Las organizaciones abajo firmantes que hacemos parte de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientes, manifestamos nuestra preocupación y rechazo a las amenazas de las que ha sido objeto la compañera Jakeline Romero Epiayú integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu en el departamento de la Guajira.
Fuerza de Mujeres Wayuu es un proceso organizativo del departamento de la Guajira, al norte de Colombia, donde se encuentra ubicada la empresa minera El Cerrejón, con una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del América Latina, propiedad de las empresas Anglo American, BHP Billington y Glencore. Jakeline fue gobernadora del Resguardo Zahino y junto a la organización a la que pertenece, Fuerza de Mujeres Wayuu, ha venido trabajando en la defensa de su territorio frente a las amenazas que entraña los megaproyectos mineros en la región.
De acuerdo a Fuerza de Mujeres Wayúu, desde 2005 esta organización ha sufrido amenazas sistemáticas. En 2012, su hermana Jazmín Romero Epiayú, también lidereza indígena recibió amenazas de grupos paramilitares, y en 2014 su hija Génesis Gutierrez. Por lo anterior, la lider Wayuu cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
Según denuncias de la Organización Nacional Indígena de Colombia y Fuerza de Mujeres Wayúu -, los hechos ocurrieron el 13 de diciembre del 2016, cuando a las 18:49 Jakeline Romero Epiayu, recibe mediante mensaje de texto a su número celular personal, una amenaza de muerte en contra suya y la de su familia: “…NO SE META EN LO QUE NO LE INCUMBE EVITE PROBLEMAS, SUS HIJAS ESTAN MUY LINDAS Y PIENSE EN ELLAS, GRAN MALPARIDA PERJUDICIAL EVITE PROBLEMA POR QUE HASTA SU MADRE SE LA DESAPAREZCO PARA QUE SIGA DE SAPA…”
Al momento de la amenaza, Jakeline se encontraba en Cartagena participando en un grupo de trabajo con organizaciones indígenas, entidades del Estado y la cooperación internacional, en un diálogo multisectorial sobre el derecho a la Consulta Previa.
La situación de Jakeline expresa el crudo panorama al que se enfrentan las defensoras y los defensores de la tierra y de los derechos humanos en Colombia. Sólo durante 2016, según los datos de Naciones Unidas, 114 personas han sido asesinadas por su trabajo en la defensa de la tierra y la vida, la mayor parte de ellos pertenecientes a los procesos organizativos Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y a procesos territoriales en defensa de los territorios.
De acuerdo al informe presentado por el Programa Somos Defensores, en el primer semestre del presente año se presentaron 314 agresiones en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos, obstaculizando sus acciones en defensa de la vida y la sustentabilidad.
Fuente: CENSAT Colombia