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Difamación de activistas de "Justica nos Trilhos" por oponerse a la siderúrgica TKCSA |
La TKCSA es una alianza de riesgo compartido establecida entre la compañía minera brasileña Vale y la compañía alemana ThyssenKrupp Se prevee que TKCSA será la industria siderúrgica más grande de América Latina y representa una de las más grandes inversiones privadas hechas en Brasil en los últimos años.
TKCSA está ubicada en la Baía de Sepetiba, una región que históricamente tiene como actividades productivas la agricultura, el turismo y sobre todo la pesca, abrigando al rededor de 8 mil pescadores artesanales. Pero, tal realidad ha sido totalmente desestimada por los administradores públicos, que han permitido la instalación de grandes emprendimientos en la región. Los pescadores artesanales han sido los primeros en sufrir las consecuencias de la instalación de la industria siderúrgica, siendo obligados a abandonar sus actividades. Ellos han realizado denuncias no solo respecto a los problemas ambientales y sociales sino también sobre el involucramiento de miembros de seguridad de TKCSA con las milicias que conocidamente actúan en la parte oeste de Río de Janeiro. Por haber recibido amenazas de muerte, uno de los líderes de los pescadores fue incluido en el Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos.
Otro tipo de criminalización que ha sido llevado a cabo por las empresas en Brasil está dirigido a los investigadores y científicos que han producido investigaciones contrarias a los intereses de las empresas, en procedimientos oficiales instaurados a partir de las denuncias de las comunidades afectadas.
Un caso emblemático es la acción judicial que la misma TKCSA ha iniciado en contra del médico salubrista Hermano de Castro, de la Escuela Nacional de Saúde Pública – Fiocruz, para que sea condenado a pagar una indemnización por daños causados a la imagen y reputación de la empresa. Los miembros de Justiça nos Trilhos, que es una red de organizaciones que tiene como objetivo central defender los derechos de las personas impactadas por las operaciones de Vale en el eje Carajás, también han sido víctimas de hostigamiento en el ejercicio de las actividades relacionadas con los objetivos de esa red.
En sus ediciones de 21 y 22 de agosto de 2008, el periódico ‘O Liberal´, que es el periódico más importante del Estado de Pará, publicó una serie de reportajes, editoriales y textos de opinión, asociando a los miembros de Justiça nos Trilhos y otras organizaciones que les apoyan (mayormente religiosas) a la planificación de acciones que el periódico calificaba como ilegales, y que tendrían como objetivo generar daños financieros a la empresa Vale.
La noticia sorprendió a los miembros de Justiça nos Trilhos no solamente por la falsedad de las acusaciones, sino sobre todo por el hecho de señalar individualmente a personas que tienen relaciones con los miembros de la organización pero que no son parte de ella, que jamás habían participado de sus actividades, que viven en otros continentes y que nunca habían viajado a Brasil.
Los miembros de Justiça nos Trilhos y de otras organizaciones mencionadas en las páginas del periódico manifestaron su indignación y repudio a través de una nota pública. Hasta la fecha no se sabe de que manera el periódico tuvo acceso a informaciones y datos que nunca habían sido debatidos en reuniones o hechos públicos de forma alguna. El periódico se ha manifestado según lo que considera su derecho de no revelar su fuente.
Los miembros de Justiça nos Trilhos han constatado, desde los seminarios y talleres que organizó en el Foro Social Mundial de Belén do Pará, en enero de 2009, la presencia frecuente en sus actividades de personas extrañas, siempre dedicadas a hacer registros escritos, fotográficos y en vídeo.
Tal práctica ha ocurrido no solamente en sus actividades públicas, sino también en otros momentos de carácter privado de sus vidas. Los miembros de Justicia nos Trilhos también se han dado cuenta que algunas veces los
vehículos en que se transportan son seguidos por otros con intenciones desconocidas. Se sospecha que los autores de esos actos son agentes de seguridad privada, de seguridad pública y también de la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN).
Son desconocidas las razones que han llevado a esos actos y mucho menos de que manera tales registros podrán ser utilizados en el futuro. Por último, en 10 de abril de 2010, Vale interpuso una acción legal ante el Poder Judicial de Açailândia, Estado de Maranhão, en contra de la Rede Justiça nos Trilhos, mencionando una lista de organizaciones y especialmente cinco personas que ella consideraba como sus líderes, y que según su punto de vista iban realizar acciones con el propósito de causarle daños financieros.
La acción fue interpuesta en el contexto en que se realizaba la “Caravana Internacional de los Afectados por la Vale”, cuando personas oriundas de zonas impactadas por operaciones de la misma empresa en distintas localidades del mundo visitaban la región del eje Carajás y participaban de conferencias y debates sobre el Programa Gran Carajás y sus implicancias negativas sobre las comunidades y trabajadores.
En la petición inicial, la empresa, a través de sus abogados, presentó alegatos respecto al programa de seminarios, debates y visitas de la caravana y en cuanto a sus objetivos, con acusaciones que jamás fueron comprobadas. A pesar de eso, y aunque la empresa no hubiera cumplido el deber de pagar las tasas judiciales que le impone la ley, el juez atendió inmediatamente los pedidos de la empresa, determinando medida preliminar de “interdito proibitório”, imponiendo individualmente a los miembros de Justiça nos Trilhos una multa de 5.000 reales (aproximadamente 3.085 USD) diarios por la hipótesis de transgresión de tal decisión judicial y designando a la fuerza policial para darle cumplimiento. En 13 de enero de 2011 la medida preliminar fue revocada y el proceso fue extinguido sin juzgamiento de mérito, porque a pesar de haber sido notificada para tal finalidad, la empresa no comprobó haber pagado regularmente las tasas judiciales. Los acusados jamás fueron oficialmente notificados de la decisión preliminar.
A través de esa acción judicial y de los demás actos de hostigamiento y de intimidación, se ve la forma en que la empresa minera Vale y otras asociadas a ella, han tratado a quienes son afectados por sus operaciones, a los que cometen el “pecado” de tener una visión crítica sobre sus actividades y luchan por la protección y respeto de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.
Los ejemplos también sirven para ilustrar que los órganos públicos de seguridad y de justicia, por su parte, basan sus decisiones en criterios sospechosos y aparentemente no mantienen una posición de imparcialidad y de respecto a la ley en situaciones como las descritas anteriormente. |
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Atentado contra activista Marco Arana en Huancabamba |
El Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina, OCMAL, a la opinión pública
El día de ayer, Marco Arana, reconocido luchador por la defensa de los derechos humanos del Perú, sacerdote, académico, activista ambiental, dirigente político del movimiento Tierra y Libertad y miembro del Consejo Directivo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL ha sido víctima de un atentado mientras se desplazaba hacia Huancabamba en el norte del Perú.
De acuerdo a las informaciones recibidas del propio afectado, en el lugar denominado Cajas Capsol, próximo al caserío del Singo, a solo 20 minutos de la ciudad de Huancabamba, él y su comitiva fueron víctimas de un atentado con piedras y disparos de armas de fuego que, afortunadamente, no causaron daños personales aunque sí roturas de los vidrios de las puertas laterales y abolladuras de la carrocería del vehículo que pudo darse rápidamente a la fuga.
Los afectados afirman que se descarta que se trate de un acto delincuencial común, puesto que media hora antes del atentado, el vehículo en que se transportaba el padre Arana había sido detenido por aproximadamente 30 presuntos ronderos campesinos del sector Quispampa, quienes los interceptaron en la carretera, les pidieron sus documentos de identificación los cuales eran cotejados con una lista de nombres que estaba impresa en computadora, la que les permitió identificar al padre Arana... Luego de un diálogo normal, los campesinos les manifestaron que querían "desarrollo y trabajo", expresando su rechazo a la agricultura. Al término del breve diálogo dejaron que el vehículo avanzara hasta el lugar donde se produjo el atentado.
Rechazamos y repudiamos estos actos violentos contra defensores de derechos humanos por el solo hecho de ser críticos a las actividades mineras que justamente dividen a las comunidades con promesas que luego incumplen.
Exigimos a las autoridades de gobierno la aclaración de lo hechos, el castigo a los responsables materiales así como a los autores intelectuales que usan a los campesinos para sembrar el miedo e intimidar a quienes defienden sus derechos frente a las actividades extractivas y la destrucción ambiental y social que ellas llevan consigo.
Al mismo tiempo exigimos la protección efectiva de Marco Arana y de todos y todas las defensoras de los derechos humanos en el Perú, considerándose esta protección como una obligación de las instancias del Estado y sus diversas reparticiones.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
OCMAL |
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Ambientalistas y Defensores de Derechos Humanos de Honduras son amenazados de muerte |
La organización no gubernamental Amnistía Internacional pidió al gobierno hondureño que proteja la vida de la periodista ambientalista y pro activista de los derechos humanos Dolores Valenzuela, a quien desconocidos han amenazado de muerte. Al mismo tiempo la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras responsabiliza al Gobierno de Honduras, al sector minero, al sector maderero y a la empresa Gas del Caribe ante cualquier violación a la integridad de varios ambientalistas y sus familiares que, al igual que Dolores, están siendo perseguidos y amenazados de muerte.
La transcripción del último mensaje que recibió Juana Dolores Valenzuela:
"De: Gonzalo Martinez <gonzaloamartinez2010@yahoo.es>;
Asunto: barbara lengona
Para: "doloresvalenzuela16@yahoo.es" <doloresvalenzuela16@yahoo.es>;
Fecha: martes, 27 de noviembre, 2012 02:26"
"Por la lengua te vamos a matar un día de estos, cuando vas a aprender a respetar .... vieja que nunca aprendiste ..llegaste a vieja, hija de la gran puta, la lengua no te va a ajustar en el ataúd".
Ante esta situación, Juana Dolores declara: "Las amenazas son el resultado de mi lucha permanente contra la explotación minera a cielos abiertos en Honduras", afirmó. "Y en esa actividad económica hay compañías transnacionales y grupos de poder local que invierten millonarias cantidades de dinero".
Frente a estos acontecimientos, la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras emitió recientemente el siguiente comunicado:
"Las organizaciones aglutinadas en la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional en general, denunciamos lo siguiente:
1. Debido a la inseguridad y la alta criminalidad que azota a nuestra Honduras y que tiene repercusiones directamente contra los luchadores y luchadoras sociales, ambientalistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos quienes últimamente han sido víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamiento e intimidación producto del ejercicio de sus actividades, ya sea defendiendo el ambiente, los derechos humanos o implemente por tener otros criterios opuestos al sistema que impera actualmente en nuestro país.
2. La Coalición Nacional de Redes Ambientalistas denuncia, que nuestra compañera de lucha y periodista ambientalista de trayectoria nacional e internacional identificada en la lucha de la defensa de la protección y conservación de nuestros recursos naturales, Juana Dolores Valenzuela, conocida como “Lolita”, ha sido amenazada de muerte, utilizando el medio electrónico.
3. Las entidades de esta Coalición exigimos a las instituciones como el Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, proporcionen las medidas urgentes de protección para resguardar la vida y la integridad de nuestra compañera Lolita, así como de Pedro Landa, Carlos Amador y demás compañeros del Comité Ambientalista del Valle de Siria, Compañeros del Movimiento Unificado Campesino (MUCA) del Bajo Aguán, y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia de Atlántida, quienes al igual que otros defensores y defensoras a nivel nacional, están siendo perseguidos y amenazados de muerte.
4. Desde ya, responsabilizamos al Gobierno de Honduras, al sector minero, al sector maderero y a la empresa Gas del Caribe ante cualquier violación a la integridad de nuestros compañeros y sus familiares.
