus interprovincial fuimos detenidos, a las 19h10, en el sector de Nanegalito; la Policía no tuvo en ese momento una orden de captura, nos detuvieron por una llamada que había realizado un coronel de quien no nos quisieron dar el nombre, y nos retuvieron en ese lugar. No nos mostraron ningún documento, incluso nos quitaron celulares, documentos, y no nos dieron el derecho que cualquier ecuatoriano tiene, por más criminal que se le considere; a nosotros, que lo único que somos es campesinos que defendemos nuestros derechos, no se nos cumplió con esa obligación de mostrarnos las razones por las que se nos detenía. Yo fui liberado a las 22h00, diciendo que me pedían mil disculpas porque yo no estaba implicado en nada, pero en ese momento, al compañero Javier Ramírez, sin tener todavía la orden de captura, se lo trasladó a la ciudad de Otavalo; recién a las 03h30 de la mañana se le exhibió una orden de captura, que fabricaron recién, ahí sí le
ingresaron en los calabozos del UPC en Otavalo”.

La audiencia de formulación de cargos se dio el 11 de abril, y en ella se resolvió extenderle a Ramírez una orden de prisión preventiva por 30 días, mientras se investigaban los supuestos hechos de la demanda. “Fue realmente una infamia, no existió ningún sustento legal para que hoy le hayan dictado una orden de prisión. No hay argumentos, solo llamadas desde la ciudad de Quito, es claro que es un acto de persecución. A través de amenazas, de persecuciones, a través de la cárcel nos quieren obligar a ceder para instalar un proyecto minero que sería tan destructivo para la zona de Intag”, afirma Pérez.

A Ramírez lo acusan por la destrucción de propiedad privada, y afirman que hubo maltrato hacia algunos funcionarios. “Realmente da pena cómo han mentido, cómo engañan y cómo se comen el cuento el Fiscal y el Juez, es increíble cómo están manejando la justicia acá. No es un sistema apegado a derecho, es una forma que el gobierno usa para decir: quien se opone a este proyecto se va preso”.

Según Pérez, los habitantes de Íntag han sido alertados desde el momento de la detención, para que se mantengan en alerta permanente, y no se descartan acciones de protesta para los próximos días. “Estamos preparados, dispuestos: si por defender nuestro territorio de Íntag tenemos que ir a la cárcel, iremos. Que siga construyendo el señor (Rafael) Correa más cárceles, porque nosotros no vamos a ceder un solo milímetro de nuestro territorio para dar paso a la Empresa Nacional Minera, y mucho peor todavía con todo ese sistema de persecución, de criminalización, no solo en Íntag sino en el país entero”