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Asesinan a Isamel Solorio y Manuela Solís por oponerse a minera Cascabel |
Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Urrutia denunciantes de los abusos contra los recursos naturales y medioambientales de la operación de Minera El Cascabel, fueron abatidos a tiros el lunes 22 de octubre 2012 mientras conducían su camioneta.
Ismael y Manuela eran miembros de REMA-Barzón Nacional, la Red Mexicana de Afectados por Minería y activistas anti-minería de la comunidad. De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Ismael había denunciado una campaña de difamación y amenazas contra su vida durante semanas.
Una semana antes, El Barzón y otros grupos comunitarios presentaron una queja ante la Secretaría de Gobernación con respecto a estas amenazas. El COSYDDHAC, informo que Ismael y su hijo fueron atacados el 13 de octubre de 2012 por un grupo de empleados asalariados por la empresa minera El Cascabel.
Además de ser los principales activistas opositores a la instalación de la mina, también denunciaron la perforación de pozos ilegales en la cuenca del río Carmen, situación no atendida por la Comisión Nacional del Agua.
El Cascabel es una entidad estrechamente relacionada con la compañía minera MAG Silver con sede en Vancouver y también es el actor central en el desarrollo del Cinco de Mayo proyecto que es 100% propiedad de MAG Silver . Muchos miembros de El Barzón y otros movimientos en el municipio se opusieron a la mina, dadas las preocupaciones sobre el uso intensivo de las aguas subterráneas en esta región árida.
En respuesta a esta tragedia varios miembros de El Barzón han ocupado el edificio de la capital, exigiendo al gobernador César Duarte dar respuesta a lo que ellos llaman un “crimen de Estado”. Legisladores del PRI en Chihuahua han sido objeto de críticas en la prensa por tener una relación íntima con las empresas mineras canadienses que operan en el estado y de favorecer sus intereses en vez de favorecer a las comunidades afectadas.
Antecedentes:
El Barzón Chihuahua es una unión de productores agropecuarios que se ha venido manifestando en contra de la explotación ilegal del agua y de los sistemas de riego, desarrollo de procesos de contaminación y destrucción de parcelas y cultivos de toda la región de San Buenaventura, en el estado de Chihuahua por diversos grupos presuntamente con el apoyo de funcionarios de gobierno del estado y de autoridades federales.
Específicamente, el Sr. Ismael Solorio Urrutia y la Sra. Manuela Martha Solís Contreras estaban involucrados en la defensa del agua de la zona del semidesierto y en la conservación de los acuíferos contra la explotación irracional de las plantaciones comerciales. De igual forma, luchaban por evitar la violación de la Ley por parte de la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera Canadiense MAGSILVER, que estaba perforando a pesar de carecer de permiso y de la oposición de la asamblea y de las autoridades ejidales de la zona.
Hasta el momento la empresa había realizado más de 400 perforaciones, con la expectativa de que una vez iniciada la explotación, utilizaría materiales altamente contaminantes que provocarán graves daños en la salud de los habitantes, destrozando los cultivos de la zona y contaminando los acuíferos. |
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Angélica Choc fue víctima de atentado con disparos en su casa |
Vivienda de Angélica Choc Fue Blanco de un Atentado Con Disparos Mientras Que Ella y Dos Niños Dormían en su Interior
Poco después de la medianoche del día viernes, 16 de setiembre de 2016 (mañanita del 17), se produjo un atentado con disparos contra la vivienda de Angélica Choc, una dirigenta Maya-Q´eqchi´ defensora de los derechos humanos y de la comunidad de El Estor, departamento de Izabal, Guatemala. Durante el ataque, ella se encontraba en el interior de la vivienda junto con su hijo menor y una hija adoptiva.
Angélica es la viuda de Adolfo Ich, un profesor y dirigente comunitario que fue asesinado el 27 de setiembre de 2009, por Mynor Padilla, el entonces jefe de seguridad de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals y coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Guatemala.
Desde el año 2010, Angelica es una demandante, junto con otras 12 personas Maya-Q´eqchi´ que han sido víctimas de actos de represión vinculados con la empresa minera, en los juicios civiles notorios que se llevan adelante en Canadá en contra de Hudbay Minerals y su coacusado, la CGN (la Compañía Guatemalteca del Níquel.) Desde el mes de marzo de 2015, Angélica es también la principal denunciante-víctima (junto con el Ministerio Público y la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) en el juicio penal de gran notoriedad que se lleva adelante en Guatemala en contra de Mynor Padilla por el asesinato de Adolfo Ich y el ataque con disparos que dejó con parálisis a German Chub (también cometido ese mismo día por Padilla y otros guardias de seguridad bajo sus órdenes).
Inmediatamente después del atentado con disparos, Angélica llamó a otros familiares para que vinieran a quedarse con ella y los niños. Por la mañana, al salir de la casa encontraron casquillos de bala, identificados por la policía como casquillos de bala calibre 12 y casquillos de bala de escopeta calibre 22. En el muro exterior de la casa, existen por lo menos 4 impactos de bala ya documentados por las autoridades.
Angélica y sus familiares presentaron una denuncia ante la policía y el Ministerio Público por este atentado cometido por atacantes no identificados. Angélica también advirtió a Germán Chub de lo acontecido, (por ser también denunciante y querellante en el juicio penal y civil).
Dadas las características de un ataque cometido a la medianoche, aunado al estado de impunidad y represión (muchas veces cometida por las fuerzas policiales y militares) que existe en Guatemala, es poco probable que se llegue a identificar y detener a los autores de este ataque.
Dadas las características de la represión y la impunidad en Guatemala, Derechos en Acción considera probable que este ataque intimidatorio esté vinculado al trabajo y la lucha de Angélica, tanto en Guatemala como en Canadá, buscando que se haga justicia por el asesinato de su esposo Adolfo Ich cometido por personas vinculadas a la empresa minera. Derechos en Acción siente una gran preocupación por la seguridad de Angélica Choc y su familia, y por la seguridad de German Chub y su familia.
Mas Informacion
Grahame Russell
grahame@rightsaction.org
416-807-4436 |
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Exigen que cesen los desalojos en contra de familias Q´eqchi´s en el Estor Izabal |
Representantes de comunidades de El Estor Izabal, denunciaron públicamente lo que familias Qe´qchi´s de El Estor Izabal han sufrido en los últimos días.
En conferencia de prensa representantes de diferentes comunidades dieron a conocer que policías empezaron a disparar bombas lacrimógenas en contra de mujeres y niños que se encontraban en la comunidad 30 de Julio Se´chaj, dicha acción fue realizada después que la jueza Sandra Janeth Méndez Nájera autorizó un desalojo sin que la comunidad fuera notificada; "La Policía Nacional Civil, guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- y cuadrilleros contratados por la empresa actuaron en contra de la comunidad sin que éstos enseñaran la orden de desalojo", refirió Juan Tuc representante de las comunidades de El Estor Izabal.
Tuc dijo que los resultados del desalojo violento llevado a cabo el pasado jueves 10 de julio por parte de la Policía, guardias de seguridad privada y cuadrilleros, es de tres jóvenes heridos, (no se mencionan los nombres por temor a represalias), varias viviendas quemadas, quince estudiantes que se encontraban en el interior de una escuela ubicada a 100 metros del lugar, resultaron intoxicados por el gas lacrimógeno.
Los representantes de las comunidades también denunciaron el accionar de la Jueza Sandra Janeth Méndez que siempre se ha mostrado a favor de la empresa -CGN-, al señalar que es la tercera vez que acciona en contra de las comunidades Q´eqchi´s eso muestra que su accionar se parcializa para defender los intereses de la Compañía Guatemalteca de Níquel. Los líderes describieron parte de los antecedentes: cuando se dio el desalojo al Lote Ocho, Lote Nueve y Setal la jueza acompañó a los guardias de seguridad privada de la empresa, también señalaron a la jueza de proteger a sicarios contratados por la -CGN- los cuales han sido identificados plenamente por las comunidades, dicho grupo paralelo intentó masacrar a las familias que se encontraban en la comunidad Setal el 30 de junio de 2012.
"Todas las comunidades Q´eqchi´s de El Estor Izabal defendemos nuestras tierras, porque somos dueños de esas tierras, nuestros abuelos lucharon por nuestras tierras, por eso no queremos que sigan los desalojos, somos nativos de este país, nosotros no queremos a empresas transnacionales que vengan a desalojar a las familias de sus tierras", señaló Santiago Tuc representante de las comunidades.
Por su parte Angélica Choc parte de las comunidades afectadas, indicó que las denuncias por parte del pueblo Qéqchi´ se han dado desde hace varios años ya que no es desde ahora que el pueblo es víctima de abusos a sus derechos por parte de la empresa que antes era conocida como EXMIBAL, hasta la fecha el pueblo sigue sufriendo; "las mujeres temen por su vida por el abuso que han cometido por parte de la -CGN-", indicó Choc. |
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Nuevo ataque a la resistencia pacifica en La Puya deja heridos y mujeres intoxicadas |
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) lanzaron gases lacrimógenos de manera indiscriminada con saña para desalojar a las personas que integran el movimiento social La Puya, quienes desde marzo de 2012 han manifestado su oposición a que se instale una mina en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
A la solicitud de una consulta comunitaria y el ejercicio del derecho a la resistencia pacífica, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ambos militares retirados, enviaron más de 40 patrullas de la Policía para amedrentar este viernes, desde las cuatro de la mañana, a la población que lo único que ha hecho es defender la naturaleza.
Los gases han afectado principalmente a niñas y niños, quienes estaban cantando y tuvieron que salir corriendo ante los bombazos. Otros que recibieron el impacto fueron mujeres policías y personal de la empresa, quienes sin aviso alguno de los responsables del cuerpo policiaco, sintieron los efectos y quedaron con ojos llorosos. Esto muestra que el operativo fue poco preparado, aunque también demostró la agresividad con que fueron lanzados los artefactos.
Mientras los agentes policíacos reprimían a la población de La Puya, algunas mujeres les explicaban la validez de su lucha a los uniformados, ya que las empresas que extraen el oro de Guatemala acumulan riqueza, mientras destruyen terrenos que pueden ser aptos para cultivar, y desperdician el agua: “Nosotras luchamos en defensa de toda la población”.
La actitud de resistencia de las mujeres de La Puya es un ejemplo, porque con dignidad han participado en múltiples actividades para proteger el territorio. En más de una oportunidad recurren a sus cantos para manifestar su unidad, su resistencia es pacífica.
Con estos hechos se demuestra cómo una empresa privada que está dispuesta a pasar por encima de los derechos de las comunidades, cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Esta injusticia está siendo observada por medios nacionales e internacionales, así como por entidades protectoras de los derechos humanos. En todo el mundo se conocerá cómo el Gobierno guatemalteco le sirve a una empresa.
Un representante empresarial, con la prepotencia que le da contar con el apoyo total de las fuerzas policíacas, se presentó al lugar para exigir que se abriera el camino para pasar la maquinaria, porque tiene derecho al acceso a su propiedad privada.
Esta resistencia tiene un mismo origen que otras como las que suceden en Barillas, San Mateo Ixtatán, San Juan Sacatepéquez y otros lugares. Con estos actos represivos se demuestra cómo la propiedad privada tiene prioridad para este Gobierno y viola los derechos a opinar de las comunidades que defienden el derecho a la vida y a la protección de la naturaleza, es decir, los bienes comunes de toda la población. Merecen toda nuestra solidaridad por su resistencia pacífica a este modelo de desarrollo impuesto con violencia.
Fuente: Diario el Periodico |
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Asesinan a joven de solo 16 años por oponerse a la minería en Guatemala |
Marilyn Topasio Reynoso Pacheco, defensora de derechos humanos, era una joven que disfrutaba y alegraba con su guitarra, que cantaba a las injusticias y defendía los recursos y el territorio, y fue asesinada por sus ideales.
Otra luchadora que cae y se suma a los muertos que nunca mueren y que resucitan en el pueblo que recoge las banderas en contra del extractivismo y defensa de la vida y los Bienes Comunes.
