Rosa Amaro tiene 60 años y los últimos nueve años lo ha dedicado íntegramente al Movimiento por la Salud de La Oroya, el MOSAO. Este movimiento fue creado en 2002, está integrado por pobladores de La Oroya que siendo conscientes del daño que ocasionaba la emisión de gases tóxicos del complejo metalúrgico decidió emprender el difícil camino de la protección de la salud y la dignidad de su provincia.

Amaro ha vivido toda su vida en La Oroya Antigua, zona que se ubica a muy pocos metros de la fundición y la más golpeada por los gases tóxicos. Hoy, el clima de amenazas y hostigamientos que recibe, ha llevado a Rosa a vivir a salto de mata, siempre buscando seguridad.

Cuando los trabajadores de la empresa realizan sus asambleas, Rosa y su familia temen por su integridad física, pues han sido agredidos verbalmente y en, varias oportunidades, los trabajadores han ido a su vivienda a golpear su puerta, a intimidarla, a amenazarla. A su vez, ella es objeto de hostigamientos en los medios de comunicación locales. Incluso la emisora radial incita a sus oyentes y a los trabajadores para que llamen por teléfono a la radio solo para insultar a Rosa.

A lo largo de estos años, las aproximadamente 5 o 6 veces que Amaro y otros miembros del MOSAO-Movimiento por la Salud de Oroya, han intentado pedir garantías al subprefecto o gobernador de La Oroya, no han obtenido ningún resultado, ya que al presentar la denuncia, les han pedido datos para identificar a los agresores (nombres y apellidos completos, DNI, dirección, entre otros) y muchas veces estos actúan en grupo y es difícil identificarlos. Es decir, ninguna de las solicitudes han sido aceptadas debido a que las pruebas solicitadas son difíciles de conseguir.

Esta situación convulsionada, ha obligado a refugiarse a Amaro en Lima a fin de solicitar garantías y asesoría a diversas organizaciones, ya que viene siendo víctima de constantes agresiones verbales y amenazas contra su seguridad y la de su familia. A su llegada, buscó la asesoría de la Defensoría del Pueblo y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), ante las negativas de las autoridades competentes en La Oroya.

Estas organizaciones han acordado seguir de cerca el caso de Amaro, además de otros activistas de La Oroya que vienen siendo víctimas de amenazas y hostigamientos, debido a sus acciones contra la feroz contaminación que generó la central metalúrgica en la provincia durante más de una década.