Hoy, 9 de Julio de 2014 la comunidad de Nueva Esperanza ha vivido una vez más el maltrato por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia. Olman Vijil Vasquez, Grevin Amaya Pineda y José Lemus Pineda fueron citados de manera indebida e intimidante por  inspectores de la D.N.I.C. con placas No. 1309 y 11727 a comparecer  a sus oficinas en Tela, Atlántida por supuestos "DELITOS VARIOS". Ante este citatorio la comunidad de Nueva Esperanza se sintió agredida debido a que la denuncia la interpuso una familiar del trabajador minero Wilfredo Funez, arrestado el pasado 28 de febrero y el cual ha aceptado su culpabilidad en los delitos imputados en contra de la comunidad y de los observadores internacionales de PROAH. Por tal razón, unos 30 vecinos y los Misioneros Claretianos, de la oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC),  acompañaron a los tres miembros criminalizados representados por su abogado Martín Fernández, miembro del MADJ. 
 
Entre las anomalías del citatorio está:  
 1. El primer citatorio lo recibieron los imputados el domingo 6 de julio por la tarde para presentarse el lunes 7 por la mañana. Conducido  por personas particulares de la comunidad.
 
2.En el segundo citatorio iba una nota intimidatoria escrita en la esquina de cada una de las Actas de Citación que dice así: "presentarse obligatoriamente o se dará orden de captura por la fiscalía ultima cita".
 
3. En la D.N.I.C no había denuncia ni declaración por parte de la demandante. Después de escuchar a la demandante se evidenció que no existían los tales “delitos varios”.
 
4. Los inspectores fueron los mismos que se prestaron para la criminalización de 5 líderes de la comunidad de Nueva Esperanza en enero del año pasado en clara colaboración con la Empresa Minera.
 
5. Luego, los pobladores quisieron poner denuncias sobre hechos “reales” de amenazas y hostigamiento y los mismos inspectores se negaron a recibirlas.
 
Ante estos hechos, surgen las preguntas ¿Por qué no se actúa con igual celeridad a favor de las demandas de la comunidad de Nueva Esperanza que lleva más de dos años pidiendo que se haga una investigación seria y responsable en las diferentes violaciones a sus Derechos Humanos ejecutadas por la Empresa Minera La Victoria? ¿Al aceptar la culpabilidad Wilfredo Funez por qué no se inicia un proceso contra los autores intelectuales de los delitos aceptados?
 
¿Por qué el Estado Hondureño, por medio de sus órganos de Justicia, permite que se siga criminalizando a las Víctimas que gozan de Medidas Cautelares dictadas por la CIDH, en vez de concretar dichas medidas con prontitud?
 
¿Qué necesidad tenía el hermano José Lemus Pineda de ir a ese rídiculo citatorio después de haber sufrido la pérdida de su recién nacida el día lunes  y haberla enterrado el día de ayer? ¿Qué hubiese sucedido sí embargado por su dolor no se hubiera hecho presente? ¿Acaso le  hubieran aplicado la amenaza de "orden de captura" y acusado de desobediencia a la "autoridad"? Si embargo, este campesino, como todos los campesinos de Nueva Esperanza desde siempre han intentado que este "sistema de justicia" funcione a pesar de las experiencias contrarias.
Lamentamos lo sucedido y nos seguimos solidarizando con la comunidad de Nueva Esperanza esperando que pronto estén librados de tanto sufrimiento y terror empresarial e institucional. 

Fuente: OFICINA DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN. MISIONEROS CLARETIANOS