La Comisión Paz y Ecología de Guatemala, escribió una carta a la "Topis", como le gustaba que le llamaran:
Al escribir esta nota, me tiemblan los dedos sobre el teclado, los lentes se empañan y las lágrimas brotan, obedeciendo la ley de la gravedad, caen.
Tan solo 16 años de edad tenía Marilyn Topacio Reynoso Pacheco, le gustaba que le llamarán “La Topis” pero para mí era “La uTopis” porque era valiente, servicial, sonriente, que tenía una energía positiva, dispuesta a hacer andar la causa por una Guatemala con JUSTICIA SOCIAL.
Con ella compartíamos sueños, utopías, rebeldía con justa causa y profundos deseos de una revolución, que le hiciera un “jaque mate” a tanta podredumbre en el sistema de Gobierno. Ah sí, ella, la de “la edad de orgullo” la que se expresaba con su guitarra, la que con su mirada profunda y convincente sin mover los labios decía “pronto se abrirán las grandes alamedas, para que pase el hombre libre y construya una sociedad más justa” Por eso yo le decía “La uTopis” porque “para eso sirve la utopía, para caminar” Pero resulta, que eso daña los intereses de ciertas “personas” y por eso los cobardes decidieron empuñar un arma, halar un gatillo, más nunca decidieron empuñar la mano del pueblo, ni mucho menos halar a la juventud para lograr un cambio, es más decidieron eliminar a la juventud.
Esto no es un tema nuevo, ya lo vivimos en el pasado, a tan solo 17 años de la Firma de la tan falaz “paz” defender y exigir derechos, es peligroso. Y Topacio, quien era de las supuestas generaciones de la “paz”, donde ella tendría un escenario diferente para practicar su activismo, fue ASESINADA ¿Quién sería el autor intelectual? No lo sabemos, pero desde mayo del 2013, el pueblo de Mataquescuintla, el cual es el primer municipio de Guatemala LIBRE DE MINERIA, ha sido hostigado fuertemente por el Desgobierno de “La Fincona” (Guatemala) todo por oponerse al falso desarrollo de la Industria Minera, en la región del norte de Santa Rosa y el sur de Jalapa, más de 2000 km2, esperando ser devorados por las empresas mineras, utilizando técnicas nocivas a la vida humana.
Y esta era la lucha de Topacio y la de su pueblo, la misma lucha que se libra en casi todo el país, ante la IMPOSICIÓN de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, monocultivos y petroleras. Y por eso su madre, el día en que Topacio fue devuelta a la tierra, para que florezca Guatemala, dijo: “vamos a luchar para cumplir tu sueño, para que un día ellos (los mineros) se vayan” Y así será, porque se ha demostrado que la Minería Química de Metales, NO es económicamente rentable, NO es ambientalmente sostenible, NO es socialmente aceptada.
Por eso a “La uTopis” la comparo con cuatro grandes mujeres de nuestra historia, no la que “enseñan” en las Escuelas públicas y privadas, sino la historia construida desde abajo y con conciencia. La comparo con Mama Maquin, mujer en resistencia por la defensa de la madre tierra y el derecho a la tierra. La comparo con Rogelia Cruz, por su belleza tanto física, como interior, por sus ansias de lograr un cambio urgente. La comparo con Alaíde Foppa, por su cualidad de artista, de poeta y soñadora. La comparo con María Chinchilla, aquella maestra que se atrevió a pensar en revolución y luego de su muerte física, llego ese glorioso 20 de octubre de 1944. Por eso Topacio, ayer tu pueblo y muchas/os que te aprecian y quieren, no te fueron a despedir, fueron a decirte presentes! y es por eso que en memoria tuya, es prohibido rendirse, porque juramos vencer.
¡Hasta pronto!
--
comisión paz y
ecología
http://www.copaeguatemala.org
https://www.facebook.com/copae.marcos
twitter:Copae@CopaeGt |
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Masacre a comunidad maya Kakchiquel |
La noche del 7 de septiembre, varios hombres armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil (Guatemala), asesinaron a 11 personas e hirieron gravemente a otras 17, entre las que se encuentran varias niñas. Según denuncia la comunidad, los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los pobladores en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC).
La comunidad, que tiene sus propias autoridades y que desde 2005 es responsable de su seguridad interna -no había presencia policial desde entonces-, se ha caracterizado por una decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina "El Tambor".
El comunicado, que adjuntamos a continuación, relata en detalle los sucesos acontecidos el día 7 de septiembre:
Comunicado Público de la comunidad
A la comunidad Nacional e Internacional damos a conocer la masacre ocurrida el 7 de septiembre a las 23 horas, en contra de la comunidad Kaqchikel de San José Nacahuil del municipio de San Pedro Ayampuc.
San José Nacahuil, es una comunidad indígenas del pueblo Kaqchikel, tiene sus propias autoridades comunitarias, donde la presencia policial ha sido innecesaria. Es la única población maya y la comunidad más grande de San Pedro Ayampuc. Nacahuil se ha caracterizado por la defensa de su territorio ante las amenazas que han existido. Ejemplo de ello TRECCSA empresa de transporte de electricidad, que la comunidad no permitió su paso, actualmente es parte de la resistencia pacífica de la Puya en resistencia contra la empresa minera en el área.
El 7 de septiembre a las 22:45 horas llegó una radio patrulla a las comunidad revisando tiendas de productos diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas, esa actitud no es usual en Nacahuil. Como a los 10 minutos después, llegan hombres armados a bordo de carro no identificado, causando una balacera en las principales calles de la comunidad, con mayor atención a los negocios que estaba abierto a esa hora. Dejando un saldo de 10 personas muertas, 17 personas heridas dentro de ellas 2 niñas de 11 años de edad que ya se encuentran salvo, y otras que han fallecido en los hospitales de la capital.
Curiosamente el recorrido que hicieron los asesinos es el mismo que realizo la Patrulla minutos antes, por lo que la población se pregunta ¿dónde estaba la policía cuando se dieron los hechos, o es que acaso solo crearon las condiciones y verificar que no haya personas armadas?
Exigimos que el gobierno exija el esclarecimiento de los hechos con investigación, ya que han perdido la vida personas trabajadoras y honorables en la comunidad. Que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar a la comunidad. Ya que la comunidad no ha querido presencia permanente de la PNC, por que anteriormente estaban y ocasionaron mayor índice de criminalidad en la comunidad.
Rechazamos rotundamente la declaración del Ministro de Gobernación en donde afirma que el móvil es de pandillas, lo cual es totalmente falso, y prematuro hacer afirmaciones sin tener elementos de investigación.
Pedimos a las comunidades, organizaciones nacionales e internacionales su solidaridad con el pueblos Kaqchikel de San José Nacahuil por estos hechos de sangre que enluta a la comunidad.
COMUNIDAD KAQCHIKEL DE SAN JOSÉ NACAHUIL, RED DE LA NOVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MOVIMIENTO DE MUJERES INDIGENAS TZ´UNUNIJA´, COORDINADORA 25 DE NOVIEMBRE, ALIANZA POLITICA SECTOR DE MUJERES MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA. |
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Asesinan a Santos Ajau y Balean casa de Yolanda Oquelí |
Santos Fidel Ajau Suret de 54 años de edad, vecino de la aldea San Antonio El Ángel y activista del plantón de La Puya, fue cobardemente asesinado el día martes 9 de julio, cuando volvía a su vivienda.
Repudiamos este vil asesinato ejecutado a las 17:15 horas por dos hombres que se conducían en motocicleta en el camino de terracería que va de San José del Golfo a la aldea San Antonio El Ángel. Don Fidel recibió tres balazos por la espalda y luego dos tiros de gracia.
Además denunciamos que en la noche del mismo día martes 9 de julio, desconocidos realizaron disparos de arma de fuego frente a la casa de Yolanda Oquelí, en San José del Golfo.
El modus operandi de este asesinato es similar al del atentado contra Yolanda Oquelí en el mes de junio del año pasado. El domingo recién pasado Santos Ajau había recibido amenazas por parte de personas que han participado en los hostigamientos organizados por la empresa minera. Entre el mes de junio hasta la fecha, se han dado incidentes de hostigamiento y amenaza contra la resistencia en el plantón de La Puya, que incluye disparos con arma de fuego.
Las personas de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen a la instalación del proyecto minero Progreso VII Derivada, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas sin haber consultado a la población de los municipios afectados. El proyecto minero es propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA.
Los inversionistas de este proyecto han lanzado una campaña de hostigamiento y atentados contra la resistencia de La Puya, contratando a ex militares que estuvieron activos durante el conflicto armado interno. Tal es el caso del militar retirado Pablo Silas Orozco que ha encabezado las agresiones contra los activistas de La Puya. Orozco está ligado a proceso judicial por amenazas contra comunicadores sociales a quienes agredió física y verbalmente durante el mes de noviembre del año pasado.
Las comunidades que conforman en la resistencia La Puya, están en reuniones de acercamiento para exigir la cancelación del proyecto minero Progreso VII Derivada ante máximas autoridades como el Presidente Otto Pérez Molina y los ministros de Gobernación, Energía y Minas, y Ambiente y Recursos Naturales. A dichas autoridades les exigimos la cancelación inmediata de las licencias mineras y de hidroeléctricas otorgadas a empresas que han realizado acciones criminales contra la población.Tal el caso de Ecoener Hidralia Energia – Hidro Santa Cruz en Huehuetenango, Mina San Rafael – Tahoe Resources Inc. en Santa Rosa y la misma Kappes Cassiday & Associates -KCA.
¡Alto a los asesinatos de defensoras y defensores de la vida y el territorio!
¡Exigimos la investigación a fondo y el esclarecimiento del vil asesinato de Santos Fidel Ajau Suret!
¡Exigimos la investigación sobre el atentado e intimidaciones en contra de Yolanda Oqueli!
¡El gobierno de Pérez Molina debe cancelar las licencias a empresas extractivas que han realizado acciones criminales contra la población guatemalteca!
¡Sí a la vida, No a la minería! |
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7 meses de persecución y criminalización a Teresa Muñoz |
Teresa Muñoz, dirigente comunitaria de Jalapa y opositora al proyecto minero Escobal de Tahoe Resources Inc. habla de como se sintió ser perseguida desde mayo 2013 cuando entró el estado de sitio en San Rafael Las Flores y otros municipios alrededor de la mina Escobal de Tahoe Resources (40% de Goldcorp Inc).
Ver video adjunto con declaraciones de la víctima. |
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Disparan a Yolanda Oquelí |
Yolanda Oquelí es el líder del Frente del Norte del Área Metropolitana – FRENAM, un movimiento de miembros de la comunidad que defienden la tierra de la expansión minera en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala.
El 13 de junio de 2012, aproximadamente a las 18:30 horas, Yolanda Oquelí se alejaba del sitio de la protesta pacífica en la Aldea La Puya hacia San José El Golfo, cuando en el camino fue interceptada por dos hombres en una motocicleta. Uno de los hombres sacó un arma y apuntó a Yolanda Oquelí; ella paró el coche, se bajó del vehículo, y se arrojó al suelo. Los atacantes dispararon cuatro tiros, tres de los cuales alcanzaron al vehículo y uno le impacto a la defensora de los derechos humanos en la zona lateral derecha de su cuerpo. La bala quedó alojada detrás de su hígado. Consiguió ponerse en contacto con alguien por teléfono, quien la encontró y la llevó al hospital. Actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica.
Las comunidades locales han estado protestando en la zona de la minería El Tambor desde marzo de 2012, a fin de plantear sus preocupaciones por el impacto ambiental negativo de las actividades mineras realizadas por la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMIGUA). Yolanda Oquelí ha presentado denuncias ante el Ministerio Público en relación con amenazas de muerte que ha recibido los últimos meses de trabajadores de la mina, funcionarios de EXMIGUA y miembros de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDEH. |
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Ataque armado contra la señora Teodora Antonia Hernández |
El 7 de julio de 2010, la señora Teodora Antonia Hernández Cinto, activista anti-minera, recibió un disparo en el ojo a quemarropa por un desconocido. El intento de asesinato ocurrió en la casa de la señora Hernández, quien vive en la comunidad San José Nueva Esperanza a tan solo metros de una barda que delimita la mina de oro Marlin, propiedad de la compañía Canadiense Goldcorp.