Tegucigalpa M.D.C., 29 de noviembre de 2012
COALICIÓN NACIONAL DE REDES AMBIENTALISTAS DE HONDURAS
FUNDACIÓN SIMIENTE
ASOCIACION DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
ASOCIACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA
CENTRO HONDUREÑO DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
MOVIMIENTO UNIFICADO CAMPESINO DEL AGUAN
MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
COMITÉ REGIONAL AMBIENTALISTA DEL VALLE DE SIRIA
RED AMBIENTALISTA DE LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ
MOVIMIENTO AMBIENTALISTA
SANTABARBARENSE
RED NACIONAL DE COMUNIDADES EN CONTRA DE LA MINERIA
MESA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO, REGION EL PARAISO
FUNDACION POPOL NAH TUN
CONSEJO DE CUENCAS DE VALLE DE ANGELES
ALIANZA CIVICA POR LA DEMOCRACIA
RED DE COMITES DE DEFENSA DE LA NATURALEZA DE CHOLUTECA Y VALLE
SOCIEDAD CIVIL DE ARAMECINA
SOCIEDAD CIVIL DE GOASCORAN Y LANGUE
CONSEJO DE CUENCAS DEL RIO LA SOLEDAD
CONFERENCIA DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE HONDURAS"
Más de 31 periodistas han sido asesinados en tres años en Honduras, que enfrenta la peor violencia registrada en su historia. |
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Ataque armado contra la señora Teodora Antonia Hernández |
El 7 de julio de 2010, la señora Teodora Antonia Hernández Cinto, activista anti-minera, recibió un disparo en el ojo a quemarropa por un desconocido. El intento de asesinato ocurrió en la casa de la señora Hernández, quien vive en la comunidad San José Nueva Esperanza a tan solo metros de una barda que delimita la mina de oro Marlin, propiedad de la compañía Canadiense Goldcorp.
Teodora Antonia Hernández Cinto fue víctima del ataque armado cuando se encontraba en su casa . No se esclareció nunca el motivo del ataque, pero semanas atrás Teodora Antonia había manifestado su inconformidad por las operaciones de la empresa minera en el documental "El negocio del oro en Guatemala: un conflicto anunciado", lo que da lugar a sospechar que el origen del ataque proviene de grupos que apoyan la extracción minera. En el vídeo documental se puede observar a la señora Antonia rechazando la presencia de la mina en San Marcos y explicando cómo la empresa a cargo de las operaciones extractivas es la causa de la conflictividad social en su comunidad.
Los procesos legales internacionales acerca del cierre de la mina han polarizado aún más a las poblaciones circundantes al megaproyecto, al punto que varios líderes que se oponen a la extracción de minerales han sido blanco de ataques armados directos. De esa forma se explica el atentado contra Teodora Antonia, quien después de recibir el impacto de bala fue llevada a la clínica de salud en San Miguel Ixtahuacán. Luego fue trasladada de emergencia al hospital nacional de San Marcos, donde le realizaron radiografías que evidenciaban cómo la bala le lastimó parte del cerebelo.
Lo que sí es seguro es que, como Teodora Antonia, que forma parte del Movimiento de Resistencia en San Miguel Ixtahuacán, otros activistas que trabajan en defensa de los derechos humanos e indígenas también se encuentran en una seria situación de riesgo por su oposición a la minería. Teodora Antonia, antes del crimen cometido, recibió numerosas amenazas por su participación en el Movimiento de la Resistencia, dicen los miembros de la organización. Según informaron familiares y allegados cercanos a la víctima, en junio de 2009 participó en la defensa del agua en el barrio de Sacmuj, cuando los vecinos de esa localidad entraron en un conflicto territorial con la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria del Goldcorp. |
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Secuestro a Observadores Internacionales por sicarios en comunidad Nueva Esperanza, Honduras |
El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras), Yolanda - de nacionalidad francesa, y el otro Daniel, de origen suizo - fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria.
Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los hombre armados continúan en la comunidad.
Ante esta situación, y en respuesta a las solicitudes por parte de miembros de la comunidad, PROAH está acompañándola a través de la difusión de información y de alertas a nivel internacional, y ha visitado la comunidad en varias ocasiones.
El 24 de julio, los dos miembros de PROAH pasaron la noche en la casa de una familia en la comunidad de El Zapote, cerca de La Nueva Esperanza, para acompañarla en vista de las amenazas que han recibido por resistirse a vender sus tierras a Lenir Pérez3. A las 9.00 de la mañana, al día siguiente, el 25 de julio, 7 hombres fuertemente armados llegaron a la casa, amenazando a los dos acompañantes con sus escopetas, reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera, liderados por un hombre que miembros de la comunidad identificaron como Wilfredo Funes. Éste dijo a los acompañantes que tenían que irse porque estaban impidiendo su trabajo. Los miembros de PROAH explicaron su trabajo de acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos. En un momento, sonó el teléfono de Wilfredo Funes que dijo que ‘el jefe’ quería hablar con los acompañantes. Uno de ellos preguntó si era Lenir Pérez. Funes se mostró sorprendido y dijo “Ya sabes?” pero cuando le pasó el celular, la persona colgó. Otros hombres armados (según miembros de la comunidad hay 12 en total allí) persiguieron disparando al dueño de la casa que se encontraba fuera, hasta que llegó a su hogar.
Después de una hora, el líder de los hombres armados obligó a los miembros de PROAH a salir de la casa, amenazando con usar la fuerza si hiciera falta. También dijo que si volvieran, les “perderían en el bosque”. Les obligó a caminar durante una media hora a La Nueva Esperanza, rodeados por los hombres con armas y machetes, quienes intimidaron sexualmente a la acompañante francesa. Les forzaron a borrar las fotos de la maquinaria de las obras mineras. Luego, Wilfredo Funes y un ingeniero de la minera los obligaron a subir en un pickop, con tres hombres armados en la paila. Antes de soltarlos, Wilfredo Funes dijo que si los miembros de PROAH denunciaran los hechos, la comunidad sufriría represalias. Dejaron a los acompañantes en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am, después de dos horas y media de captura. Esperaron allí durante una hora a una patrulla de policía que los llevó a Tela.
Indudablemente, la presión ejercida por el COFADEH, PROAH, y otros defensores de derechos humanos, incluso miembros de la comunidad, para denunciar y solicitar intervención inmediata a las autoridades de seguridad nacionales y miembros del cuerpo diplomático, fue un factor decisivo que permitió su liberación.
Es significativo que, el día anterior, los defensores habían informado a la posta policial de Buena Vista, en camino a la comunidad, de su llegada, identificándose como observadores de derechos humanos. Sin embargo, mientras sucedían los hechos, no se encontraban los policías en la posta.
Un miembro de la comunidad informó a PROAH que esa misma noche, hombres armados de la minera pasaron por La Nueva Esperanza en motocicleta disparando al aire. La
familia donde estaban hospedados los acompañantes al principio de su secuestro tuvo que huir de la comunidad por su seguridad.
El 27 de julio, se formó una caravana de 250 activistas nacionales e internacionales que visitaron a La Nueva Esperanza para mostrar su apoyo. |
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Amenazan de muerte a sacerdote por oponerse a minería en Honduras |
El sacerdote guatemalteco César Espinoza, párroco de la Iglesia del municipio de Arizona, Atlántida, denunció ayer en conferencia de prensa que desde enero de este año está recibiendo amenazas a muerte mediante mensajes de texto a su celular.
Las intimidaciones se dan porque el religioso lidera, junto a los pobladores de comunidades aledañas como Nueva Esperanza y La Florida, un movimiento que se opone a la extracción minera ya que, según ellos, afecta los bienes naturales de la zona.
Durante la conferencia, desarrollada en el obispado de la Diócesis de La Ceiba, los sacerdotes de las diferentes parroquias de Atlántida, dieron a conocer un comunicado en el cual condenan “la avalancha de proyectos mineros en nuestro departamento, que según informaciones llegan a varias decenas, y que pretenden explotar zonas con alto valor ecológico. El impacto ambiental que todos estos proyectos provocarían y las consecuencias negativas para la vida de las comunidades”.
La falta de transparencia y la secretividad con que se realizan estos procesos de concesiones sin informar y de espaldas a las comunidades que se verán afectadas gravemente”, reza parte del documento. |
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Ejercito y policía reprime plantón de Ejido La Sierrita en Durango |
El día 29 de agosto de 2012, alrededor de 100 elementos de la policía federal, del ejército mexicano y policía estatal de Durango, como policía del municipio de Mapimí penetraron el plantón pacífico del ejido La Sierrita y la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) con la intención de abrir el camino y permitir la entrada a presuntos trabajadores a la mina La Platosa, operada por Excellon de México, filial de la minera canadiense Excellon Resources Inc.
Agentes del ministerio público federal y ministerio público estatal, sin documentación alguna que acreditara sus dichos, aseguraron que la incursión de la fuerza pública se debía a una petición expresa de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del ámbito Federal para retomar las instalaciones de la mina.
Antecedentes
Desde el 2008, después de tres meses de conflicto, Excellon de México S. A de C. V. firmó un contrato de ocupación temporal con La Sierrita donde se compromete a coadyuvar en el desarrollo de proyectos productivos a favor del ejido; en este contrato se obliga a la empresa a otorgar la concesión del transporte de mineral y del comedor para los trabajadores, además de la instalación de una planta tratadora de agua, entre otras cosas, sin embargo la empresa ha hecho caso omiso al respecto.
En los últimos cuatro años, la empresa no sólo no ha cumplido, sino incluso ha violado las cláusulas de este acuerdo. Desde noviembre de 2011 y después de varias mesas de diálogo, los ejidatarios obligaron a la empresa a entablar una serie de mesas de diálogo con representantes de la empresa y revisar los incumplimientos y las violaciones a las cláusulas del contrato de arrendamiento de tierras para resolver el conflicto, sin embargo, después de haber agotado sus esfuerzos y debido a la falta de voluntad de la empresa a trabajar juntos, la Asamblea General del Ejido decidió ejercer su legítimo derecho a protestar pacíficamente contra las operaciones de la compañía La Platosa desde el pasado 8 de julio.
Desde que inició el plantón, se han establecido una serie de mesas de diálogo entre los ejidatarios, trabajadores y Excellon con la participación del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Durango. Durante la última reunión celebrada el pasado 13 de agosto en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, la empresa Excellon, en una actitud intransigente, rompió la mesa de negociación a los cinco minutos de iniciada. En esta misma mesa el gobierno federal, mediante el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Jorge Triana, reconoció la actitud de obcecación de la empresa y se mostró “igual de indignado que los ejidatarios por la decisión de Excellon de romper la mesa”. Mientras que por su parte el secretario General de Gobierno de Durango, Jaime Fernández Saracho, aseguró reconocer la disposición del ejido para la resolución del conflicto.
Está por demás decir, que las acciones de represión por parte de la empresa en colusión con los gobiernos federal, estatal y municipal violentan el derecho de los ejidatarios y trabajadores de protesta y defensa de sus derechos humanos establecidos en los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos y el artículo 6º constitucional. Además del derecho de la tierra y el territorio de los ejidatarios establecido en el artículo 27 constitucional y el artículo 100 de la Ley Agraria. Asimismo, se está violando el derecho a la libertad sindical de los trabajadores de la sección 309 establecido en el artículo 123 fracción XVI del apartado A constitucional. Finalmente, la empresa está incumpliendo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de la ONU. |
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Conflicto por Mineras Agua Rica y Filo Colorado en Andalgala |
Por Darío Aranda
Andalgalá, Santa María, Belén y Tinogasta (Catamarca). Y Amaicha del Valle (Tucumán). Lugares donde en los últimos cinco meses se repitieron represiones y detenciones sobre asambleas socioambientales que rechazan la megaminería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) analizó la situación en todos los países de la región, con situaciones muy similares a las que se padecen en Catamarca, y resaltó puntos comunes para todo el continente: “Los Estados han aceptado cumplir el rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa de la integridad, seguridad y derechos de las poblaciones nacionales. La criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales como en los llamados ‘progresistas’”.
Minera Alumbrera, en Catamarca, es la explotación testigo de megaminería en Argentina. Es el yacimiento más grande (en explotación): hace 15 años extrae oro, cobre y molibdeno. Las asambleas catamarqueñas cortaron este verano los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa María. Al día siguiente, hubo 18 detenidos y represión. El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). El 10 de febrero, a las 3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle. El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta. El 13 de febrero allanaron las viviendas de ocho asambleístas de Andalgalá.
El 12 de febrero, y durante una semana, el ingreso a Andalgalá estuvo bloqueado para quienes criticaban la megaminería. Militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) viajaron al lugar y no pudieron ingresar (lo mismo le sucedió a medios de comunicación y asambleístas). El Serpaj denunció a la “patota” de las empresas contratistas ligadas a la minería y a militantes del oficialismo provincial. Diez días se mantuvo el corte.
