La semana pasada ocho ordenes de captura fueron emitidas por miembros de las comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacan, departamento de San Marcos, Guatemala, en un intento a criminalizar y eliminar la resistencia local a la mina Marlin, un proyecto de explotacion de oro y plata en el area.

Las ordenes acusan a ocho mujeres y un hombre del delito de usurpación agravado por danos hechos a un tendido electrico que provee luz a la planta de la mina y que corre por las propiedades de varios vecinos de la comunidad. El 13 de junio, un miembro de la comunidad y madre de seis hijos, bloqueo el cable electrico que corre por su propiedad despues de meses de intentar convencer la empresa de quitar el poste electrico de su tierra. Se creia que el poste y el cable presentaban un peligro a la seguridad de su casa y mostraban la arrogancia con la cual la empresa sigue imponiendose en las tierras a pesar de los deseos de la poblacion. Dentro de unos dias, este acto de resistencia fue utilizado por la empresa para justificar las ordenes de aprehension contra ocho otros vecinos involucrados en denunciar a la empresa minera canadiense Goldcorp y su subsidiario Montana Exploradora por danos y violaciones a derechos humanos causados por la mina Marlin.

En febrero de 2010, las fuerzas de seguridad intentaron capturar a Crisanta Crisanta Pérez, lideresa de la comunidad de Agel. La intervención de otras mujeres liderezas y otras personas de la comunidad evitaron su detención, pero tuvo que permanecer oculta durante seis meses. Hasta ahora vive con miedo a ser capturada, se le hace difícil trabajar, constantemente le llegan rumores respecto a un posible secuestro y eso le causa zozobra. Casos como el de Gregoria Crisanta Pérez ilustran cómo mujeres indefensas son utilizadas para sentar precedentes y enviar mensajes para atemorizar a las mujeres que luchan en defensa de sus derechos ante las empresas transnacionales.

Estas ordenes de aprehension siguen un patron que empezo en 2007 cuando siete hombres de San Miguel Ixtahuacan que estaban exigiendo respuesta y recompensa de la empresa por la apropiacion coactiva de tierras en sus comunidades fueron identificados y demandados. Cinco de estos hombres fueron liberados mientras dos recibieron una sentencia de arresto domiciliario. Su caso ha sido apelado a la Corte Suprema de Guatemala.

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