Teodora Antonia Hernández Cinto fue víctima del ataque armado cuando se encontraba en su casa . No se esclareció nunca el motivo del ataque, pero semanas atrás Teodora Antonia había manifestado su inconformidad por las operaciones de la empresa minera en el documental "El negocio del oro en Guatemala: un conflicto anunciado", lo que da lugar a sospechar que el origen del ataque proviene de grupos que apoyan la extracción minera. En el vídeo documental se puede observar a la señora Antonia rechazando la presencia de la mina en San Marcos y explicando cómo la empresa a cargo de las operaciones extractivas es la causa de la conflictividad social en su comunidad.
Los procesos legales internacionales acerca del cierre de la mina han polarizado aún más a las poblaciones circundantes al megaproyecto, al punto que varios líderes que se oponen a la extracción de minerales han sido blanco de ataques armados directos. De esa forma se explica el atentado contra Teodora Antonia, quien después de recibir el impacto de bala fue llevada a la clínica de salud en San Miguel Ixtahuacán. Luego fue trasladada de emergencia al hospital nacional de San Marcos, donde le realizaron radiografías que evidenciaban cómo la bala le lastimó parte del cerebelo.
Lo que sí es seguro es que, como Teodora Antonia, que forma parte del Movimiento de Resistencia en San Miguel Ixtahuacán, otros activistas que trabajan en defensa de los derechos humanos e indígenas también se encuentran en una seria situación de riesgo por su oposición a la minería. Teodora Antonia, antes del crimen cometido, recibió numerosas amenazas por su participación en el Movimiento de la Resistencia, dicen los miembros de la organización. Según informaron familiares y allegados cercanos a la víctima, en junio de 2009 participó en la defensa del agua en el barrio de Sacmuj, cuando los vecinos de esa localidad entraron en un conflicto territorial con la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria del Goldcorp. |
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Disparan a Diadora Hernadez por oponerse a vender su tierra a Goldcorp |
Diodora Antonia Hernández Cinto fue baleada a quemarropa en su cabeza por dos hombres del vecindario (que eran trabajadores de la mina Marlin), y que luego de disparar, salieron corriendo en la noche, dejándola por muerta.
Fue baleada porque se niega a vender su terrenito a Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa Canadiense Goldcorp Inc., que está operando una mina a cielo abierto, de oro y plata, con uso de cianuro, en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala.
La bala entró en su ojo derecho y salió detrás de su oreja derecho. Después de una estancia de tres meses en el hospital, milagrosamente, Diadora sobrevivió y regresó con un ojo prostético, a su choza y su terreno, el 5 de octubre, 2010 – donde vive con su hija, su nieta y su esposo.
Después del atentado contra la vida de Diodora, Derechos en Acción mandó una carta publica (Julio 10, 2010 , basada en una acción urgente de ADISMI) al gobierno canadiense y parlamentarios, al plan de pensión canadiense y otros inversionistas, sobre el atentado contra la vida de Diodora por hombres del vecindario que trabajaban anteriormente en la mina de Goldcorp, y nunca recibieron ningún tipo de respuesta.
En una carta dirigida a ADIMSI y Derechos en Acción (20 de Julio, 2010), Goldcorp reconoció que los dos hombres detenidos e interrogados sobre el atentado (y después liberados), habían trabajado anteriormente para Goldcorp:
‘Tengo entendido que los dos hombres que supuestamente cometieron el atentado han sido identificados y fueron detenidos por la policía pero fueron liberados después. Sin embargo, tengo entendido que les ordenaron que comparezcan ante Ministerio Público en San Marcos para prestar declaraciones sobre el incidente. Ambos son residentes de San Miguel Ixtahuacan. Uno de los dos fue empleado de Montana, pero dejó de trabajar para Montana más de un ano. El otro hombre trabaja para un contratista que provee servicios de desarrollo subterráneo a Montana y a la mina Marlin.’
Ahora, un agente de seguridad proveído por el gobierno vive con su familia, permanentemente. Diodora vive en un estado de amenaza constante y con miedo de los vecinos pro-minería y de los desconocidos. |
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Orden de captura contra ocho mujeres y un hombre en la comunidad de Agel |
La semana pasada ocho ordenes de captura fueron emitidas por miembros de las comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacan, departamento de San Marcos, Guatemala, en un intento a criminalizar y eliminar la resistencia local a la mina Marlin, un proyecto de explotacion de oro y plata en el area.
Las ordenes acusan a ocho mujeres y un hombre del delito de usurpación agravado por danos hechos a un tendido electrico que provee luz a la planta de la mina y que corre por las propiedades de varios vecinos de la comunidad. El 13 de junio, un miembro de la comunidad y madre de seis hijos, bloqueo el cable electrico que corre por su propiedad despues de meses de intentar convencer la empresa de quitar el poste electrico de su tierra. Se creia que el poste y el cable presentaban un peligro a la seguridad de su casa y mostraban la arrogancia con la cual la empresa sigue imponiendose en las tierras a pesar de los deseos de la poblacion. Dentro de unos dias, este acto de resistencia fue utilizado por la empresa para justificar las ordenes de aprehension contra ocho otros vecinos involucrados en denunciar a la empresa minera canadiense Goldcorp y su subsidiario Montana Exploradora por danos y violaciones a derechos humanos causados por la mina Marlin.
En febrero de 2010, las fuerzas de seguridad intentaron capturar a Crisanta Crisanta Pérez, lideresa de la comunidad de Agel. La intervención de otras mujeres liderezas y otras personas de la comunidad evitaron su detención, pero tuvo que permanecer oculta durante seis meses. Hasta ahora vive con miedo a ser capturada, se le hace difícil trabajar, constantemente le llegan rumores respecto a un posible secuestro y eso le causa zozobra. Casos como el de Gregoria Crisanta Pérez ilustran cómo mujeres indefensas son utilizadas para sentar precedentes y enviar mensajes para atemorizar a las mujeres que luchan en defensa de sus derechos ante las empresas transnacionales.
Estas ordenes de aprehension siguen un patron que empezo en 2007 cuando siete hombres de San Miguel Ixtahuacan que estaban exigiendo respuesta y recompensa de la empresa por la apropiacion coactiva de tierras en sus comunidades fueron identificados y demandados. Cinco de estos hombres fueron liberados mientras dos recibieron una sentencia de arresto domiciliario. Su caso ha sido apelado a la Corte Suprema de Guatemala.
http://www.youtube.com/watch?v=gzRbi43mlfU |
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11 Mujeres Maya Q´eqchi´s, víctimas de violaciones en grupo por personal de seguridad de la minera HMI Nickel, policías y militares |
El 17 de enero del 2007, durante el desalojo forzoso de 100 familias Maya Q’eqchi’ de sus pequenas viviendas en la comunidad de Lote Ocho, las once mujeres fueron violadas en grupo por personal de seguridad de la minera, policías y militares.
Estos desalojos armados y violentos fueron realizados a solicitud de HMI Nickel, con relación al Proyecto Minero Fenix. Dicho proyecto se encuentra ubicado en las orillas del Lago Izabal y es manejado a través de la empresa subsidiaria guatemalteca, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
La demanda, que ha sido presentada en el domicilio de las compañías HudBay Minerals y HMI Nickel, en Ontario, Canadá, reclama indemnización por daños en general, y como indemnización punitiva por daños y perjuicios.
Anteriormente, la empresa HMI Nickel se conocía como Skye Resources. Todas las acciones de HMI Nickel fueron compradas por HudBay Minerals en el año 2008. Actualmente, HMI es una compañía subsidiaria que pertenece a y es controlado por HudBay Minerals. Al producirse estas violaciones en grupo, HudBay Minerals no era la dueña de HMI Nickel.
‘Nueve señores entraron a mi casa y me violaron’ dijo Rosa Coc. ‘Eran policías, soldados y miembros de la seguridad privada de la empresa. Me dejaron completamente maltratada y abusada.’ Según han dicho Rosa y las demás, al momento de los ataques, algunos de sus agresores portaban uniformes con las siglas y el logotipo de la empresa subsidiaria de HMI Nickel en Guatemala, la CGN.
Desde su sede principal en Canadá, HMI Nickel (HudBay Minerals) mantuvo un control sobre las operaciones en el Proyecto Fenix al momento en que sucedieron las violaciones.
En declaraciones presentadas en Canadá, con fines de relaciones públicas, HMI Nickel (HudBay Minerals) prometió que las fuerzas de seguridad de la minera Fenix cumplirían con los estándares internacionales de selección, comportamiento, entrenamiento y supervisión de su personal de seguridad.
El entonces Presidente y Director Ejecutivo de HMI Nickel, Ian Austin, dijo a los inversionistas canadienses que todas las actividades que se llevarían a cabo en relación a los desalojos, serían realizadas por personal especialmente entrenado para evitar actos violentos.
A pesar de las promesas públicas de la compañía, HMI Nickel y CGN emprendieron acciones violentas, el desalojo forzoso, en contra de las comunidades Maya Q’qechi’ que viven en los terrenos vinculados al proyecto minero. Los demandantes no tienen conocimiento de algún hecho que indicaría que HMI Nickel haya tomado alguna medida razonable para implementar los prometidos estándares de seguridad internacional o para proteger a la comunidad contra la violencia que se dio.
Entre lo ocurrido en el terreno y lo que decían los ejecutivos de la empresa existe una distancia asombrosa. El mismo día en que hombres vestidos con el logotipo de CGN estaban cometiendo violaciones en grupo durante el desalojo de la comunidad Lote 8, que fue realizada a solicitud de la empresa, Ian Austin, el entonces Director Ejecutivo de HMI Nickel, hizo de conocimiento público en Canadá una carta que decía: ‘la empresa hizo todo lo que estaba en su poder para asegurar que los desalojos fuesen realizados en la mejor manera posible, respetando los derechos humanos.’
En Guatemala no se ha realizado ninguna investigación ni acción judicial por estos crímenes. Rosa y las demás están buscando justicia en Canadá, en parte debido a la poca confiabilidad del sistema de justicia guatemalteca. En enero 2011, Human Rights Watch señaló que ‘para el 2009, existía un 99.75 por ciento de impunidad para los crímenes violentos’, lo cual significa que casi todo tipo de crimen violento ocurre sin que haya castigo.
El informe continúa diciendo que ‘la violencia en contra de las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y los autores casi nunca son procesados por el sistema judicial’.
‘Estamos traumadas por ese ataque’ dijo Rosa. ‘No solo yo, si no toda la comunidad’. |
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Asesinan a tres indígensa Tolupanes por oponerse a la minería |
La masacre de indígenas de la Tribu Tolupan de San Francisco de Locomapa, cometida en Locomapa, Yoro el pasado 25 de agosto, demuestra una vez más la guerra por la explotación de los bienes comunes que se está librando en Honduras, especialmente en el territorio de los pueblos indígenas.
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, fueron asesinados por sicarios al servicio de mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica. Los occisos participaban en una toma de la carretera desde hace 12 días, con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral
En los últimos tres años en Honduras en nombre de un supuesto “desarrollo” se ha intensificado la minería y construcción masiva de represas, muchos de estos proyectos son promovidos por funcionarios estatales asociados con la actual administración; mientras los pueblos indígenas se encuentran totalmente desprotegidos ante el desconocimiento estatal del Derecho a la Consulta previa, Libre e Informada (CPLI).
Los Tolupanes han padecido de una violencia sistemática, con mas de medio centenar de víctimas en los últimos 20 años, sin que exista hasta la fecha una investigación fehaciente sobre esos crímenes y mucho menos se haya judicializado alguna persona respecto a estos crímenes. Aparentemente los sicarios implicados en la reciente masacre de los herman@s Tolupanes han manifestado que existen otros defensores de los bienes comunes en Locomapa que serán ejecutados.