El 12 de mayo último, en Tinogasta, detuvieron y golpearon a asambleístas. “La criminalización en países de América latina ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a proyectos extractivos”, denuncia el Ocmal en su último informe. Y explica que la criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida, agresiones, militarización, represión y asesinatos.
El trabajo, del que también participó la ONG Acción Ecológica de Ecuador, realiza un recorrido de proyectos mineros y resistencias de Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú y México, entre otros. Remarca que, a pesar de las diferencias o matices ideológicos de los presidentes, el modelo extractivo y la violencia se repiten en todos los países.
El informe, de 180 carillas, remarca que “las comunidades ven cómo las transnacionales gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo lemas poco convincentes y menos aún reales como el empleo, desarrollo y bienestar”. Y precisa que el modelo extractivo necesita controlar el territorio: “Es por eso que uno de los problemas más importantes lo constituye el desplazamiento de poblaciones completas”, recuerda y señala como primeros perjudicados (aunque no únicos) a pueblos indígenas, campesinos y pequeñas ciudades.
La situación particular de Argentina la aborda en el capítulo tres. “El considerado ‘granero del mundo’ está inscripto en la carrera por convertirse en un país minero por excelencia. Ha comenzado a despejar las barreras impuestas a la minería e invertir en proyectos mineros transnacionales”, caracteriza y precisa que, entre 2003 y 2007, aumentó un 740 por ciento la cantidad de proyectos mineros.
Resalta como hecho positivo el plebiscito de Esquel en 2003 (en rechazo a un proyecto minero), la sanción de la Ley de Glaciares y las acciones de la Unión de Asamblea Ciudadanas (UAC, espacio de encuentro de un centenar de asambleas de todo el país). Aunque el informe fue editado en noviembre de 2011,
antes de las represiones de este año, Ocmal toma como referencia la situación en Catamarca: “Hay aproximadamente 40 personas judicializadas (de las asambleas), mientras que son cerca de 40 las denuncias presentadas por la represión y contra la minera Agua Rica que no tuvieron trámite. Números éstos que demuestran las intenciones de los poderes locales, convivientes con la empresa megaminera”.
El Observatorio proyecta para Argentina la posibilidad de que “se insista en la criminalización de la oposición a la minería en un escenario de esfuerzos por profundizar el modelo extractivo”. |
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Ejidatarios de San Antonio de la Huerta son reprimidos por autoridades en Soyopa |
Contaminación de tierras y agua en el estado de Sonora por el devastaminto de las minas extranjeras que indiscriminadamente operan con toda libertad ha generado que los ejidatarios de San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa, en el Estado de Sonora hayan realizado protestas encontra de la compañía minera La Libertad.
Alrededor de 50 ejidatarios del municipio de Soyopa, Sonora, protestaron el viernes 5 de abril en Hermosillo, luego de que durante la mañana del mismo día policías estatales y militares ingresaran a su ejido para detener a 42 personas que participaban en un plantón en el acceso a la mina “Libertad”, que opera con capital canadiense en el ejido San Antonio de la Huerta.
Elementos de la Policía Estatal y del Ejército entraron el viernes al ejido y detuvieron a 42 personas que mantenían un plantón en la mina, demandando varias cosas, entre ellas un pago anual de 60 mil pesos a cambio de que sus tierras sigan siendo explotadas por la empresa.
Por esa razón, alrededor de 50 ejidatarios se trasladaron a la capital sonorense, para manifestarse en el Palacio de Gobierno y exigir ahí la liberación de sus compañeros; sin embargo, no hubo respuesta de las autoridades, por lo que los habitantes decidieron bloquear por más de seis horas el bulevar Rosales.
Realizaron un plantón en la sede de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que se ubica en dicha calle, de donde fueron desalojados más tarde por elementos de la Policía Estatal, bajo un operativo calificado como violento, por los pobladores.
Ahí fueron detenidos cinco integrantes de la mesa directiva del comisariado ejidal: Sergio Acedo Miranda (presidente), Ramón Antonio Acedo Espinoza (secretario), Manuel Ignacio Yáñez Espinoza, David Guadalupe Valenzuela (integrante del Frente Amplio Democrático del Estado de Sonora) y el abogado Ramsés Valenzuela.
Cerca de las 10:00 de la noche del viernes, los 42 manifestantes detenidos en San Antonio de la Huerta fueron liberados, aunque los cinco detenidos por la tarde permanecían en un hotel de arraigo en Hermosillo. |
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Amenazas y Agresiones contra vecinas y vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc |
A principios de 2011 las y los vecinos de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala se dan cuenta que en su territorio está operando una empresa minera de oro.
El proyecto minero El Tambor actualmente es propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates con sus subsidiarias locales Exploraciones Mineras e Guatemala S.A y Servicios Mineros del Centro de America S.A.
La licencia de explotación para este proyecto fue autorizada el 24 de noviembre del 2011 sin consulta previa a la población afectada.
En el mes de marzo del año 2012, los pobladores deciden bloquear la entrada a la mina y se instala el plantón de La Puya donde los vecinos se turnan las 24 horas para evitar el ingreso de maquinaria al proyecto. El 8 de mayo a la una de la mañana la empresa intenta ingresar 25 camiones y maquinaria, custodiados por 40 radiopatrullas de la Policía Nacional Civil. Los vecinos alertados se organizan y llegan 2 mil personas de las comunidades aledañas al lugar para impedir el ingreso de la maquinaria.
A pesar de la provocación por parte de la empresa y de la PNC, debido a la actitud pacifica de la población no estalla la violencia.
El 13 de junio la destacada lideresa Yolanda Oquelí sufre un atentado contra su vida. Después de 4 meses fuera de su comunidad, Yolanda regresa a San José del Golfo uniéndose nuevamente a la resistencia pacifica de la Puya.
En vista que el 24 de noviembre se cumple un año de haber sido autorizada la licencia de explotación, la empresa enfrenta el riesgo de que esta sea cancelada pues la ley de minería señala que si en el transcurso de un año no se inicia la explotación, la licencia debe ser cancelada.
Ante esta posibilidad, desde el martes 13 de noviembre, la empresa empezó una ofensiva de provocaciones contra la resistencia pacifica de la Puya. Los cabecillas de la provocación minera son el ex-coronel Mario Figueroa Archila, propietario de Servicios Mineros del Centro de América y sus lugartenientes Pablo Silas Orozco quien aparece liderando las provocaciones con un altoparlante en la mano y el también ex coronel José Arias Méndez.
Su estrategia consiste en azuzar con un grupo de supuestos empleados para ingresar violentamente a la mina, atacando a las personas que permanecen en el plantón.
Las agresiones se intensificaron el 21 y 22 de noviembre en La Puya. Los hechos están ampliamente documentados en videos donde se puede ver cómo los supuestos mineros con cascos azules insultan, agreden y amenazan a comunicadores de Waqib ́ Kej, CUC y Centro de Medios Independientes-CMI- como también a las y los pobladores en resistencia, en su mayoría mujeres, quienes permanecen guardando la calma y cantando canciones pacificas y el Himno Nacional.
ANTE ESTA SITUACIÓN
Apoyamos y respaldamos el derecho de los hombres y mujeres que de manera pacífica resisten en el plantón de La Puya contra el proyecto minero El Tambor.
Exigimos al Ministerio Público que realice una investigación a fondo para esclarecer quienes fueron los responsables materiales e intelectuales del atentado contra Yolanda Oquelí.
Denunciamos las amenazas y agresiones que la empresa Kappes Cassiday & Associates y sus subsidiarias Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. y Servicios Mineros del Centro de América S.A. ha ejercido contra los comunitarios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que resisten en el plantón de La Puya.
Exigimos a las autoridades judiciales que se investigue y se castigue a los responsables de las amenazas más recientes contra comunitarios, organizaciones acompañantes y comunicadores sociales en el plantón de La Puya.
Comunidades en Resistencia Pacífica de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo
Frente Norte del Área Metropolitana – FRENAM:
Plataforma Urbana
FUNDESCO
Movimiento de Mujeres Indígenas Tzu’nunija’
Colectivo Ecologista MadreSelva
Proyecto de Salud Sangre de Cristo
Asociación Feminista La Cuerda
Alianza
Política Sector de Mujeres – Mesoamericanas en Resistencia
Consejo de Mujeres Cristianas – CMC
Marcha Mundial de Mujeres
Unión Nacional de Mujeres de Guatemala – UNAMG
Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos –UDEFEGUA-
H.I.J.O.S. Guatemala
Centro de Acción Legal y Ambiental – CALAS
Clavel Rojo
Comité de Unidad Campesina –CUC-
Coordinación u Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej
CEIBA
Conferencia de Religiosos de Guatemala -CONFREGUA-
Centro de Medios Independientes -CMI-
Grupo Monseñor Romero
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos – GHRC |
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Policías torturan a líder nahua Gaudencio Mancilla |
La madrugada del jueves 22, la comunidad de Ayotitlán denunció que Gaudencio Mancilla, representante legal del consejo de mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en Jalisco, fue secuestrado por un grupo de pistoleros.
En cinco camionetas los extraños llegaron a su domicilio, ingresaron y se lo llevaron junto a su hermano Bonifacio Mancilla Roblada y a Gerónimo Flores, un vecino de la zona.
Al instante, la noticia se difundió causando alarma y preocupación por los antecedentes de secuestros y asesinatos que en las últimas décadas han afrontado los indígenas en el marco de conflictos con empresas mineras y extractores de madera.
De acuerdo a la fiscalía, el día de la detención los agentes fueron notificados de que había en el lugar hombres armados, por eso acudieron al predio donde vive Mancilla.
Según el testimonio de los oficiales, tras no encontrar lo que buscaban, un hombre salió de su domicilio con una pistola, por lo que allanaron su vivienda y en ella encontraron propaganda relacionada a la creación de “policías comunitarias”.
Sin embargo, los familiares de Mantilla aseguran que fue detenido en un allanamiento y cateo ilegal de su domicilio.
Gaudencio Mancilla fue conducido al ministerio público federal adscrito en Autlán de Navarro, Jalisco. Fue liberado al día siguiente en la madrugada, tras pagar una fianza.
Ya en libertad, el líder denunció que durante su detención fue golpeado por la policía para que confesara que pretendía la creación de una “policía comunitaria” armada.
Cabe recordar que en los meses de noviembre y diciembre de 2012, la comunidad de Ayotitlán realizó reuniones públicas y con participación de autoridades locales para evaluar la posibilidad de conformar policías comunitarias para defenderse de la permanente hostilización, asesinatos y secuestros.
El dirigente fue detenido a los pocos días de haber participado en un evento, donde expresó su postura contra iniciativas mineras en su localidad y denunció los hostigamientos a los que vienen sido sometidos los miembros de su comunidad (Ayotitlán) por parte de empresas mineras legales e ilegales, así como de industrias madereras. |
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Asesinan a tres indígensa Tolupanes por oponerse a la minería |
La masacre de indígenas de la Tribu Tolupan de San Francisco de Locomapa, cometida en Locomapa, Yoro el pasado 25 de agosto, demuestra una vez más la guerra por la explotación de los bienes comunes que se está librando en Honduras, especialmente en el territorio de los pueblos indígenas.
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, fueron asesinados por sicarios al servicio de mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica. Los occisos participaban en una toma de la carretera desde hace 12 días, con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral
En los últimos tres años en Honduras en nombre de un supuesto “desarrollo” se ha intensificado la minería y construcción masiva de represas, muchos de estos proyectos son promovidos por funcionarios estatales asociados con la actual administración; mientras los pueblos indígenas se encuentran totalmente desprotegidos ante el desconocimiento estatal del Derecho a la Consulta previa, Libre e Informada (CPLI).
Los Tolupanes han padecido de una violencia sistemática, con mas de medio centenar de víctimas en los últimos 20 años, sin que exista hasta la fecha una investigación fehaciente sobre esos crímenes y mucho menos se haya judicializado alguna persona respecto a estos crímenes. Aparentemente los sicarios implicados en la reciente masacre de los herman@s Tolupanes han manifestado que existen otros defensores de los bienes comunes en Locomapa que serán ejecutados.
