Cinco pobladores: Federico Guzmán, presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay, Efraín Arpi, dirigente comunitario y dos comuneros más fueron detenidos luego de la movilización no violenta realizada el día 4 de mayo de 2010 en oposición al proyecto oficial de la Ley de Aguas oficial y por la anunciada actividad minera en la zona.

La detención y posterior procesamiento judicial a estas personas se dio cuando efectivos de la Policía nacional reprimieron la movilización.

Al momento de la detención de los líderes en Tarqui, en el parte policial se anota la supuesta causa: “sedición, alteración del orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y obstaculización de servicios públicos”.

El mismo día, el Juez II de Garantías Penales, acogiendo la acusación de la fiscalía dicta orden de prisión preventiva por el delito de sabotaje y terrorismo a los servicios públicos tipificado en el artículo 158 del Código Penal. El 7 de mayo, ante una acción de amparo de libertad solicitada por los procesados, el presidente de la Corte Provincial del Azuay, revoca la prisión preventiva.

ESTADO DEL EXPEDIENTE:
Indagación previa, con prisión preventiva
Fiscalía XI de lo Penal del Azuay