La Tribu de Locomapa en una carta pública de julio de 2012, dirigida al Misterio de Justicia y la Secretaria de Pueblos indígenas (SEDINAFROH), denunció la intervención del maderero Kenton Landa Úcles, el cual introdujo maquinaria para la destrucción del bosque, además de una serie de arrestos ilegales y amenazas de muerte a los miembros de la comunidad opuestos a la destrucción del bosque y la minería.
La enorme vulnerabilidad del pueblo Tolupan ante las agresiones de aquellos que vienen explotando el bosque y los minerales, se agrava con el colapso que padece el país en materia de seguridad y justicia.
El desconocimiento del CPLI viene generando una sistemática violacion a los derechos humanos, sin tener en cuenta las cosmovisiones de nuestro pueblos y el ejercicio de la propiedad comunitaria, el que frecuentemente es pisoteado y violentado por el Estado de Honduras. A pesar de la existencia de una serie de instancias gubernamentales que se suponen defienden los derechos de los pueblos indígenas, estas suelen recaer en un silencio cómplice, permitiendo de esta forma las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que “el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados”. Agrega además la CIDH, que “el reconocimiento oficial del dominio por los pueblos indígenas sobre sus territorios no es un acto discrecional y libre de la voluntad estatal, sino una obligación. Desafortunadamente el Estado de Honduras no ha adoptado las medidas efectivas para reconocer el derecho de propiedad comunal de los pueblos sobre las tierras que tradicionalmente hemos ocupado y usado; al contrario desde el mismo Estado se esta promoviendo la destrucción de nuestros territorios y de nuestros pueblos, cuando se están aprobando Leyes tales como: Ley RED-ZEDE, Ley de Reconversión de la Deuda (Ley Hipoteca), El convenio con el grupo BG de exploración y explotación de hidrocarburos y el programa REDD+.
Exigimos la protección de los Tolupanes de la Tribu San Francisco Locomapa, sobre todo a los compañer@s Jose Maria Pineda, Vilma Consuelo Soto, Ramon Matute, Sergio Avila, Celso Cabrera y Elvin Enamorado,
quienes están sufriendo persecución únicamente por defender los bienes comunes de su pueblo; así mismo exigimos investigación y castigo a los culpables de los hechos acontecidos el 25 de agosto. |
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Ambientalistas y Defensores de Derechos Humanos de Honduras son amenazados de muerte |
La organización no gubernamental Amnistía Internacional pidió al gobierno hondureño que proteja la vida de la periodista ambientalista y pro activista de los derechos humanos Dolores Valenzuela, a quien desconocidos han amenazado de muerte. Al mismo tiempo la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras responsabiliza al Gobierno de Honduras, al sector minero, al sector maderero y a la empresa Gas del Caribe ante cualquier violación a la integridad de varios ambientalistas y sus familiares que, al igual que Dolores, están siendo perseguidos y amenazados de muerte.
La transcripción del último mensaje que recibió Juana Dolores Valenzuela:
"De: Gonzalo Martinez <gonzaloamartinez2010@yahoo.es>;
Asunto: barbara lengona
Para: "doloresvalenzuela16@yahoo.es" <doloresvalenzuela16@yahoo.es>;
Fecha: martes, 27 de noviembre, 2012 02:26"
"Por la lengua te vamos a matar un día de estos, cuando vas a aprender a respetar .... vieja que nunca aprendiste ..llegaste a vieja, hija de la gran puta, la lengua no te va a ajustar en el ataúd".
Ante esta situación, Juana Dolores declara: "Las amenazas son el resultado de mi lucha permanente contra la explotación minera a cielos abiertos en Honduras", afirmó. "Y en esa actividad económica hay compañías transnacionales y grupos de poder local que invierten millonarias cantidades de dinero".
Frente a estos acontecimientos, la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras emitió recientemente el siguiente comunicado:
"Las organizaciones aglutinadas en la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional en general, denunciamos lo siguiente:
1. Debido a la inseguridad y la alta criminalidad que azota a nuestra Honduras y que tiene repercusiones directamente contra los luchadores y luchadoras sociales, ambientalistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos quienes últimamente han sido víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamiento e intimidación producto del ejercicio de sus actividades, ya sea defendiendo el ambiente, los derechos humanos o implemente por tener otros criterios opuestos al sistema que impera actualmente en nuestro país.
2. La Coalición Nacional de Redes Ambientalistas denuncia, que nuestra compañera de lucha y periodista ambientalista de trayectoria nacional e internacional identificada en la lucha de la defensa de la protección y conservación de nuestros recursos naturales, Juana Dolores Valenzuela, conocida como “Lolita”, ha sido amenazada de muerte, utilizando el medio electrónico.
3. Las entidades de esta Coalición exigimos a las instituciones como el Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, proporcionen las medidas urgentes de protección para resguardar la vida y la integridad de nuestra compañera Lolita, así como de Pedro Landa, Carlos Amador y demás compañeros del Comité Ambientalista del Valle de Siria, Compañeros del Movimiento Unificado Campesino (MUCA) del Bajo Aguán, y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Atlántida, quienes al igual que otros defensores y defensoras a nivel nacional, están siendo perseguidos y amenazados de muerte.
4. Desde ya, responsabilizamos al Gobierno de Honduras, al sector minero, al sector maderero y a la empresa Gas del Caribe ante cualquier violación a la integridad de nuestros compañeros y sus familiares.
Tegucigalpa M.D.C., 29 de noviembre de 2012
COALICIÓN NACIONAL DE REDES AMBIENTALISTAS DE HONDURAS
FUNDACIÓN SIMIENTE
ASOCIACION DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
ASOCIACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA
CENTRO HONDUREÑO DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
MOVIMIENTO UNIFICADO CAMPESINO DEL AGUAN
MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
COMITÉ REGIONAL AMBIENTALISTA DEL VALLE DE SIRIA
RED AMBIENTALISTA DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ
MOVIMIENTO AMBIENTALISTA
SANTABARBARENSE
RED NACIONAL DE COMUNIDADES EN CONTRA DE LA MINERIA
MESA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO, REGION EL PARAISO
FUNDACION POPOL NAH TUN
CONSEJO DE CUENCAS DE VALLE DE ANGELES
ALIANZA CIVICA POR LA DEMOCRACIA
RED DE COMITES DE DEFENSA DE LA NATURALEZA DE CHOLUTECA Y VALLE
SOCIEDAD CIVIL DE ARAMECINA
SOCIEDAD CIVIL DE GOASCORAN Y LANGUE
CONSEJO DE CUENCAS DEL RIO LA SOLEDAD
CONFERENCIA DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE HONDURAS"
Más de 31 periodistas han sido asesinados en tres años en Honduras, que enfrenta la peor violencia registrada en su historia. |
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Secuestro a Observadores Internacionales por sicarios en comunidad Nueva Esperanza, Honduras |
El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras), Yolanda - de nacionalidad francesa, y el otro Daniel, de origen suizo - fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria.
Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los hombre armados continúan en la comunidad.
Ante esta situación, y en respuesta a las solicitudes por parte de miembros de la comunidad, PROAH está acompañándola a través de la difusión de información y de alertas a nivel internacional, y ha visitado la comunidad en varias ocasiones.
El 24 de julio, los dos miembros de PROAH pasaron la noche en la casa de una familia en la comunidad de El Zapote, cerca de La Nueva Esperanza, para acompañarla en vista de las amenazas que han recibido por resistirse a vender sus tierras a Lenir Pérez3. A las 9.00 de la mañana, al día siguiente, el 25 de julio, 7 hombres fuertemente armados llegaron a la casa, amenazando a los dos acompañantes con sus escopetas, reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera, liderados por un hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo Funes. Éste dijo a los acompañantes que tenían que irse porque estaban impidiendo su trabajo. Los miembros de PROAH explicaron su trabajo de acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos. En un momento, sonó el teléfono de Wilfredo Funes que dijo que ‘el jefe’ quería hablar con los acompañantes. Uno de ellos preguntó si era Lenir Pérez. Funes se mostró sorprendido y dijo “Ya sabes?” pero cuando le pasó el celular, la persona colgó. Otros hombres armados (según miembros de la comunidad hay 12 en total allí) persiguieron disparando al dueño de la casa que se encontraba fuera, hasta que llegó a su hogar.
Después de una hora, el líder de los hombres armados obligó a los miembros de PROAH a salir de la casa, amenazando con usar la fuerza si hiciera falta. También dijo que si volvieran, les “perderían en el bosque”. Les obligó a caminar durante una media hora a La Nueva Esperanza, rodeados por los hombres con armas y machetes, quienes intimidaron sexualmente a la acompañante francesa. Les forzaron a borrar las fotos de la maquinaria de las obras mineras. Luego, Wilfredo Funes y un ingeniero de la minera los obligaron a subir en un pickop, con tres hombres armados en la paila. Antes de soltarlos, Wilfredo Funes dijo que si los miembros de PROAH denunciaran los hechos, la comunidad sufriría represalias. Dejaron a los acompañantes en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am, después de dos horas y media de captura. Esperaron allí durante una hora a una patrulla de policía que los llevó a Tela.
Indudablemente, la presión ejercida por el COFADEH, PROAH, y otros defensores de derechos humanos, incluso miembros de la comunidad, para denunciar y solicitar intervención inmediata a las autoridades de seguridad nacionales y miembros del cuerpo diplomático, fue un factor decisivo que permitió su liberación.
Es significativo que, el día anterior, los defensores habían informado a la posta policial de Buena Vista, en camino a la comunidad, de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban los policías en la posta.
Un miembro de la comunidad informó a PROAH que esa misma noche, hombres armados de la minera pasaron por La Nueva Esperanza en motocicleta disparando al aire. La
familia donde estaban hospedados los acompañantes al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad.
El 27 de julio, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo. |
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Asesinato de Dora Alicia Recinos Sorto |
Este día, 26 de diciembre a eso de las 15:30 horas fue asesinada la compañera Dora Alicia Recinos Sorto, quien se encontraba en su octavo mes de gestación, Alicia como era conocida, era de 32 años de edad, esposa del compañero José Santos Rodríguez, quien es el primer vocal del Comité Ambiental de Cabañas, ambos han resistido la violencia generada hacia ellos por oponerse al proyecto de explotación minera, que promueve la empresa Pacific Rim, sicarios la asesinaron esta tarde cuando regresaba de lavar del rió, en el Cantón Trinidad, de la ciudad de Sensutepeque, Departamento de Cabañas.
Dora Alicia Recinos Sorto, era la esposa de unos de los compañeros, que en esta lucha de igual forma lo intentaron asesinar empleados de la empresa Pacific Rim, amputándole con arma blanca algunos dedos de su mano derecha, para esa ocasión las autoridades policiales terminaron llevándose detenido al compañero José Santos; según nos informo Dora Alicia, recientemente hombres con armas largas lo habían llegado a buscar, por la noche a José Santos, para asesinarlo, gracias a Dios él no se encontraba, José Santos Rodrigues es uno de los lideres que encabezaba la resistencia ciudadana en contra de la empresa minera canadiense Pacific Rim y participa activamente en todas las actividades de concientización, de sierre de calle, en manifestaciones contra la empresa minera, y en esta ocasión sicarios asesinan a su esposa y hiere de un pie a uno de sus hijos que traía en brazo su compañera.