La Tribu de Locomapa en una carta pública de julio de 2012, dirigida al Misterio de Justicia y la Secretaria de Pueblos indígenas (SEDINAFROH), denunció la intervención del maderero Kenton Landa Úcles, el cual introdujo maquinaria para la destrucción del bosque, además de una serie de arrestos ilegales y amenazas de muerte a los miembros de la comunidad opuestos a la destrucción del bosque y la minería.
La enorme vulnerabilidad del pueblo Tolupan ante las agresiones de aquellos que vienen explotando el bosque y los minerales, se agrava con el colapso que padece el país en materia de seguridad y justicia.
El desconocimiento del CPLI viene generando una sistemática violacion a los derechos humanos, sin tener en cuenta las cosmovisiones de nuestro pueblos y el ejercicio de la propiedad comunitaria, el que frecuentemente es pisoteado y violentado por el Estado de Honduras. A pesar de la existencia de una serie de instancias gubernamentales que se suponen defienden los derechos de los pueblos indígenas, estas suelen recaer en un silencio cómplice, permitiendo de esta forma las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que “el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados”. Agrega además la CIDH, que “el reconocimiento oficial del dominio por los pueblos indígenas sobre sus territorios no es un acto discrecional y libre de la voluntad estatal, sino una obligación. Desafortunadamente el Estado de Honduras no ha adoptado las medidas efectivas para reconocer el derecho de propiedad comunal de los pueblos sobre las tierras que tradicionalmente hemos ocupado y usado; al contrario desde el mismo Estado se esta promoviendo la destrucción de nuestros territorios y de nuestros pueblos, cuando se están aprobando Leyes tales como: Ley RED-ZEDE, Ley de Reconversión de la Deuda (Ley Hipoteca), El convenio con el grupo BG de exploración y explotación de hidrocarburos y el programa REDD+.
Exigimos la protección de los Tolupanes de la Tribu San Francisco Locomapa, sobre todo a los compañer@s Jose Maria Pineda, Vilma Consuelo Soto, Ramon Matute, Sergio Avila, Celso Cabrera y Elvin Enamorado,
quienes están sufriendo persecución únicamente por defender los bienes comunes de su pueblo; así mismo exigimos investigación y castigo a los culpables de los hechos acontecidos el 25 de agosto. |
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Minera Sinchi Wayra criminaliza protesta social en Oruro |
Con una citación al Ministerio Público, la empresa minera Sinchi Wayra que opera en la mina Bolívar del municipio de Antequera del departamento de Oruro, intenta acallar a comunarios que reclaman los compromisos asumidos hace 6 años atrás por la empresa transnacional para explotar minerales.
“Me han hecho citar a la FELCC de Huanuni para amedrentarnos y que dejemos los compromisos así sin cumplir, en otros países hemos visto que es una estrategia de las empresas transnacionales pero eso no nos asusta, es un justo reclamo porque la empresa nos ha dejado sin agua para tomar, no está cumpliendo con el contrato de servidumbre asumido con la comunidad, esta transportando carga de otros municipios y generando grandes cantidades de polvo afectando también al medio ambiente” menciono la Sra. Guadalupe Fernández secretaria general de la comunidad Quequeani Grande.
Desde el día lunes 21 de mayo de 2012, comunarios de Quequeani Grande iniciaron un bloqueo pacifico en un camino paralelo de Poopó a Bolívar en el marco del derecho a la protesta social para ser escuchados ante lo cual la empresa denunció a la dirigente por supuestos atentados contra la seguridad contra los transportes y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
“Como todas las empresas el trabajo que dan a comunarios son en rangos inferiores con discriminación y los menores sueldos, por la movilización que estamos haciendo están amenazando a los comunarios que trabajan en la empresa de hacerlos expulsar con el sindicato” menciono el sr. Luis Eugenio
La demanda central es el cumplimiento de compromisos con la comunidad como ser mejoramiento de las viviendas, la construcción de una micro represa de Jacha kawa Vinto, fuentes de trabajo, el cumplimiento del contrato de servidumbre.
“No permitiremos mas amenazas ni amedrentamientos a dirigentes y a comunarios por la empresa Sinchi Wayra, estamos pidiendo el cumplimiento de compromisos y no habrá dialogo hasta que se levante la denuncia contra la Sra. Guadalupe Fernandez, preferimos morir aquí a que nos vuelvan a engañar y de no atender nuestras demandas exigiremos que nos devuelvan nuestros terrenos donde producíamos en las condiciones que les hemos entregado ya basta de abuso a las comunidades, estamos unidos y mas fortalecidos que nunca” mencionaron los comunarios de Quequeani Grande. |
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Acciones penales y administrativas contra familia campesina Belezaca Vintimilla |
La familia Belezaca Vintimilla vive en un terreno de 30 hectáreas ubicado en la finca “San Antonio”, en el barrio Santa Cruz, parroquia El Güsme, en el cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe. En el barrio Santa Cruz, según informaciones extraídas del Estudio de Impacto Ambiental de EcuaCorriente, la empresa prevé la construcción de una vía para transportar el concentrado de cobre.
El terreno sobre el que actualmente vive la familia Belezaca es parte de una finca, que anteriormente fue propiedad de Julio Olmedo Castro Piedra y cuya extensión es de unas 130 hectáreas. Según miembros de la familia Belezaca, Julio Olmedo habría convenido la entrega del terreno de 30 hectáreas como pago por el trabajo que la familia realizó para él durante más de una década (cuidado de ganado, labores agrícolas, construcción de invernaderos). Pese a este acuerdo y a la posesión efectiva (por alrededor de 15 años) que la familia ha ejercido sobre el terreno, Olmedo Castro vendió la propiedad a su hermano Edgar Rogelio Castro, quien, a su vez, vendió la totalidad de la propiedad a EcuaCorriente, incluida la tierra en posesión de la familia Belezaca-Vintimilla. Según la empresa, EcuaCorriente dio per- miso para que la familia se quedara en ese lugar durante cuatro meses, mientras encontrara un sitio nuevo para vivir.
Según diversas denuncias de la familia, ésta habría sido víctima de una serie de acosos: amenazas, agresiones físicas y psicológicas e incluso intento de asesinato al hijo mayor.
La familia alega que el 25 de marzo de 2007 un grupo de personas con armas de fuego, machetes, palos y piedras, aparentemente dirigido por un empleado de EcuaCorriente, irrumpió en el domicilio de la familia campesina, hecho que habría sido prevenido por la fuerza pública. Según la denuncia, el 2 de julio de 2007, aprovechando la ausencia de los padres, el mismo empleado de la empresa habría ingresado al hogar de la familia y amenazado con armas a Juan Pablo Belezaca Vintimilla, de 17 años y a Samuel Darío Belezaca, de 14 años.
La familia alega que el 26 de julio de 2007 el mismo empleado de la empresa ingresó nuevamente al domicilio y amenazó con un arma a Aída Vintimilla. La familia denuncia además, que el 24 de octubre de 2007 Carlos Eulogio Belezaca, de 21 años, luego de haber terminado sus labores agrícolas, habría recibido del mismo empleado y de otra persona, un disparo y heridas de arma blanca, lo que le habría dejado gravemente herido.
Luego de que Carlos Eulogio Belezaca sufriera las agresiones y el intento de asesinato descritos, el joven fue enjuiciado penalmente junto a sus agresores. El Juzgado Cuarto de lo Penal de Zamora Chinchipe emitió una orden de captura en su contra.
A más de este proceso penal, la familia Belezaca Vintimilla también ha enfrentado dos acciones administrativas: una por tala ilegal de madera presentada por un trabajador de EcuaCorriente en el Distrito Regional del Ministerio de Ambiente, y un amparo administrativo, presentado por la empresa ante la Agencia Desconcentrada de Regulación y Control Minero, alegando que la familia invadió la concesión minera Mirador 3.
En ninguno de los dos casos, las autoridades verificaron ilícito alguno. Más aún, en el último caso, la Agencia Desconcentrada de Regulación y Control Minero desechó la demanda de EcuaCorriente por no encontrar ilícito alguno, y anota que se ha verificado que la familia Belezaca mantiene la posesión de su inmueble. |
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Siguen las amenazas a integrantes de la CPUVO en San José del Progreso |
El 16 de mayo de 2013, fueron encontradas amenazas de muerte a Pedro Martínez y su familia, integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), en su parcela en el paraje “La Sanja”, municipio de San José del Progreso. Integrantes de la CPUVO, organización de opositores a la explotación minera de la empresa Cuzcatlán (filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines) en San José del Progreso, habían sido alertados sobre un incendio en la parcela. Al llegar a la parcela, encontraron dos amenazas de muerte en contra de Pedro Martínez y su familia, ambos mensajes escritos sobre pedazos de cartón que dicen “NUNCA UVIERAS ABLADO MAL DEL PRESIDENTE EL NO PERDONA” “TE LO ALVERTIMOS TU SIGUES DESPUES DE BERNARDO O TU FAMILIA” una de las amenazas fue encontrado sobre la raíz de un árbol, la otra prendida en una rama, ambos mensajes se acompañaban con un dibujo que representa una calavera pintada en color rojo.
Así mismo, encontraron en el centro de la comunidad un altar hecho con ladrillos junto a una mata de coco, que contiene una cruz blanca y las siguientes iniciales D.E.P y A.M.S.
Ante esto, el Colectivo Oaxaqueño, declara:
“El Colectivo Oaxaqueño recuerda que varias amenazas de este tipo, fueron publicados antes del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, por lo que manifiesta su entera preocupación por la vida e integridad física del señor Pedro Martínez y su familia, así como de los integrantes del Coordinadora. Ante tales acontecimientos exigimos lo siguiente:
• Que la Procuraduría General de Justicia del Estado realice a fondo las investigaciones correspondientes para ubicar y castigar a los responsables de las amenazas de muertes en contra de Pedro Martínez y su familia, para evitar nuevos homicidios en San José del Progreso.
• A la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, dicte las medidas correspondientes para evitar que dichas amenazas sean consumadas.
• Al gobierno del Estado garantice el respeto a los derechos humanos de los miembros de Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 17 de mayo del 2013” |
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Rosa Amaro es amenazada por defender la vida en La Oroya |
Rosa Amaro tiene 60 años y los últimos nueve años lo ha dedicado íntegramente al Movimiento por la Salud de La Oroya, el MOSAO. Este movimiento fue creado en 2002, está integrado por pobladores de La Oroya que siendo conscientes del daño que ocasionaba la emisión de gases tóxicos del complejo metalúrgico decidió emprender el difícil camino de la protección de la salud y la dignidad de su provincia.
Amaro ha vivido toda su vida en La Oroya Antigua, zona que se ubica a muy pocos metros de la fundición y la más golpeada por los gases tóxicos. Hoy, el clima de amenazas y hostigamientos que recibe, ha llevado a Rosa a vivir a salto de mata, siempre buscando seguridad.
Cuando los trabajadores de la empresa realizan sus asambleas, Rosa y su familia temen por su integridad física, pues han sido agredidos verbalmente y en, varias oportunidades, los trabajadores han ido a su vivienda a golpear su puerta, a intimidarla, a amenazarla. A su vez, ella es objeto de hostigamientos en los medios de comunicación locales. Incluso la emisora radial incita a sus oyentes y a los trabajadores para que llamen por teléfono a la radio solo para insultar a Rosa.
A lo largo de estos años, las aproximadamente 5 o 6 veces que Amaro y otros miembros del MOSAO-Movimiento por la Salud de Oroya, han intentado pedir garantías al subprefecto o gobernador de La Oroya, no han obtenido ningún resultado, ya que al presentar la denuncia, les han pedido datos para identificar a los agresores (nombres y apellidos completos, DNI, dirección, entre otros) y muchas veces estos actúan en grupo y es difícil identificarlos. Es decir, ninguna de las solicitudes han sido aceptadas debido a que las pruebas solicitadas son difíciles de conseguir.