El pasado 20 de diciembre del 2009, sicarios asesinaron a Ramiro Rivera Gómez, su asesinato fue realizado con una planificación que no permitió que sus dos seguridad miembros de la unidad de victimas y testigos de la policía nacional civil pudieran protegerlo, hasta la fecha no existe ningún detenido por su asesinato, a esta realidad se suman el asesinato del compañero Marcelo Rivera, miembro de ASIC, el Dora Alicia Recinos Sorto, el de Ramiro Rivera Gómez y las amenazas a los y las compañeras de Radio Victoria, el intento de secuestro y asesinato del sacerdote Luís Alberto Quintanilla, las amenazas al director de ADES, las amenazas al resto de compañeros/as miembros del CAC y de MUFRAS-32. En todo estos hechos de violencia existe una preparación por parte de los ideólogos o intelectuales que preparan y eligen a sus victimas, estos asesinatos pasan por la ideación, la preparación, ejecución y consumación, en todos los hechos los sicarios han dejado indicios que la policía nacional civil y la fiscalía general de la republica deberían de utilizar para establecer a los autores materiales y a los autores intelectuales, pero hemos venido observando deficiencia en las investigaciones y lo mas grave poca voluntad de querer encontrar las causas de estos asesinatos.
http://www.mocase.org.ar/noticias/el-salvador-dora-alicia-recinos-sorto-companera-ambientalista-fue-asesinada-en-su-octavo
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Amenazada la vocera promotora de una consulta popular contra las mineras en El Carmen de Chucurí |
El 10 de diciembre de 2017 en el casco urbano del Carmen de Chucurí fue objeto de seguimientos y hostigamientos la dirigente social NINI JOHANA CARDENAS RUEDA vocera del Comité organizador de la Consulta Popular contra la explotación Minera e hidrocarburos en el Carmen de Chucurí - Santander.
Ese día ante la imposibilidad de hacer la consulta popular, la vocera NINI JOHANA, en representación del Comité, convocó a la comunidad carmeleña a un plantón que fue aplazado horas antes, sin embargo, después, cerca de las diez de la mañana, NINI JOHANA hizo presencia en el parque junto con otro integrante del Comité y al llegar al sitio observaron que en una mesa del parque estaba un hombre de tez morena, de 165 cm de estatura, pelo corto, que portaba una chaqueta color negra, quien al parecer la estaba esperando.
Durante casi una hora el sujeto vigiló todos los movimientos que realizaba NINI JOHANA, incluso se acercó de manera intimidante con una mano en la chaqueta, al ser descubierto recorrió el quiosco del parque principal regresando donde estaba la dirigente social. Momentos después al observar el sujeto que cerca del lugar, dos policías motorizados detuvieron a dos jóvenes para efectuar una requisa, se puso inquieto y se alejó del lugar en dirección hacia la Alcaldía Municipal, donde se subió en una moto de alto cilindraje de color verde con blanca.
La vocera NINI JOHANA ya ha sido hostigada en otras oportunidades. El 28 de febrero de 2017, en la vereda el Cuarenta del Carmen de Chucurí, fue víctima de tentativa de feminicidio por parte de MILTON CHACON MATEUS. Su domicilio fue violentado por parte de esta persona, quien además de atentar contra su vida, se apoderó de la agenda de NINI JOHANA donde reposaba las actas de conformación del Comité, el plan de trabajo del mismo, un celular y una memoria USB con estudios de impactos ambientales en el territorio. Estos hechos fueron oportunamente denunciados ante la Personería Municipal del Carmen de Chucurí, la Dirección de Fiscalías de Barrancabermeja, la Defensoría de Pueblo del Magdalena Medio y fue valorada por Medicina Legal quien dictaminó 15 días de incapacidad médico-legal. Hasta el momento no existen avances significativos en las investigaciones. La medida de protección consistió en encerrar a la víctima en una casa de mujeres víctimas de violencia.
NINI JOHANA CARDENAS RUEDA es además presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Cuarenta, miembro de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Carmeleña “FUINMUCAR”; forma parte de la Mesa Nacional Ambiental constituida el 15 de noviembre de 2017 en la ciudad de Ibagué; forma parte del grupo de Resistencia a la Minería en Colombia y del grupo del Colombia libre fracking, además de mujeres al poder de Santander.
En zona rural del Carmen de Chucurí se entregaron títulos mineros para explotación de carbón a favor varias empresas, entre ellas Centromin y Colco, esta última, de origen norteamericano. La extracción carbonífera tendrá un drástico impacto en las comunidades campesinas de la región. Ante esa problemática, en noviembre de 2016 se conformó el Comité organizador de la Consulta Popular NO a la Minería e hidrocarburos en el Carmen de Chucurí. |
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Amenazas a Jackeline Romero lideresa Wayúu |
Las organizaciones abajo firmantes que hacemos parte de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientes, manifestamos nuestra preocupación y rechazo a las amenazas de las que ha sido objeto la compañera Jakeline Romero Epiayú integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu en el departamento de la Guajira.
Fuerza de Mujeres Wayuu es un proceso organizativo del departamento de la Guajira, al norte de Colombia, donde se encuentra ubicada la empresa minera El Cerrejón, con una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del América Latina, propiedad de las empresas Anglo American, BHP Billington y Glencore. Jakeline fue gobernadora del Resguardo Zahino y junto a la organización a la que pertenece, Fuerza de Mujeres Wayuu, ha venido trabajando en la defensa de su territorio frente a las amenazas que entraña los megaproyectos mineros en la región.
De acuerdo a Fuerza de Mujeres Wayúu, desde 2005 esta organización ha sufrido amenazas sistemáticas. En 2012, su hermana Jazmín Romero Epiayú, también lidereza indígena recibió amenazas de grupos paramilitares, y en 2014 su hija Génesis Gutierrez. Por lo anterior, la lider Wayuu cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
Según denuncias de la Organización Nacional Indígena de Colombia y Fuerza de Mujeres Wayúu -, los hechos ocurrieron el 13 de diciembre del 2016, cuando a las 18:49 Jakeline Romero Epiayu, recibe mediante mensaje de texto a su número celular personal, una amenaza de muerte en contra suya y la de su familia: “…NO SE META EN LO QUE NO LE INCUMBE EVITE PROBLEMAS, SUS HIJAS ESTAN MUY LINDAS Y PIENSE EN ELLAS, GRAN MALPARIDA PERJUDICIAL EVITE PROBLEMA POR QUE HASTA SU MADRE SE LA DESAPAREZCO PARA QUE SIGA DE SAPA…”
Al momento de la amenaza, Jakeline se encontraba en Cartagena participando en un grupo de trabajo con organizaciones indígenas, entidades del Estado y la cooperación internacional, en un diálogo multisectorial sobre el derecho a la Consulta Previa.
La situación de Jakeline expresa el crudo panorama al que se enfrentan las defensoras y los defensores de la tierra y de los derechos humanos en Colombia. Sólo durante 2016, según los datos de Naciones Unidas, 114 personas han sido asesinadas por su trabajo en la defensa de la tierra y la vida, la mayor parte de ellos pertenecientes a los procesos organizativos Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y a procesos territoriales en defensa de los territorios.
De acuerdo al informe presentado por el Programa Somos Defensores, en el primer semestre del presente año se presentaron 314 agresiones en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos, obstaculizando sus acciones en defensa de la vida y la sustentabilidad.
Fuente: CENSAT Colombia |
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Asesinada defensora de derechos y lidereza campezina del Macizo Colombiano |
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional el vil asesinato de la defensora de derechos humanos y lidereza campesina ADELINDA GOMEZ GAVIRIA, quien hacía parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y fue asesinada el día de ayer, 30 de septiembre en la vereda Cortaderas del municipio de Almaguer Cauca.
ADELINDA GOMEZ GAVIRIA de 36 años de edad y madre de tres hijos, era una defensora de derechos humanos y lidereza campesina que dedicó su vida al trabajo comunitario, hacía parte del Proceso de Mujeres Maciceñas del CIMA y en el último tiempo impulsó, entre otras tareas, el FORO MINERO Y AMBIENTAL en el municipio de Almaguer en el que participaron alrededor de 1.500 campesinos e indígenas. ADELINDA GOMEZ fue asesinada el día de ayer, 30 de septiembre hacia las 8:30 p.m. luego de participar en una reunión de mujeres en la vereda Cortaderas Almaguer cuando se dirigía a su casa; ella y su hijo de 16 años fueron abordados por dos por sicarios que les dispararon causándole la muerte a ADELINDA quien recibió cinco impactos de bala, e hiriendo a WILSON PIPICANO quien en este momento se encuentra en delicado estado de salud en la Clínica La Estancia de la ciudad de Popayán. Es de anotar, que
ADELINDA había recibido amenazas un mes atrás vía telefónica en donde desconocidos le manifestaron “deje de joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar”.
Las organizaciones integrantes de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca llamamos la atención del Gobierno Colombiano sobre la difícil situación de derechos humanos que viven hoy las mujeres en el departamento y la situación de quienes ejercen la labor de defensa de los derechos. El observatorio de Derechos Humanos y DIH de la RED, registra en lo que va corrido de este año, el homicidio de 15 mujeres en el Cauca, el 40% de éstos hechos en el macizo colombiano, entre ellas dos liderezas campesinas, y el homicidio de 14 líderes sociales defensores de los derechos humanos en hechos presentados fundamentalmente en zonas rurales de este departamento. De igual manera, el registro de 12 amenazas individuales contra defensores, 5 de ellas mujeres.
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca se solidariza con la familia de ADELINDA GOMEZ GAVIRIA y la comunidad de Cortaderas, así como también con el Proceso de Mujeres Maciceñas del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, e invitan a las organizaciones sociales hermanas y los organismos de DDHH a solidarizarse y pronunciarse ante este repudiable hecho y ante la difícil situación de las mujeres y los defensores y defensoras de los derechos humanos del departamento del Cauca.
La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca insta al Estado Colombiano y sus instituciones para que investiguen y judicialicen a los responsables de este hecho, a adelantar acciones de prevención de las violencias y protección a las mujeres, así como a garantizar la labor de defensa de los derechos humanos. |
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Ma. Luz Bermeo comunera d Molleturo deja las rejas tras audiencia d flagrancia, pero a pedido d fiscalía inicia instrucción fiscal x supuesto delito tipificado en el art 283 del COIP como ataque y resistencia |
Los compañeros/as se encontraban el día de ayer en un plantón en la comunidad de Migüir (cerca de Río Blanco)
• Para llegar hasta allá, no encuentran resistencia, sin embargo al regreso salen a su encuentro carros de la policía y de la empresa minera.
• Los compañeros/as, para evitar disturbios, piden de manera amable se ceda el paso. Sin embargo, los agentes se niegan.
• Ante la negativa empiezan los empujones.
• Ante esto, la Policía agrede con gases lacrimógenos y detienen a 3 compas.
• Dos de ellos son retenidos mientras que María Luz Bermeo fue trasladada a un UPC en Cuenca.
• La noche de ayer María Luz pasó en la cárcel de Turi y hoy se espera su juicio a las 08h30 en la Corte de Justicia de Azuay.
• Aún no se sabe si será procesada por Ataque y Resistencia (delito) o alteración del Orden Público (contravención).
Fuente: YASunidos
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Hostigamiento y judicialización a Gloria Chicaiza |
En octubre del año 2010 Gloria Chicaiza, miembro de la organización Acción Ecológica, fue acusada por la empresa minera Curimining /Salazar Resources S.A. de origen canadiense, de auspiciar un acto de terrorismo, sabotaje y asociación ilícita para delinquir. |
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Defensora Emperatriz Bolaños Ayala y su hija detenidas en Celedín |
Lo que viene después es más surrealista aún, luego de tenerla en un calabozo de la comisaría de Sorochuco, encerrada toda la tarde y la noche, a la mañana siguiente las trasladarán como a peligrosas delincuentes hasta Celendín, el pueblo donde está la Fiscalía. El Fiscal de turno toma conocimiento del caso por intermedio de la policía, que lo pone al tanto sobre “de quién se trata”, y sorprendentemente éste determina que se la procesaría bajo la Ley 30364, Ley de Violencia de género. Sí, el Fiscal con el argumento absurdo de que las supuestas agraviadas son mujeres, además familiares, y considerando que Emperatriz y su hija son las agresoras, ordena procesarla con esta ley que le da la posibilidad de solicitar la inmediata apertura de un juicio.