Esta situación convulsionada, ha obligado a refugiarse a Amaro en Lima a fin de solicitar garantías y asesoría a diversas organizaciones, ya que viene siendo víctima de constantes agresiones verbales y amenazas contra su seguridad y la de su familia. A su llegada, buscó la asesoría de la Defensoría del Pueblo y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), ante las negativas de las autoridades competentes en La Oroya.
Estas organizaciones han acordado seguir de cerca el caso de Amaro, además de otros activistas de La Oroya que vienen siendo víctimas de amenazas y hostigamientos, debido a sus acciones contra la feroz contaminación que generó la central metalúrgica en la provincia durante más de una década. |
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Asesinan a Santos Ajau y Balean casa de Yolanda Oquelí |
Santos Fidel Ajau Suret de 54 años de edad, vecino de la aldea San Antonio El Ángel y activista del plantón de La Puya, fue cobardemente asesinado el día martes 9 de julio, cuando volvía a su vivienda.
Repudiamos este vil asesinato ejecutado a las 17:15 horas por dos hombres que se conducían en motocicleta en el camino de terracería que va de San José del Golfo a la aldea San Antonio El Ángel. Don Fidel recibió tres balazos por la espalda y luego dos tiros de gracia.
Además denunciamos que en la noche del mismo día martes 9 de julio, desconocidos realizaron disparos de arma de fuego frente a la casa de Yolanda Oquelí, en San José del Golfo.
El modus operandi de este asesinato es similar al del atentado contra Yolanda Oquelí en el mes de junio del año pasado. El domingo recién pasado Santos Ajau había recibido amenazas por parte de personas que han participado en los hostigamientos organizados por la empresa minera. Entre el mes de junio hasta la fecha, se han dado incidentes de hostigamiento y amenaza contra la resistencia en el plantón de La Puya, que incluye disparos con arma de fuego.
Las personas de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se oponen a la instalación del proyecto minero Progreso VII Derivada, autorizado por el Ministerio de Energía y Minas sin haber consultado a la población de los municipios afectados. El proyecto minero es propiedad de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates -KCA.
Los inversionistas de este proyecto han lanzado una campaña de hostigamiento y atentados contra la resistencia de La Puya, contratando a ex militares que estuvieron activos durante el conflicto armado interno. Tal es el caso del militar retirado Pablo Silas Orozco que ha encabezado las agresiones contra los activistas de La Puya. Orozco está ligado a proceso judicial por amenazas contra comunicadores sociales a quienes agredió física y verbalmente durante el mes de noviembre del año pasado.
Las comunidades que conforman en la resistencia La Puya, están en reuniones de acercamiento para exigir la cancelación del proyecto minero Progreso VII Derivada ante máximas autoridades como el Presidente Otto Pérez Molina y los ministros de Gobernación, Energía y Minas, y Ambiente y Recursos Naturales. A dichas autoridades les exigimos la cancelación inmediata de las licencias mineras y de hidroeléctricas otorgadas a empresas que han realizado acciones criminales contra la población.Tal el caso de Ecoener Hidralia Energia – Hidro Santa Cruz en Huehuetenango, Mina San Rafael – Tahoe Resources Inc. en Santa Rosa y la misma Kappes Cassiday & Associates -KCA.
¡Alto a los asesinatos de defensoras y defensores de la vida y el territorio!
¡Exigimos la investigación a fondo y el esclarecimiento del vil asesinato de Santos Fidel Ajau Suret!
¡Exigimos la investigación sobre el atentado e intimidaciones en contra de Yolanda Oqueli!
¡El gobierno de Pérez Molina debe cancelar las licencias a empresas extractivas que han realizado acciones criminales contra la población guatemalteca!
¡Sí a la vida, No a la minería! |
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Minera Yanacocha y policia desalojan ilegalmente a familia Chaupe Acuña |
Máxima Acuña de Chaupe está en riesgo diario de ser desalojada junto a su familia de su casa en Tragadero Grande, Distrito de Sorochuco en la región Cajamarca.
En 1994 Máxima compró la tierra donde actualmente vive con su familia. En 2011 se negó a venderlo a la empresa minera Yanacocha dueña del mega proyecto Conga. Sin embargo, la empresa minera Yanacocha, aduce que dicho terreno les ha sido vendido directamente por los directivos de la comunidad de Sorochuco, intentando por ello expulsarlos varias veces usando a la policía y a su personal de seguridad privada.
El día 9 de agosto de 2011 un grupo de policías de la DIONES, personal de seguridad y funcionarios de la empresa Minera Yanacocha (Proyecto Conga), intentaron desalojar violentamente a ella y su familia de sus terrenos ubicados en el sector de Tragadero Grande, caserío Chugurmayo, distrito de Sorochuco (provincia de Celendín), Cajamarca.
Estos actos dejaron a Máxima y su hija inconscientes, sufriendo además la muerte de varios de sus animales. |
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Familia Chaupe Acuña nuevamente es violentada por Yanacocha y la DIONES |
En horas de la mañana 60 efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES) llegaron a las inmediaciones del domicilio de la familia Chaupe, en el entorno del proyecto minero Conga, y procedieron a desmantelar el campamento de ronderos que brindaban protección a dicha familia.
La DINOES, aprovechando la ausencia de los ronderos que habían asistido a una asamblea en un pueblo cercano,entraron en su propiedad e intentaron desalojarlos nuevamente, sin ninguna orden de desalojo o mandato judicial. Yanacocha sigue afirmando que la familia Chaupe está sobre tierras que les han sido vendidas y que ahora las ocupan de manera ilegal; sin embargo lo cierto es que dicha familia nunca vendió sus tierras, y demuestran con documentos que son los propietarios de dicho terreno . |
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Militarizan comunidad indígena Zaculapan por rechazo a proyecto minero |
El 18 de noviembre de 2013 la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Municipio de Comala, en el estado de Colima, México, en una asamblea general de comuneros y avecindados, declaró su rechazó a dar el permiso a la extracción de oro, plata y cobre del proyecto minero del empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez. Pese a ello, el ejército mexicano de forma intimidante arriba al día siguiente a la comunidad indígena y las autoridades inician la lluvia de apoyos gubernamentales con el fin de dividir a la población.
La comunidad indígena está consciente de los efectos ambientales que genera la extracción minera a cielo abierto y de oro, del impacto sobre el agua, la biodiversidad, la salud, la tierra y el territorio indígena. La comunidad ha decidido su total rechazo al proyecto minero. Por ello exigimos que se respete su decisión sin represalias, presiones, divisiones, chantajes, amenazas o corrupción.
La Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz, atendió el viernes 22 del presente a los comuneros después de que la vieron bajarse del vehículo del empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez. En esa reunión la Delegada se comprometió a ayudar a los comuneros a que no se instale la mina, pero advirtió tajante: "si yo veo que hay beneficios para la comunidad, apoyaré el proyecto".
Será responsabilidad de Gobernador del Estado, del Presidente Municipal de Comala, del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, de la Procuraduría Agraria en Colima y del empresario interesado, de las consecuencias negativas que pudieran sucederse a los miembros de la comunidad por tomar esta decisión. Exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal estar atentos a garantizar el respeto a la decisión de la comunidad indígena de Zacualpan.
También exigimos al gobierno mexicano que cumplan con los instrumentos internacionales que ha signado en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas como son el Convenio 169 de la OIT; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y el Protocolo de San Salvador, entre otros, con el fin de proteger, velar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas; proteger la biodiversidad, el derecho humano al agua, a la salud, a la alimentación, a un medo ambiente sano, entre otros derechos humanos fundamentales.
POR EL RESPETO A LA DECISIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
NAHUA DE ZACUALPAN EN COLIMA SOBRE SU RECHAZO AL PROYECTO MINERO |
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Temor por la seguridad de Carlos Zorrilla increpado por el presidente Rafael Correa |
Carlos Zorrilla es miembro fundador de Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), organización que trabaja para proteger el ecosistema de Intag, una región del norte de Ecuador rica en bosques subtropicales y biodiversidad. Durante muchos años, Carlos Zorrilla ha participado en iniciativas locales para oponerse a actividades mineras que dañarían el medio ambiente en la región, y ha iniciado proyectos de desarrollo alternativos a la minería.
El 14 de septiembre, los comuneros de Intag que se oponen a la minería en la zona bloquearon el acceso de empleados de la Empresa Nacional Minera a una parte de Intag. Los empleados iban a tomar muestras para realizar una evaluación medioambiental de la zona. Según Carlos Zorrilla, él no estaba en la zona en esos momentos.
Dos semanas después, el 28 de septiembre, el presidente Rafael Correa, durante su discurso semanal televisado a la nación, difundió fotos y datos de activistas de Intag, incluido Carlos Zorrilla. Calificó sus actividades de “desestabilizadoras” y dijo que eran una injerencia, encabezada por extranjeros, en la política gubernamental. Durante otro discurso televisado el 7 de diciembre, el presidente acusó de nuevo a Carlos Zorrilla y otras personas de defender intereses extranjeros, y pidió a los ecuatorianos que reaccionaran.
La preocupación por la seguridad de Carlos Zorrilla y las demás personas nombradas durante los discursos presidenciales se ve reforzada por el repentino cierre el 4 de diciembre, por parte de la policía, de la organización ecologista Pachamama, y por la negativa de las autoridades gubernamentales a permitir a esa organización y a los activistas desempeñar su labor (véase Información complementaria).
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− pidiendo al gobierno de Ecuador que se abstenga de acusar arbitrariamente a Carlos Zorrilla y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de realizar actividades desestabilizadoras, ya que eso puede dar lugar a represalias indiscriminadas contra ellos; − expresando preocupación porque estas declaraciones del gobierno pueden disuadir a otras personas de participar en acciones públicas en defensa de los derechos humanos;
− recordando a las autoridades que los Estados tienen el deber de proteger a quienes defienden los derechos humanos y de crear las condiciones necesarias para garantizar que pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998. |
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Minera Miski Mayo judicializa la protesta en Cajamarca |
A partir del año 2003 la empresa minera Miski Mayo S.A.C., subsidiaria de la empresa Vale inicia bajo el nombre "La Morada", un emprendimiento minero en Cajamarca. Desde el inicio de las operaciones se han suscitados diversos hechos que evidencian un conjunto de malas practicas contra la población.
El 28 de septiembre de 2007, la población inicia un paro interprovincial solicitando la intervención de una comisión de alto nivel. A raíz de la manifestación, 10 líderes fueron denunciados, incluyendo a una mujer. En 2009, después de dos años, el Fiscal solicitó al Juzgado Mixto de San Marcos penas privativas de libertad de seis y siete años para los 10 líderes denunciado, acusandolos de la toma de una carretera, por lo que además se les imponía una reparación civil de S/ 20.000 nuevos soles que deberá ser cancelada de manera solidaria por los sentenciados.
Con la nueva normatividad y la modificación del Código Penal peruano en julio del 2007, los delitos que se derivan de protestas sociales tienen penas de hasta 25 años de prisión y la policía está facultada para el uso de armas de fuego contra los manifestantes. |
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Hostigamiento y judicialización a Gloria Chicaiza |
En octubre del año 2010 Gloria Chicaiza, miembro de la organización Acción Ecológica, fue acusada por la empresa minera Curimining /Salazar Resources S.A. de origen canadiense, de auspiciar un acto de terrorismo, sabotaje y asociación ilícita para delinquir. |
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Seis heridos por oponerse a proyecto minero Escobal |
Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la minera San Rafael, ordenó matar a quienes manifestaran en contra de la mina. Las llamadas telefónicas que recuperó el Ministerio Público dan constancia de ello. Estas fueron sus palabras: “Malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo”. “Hay que quitar a esos animales”. “No podemos permitir que se establezca la gente en resistencia”. “Me mandé a quebrar a unos hijos de la gran p... Y para no tener problemas con la ley, me tendré que ir un tiempo de Guatemala”.
Dijo “un tiempo”, seguramente porque conoce el negocio. Habrá pensado que bastan un par de semanas fuera del país y un buen soborno para que todo vuelva a la normalidad. Se equivocó, y no precisamente gracias a la rectitud del Ministerio de Gobernación que, al contrario, se mostró empeñado en victimizar a la minera y bestializar a los comunitarios, sino gracias a que el MP aportó suficientes pruebas para detenerlo. Rotondo fue capturado en el aeropuerto cuando intentaba huir. A pesar de eso, fue beneficiado con arresto domiciliario.
“Maten a esos hijos de la gran…”. Esa es una de las instrucciones que Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la mina San Rafael da a sus subalternos y que quedaron grabadas al utilizar el método de escuchas telefónicas por parte del Ministerio Público.
Las escuchas, que fueron difundidas el lunes, ante el juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Rosa, sirven de evidencia en el caso contra Rotondo, y reflejan las acciones que se planearon contra los pobladores cuando estos protestaban contra la mina San Rafael.
El Ministerio Público al tener sospecha de la participación del acusado en las acciones violentas ocurridas en las cercanías de la mina, logró que un juez les autorizara el método de escuchas telefónicas desde el 27 de abril.
Las primeras pesquisas establecen que Rotondo dio la orden de agredir a los comunitarios; además, ordenó limpiar la escena del crimen y cambiar el parte policial.
Las conversaciones las realizó con Juan Pablo Oliva, quien, según la mina San Rafael, realiza consultorías de monitoreos de comunicación, así como de seguridad dentro de las instalaciones.
En todas las conversaciones se destaca que se debe eliminar a los manifestantes. “Malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo”. “Hay que quitar a esos animales pedazos de…”. “No podemos permitir que se establezca la gente en resistencia; otra Puya no”, son frases textuales de Rotondo.
Después de escuchar las declaraciones, el juez lo ligó a proceso por obstaculización de la investigación penal, lesiones leves y lesiones graves.
Y aunque no se le dictó prisión preventiva, se le dio la medida sustitutiva de arresto domiciliario con custodia y la orden de firmar el libro de asistencia en el juzgado cada 15 días.
Además, el Ministerio Público logró que quedara grabado el momento en que planeaba huir. Allí, la conversación fue con su hijo, a quien le asegura que huirá del país por haber mandado asesinar a unas personas en la región.
“Me mandé a quebrar a unos hijos de la gran... Y para no tener problemas con la ley, me tendré que ir un tiempo de Guatemala”.
A su hijo le explica vía telefónica a qué horas sale de Guatemala, en qué vuelo, lo que permitió que el 30 de abril de 2013 fuera capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía darse a la fuga.
JUAN PABLO OLIVA TREJO, SUPUESTO ASESOR DE LA MINERA SAN RAFAEL, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, FUE LIGADO A PROCESO POR ELDELITO DE ENCUBRIMIENTO PROPIO.
Los heridos son:
Adolfo García, de 43 años
Luis García, 18 años
Wilmer Pérez, 17 años
Antonio Humberto Castillo, 48 años
Noé Aguilar Castillo, 27 años
Érick Fernando Castillo, 27 años. |
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7 meses de persecución y criminalización a Teresa Muñoz |
Teresa Muñoz, dirigente comunitaria de Jalapa y opositora al proyecto minero Escobal de Tahoe Resources Inc. habla de como se sintió ser perseguida desde mayo 2013 cuando entró el estado de sitio en San Rafael Las Flores y otros municipios alrededor de la mina Escobal de Tahoe Resources (40% de Goldcorp Inc).
Ver video adjunto con declaraciones de la víctima. |
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Amenazan y agreden a indígenas de Zacualpan por oposición a proyecto minero |
Dos indígenas de la comunidad de Zacualpan denunciaron agresiones y amenazas por parte de los hijos del presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro.
Dos indígenas los que fueron agredidos de nombre Dilva y Jesús, en donde pondrán denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El día de la agresión fue el 1 de diciembre después de que se suspendió la asamblea comunal
El pasado domingo fue suspendida una asamblea donde 307 comuneros votarían un punto de acuerdo para avalar o rechazar la explotación de la mina, cuya concesión está a nombre de Rigoberto Verduzco Rodríguez. |
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Disparan a Yolanda Oquelí |
Yolanda Oquelí es el líder del Frente del Norte del Área Metropolitana – FRENAM, un movimiento de miembros de la comunidad que defienden la tierra de la expansión minera en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala.
El 13 de junio de 2012, aproximadamente a las 18:30 horas, Yolanda Oquelí se alejaba del sitio de la protesta pacífica en la Aldea La Puya hacia San José El Golfo, cuando en el camino fue interceptada por dos hombres en una motocicleta. Uno de los hombres sacó un arma y apuntó a Yolanda Oquelí; ella paró el coche, se bajó del vehículo, y se arrojó al suelo. Los atacantes dispararon cuatro tiros, tres de los cuales alcanzaron al vehículo y uno le impacto a la defensora de los derechos humanos en la zona lateral derecha de su cuerpo. La bala quedó alojada detrás de su hígado. Consiguió ponerse en contacto con alguien por teléfono, quien la encontró y la llevó al hospital. Actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica.
Las comunidades locales han estado protestando en la zona de la minería El Tambor desde marzo de 2012, a fin de plantear sus preocupaciones por el impacto ambiental negativo de las actividades mineras realizadas por la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMIGUA). Yolanda Oquelí ha presentado denuncias ante el Ministerio Público en relación con amenazas de muerte que ha recibido los últimos meses de trabajadores de la mina, funcionarios de EXMIGUA y miembros de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos – COPREDEH. |
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Máxima Acuña Chaupe está en peligro: Recibe amenaza de muerte y teme desalojo |
Mujer defensora de Derechos Humanos Máxima Acuña Chaupe teme desalojo después de recibir amenaza de muerte y ser intimidada por oficiales de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú.
En la mañana del 30 de Enero 2014, en Tragadero Grande, Cajamarca, Perú, mujer defensora de derechos humanos, Máxima Acuña Chaupe fue amenazada con muerte por teléfono. Unas horas después ella fue acosada por oficiales de la División de Operaciones Espaciales de la Policía Nacional del Perú (DINOES).
Máxima vive muy aislada y tiene miedo de salir de su hogar temiendo que DINOES y trabajadores de ‘Minería Yanacocha’ tomen la oportunidad para destruir su hogar y cultivos – lo único que ella tiene.
Desde 2011, Máxima ha sido sometida a atentados violentos de desalojo, amenazas, intimidación y violencia a manos de DINOES, por solo negarse vender su tierra a la compañía Minería Yanacocha para el proyecto Minas Conga. Estos ataques habían desminuido durante el proceso legal lanzado por la compañía minera en contra de la familia, acusándolos de usurpación. Ahora que el caso debe reiniciar por la segunda vez (en Marzo), acciones de acoso e intimidación han incrementado.
A las 10.30am del 30 de Enero 2014, Máxima recibió una llamada de un numero privado, el cual le dijo ‘Sal de su propiedad, si no, vas a morir’. Una hora después, mientras que ella estaba viendo sus cultivos con su hija Ysidora, dos oficiales de DINOES entraron a su tierra y les dijeron que no deberían cultivar por que esa no es su tierra. Dos otros DINOES estaban parados en el perímetro de su tierra y cuatro estaban dentro de dos camionetas estacionadas afuera de la casa de Máxima. Máxima e Ysidora regresaron a su casa. A las 12pm un policía y un DINOES armado entraron a la casa de Máxima y anunciaron que todos tenían que irse inmediatamente y que ellos deben parar de cultivar. Al ver que Máxima estaba denunciando la situación en la radio local ‘Radio Lider’, los oficiales se retiraron.
26 de Enero 0214, Máxima fue acosada y amenazada por su vecina Berta Albareda, conocida como partidaria de la mina. Berta la acuso de maltratar a sus animales y advirtió a Máxima ‘no hables sobre la minería’. Máxima reporta que el esposo de Berta es el presidente de su comunidad, y que el ha estado difundiendo entre comuneros que Máxima será desalojada muy pronto.
Estos incidentes vienen después de que la familia Bolañios de la misma comunidad (Tragadero Grande) fue desalojada forzosamente por DINOES el 19 de Enero 2014. La madre actualmente se esta alojando con Máxima ya que no tiene a donde ir.
Máxima reporta que DINOES y personas que dicen ser ingenieros de la mina frecuentemente monitorean y graban sus actividades. La constante vigilancia y restricción de movimiento mantiene a Máxima en alta tensión. Ella esta muy aislada y tiene miedo de salir de su hogar temiendo que DINOES y trabajadores de la mina tomen la oportunidad para destruir su hogar y cultivos – todo lo que tiene.
En Noviembre 2013 ULAM publicó una Acción Urgente para Máxima pidiendo que su caso legal se lleve acorde con la ley. |
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Carlos Amador, Defensor de derechos humanos denuncia amenazas y persecución |
El defensor de derechos humanos, ambientalista y comunicador social Carlos Amador Alemán, denunció estar amenazado y perseguido.
“Me siento perseguido y amenazado por estar en plena denuncia de los impacto que generara la minería en el sector norte (de Francisco Morazán) y parte de Comayagua y también porque soy comunicador social y ambientalista”, dijo el defensor en su testimonio.
Amador es un destacado comunicador social, director de dos espacios de noticias en radio y televisión, “Línea Directa con el Pueblo” (sábado y domingo), y “Contacto con la Noticia” que se transmite de lunes a viernes, en medios de comunicación del Municipio del Porvenir, es maestro de Educación Primaria y actualmente es el secretario del Comité Ambientalista del Valle de Siria.
Según su denuncia desde el mes de diciembre del año 2013, viene siendo objeto de seguimiento por una persona que se conduce en motocicleta color negra sin placa, situación que por un momento pensó que era normal, sin embargo el seguimiento se ha se ha repetido en varias ocasiones.
En los últimos días “la persecución” se realiza a través de dos vehículos, un pick up doble cabina color blanco y otro camioneta color gris, que “se aparcan frente al canal y se quedan de 40 a 50 minutos y han estado minutos antes de que entre al canal por 4 ocasiones. De hecho de esos vehículos no se baja nadie”.
En el año 2011 Carlos Amador fue acusado injustamente junto con 17 personas más, por defender el derecho al agua potable de más de 20,000 personas, miembros de las comunidades del Valle de Siria. Amador es además miembro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.
Demandamos la protección de la vida de Carlos Amador y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con el defensor. |
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Persisten amenazan a de muerte a integrante de Bios Iguana |
Una serie de amenazas de muerte han recibido integrantes de la organización ambientalista Bios Iguana a través de Rubén Guzmán Aranda, hijo del ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan Carlos Guzmán Teodoro, afirmaron diversas asociaciones civiles del país.
Lo anterior derivado de las “falsas acusaciones sin fundamento” que la delegada de la Procuraduría Agraria (PA), María Elena Díaz Rivera, ha vertido en contra de los ambientalistas colimenses que se oponen al proyecto minero de Zacualpan.
A través de dos distintas cartas emitidas por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y la asociación civil Otros Mundos, ambas instituciones responsabilizaron al gobierno del estado de Colima, a Díaz Rivera y a Guzmán Teodoro “de la seguridad física y moral” de los comuneros y de los miembros de Bios Iguana.
Ayer en la mañana, integrantes de la organización ambientalista acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) a interponer una queja por las agresiones que recibieron pasado viernes en una manifestación en la delegación de la PA por parte de un trabajador de la dependencia, a quien identifican como Carlos Soulé.
Asimismo, denunciaron que esta misma persona amenazó un día después al abogado de la institución, además de perseguir a otros integrantes para intimidarlos.
Tras interponer la denuncia en la CDHEC, Rubén Guzmán acudió al lugar y advirtió: “Ahora me vas a conocer, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan. La próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana ya se los cargó con sus sembradíos de marihuana. Te metiste a mi casa, se metieron a mi casa sin permiso y ahora sí a chingadazos los vamos a sacar. Ya te cargó la verga porque si no aprendiste por la buena, ahora vas a aprender por la mala, te vamos a enterrar a ti y a tus compañeros”.
Las organizaciones responsabilizan principalmente a Díaz Rivera, quien la semana pasada arremetió contra Bios Iguana acusándolos de delincuentes y de tener ciertos “sembradíos” en la comunidad de Zacualpan.
“Las falsas acusaciones sin fundamento de la Sra. Díaz Rivera ha provocado que un grupo de comuneros que defienden al destituido Presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán, amenacen de muerte el día de hoy a miembros de Bios Iguana en la capital del Estado, en las mismas instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, indica el documento del IMDEC.