Sin razones que le hagan entender que de ninguna manera se trata de violencia de género, sin querer otorgarles tampoco la libertad, el Fiscal señala que va a pasar el caso al Poder Judicial y que se le abrirá juicio en el día, mediante proceso inmediato, con lo cual Emperatriz y su hija podían ser condenadas incluso en las siguientes veinticuatro horas.
Toca hacer entonces una serie de acciones de incidencia con diversas organizaciones de derechos humanos del país, llamar a la Defensoría del Pueblo, amenazar con la interposición de un habeas corpus, entre otras cosas. Solo después de activar todo tipo de mecanismos de presión, logramos que el Fiscal de marcha atrás en sus pretensiones abusivas y arbitrarias y le da libertad; sobre la una de la tarde del 30 de mayo ello se concreta.
Emperatriz es una mujer impresionantemente fuerte, pero esta detención y toda la violencia con que se ha actuado contra ella la quiebra, tiene muy claro que la criminalización obedece a su postura, a su liderazgo visible en las luchas por su territorio y el agua, sabe que este es el precio de defender la vida.
La criminalización es una política que se viene utilizando en nuestro país de forma casi imperceptible, y se aplica contra los defensores ambientales que cuestionan y se oponen legítimamente a proyectos extractivos. No solo supone reprimirlos, usar las leyes penales para perseguirlos, incluye todo un entramado político, jurídico, social y un cerco mediático comunicacional que permite que quienes disienten con esta política del gobierno de promover extractivas, sean considerados y estigmatizados como delincuentes, violentistas, enemigos de este país. Por ello, quienes en concreto solo son defensores de sus derechos y ejercen reclamos legítimos, son tratados de este modo, como criminales. |
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Efectivos policiales de Espinar y minera Glencore agreden a mujeres de la comunidad de Alto Huarca |
Las familias de la comunidad de Alto Huarca, distrito de Yauri, en la provincia de Espinar están denunciando el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional y la empresa minera Glencore Antapaccay, alrededor de diez pobladores han sido golpeados y amenazados con el objetivo de desalojarles de sus terrenos, de los cuales hay tres heridos de gravedad.
El último martes 03 de abril un contingente policial junto con maquinarias y ocho funcionarios de la mina Glencore Antapaccay, de manera sorpresiva, se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona, con la seguridad que sus terrenos no se encuentran en venta, las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas, los efectivos sin ningún reparo empujaron, patearon e insultaron a Rocío Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi quienes resultaron gravemente heridas.
Fuente: http://derechosinfronteras.pe/espinar-pobladores-de-alto-huarca-denuncian-intervencion-violenta-y-abusiva-de-minera-antapaccay-y-de-la-pnp/ |
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Hostigamiento, acoso social y político en contra de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, de modo particular contra la defensora Elsa Merma Ccahua |
Diversas organizaciones de mujeres y de organismos de derechos humanos del Cusco, del Perú y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) manifestamos nuestra preocupación por los hechos que viene ocurriendo en la provincia de Espinar; se han iniciado actos de hostigamiento, acoso social y político en contra
de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, de modo particular contra la defensora Elsa Merma Ccahua, los ataques se han incrementado contra ella en los últimos años, a raíz de los cargos dirigenciales que ha ocupado en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – (FUDIE).
Consideramos altamente preocupante las campañas de desprestigio, estigmatización, difamación y violencia física que se viene dando hacia defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares.Esta lamentable campaña está siendo impulsada por parte de algunos ex dirigentes, trabajadores municipales y comunicadores de determinados programas radiales de la provincia de Espinar, quienes acusan sin pruebas a Elsa Merma de estar asesorada, manipulada y pagada por las ONG’s, incluso hasta de obedecer intereses personales y partidarios, con ello quieren deslegitimar su participación como lideresa en la provincia de Espinar. Todo esto ocurre en una provincia donde existen serias denuncias de corrupción al gobierno local, y cuestionamientos a la gran minería por afectaciones al medio ambiente y la salud de las personas, entre otros. |
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Nuevamente invaden terreno de Máxima Acuña |
Hoy mates, 04 de Octubre, Minera Yanacocha con la prepotencia que lo caracteriza, invadió nuevamente con su personal el terreno de Máxima Acuña y su familia en el predio Tragadero Grande.
El hecho ocurrió a las 10 de la mañana. Minera Yanacocha destruyó la choza y algunos cultivos que la familia había sembrado hace algunas semanas.
En el momento de la invasión minera se encontraba sólo en el predio, Jaime Chaupe Lozano, esposo de Máxima Acuña, quien ha sido amenazado por la seguridad y trabajadores mineros. Jaime Chaupe contempló muy consternado el abuso y la prepotencia de Minera Yanacocha sin poder hacer absolutamente nada para defender su propiedad.
Hacemos un llamado a la comunidad cajamarquina, nacional e internacional para frenar los abusos de la Minera Yanacocha que está generando conflictos en la ciudad de Cajamarca y abusando de familias humildes como es la familia Chaupe Acuña, ante la pasividad y la indiferencia de las autoridades.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros del Perú |
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Máxima Acuña sufre nueva agresión de parte de la policia y trabajadores de Yanacocha |
Máxima Acuña, Premio Medioambiental Goldman 2016, nuevamente es atacada y sufre graves agresiones físicas y psicológicas.
Desde el día miércoles 14 de septiembre gente contratada por la empresa minera Yanacocha la han estado vigilando, ayer domingo 18 apróximadamente a las 9.30 am, entraron en el terreno de la familia Chaupe sin ninguna autorización cerca a 80 personas entre policías de seguridad, gente de la comunidad y personeros de la empresa minera.
“Los de seguridad de la empresa la golpearon con sus escudos, le desabotonaron su blusa, la han arañado dejándole seria heridas en la cara, el pecho y las piernas, incluso la tuvieron como secuestrada, ahora Maxima no puede ni hablar” relata Isidora Hija de maxima.
Jaime, el esposo de Maxima fue perseguido intentaron quitarle la cámara, solo los dos se encontraban en casa. Maxima esta hospitalizada.
El 5 de mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le había pedido al gobierno peruano adoptar medidas de preventivas para salvaguardar los derechos de 46 líderes comuneros y ronderos, incluyendo a la familia Chaupe Acuña. En febrero del año 2015 las fuerzas de seguridad de la minera destruyeron las cimentaciones de una casa que planeaba construir Máxima con su esposo. Hoy, nuevamente recrudece la violencia de la minera y Máxima Acuña tuvo que ingresar a un centro médico en Cajamarca. |
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Yanacocha irrumpe en el terreno de Máxima Acuña y destruye sus cultivos |
Estas tarde, trabajadores de Minera Yanacocha ingresaron ilegalmente, en forma matonezca y prepotente al terreno de Máxima Acuña y su familia, destruyendo cultivos que habían sembrado para su alimentación diaria.
Daniel Chaupe Acuña, hijo de Máxima que en ese momento se encontraba en el predio Tragadero Grande, refirió vía telefónica, que los trabajadores lo agredieron verbalmente y lo conminaron a abandonar el terreno con palabras irreproducibles, luego procedieron destruir los cultivos y trazaron una línea blanca por en medio del predio para delimitar el terreno.
Este nuevo acto de abuso contra Máxima Acuña y su familia se produce luego que el Poder Judicial de Cajamarca diera una sentencia favoreciendo a Minera Yanacocha, desconociendo que esta empresa minera infringe el Derecho al Libre Desplazamiento y acceso a su terreno. Frente a este fallo injusto, Mirtha Vásquez, Defensora Legal de Máxima Acuña refirió que han interpuesto un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional para revertir dicha sentencia.
Este último acto se suma a incontables actos de abuso, hostilización y prepotencia minera con la finalidad de disminuir física y psicológicamente a Máxima Acuña que fue galardonada hace 3 meses con el Premio Goldman por la defensa del medio ambiente.
Máxima Acuña y su familia son propietarios de más de 24 hectáreas en el Predio Tragadero Grande, junto a la Laguna Azul en las alturas de Conga. La minera intenta desalojarlos por las malas para llevar adelante su proyecto minero Conga. |
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MELCHORA SURCO RIMACHI; AMENAZADA POR LA GRAN MINERIA EN ESPINAR |
Cuando Melchora inicia su lucha por la defensa de su medio ambiente y del territorio, las personas de su misma comunidad, manipulados por la empresa minera Xstrata Tintaya, la hicieron blanco de violencia, la empresa minera manifestaba que no tendría ningún tipo de negociación con su comunidad debido a las denuncias que Melchora interponía en contra de la empresa; varios pobladores en asambleas generales se levantaban en contra de ella manifestando que los precios de los terrenos habían disminuido por las demandas que ella había interpuesto contra el estado peruano, por la no atención a la salud de las personas afectadas por metales pesados en el entorno minero.
Melchora Surco, es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI) e integrante de LAS MUJERES DEFENSORAS DEL TERRITORIO, ella vive a 200 metros de la relavera de Camaccmayo (lugar donde se deposita los materiales contaminados sin valor para la empresa), el vivir tan cerca y con el pasar de los años se ha vuelto una desgracia para su familia y sus animales, generándole problemas sociales, ambientales y sobre todo a la salud.
“Esta es mi tierra, he vivido en Pacpacco desde antes que llegue la mina, he criado a mis hijos aquí, he visto cambiar el campo, morir a mis animales y he visto nacer a mis nietos. Ya son más de 30 años” manifiesta Melchora Surco Rimachi.
Ella siempre a luchando contra la minería por los problemas que le genera a ella y a toda su comunidad, esta lucha se intensifica más cuando en Mayo del 2013, CENSOPAS hizo un nuevo estudio, recogieron 180 muestras de orina. Entre ellas, la de su nieto Yedamel y Melchora.
Desde entonces Melchora ha recibido amenazas por parte de la empresa Glencore Antapacay, pero eso a ella no la hace retroceder, al contrario le da un impulso para seguir luchando por su comunidad, ella pide que les hagan curar, que se respete al ser humano, que el Estado priorice la salud humana y que se haga justicia, justicia de verdad. Desde la organización que dirige también logro el 24 de septiembre del 2015 el Gobierno Regional de Cusco haga una INSPECCIÓN OCULAR para todas las comunidades que se ven afectadas por la minería.
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Hieren con bomba lacrimógena a mujer que defendía el Ccarhuarazo |
Una mujer identificada como Constantina López Garriazo fue impactada por una bomba lacrimógena mientras marchaba pacíficamente en defensa del Apu Ccarhuarazo, en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.
Imágenes que circulan en redes sociales dan cuenta de lo violento del impacto. El brutal ataque se dio el día 10 de marzo en el marco de un paro de 48 horas convocado por el Frente de Defensa de la provincia de Sucre.
Según Emilio Orosco, presidente del citado frente, la presencia policial en Puquio sobrepasó los 300 efectivos. Señaló así que estos fueron los que dispararon contra Constantina López hiriéndola en el rostro. Ella se encuentra ahora hospitalizada.
Pero no sería la única persona herida, ya que “producto de los forcejeos con la policía un poblador fue herido en la cabeza”, informó Orosco.
Lo que esperan ahora, sostuvo el dirigente, es un pronunciamiento del presidente Ollanta Humala y del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre el futuro del Apu Ccarchuarazo.
Como se recuerda, los habitantes de la provincia de Sucre y parte de Lucanas se oponen a que la minería se instale en esta zona por tratarse de un sitio sagrado y por ser cabecera de cuenca de los ríos Chicha, Pampas y Sondondo, fuentes de agua que abastecen a las dos provincias.
Es por esas razones que le exigen al Minem la anulación de las resoluciones que permiten que la empresa australiana Laconia Resources pueda realizar actividades de exploración como parte de su proyecto Kimsa Orcco.
Según reportaron algunos medios como Noticias SER, el paro de 48 horas que culminó el día 10 de marzo logró gran acogida. |
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Repudio a descarada sentencia en contra de Máxima Acuña y su familia |
El 5 de agosto de 2014 el Poder Judicial de Celedin sentenció a Máxima Acuña Atalaya, Jaime Chaupe Lozano, Isidora Chaupe Atalaya (hija de Máxima) y Eliaz Chávez Rodríguez (esposo de Isidora Chaupe) a 2 años y 8 meses de prisión preventiva y una reparación de S/.5500 nuevos soles en favor de la Empresa Minera Yanacocha argumentando que la familia Chaupe esta invadiendo terrenos de la empresa sin pruebas, de forma injusta, siendo que la familia Chaupe tiene todos los documentos de propiedad y posesión; por los obrados se puede concluir que el fiscal actuó como abogado de la empresa minera.
La empresa minera ya logró desplazar a la comunidad para cumplir con su expansión minera en la zona de Cajamarca, ejerció violencia física, sicológica y económica contra Máxima Acuña y ahora está criminalizando la familia, violando sus derechos propietarios, su derecho a la vida, a un ambiente sano y saludable. |
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Impiden libre circulación a las Lagunas a defensora Máxima Acuña y acompañantes |
Desde Cajamarca nos informan que el pasado martes 6 de mayo, Máxima Acuña, su menor hijo y varios visitantes de otros países, fueron impedidos de transitar hacia las lagunas que serían afectadas por el proyecto minero Conga.
Miembros de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Dinoes) y efectivos de seguridad de Yanacocha los interceptaron en las inmediaciones de la laguna San Nicolás, los detuvieron en la caseta de vigilancia minera y luego los trasladaron a Santa Rosa. La justificación de la policía para tomar tales medidas fue aseverar que está prohibido que extranjeros transiten por dichas vías pese a que son públicas.
Las personas que fueron detenidas, junto con Máxima Acuña de Chaupe, fueron: Cristofer Santigo (norteamericano), Valezca Ruiz (peruana), Oliver Taymans y Lieselot Jamar (belgas), Sophe Jarcher (francés) y Fernando Carranza (peruano).
Luego de tres horas Máxima fue dejada en libertad y pudo finalizar su camino hacia su propiedad en la zona de las lagunas. Sin embargo, las personas de nacionalidad extranjera tuvieron que regresar a la ciudad de Cajamarca.
Frente a tal atropello, la Dra. Mirta Vásquez, Secretaria Ejecutiva de Grufides, informó que interpondrá un habeas corpus frente a dichas medidas intimidatorias que atentan contra el derecho constitucional de libre tránsito en el territorio peruano.
Cabe recordar que en febrero de este mismo año, Máxima Acuña denunció que viene siendo víctima de hostigamiento -junto a su familia- por parte de la empresa minera Yanacocha a través de la Dinoes, instancia que ha sido contratada por esta empresa para brindarle seguridad. También ha ocurrido lo mismo con periodistas e investigadores académicos nacionales y extranjeros.
Asimismo, una vez más solicitamos a las autoridades correspondientes que garanticen y se respete el derecho al libre tránsito. Ello debido a que no es la primera vez que se intenta amedrentar a los defensores del agua impidiéndoles circular por las lagunas, las cuales serían destruidas de ejecutarse el proyecto minero Conga.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en Perú |
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Máxima Acuña Chaupe está en peligro: Recibe amenaza de muerte y teme desalojo |
Mujer defensora de Derechos Humanos Máxima Acuña Chaupe teme desalojo después de recibir amenaza de muerte y ser intimidada por oficiales de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú.
En la mañana del 30 de Enero 2014, en Tragadero Grande, Cajamarca, Perú, mujer defensora de derechos humanos, Máxima Acuña Chaupe fue amenazada con muerte por teléfono. Unas horas después ella fue acosada por oficiales de la División de Operaciones Espaciales de la Policía Nacional del Perú (DINOES).
Máxima vive muy aislada y tiene miedo de salir de su hogar temiendo que DINOES y trabajadores de ‘Minería Yanacocha’ tomen la oportunidad para destruir su hogar y cultivos – lo único que ella tiene.
Desde 2011, Máxima ha sido sometida a atentados violentos de desalojo, amenazas, intimidación y violencia a manos de DINOES, por solo negarse vender su tierra a la compañía Minería Yanacocha para el proyecto Minas Conga. Estos ataques habían desminuido durante el proceso legal lanzado por la compañía minera en contra de la familia, acusándolos de usurpación. Ahora que el caso debe reiniciar por la segunda vez (en Marzo), acciones de acoso e intimidación han incrementado.
A las 10.30am del 30 de Enero 2014, Máxima recibió una llamada de un numero privado, el cual le dijo ‘Sal de su propiedad, si no, vas a morir’. Una hora después, mientras que ella estaba viendo sus cultivos con su hija Ysidora, dos oficiales de DINOES entraron a su tierra y les dijeron que no deberían cultivar por que esa no es su tierra. Dos otros DINOES estaban parados en el perímetro de su tierra y cuatro estaban dentro de dos camionetas estacionadas afuera de la casa de Máxima. Máxima e Ysidora regresaron a su casa. A las 12pm un policía y un DINOES armado entraron a la casa de Máxima y anunciaron que todos tenían que irse inmediatamente y que ellos deben parar de cultivar. Al ver que Máxima estaba denunciando la situación en la radio local ‘Radio Lider’, los oficiales se retiraron.
26 de Enero 0214, Máxima fue acosada y amenazada por su vecina Berta Albareda, conocida como partidaria de la mina. Berta la acuso de maltratar a sus animales y advirtió a Máxima ‘no hables sobre la minería’. Máxima reporta que el esposo de Berta es el presidente de su comunidad, y que el ha estado difundiendo entre comuneros que Máxima será desalojada muy pronto.
Estos incidentes vienen después de que la familia Bolañios de la misma comunidad (Tragadero Grande) fue desalojada forzosamente por DINOES el 19 de Enero 2014. La madre actualmente se esta alojando con Máxima ya que no tiene a donde ir.
Máxima reporta que DINOES y personas que dicen ser ingenieros de la mina frecuentemente monitorean y graban sus actividades. La constante vigilancia y restricción de movimiento mantiene a Máxima en alta tensión. Ella esta muy aislada y tiene miedo de salir de su hogar temiendo que DINOES y trabajadores de la mina tomen la oportunidad para destruir su hogar y cultivos – todo lo que tiene.
En Noviembre 2013 ULAM publicó una Acción Urgente para Máxima pidiendo que su caso legal se lleve acorde con la ley. |
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Familia Chaupe Acuña nuevamente es violentada por Yanacocha y la DIONES |
En horas de la mañana 60 efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES) llegaron a las inmediaciones del domicilio de la familia Chaupe, en el entorno del proyecto minero Conga, y procedieron a desmantelar el campamento de ronderos que brindaban protección a dicha familia.
La DINOES, aprovechando la ausencia de los ronderos que habían asistido a una asamblea en un pueblo cercano,entraron en su propiedad e intentaron desalojarlos nuevamente, sin ninguna orden de desalojo o mandato judicial. Yanacocha sigue afirmando que la familia Chaupe está sobre tierras que les han sido vendidas y que ahora las ocupan de manera ilegal; sin embargo lo cierto es que dicha familia nunca vendió sus tierras, y demuestran con documentos que son los propietarios de dicho terreno . |
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Minera Yanacocha denuncia a familia Chaupe Acuña |
El día 29 de octubre de 2012, se leyó la sentencia contra la Familia Chaupe, denunciada por Minera Yanacocha por supuesta usurpación de su propiedad. Cuatro miembros de esta familia fueron sentenciados a tres años de pena privativa de libertad, al pago de 200 soles de reparación civil a favor de Yanacocha y se les ordenó que en un plazo de 30 días abandonen el predio para ser ocupado por la minera.
Llama la atención que la Sentencia no tenga ninguna rigurosidad jurídica y que no exprese objetividad, pues solo se ha basado en que la familia Chaupe no ha presentado pruebas para desvirtuar su responsabilidad cuando conforme a ley no le toca a los denunciados probar su inocencia sino al denunciante probar la culpabilidad. Igualmente la sentencia ha considerado como únicas pruebas para sentenciar, las inspecciones realizadas por la policía y la fiscalía en las que se acredita que la familia Chaupe estaba asentada en el predio, sin embargo el elemento fundamental que se debió acreditar es que la empresa minera era la real poseedora del terreno, situación que no se pudo comprobar a lo largo de la investigación. Por último el Ministerio Público se centró en defender la propiedad de la empresa minera respecto a este predio, sin embargo en este proceso no se discute ese tema sino la posesión del bien, habiendo así incurrido en una falta conocida como sustracción de la materia.
La Sentencia fue apelada ante las instancias superiores y se espera una reevaluación del caso y un fallo que esté acorde con las normas y la justicia.
La sentencia fue recibida por los inculpados en medio de lágrimas y la desesperación de la madre de esta familia, Maxima Acuña, la llevó a sufrir un súbito ataque nervioso que la mantuvo internada en el hospital de Celendín. |
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Rosa Amaro es amenazada por defender la vida en La Oroya |
Rosa Amaro tiene 60 años y los últimos nueve años lo ha dedicado íntegramente al Movimiento por la Salud de La Oroya, el MOSAO. Este movimiento fue creado en 2002, está integrado por pobladores de La Oroya que siendo conscientes del daño que ocasionaba la emisión de gases tóxicos del complejo metalúrgico decidió emprender el difícil camino de la protección de la salud y la dignidad de su provincia.
Amaro ha vivido toda su vida en La Oroya Antigua, zona que se ubica a muy pocos metros de la fundición y la más golpeada por los gases tóxicos. Hoy, el clima de amenazas y hostigamientos que recibe, ha llevado a Rosa a vivir a salto de mata, siempre buscando seguridad.
Cuando los trabajadores de la empresa realizan sus asambleas, Rosa y su familia temen por su integridad física, pues han sido agredidos verbalmente y en, varias oportunidades, los trabajadores han ido a su vivienda a golpear su puerta, a intimidarla, a amenazarla. A su vez, ella es objeto de hostigamientos en los medios de comunicación locales. Incluso la emisora radial incita a sus oyentes y a los trabajadores para que llamen por teléfono a la radio solo para insultar a Rosa.
A lo largo de estos años, las aproximadamente 5 o 6 veces que Amaro y otros miembros del MOSAO-Movimiento por la Salud de Oroya, han intentado pedir garantías al subprefecto o gobernador de La Oroya, no han obtenido ningún resultado, ya que al presentar la denuncia, les han pedido datos para identificar a los agresores (nombres y apellidos completos, DNI, dirección, entre otros) y muchas veces estos actúan en grupo y es difícil identificarlos. Es decir, ninguna de las solicitudes han sido aceptadas debido a que las pruebas solicitadas son difíciles de conseguir.
Esta situación convulsionada, ha obligado a refugiarse a Amaro en Lima a fin de solicitar garantías y asesoría a diversas organizaciones, ya que viene siendo víctima de constantes agresiones verbales y amenazas contra su seguridad y la de su familia. A su llegada, buscó la asesoría de la Defensoría del Pueblo y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), ante las negativas de las autoridades competentes en La Oroya.
Estas organizaciones han acordado seguir de cerca el caso de Amaro, además de otros activistas de La Oroya que vienen siendo víctimas de amenazas y hostigamientos, debido a sus acciones contra la feroz contaminación que generó la central metalúrgica en la provincia durante más de una década. |
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Minera Yanacocha y policia desalojan ilegalmente a familia Chaupe Acuña |
Máxima Acuña de Chaupe está en riesgo diario de ser desalojada junto a su familia de su casa en Tragadero Grande, Distrito de Sorochuco en la región Cajamarca.
En 1994 Máxima compró la tierra donde actualmente vive con su familia. En 2011 se negó a venderlo a la empresa minera Yanacocha dueña del mega proyecto Conga. Sin embargo, la empresa minera Yanacocha, aduce que dicho terreno les ha sido vendido directamente por los directivos de la comunidad de Sorochuco, intentando por ello expulsarlos varias veces usando a la policía y a su personal de seguridad privada.
El día 9 de agosto de 2011 un grupo de policías de la DIONES, personal de seguridad y funcionarios de la empresa Minera Yanacocha (Proyecto Conga), intentaron desalojar violentamente a ella y su familia de sus terrenos ubicados en el sector de Tragadero Grande, caserío Chugurmayo, distrito de Sorochuco (provincia de Celendín), Cajamarca.