En ese sentido, demandaron a nombre de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) “medidas cautelares para la comunidad de Zacualpan y para la organización Bios Iguana”, a la cual respaldaron por su “excelente trabajo” en los últimos veinte años en Colima. |
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DIONES destruye campamento de los Guardianes de la Laguna |
El dirigente rondero, Manuel Ramos, denunció que efectivos de la División de Operaciones Especiales (DINOES) destruyeron el campamento de los Guardianes de las Lagunas, ubicado cerca de la laguna Namococha. Indicó que tuvieron que huir por los cerros y se refugiaron en una zona conocida como El Alumbre. Hasta el momento no se han reportado detenidos.
“A eso de la una de la tarde, la policía y la DINOES, acompañados por camionetas de Yanacocha y a bordo de 4 buses, han subido y nos han metido bombas y perdigones, con armas de largo alcance, y han destruido todo el campamento, han robado la comida y los enseres, las ollas, los colchones y todas nuestras provisiones”, informó Manuel Ramos Campos.
La policia quemó y destruyó diversas pertenencias de los ronderos, los violentó y expulsó de las lagunas.
En respaldo a la medida de protesta emprendida por el sector El Tambo, un grupo de personas de distintas organizaciones bloqueó temporalmente la carretera Cajamarca hacia Bambamarca, en la zona conocida como el “Badén”. Los manifestantes hicieron notar su rechazo a la intervención policial que destrozó el campamento de los Guardianes, con gritos "Empieza de nuevo la lucha por el agua". Al lugar llegó un contingente policial que acordonó y despejó la zona. No se reportaron heridos.
Estos enfrentamientos son una muestra que el conflicto de Conga se mantiene latente, pese a lo que pretenden afirmar representantes del gobierno nacional, de la empresa y de los grandes medios de comunicación. El rechazo sigue firme y la preocupación por el destino de las lagunas y por la sostenibilidad del recurso hídrico, se mantiene. |
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COMUNIDAD DE LA ZONA SUR DE HONDURAS RECHAZA PROYECTO MINERO |
Habitantes de la comunidad del transito Nacaome Valle , se han levantado en contra de la explotación de oro de una mina que hasta hace años estuvo en el abandono y que ha partir del 2015 retomo interés por parte de las empresas MAVERIK Y MAYAN GOLD, de origen canadiense, mismas que no pudieron operar por el rechazo de la comunidad.
En el 2012 un grupo de pobladores de la comunidad, ingresan a los terrenos de la mina y comienzan un proceso de extracción artesanal del mineral el que transoptan hasta el municipio de El Corpus en Choluteca ubicado a una distancia aproximada de 100 kilómetros para su su procesamiento.
El conflicto se genera cuando los habitantes de la comunidad se manifiestan y exigen a sus vecinos el cese de actividades pues la dinamita que utilizan esta rajando sus viviendas y hay reportes de contaminación de las aguas del sector .
En agosto el 2013 entra en escena la señora María Getrudis Valle , quien presenta documentos de propiedad del predio y acusa al grupo de vecinos por el delito de usurpación, iniciando seguidamente la explotación del mineral,en el que ha empleado mas de 120 personas, muchas de origen centro Americano.
La utilización de dinamita en grandes proporciones atemorizo a los miembros de la comunidad, por lo que el 01 de febrero del 2014 se reunieron en asamblea publica y formaron un comité ambiental con el visto Bueno de la Alcaldía Municipal.
Después de investigar sobre la operación de la mina, el alcalde emite constancia en la que manifiesta que no existe ningún permiso de operación minera.A petición delos pobladores producto el alcalde Municipal y el jefe de la policía de Nacaome se presentan al predio para hablar con la gente de la mina , pudiendo constatar las detonaciones de dinamita en ese mismo acto,
ante la negativa de abandono de labores los miembros de la comunidad procedieron el 24 de febrero 2014 a tomarse los accesos a la mina d forma permanente, lo que provoco un conflicto entre los dueños de los predios y la comunidad.(amenazas a muerte )
El 25 de febrero 2014 se presento denuncia ante la Dirección de Investigación Criminal de Nacaome sobre la ilegal explotación de la mina, así mismo denuncia en la Secretaria De Ambiente. Producto de esto los miembros de la DNIC, se presentaron al lugar y después de constatar la presencia de trabajadores mineros declaran el cierre de la mina por no tener permiso de explotación .(ha pesar de ello las detonaciones siguieron principalmente en horas de la noche)
El 29 de febrero la DNIC remite expediente de la denuncia a la fiscalía de Nacaome, este expediente no ha sido manejado diligente por la fiscalía a tal grado que los miembros del comité ambiental han realizado múltiples visitas exigiendo la atención debida.
El 11 de febrero una comisión de pobladores se presento ante las oficinas del Ministerio Publico en Tegucigalpa , para pedir entrevista con la fiscal del ambiente quien se comprometió a mandar el personal técnico necesario para documentar las ilegalidades cometidas por la señora María Valle , quien últimamente se ha hecho acompañar de la policía Local para amedrentar a los pobladores que realizan la defensa territorial.
Los miembros de la comunidad han estado vigilantes de la tierra extraída misma que serviría como evidencia de los trabajos realizados ilegalmente, pero hábilmente los mineros en horas nocturnas y utilizando otros accesos extrajeron el material, que servía como evidencia.
Los miembros de la policía últimamente han estado llevando comida y agua a los trabajadores de la mina , ACCIONES que han provocado la perdida de confianza de los pobladores para con el rol de la policía lo que les hace tener mas temor.
Después de la visita al ministerio Publico LA COMISION se desplazó al Instituto de Geologías y Minas (INGEOMIN ) donde los atendió el Viceministro Carlos Pineda, quien confirmo que no habían permisos de explotación, solamente dos solicitudes aun no aprobadas , comprometiéndose a enviar personal a
investigar los hechos en la zona, mismos que llegaron y que actualmente realizaron informe que remitieron a la fiscalía del ambiente.
Es importante destacar que el señor viceministro, les insto a que no se opusieran a los proyectos mineros pues estos traen desarrollo comunitario, recibiendo total rechazo de los asistentes quienes salieron muy decepcionados de estas oficinas estatales.
A la fecha de la elaboración de esta nota los conflictos se han agravado en la zona existiendo mucha tención en los pobladores quienes ante el retardo de acción por parte del estado están considerando enfrentarse con los guardias y trabajadores de la mina.
Es importante señalar que la concesión de estas tierras le pertenecen desde 1898 a la empresa CERROS DEL SUR, quienes astuta y deliberadamente han dejado que los pobladores extraigan el material y son ellos los que compran el oro en la zona evitándose los conflictos con las comunidades |
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Amenazan a consejera regional de Ayacucho por oponerse a minera Laconia Resources |
La consejera por la provincia de Sucre, Zoila Bellido Jorge, denunció amenazas por parte de los pobladores de algunas comunidades de su provincia a raíz de los “engaños de la minera Laconia”, quienes les habrían enseñado que si la consejera se “asoma a estas zonas cercanas al nevado Ccarhuarazo, los tiren con piedras”.
Con engaños la minera Laconia South América SAC logró que algunos comuneros estén de acuerdo con su ingreso al nevado Ccarhuarazo, sin tener un discurso transparente respecto a la utilización de las 10 mil hectáreas de terreno que pretenden explotar.
Las amenazas provienen de algunos pobladores de Tintay, Huacaña y de Morcolla , donde está amenazada de ser apedreada si continúa en contra del ingreso de la minera. |
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Nuevo ataque a la resistencia pacifica en La Puya deja heridos y mujeres intoxicadas |
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) lanzaron gases lacrimógenos de manera indiscriminada con saña para desalojar a las personas que integran el movimiento social La Puya, quienes desde marzo de 2012 han manifestado su oposición a que se instale una mina en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
A la solicitud de una consulta comunitaria y el ejercicio del derecho a la resistencia pacífica, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ambos militares retirados, enviaron más de 40 patrullas de la Policía para amedrentar este viernes, desde las cuatro de la mañana, a la población que lo único que ha hecho es defender la naturaleza.
Los gases han afectado principalmente a niñas y niños, quienes estaban cantando y tuvieron que salir corriendo ante los bombazos. Otros que recibieron el impacto fueron mujeres policías y personal de la empresa, quienes sin aviso alguno de los responsables del cuerpo policiaco, sintieron los efectos y quedaron con ojos llorosos. Esto muestra que el operativo fue poco preparado, aunque también demostró la agresividad con que fueron lanzados los artefactos.
Mientras los agentes policíacos reprimían a la población de La Puya, algunas mujeres les explicaban la validez de su lucha a los uniformados, ya que las empresas que extraen el oro de Guatemala acumulan riqueza, mientras destruyen terrenos que pueden ser aptos para cultivar, y desperdician el agua: “Nosotras luchamos en defensa de toda la población”.
La actitud de resistencia de las mujeres de La Puya es un ejemplo, porque con dignidad han participado en múltiples actividades para proteger el territorio. En más de una oportunidad recurren a sus cantos para manifestar su unidad, su resistencia es pacífica.
Con estos hechos se demuestra cómo una empresa privada que está dispuesta a pasar por encima de los derechos de las comunidades, cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Esta injusticia está siendo observada por medios nacionales e internacionales, así como por entidades protectoras de los derechos humanos. En todo el mundo se conocerá cómo el Gobierno guatemalteco le sirve a una empresa.
Un representante empresarial, con la prepotencia que le da contar con el apoyo total de las fuerzas policíacas, se presentó al lugar para exigir que se abriera el camino para pasar la maquinaria, porque tiene derecho al acceso a su propiedad privada.
Esta resistencia tiene un mismo origen que otras como las que suceden en Barillas, San Mateo Ixtatán, San Juan Sacatepéquez y otros lugares. Con estos actos represivos se demuestra cómo la propiedad privada tiene prioridad para este Gobierno y viola los derechos a opinar de las comunidades que defienden el derecho a la vida y a la protección de la naturaleza, es decir, los bienes comunes de toda la población. Merecen toda nuestra solidaridad por su resistencia pacífica a este modelo de desarrollo impuesto con violencia.
Fuente: Diario el Periodico |
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Con exceso de fuerza policial movilizada intenta intimidar oposición a la minería |
El pasado miércoles 28 de Mayo a las 11 de la mañana llegaron a la cabecera municipal de Huehuetlán El Grande, más de 50 uniformados, con los rostros cubiertos, en siete camionetas pick-up y dos van, color blanco sin matrículas ni razón social, causando preocupación y temor entre los pobladores.
Así mismo, dos días después, el viernes 30 de mayo, cerca de las dos de la tarde, llegaron a Huehuetlán más de 130 presuntos policías, en 23 camionetas blancas, seminuevas, sin identificación de algún tipo e igual que dos días antes, “se bajaron, mostraron sus armas, subieron a los vehículos, rodearon dos veces el pueblo y se fueron”.
Todo este aparataje policial fue justificado por la supuesta detención de cinco mototaxis, lo que a las comunidades les pareció irrisorio.
Ante el exceso de fuerza movilizada para la supuesta detención de cinco mototaxistas, el presidente de los comuneros estimó que los operativos tienen fines de acoso e intimidación en contra de los pobladores, debido a que en diciembre pasado rechazaron la oferta de Minera Autlán de entregarles 1 millón de pesos mensuales por las mil toneladas de manganeso que cada 30 días pretenden sacar de sus terrenos.
Los comuneros consideran a sus tierras “un paraíso” en medio del páramo que hay en muchos lugares de la mixteca poblana. Aquí, además de la zona agrícola donde lo mismo cosechan pápalo, cilantro, caña, jícama, zapote negro o mangos que comercializan en los centros de abasto de Puebla, Huixcolotla o el Distrito Federal; desarrollan un proyecto de ecoturismo organizados en la Cooperativa de Bienes Comunales Atotonilco.
Las tierras que pertenecen a la comunidad tienen una extensión de mil 400 hectáreas, sin embargo mil 100 hectáreas fueron entregadas en el 2006 en concesión a la Minera Autlán por el gobierno de Vicente Fox para la explotación de manganeso.