Estos actos dejaron a Máxima y su hija inconscientes, sufriendo además la muerte de varios de sus animales. |
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Repudiamos y rechazamos el crimen cometido a la lideresa Fabiola Fajardo Ayala |
Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo y repudiamos el feminicidio del que fue víctima la compañera Fabiola Fajardo Ayala, lideresa social y comunal de la vereda La Colorada, e integrante del Movimiento Resistencia a la minería en el Carmen del Chucurí municipio del Carmen de Chucurí, Santander. Ella fue una luchadora incansable en la defensa del territorio frente a la amenaza minera y el fracking en la región; además nos solidarizamos con los familiares y amigos.
Los hechos:
El día 20 de agosto Fabiola desapareció en extrañas circunstancias y fue encontrada sin vida en acontecimientos confusos el 21 de agosto. Ante la situación, rechazamos este crimen que expresa la situación vulnerable de las mujeres frente a una violencia estructural que sufren, y en particular alertamos la condición en que se encuentran muchas de las mujeres que han emprendido acciones de defensa territorial frente a las amenazas a la vida digna.
Contexto:
Fabiola era una mujer entregada a su familia, a la defensa territorial y a la comunidad. Su vida fue un ejemplo de generosidad y amor por el territorio, puesto que era una persona muy dedicada al trabajo comunitario, a la vida familiar, a sus hijos y a su finca, donde cultivaba y cuidaba sus animales junto a su esposo. Así mismo sus acciones como tesorera de la Junta de Acción Comunal se enfocaron en promover hechos concretos para mejorar la vida de las comunidades, con el impulso de infraestructura vial y puentes en las veredas, de igual manera ayudando a enfermos y a sus vecinos y amistades con dedicación.
Así que, frente a esta situación exigimos:
Al gobierno nacional:
Se investiguen los hechos sucedidos y se capture, juzgue y condene a los responsables por el feminicidio.
Se tomen las medidas de protección y prevención adecuadas por parte de las entidades correspondientes para garantizar la vida, libertad e integridad de las mujeres que defienden los territorios, el ambiente y la vida digna.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la situación de las mujeres defensoras de los territorios y el ambiente, se divulgue lo sucedido y se repudie y rechace este tipo de actos.
Nos solidarizamos con su familia, sus amigos y amigas, y les acompañamos en el difícil momento que atraviesan.
Esta denuncia pública va con copia a los organismos de investigación, derechos humanos y seguridad, con el fin de evitar más crímenes y feminicidios. |
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La indígena zapoteca Rosalinda Dionisio Sánchez, víctima de un atentado con armas de fuego en atentado contra miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO). |
30 operaciones quirúrgicas para salvar una pierna y el trauma emocional, la indígena zapoteca Rosalinda Dionisio Sánchez, víctima de un atentado con armas de fuego, donde murió el dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), Bernardo Vásquez Sánchez.
jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron interceptados y víctimas de disparos a quemarropa con armas de fuego de 9mm, los compañeros Bernardo Vásquez Sánches, quien resulto asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sáchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien recibió dos impactos de bala en la pierna y el hombro y se encuentra herida; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).
Bernardo Vásquez Sánches, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver INC. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.
Este terrible hecho violento es el segundo acto de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán. El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo. Pozo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para con ello abastecer las instalaciones de la empresa trasnacional, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vásquez, así como heridas graves en la ciudadana Abigaíl Vásquez Sánchez. |
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NUEVO ATAQUE CONTRA MÁXIMA ACUÑA |
Un nuevo ataque se produjo ayer contra la defensora ambiental, Máxima Acuña, en Cajamarca. Más de mil truchas, de la piscigranja de su propiedad, aparecieron flotando muertas en sus criaderos, luego de haber sido presuntamente envenenadas.
“Denuncio públicamente por contaminación ambiental de agua (…) Hoy amaneció mis truchas muertas más de mil truchas. Que caiga todo el peso de la ley contra quienes sean responsables”, sostuvo Daniel Chaupe Acuña, hijo de doña Máxima, quien formalizó denuncia ante la Comisaría de Sorochuco.
Como se recuerda, existen intereses de poderosas empresas mineras, quienes en diversas oportunidades han hostigado, cotidianamente a la familia de Máxima Acuña, con el propósito que dé paso para la ejecución del proyecto minero de Yanacocha. Cabe recordar que doña Máxima le ganó un juicio a Yanacocha en defensa de su terreno, el cual quería ser usurpado por la minera. |
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Daniel Ortega y la minera B2Gold desatan brutal represión en Mina El Limón |
El conflicto en Mina El Limón, estado de León, inició en mayo de este año porque la empresa anunció que cortaría el suministro de energía eléctrica al pueblo, cuando era uno de los compromisos que había firmado al obtener la concesión para explotar el yacimiento de oro, uno de los principales del país.
Los mineros y sus familias fueron a la huelga. Sufrieron la represión del “progresista” Daniel Ortega, exdirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) devenido en gerente de las trasnacionales. Numerosos pobladores de Mina El Limón resultaron heridos.
Para el 9 de mayo, se firmó un acuerdo entre la B2Gold y las tres organizaciones sindicales donde se agrupan los trabajadores de la mina: Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros, Sindicato de Trabajadores Mineros, Sindicato Democrático de Trabajadores de la Industria Minera.
En este mes, con el despido de tres sindicalistas, se agudizó el conflicto entre la trasnacional y los trabajadores. El 6 de octubre pasado los mineros realizaron un bloqueo con paro de labores a la mina explotada por B2Gold exigiendo el reintegro de sus compañeros.
El gobierno de Daniel Ortega, otra vez, envió a los antimotines. Ante la represión por parte de la policía, ardió la delegación policial. Según informa la prensa nicaragüense, resultaron heridos 23 agentes y uno murió.
Entre las demandas del pliego petitorio de los sindicatos para presentar al gobierno están: no a la persecución policial en contra de los trabajadores y la población, liberación de los presos y suspensión de los cargos por parte de la empresa, reintegro de los líderes sindicales a sus puestos de trabajo, la destitución de cuatro funcionarios de B2Gold, piden el desalojo inmediato de las fuerzas públicas dentro de la empresa, la comunidad y los caminos y eliminación de la tercerización.
Como respuesta, el gobierno y la minera B2Gold cortaron los servicios de agua e impidieron la entrada de alimentos al pueblo. Se hablaba de un “estado de sitio” no declarado. Hasta la madrugada de este sábado 17 de octubre. Lo peor estaba por venir.
Al mejor estilo del accionar de la guardia nacional durante la dictadura somocista, las fuerzas represivas nicaragüenses, con armas de guerra, balas de goma y gases lacrimógenos tomaron el pueblo Mina El Limón. Efectuaron cateos casa por casa, destruyeron enseres domésticos de los pobladores, detuvieron y golpearon a muchas personas. Se dice que hay heridos graves.
Ésta es la verdadera cara del “progresista” gobierno de Daniel Ortega, quien hace pocos días defendió las concesiones mineras otorgadas a las trasnacionales como B2Gold, que saquean los minerales del territorio nicaragüense y dejan a su paso la destrucción.
Con los hechos del pasado 17 de octubre queda bien claro para quién gobierna Ortega: muy lejos quedó su papel de “caudillo combativo”. Ahora es un empleado más a sueldo de las trasnacionales.
El pasado del saqueo
El oro: el mismo que deslumbró a los conquistadores españoles, que con su codicia iniciaron un saqueo que aun no termina.
A mediados de 1800 inició la llamada “fiebre del oro” en Nicaragua. Fue cuando se descubrieron las minas La Libertad y La Bonanza. El auge llegó para las décadas de 1940 y 1950 del siglo XX, cuando las exportaciones de oro llegaron a 60% y el pequeño país centroamericano se convirtió en el 14vo. productor mundial de oro.
El 2 de noviembre de 1979 las minas se nacionalizaron y pasaron a control estatal. A partir de 1990, durante la presidencia de Violeta Chamorro de la Unión Nacional Opositora, inició la aplicación de los planes neoliberales que llevaron de nuevo a la privatización de la minería, además de la banca, el transporte, la salud y la educación.
Actualmente B2Gold explota en Nicaragua La Libertad y el Limón, Masbate en Filipinas y Otjikoto en Namibia, así como Gramalote en Colombia, en sociedad con la minera sudafricana AngloGold Ashanti. También tiene proyectos mineros en Burkina Faso. Se llevan el oro y otros minerales. Dejan devastación.
En el caso de la Mina El Limón, las casas de los pobladores están construidas sobre túneles. En 2012, una joven embarazada murió cuando su casa se hundió en Santa Pancha, una localidad vecina a la mina. Las casas se agrietan porque se usa dinamita gelatinosa para extraer el mineral de las rocas. Y cada vez que los mineros y la población protestan, la respuesta es represión.
Solidaridad con los trabajadores de la Mina El Limón
Tras la represión, hoy se reiniciaron labores en la mina. Se perdió la batalla, pero no la guerra.
El saqueo y la explotación que sufren la clase trabajadora y los sectores populares nicaragüenses es la misma que se sufre en México, en Honduras, en Guatemala y en todos los países de la región.
Para terminar con la expoliación imperialista en la región es necesario unir fuerzas, unir voluntades. Así como hay entendimiento entre B2Gold y las otras trasnacionales que pretenden arrasar con los recursos de Centroamérica, México y Sudamérica y los gobiernos de la región, debe haber entendimiento en la clase trabajadora oprimida y explotada del continente. |
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Caza de integrantes de asambleas y manifestantes contra la megaminería en Chubut |
Asambleas socioambientales de Chubut denunciaron que el gobierno de Mariano Arcioni intenta imponer la megaminería con violencia y detenciones arbitrarias. Precisaron que el jueves 12 de noviembre del año en curso la policía provincial allanó en Rawson las viviendas de asambleístas que rechazan la megaminería. Los operativos se dieron luego de que, en la última semana, se produjeran movilizaciones en todo Chubut en defensa del agua y contra la avanzada extractiva.
“El gobierno de Mariano Arcioni elige el camino de la criminalización de la protesta social y la represión para justificar la apertura de la megaminería”, denunció la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH) el jueves por la noche en un comunicado. Definieron la situación provincial como “convulsionada” y explicaron: “Luego de las multitudinarias movilizaciones el Gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes (del 10 de noviembre) en inmediaciones de la Casa de Gobierno. Previamente los medios hegemónicos de prensa demonizaron al histórico movimiento del No a la Mina calificándolo de ‘ecoterrorista’”.
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Dos comuneras son desaparecidas en Apurímac |
El 17 de noviembre por la mañana, comuneros de la comunidad de Huancuire en el distrito de Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac denunciaron que fueron atacados por efectivos de la PNP y sujetos no identificados que serían contratados por MMG Las Bambas, en el sector Apu Itaña, lugar para el pastoreo de animales.
Las comunidades denuncian que mientras 6 comuneros pasteaban sus animales, estos fueron sorprendidos por aproximadamente 30 sujetos vestidos de negro y con cascos blancos. Aseguran que 4 lograron escapar, sin embargo, dos comuneras fueron agredidas y presuntamente secuestradas por personal de La empresa minera Las Bambas. Las mujeres fueron identificadas con los nombres de Augostina Pucsaclla Ochoa – quien tiene discapacidad en el brazo – y Sofía Pucsaclla Vargas. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Frente a estos hechos, se siguen generando enfrentamientos que han dejado varios comuneros heridos. Romualdo Ochoa, comunero de Huancuire denuncia que las comunidades viven en medio de un hostigamiento constante por parte de la minera Las Bambas; y que precisamente ahora vienen siendo provocados por los policías contratados por la minera.
El sector Apu Itaña es una zona en disputa. Este lugar, pese a que años atrás fue vendida a la minera Las Bambas, según las comunidades aún es parte del territorio comunal que no ha sido negociado y que les pertenece. |
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