La determinación de rechazar las actividades de la minera fue tomada por unanimidad en una asamblea de los comuneros realizada en diciembre pasado, debido a que en la década de los 80 del siglo pasado ya se había explotado la mina de manganeso, pagando al ayuntamiento “algunas regalías irrisorias”.
Tras la explotación y el uso de dinamita y explosivos en los predios La Luz II, La Luz III y San José, concesionadas a la minera Autlán por 50 años prorrogables, se perdieron dos de los yacimientos de agua que abastecen a los huehuetlecos la comunidad reaccionó y se opuso a las labores extractivas.
En ese entonces se decidió expulsar a Autlán, “pero sólo hicieron una pausa, pues unos años después, en el 2009, regresaron a través de la transnacional Australian Minerals Group (AMG)” que intentó reanudar las operaciones mineras incluso con el apoyo de la Secretaría de Gobernación durante la administración del ex gobernador Mario Marín Torres. |
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Asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal |
Cinco defensores de derechos humanos en la conflictiva zona minera de Arizona, Atlántida fueron objeto de un rapto temporal, seguido del robo de un vehículo en el que se desplazaban. los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa) fueron las víctimas.
El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.
Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera. |
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Comunero de Nueva Esperanza recibe amenazas de muerte por oponerse a la mineria |
El martes 15 de julio el el señor Jonahtan Romero Puente recibió en su teléfono celular No. 96340553 amenazas de muerte que transcribo textualmente en la parte de abajo.
Los mensajes fueron enviados del teléfono No. 8914 7282.
El Señor Jonahatan Romero Puente es de la comunidad Nueva Esperanza y es padre de Adonis Romero, miembro que goza de medidas cautelares por la CIDH. En el mensaje se menciona un "cesar" que al parecer se trata de mi. El "hombre" al que se refieren al parecer es Wilfredo Funez, el trabajador minero que está en la cárcel. Todo indica que puede ser algún familiar o persona cercana a este último.
Ayer, 16 de julio acudimos al Ministerio Público de Tela, Atlántida, Honduras para poner la denuncia. Ya tienen conocimiento de esta situación el Comisario Corea de la unidad de Antiextorsión, la abogada Sagrario Prudott del Ministerio de Seguridad, el Fiscal de Derecho Humanos, Dagoberto y el abogado Victor Fernández, coordinador del MADJ, que nos ha estado representando legalmente.
"se t yego la hora maldito perro"
"decidi a cual d tus ijos queres enterrar primero el mallor o el menor viejo ijo d puta"
"y después d ultimo moriras vos maldito perro"
"los diaz los tienen contados asi que alisten los cajones"
"qe pensaron qe el tiempo qe les di no iva a llegar. y de esto ni una palabra a cesar q también pued pasar lo mismo"
"lo primero sera costart la lengua y metertela en el culo"
"y la escopeta dl perro d tu hijo me bale berga a ese lo are pedasos porque no vale gastar una bala es una mierda"
"y mucho cuidado con cambiar numero eso es adelantar la muerte"
"y al camionero lo mandare a ser pedasos con todo y el camión ya se que vibe en tela"
"qe pensast viejo maldito jorobado qe t ivas a burlar por qe el hombre sigue dond ustedes lo tienen"
"va a salir pero los los malditos perros ijos d puta ya van a estar muertos"
"viejo perro t boy a considerar mejor t voy a matar a vos primero para q no sufras."
"estan sabidos no apagar ese puto selular nunk perros negros ijo d la gran puta"
"maldito negro se t yego la ora de acerte pija y ver como moris como los perros"
"viejo perro ijo d la gran puta si bos no qeres mensajes o llamadas mandame el numero d tus malditos ijos miserables"
Hoy, 17 de julio siguen recibiendo más amenazas de muerte.
"pronto tendre otra propiedad allí y asi qe ba ser difícil sacarme pero en eso ya todos los perros van a estar muertos"
"cuidado con meter la naris los del grupo amplio por qe esta ves también van a morir perros ijos d puta"
Fuente: César Espinoza, CMF |
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Solidaridad contra la criminalización que vive a diario Felix Monroy Rutilo |
Don Felix Monroy vive en la localidad Ayatitlán, en un poblado llamado Los Potros. Allí vivía con su familia cuando se instaló la mina. Desde su juventud ha sido testigo de sus impactos devastadores y denunciado las afectaciones a la piel, la contaminación y la deforestación que provoca. La asociación Bios Iguana, A.C./Rema-M4, interpuso una demanda contra Peña Colorada en 2012 ante la Profepa por contaminación, quien responde que los terrenos concesionados se encontraban en perfecto estado de conservación, que los arroyos no estaban contaminados y que el único caso de afectación ambiental que había notado era la tala de siete troncos causados por Don Felix Monroy en terrenos que pertenecían al consorcio. El campesino, quien había cortado estos troncos para construir un techo para sus chivos, fue el objeto de una denuncia de Peña Colorada por tala ilegal ante la Profepa, quien lo condenó injustamente a pagar una multa de 13 000 pesos y a sembrar 300 árboles. Su sentencia empeoró cuando su caso fue llevado ante la PGR, quien aumento su multa a 150 000 pesos. Sin embargo, la empresa minera sigue deforestando cientos de árboles desde hace décadas. Por si fuera poco, la empresa ha cercado ilegalmente el terreno de Félix Monroy donde siembra maíz y jamaica, añadiendo un letrero con el título de “clausurado”.
Don Felix Monroy a lo largo de su lucha ha perdido tres miembros de su familia que han sido asesinados. En 1986, su padre, Abelino Monroy Sandoval, fue asesinado por un sicario pagado por el consorcio porque no quería venderle su tierra. En 1987, Peña Colorado pagó a unos de sus trabajadores para asesinarlo por no vender sus tierras, pero el empleado se equivocó y asesinó a su hijo, Alejandro Monroy Denis. Y en 2012, desapareció su sobrino Celedonio Monroy Prudencio, cuyo paradero sigue desconocido.
Junto con Don Felix Monroy, responsabilizamos al Consorcio Minero Benito Juarez Peña Colorada así como a las autoridades federales de las persecuciones y los crímenes que él y su familia han sufrido. Les responsabilizamos también de cualquier ataque que el defensor de los derechos humanos pueda sufrir en el futuro. Demandamos la cancelación de las demandas de Profepa y la empresa contra Félix Monroy. |
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El defensor Martín Solís Bustamante se ve obligado a trasladarse temporalmente debido a la falta de medidas cautelares por parte del Estado |
El defensor de derechos ambientales, Sr. Martín Solís Bustamante, se ha visto obligado a trasladarse temporalmente fuera del estado de Chihuahua, como resultado de nuevas amenazas en su contra. El dirigente de El Barzón Chihuahua, el capítulo estatal de El Barzón, una asociación nacional que representa a los propietarios de fincas pequeñas y medianas, Martín Solís Bustamante es beneficiario de medidas cautelares (388/12) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de noviembre de 2012. Hasta la fecha las autoridades mexicanas no han cumplido con la implementación de estas medidas.
El Barzón Chihuahua representa a varias comunidades en el noroeste del estado en su oposición a la explotación ilegal de agua y la presencia de la empresa minera canadiense MAG SILVER en la comunidad de Benito Juárez en Buenaventura. Actualmente, la empresa minera se encuentra fuera de la comunidad después de que la asamblea general de ejidatarios emitió una resolución en la que se prohibía actividad minera alguna. Sin embargo, la transnacional mantiene una campaña de presión para regresar a la comunidad en la que se incluye el pago de campos en los principales periódicos donde acusan personalmente a Martín Solís Bustamante.
El 25 de octubre de 2014, personas involucradas con el crimen organizado contactaron a El Barzón yles manifestaron que habían recibido ordenes de asesinar a Martín Solís Bustamante. Como consecuencia de la amenaza tomaron la decisión de que el defensor de derechos humanos saliera el Estado. El 1 de noviembre de 2014, una persona con vínculos a los grupos criminales se acercó a un integrante de la comunidad de Benito Juárez para informarlo que sabían que Martín Solís Bustamante había salido del Estado pero que le esperarían cuando regresara.
Debido a las amenazas de muerte en su contra,, el defensor Martín Solís Bustamante ha presentado continuas solicitudes de ayuda al gobierno de Chihuahua, para que se le prestara un guardia de seguridad para proteger su vida y su seguridad. Hasta la fecha el gobierno no ha cumplido con las solicitudes y no ha implementado las medidas de seguridad para proteger al defensor de derechos humanos. |
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Denuncian amenazas de muerte miembros de la comunidad de Zacualpan y miembros de Bios Iguana |
Las acusaciones infundadas de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, Lic. María Elena Díaz Rivera, en contra de la organización Bios Iguana AC, miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extactivo Minero (M4), ya están poniendo en riesgo la integridad física y moral de sus miembros.
La delegada Díaz Rivera acusó en las últimas semanas ante los medios de comunicación, y directamente a los integrantes de Bios Iguana AC, de presionar a los comuneros, de extorsión, de robo de recursos, de tener “sembradíos”, de traer gente de “Michoacán, Chihuahua y Puebla”, de tener intereses de tierras comunales, entre otras mentiras y declaraciones irresponsables y ambiguas que no sólo transgrede sus funciones públicas y excede sus facultades sino que además, junto con la solicitud de la fuerza pública en territorio comunal indígena para amedrentar a los comuneros, ya está poniendo en riesgo la seguridad física y moral de los defensores de los derechos humanos.
El día viernes 21 de febrero del año en curso, durante la manifestación pacífica que realizaba el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana, frente a las oficinas de la Delegación de la Procuraduría Agraria en la ciudad de Colima, donde personal de esta Delegación, entre los que se encontraba el Lic. Carlos Soulé, violentaron física y verbalmente a tres integrantes de Bios Iguana, hecho que ya fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Colima. Estas mismas personas han reiterado su acoso inclusive a otros miembros que integran la organización de Bios Iguana. El mismo Lic. Soulé, el sábado 2 de febrero, amenazó de muerte en la calle al abogado de Bios Iguana. Otros han sido perseguidos y acosados por las calles de la capital del estado. Por su lado, la delegada Díaz Rivera manifestó: “si los de Bios Iguana son entrones, yo también”. También manifestó: “No quieren que vaya a Zacualpan porque no quieren que vea los sembradíos que tienen”.
Las falsas acusaciones sin fundamento de la Sra. Díaz Rivera ha provocado que un grupo de comuneros que defienden al destituido Presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán, amenacen de muerte el día de hoy a miembros de Bios Iguana en la capital del Estado, en las mismas instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Específicamente, Rubén Guzmán Aranda, hijo del ex presidente de Bienes Comunales amenazó a los miembros de Bios Iguana: “ahora me vas a conocer, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan. La próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana ya se los cargo con sus sembradíos de mariguana, te metiste a mi casa, se metieron a mi casa sin permiso y ahora si a chingadazos los vamos a sacar, ya te cargo la verga porque si no aprendiste por la buena ahora vas a aprender por la mala, te vamos a enterrar a ti y a tus compañeros”.
Esta denuncia ya ha sido interpuesta por Bios Iguana el día de hoy en la Mesa 2 de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, Delegación Colima. Los comuneros, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, como los Hijos Ausentes de Zacualpan que radican en los Estados Unidos, ya han desmentido públicamente todas estas falsas acusaciones y calumnias de la delegada Díaz Rivera. Sin embargo, la Señora Díaz Rivera no cesa en sus falsas acusaciones provocando mayores divisiones, generando conflictos entre los comuneros y poniendo en riesgo la vida de activistas ambientales y defensores de los derechos humanos. Videos, fotografías, testimonios, documentos así como una infinidad de notas periodísticas de diversos medios locales y nacionales, han dado registro de la indebida actuación del ex comisariado como de la delegada de la Procuraduría Agraria. El día de ayer, 23 de febrero, con la presencia de Notario Público, sin altercados violentos ni presencia de fuerzas públicas y
nadie ajeno a la Asamblea, ceñidos al reglamento y la ley agraria, la asamblea de comuneros de Zacualpan logró la destitución del Comisariado Ejidal, Carlos Guzmán, luego de que, bajo evidente asesoría de la delegada, convocaba y suspendía asambleas o boicoteaba su realización violando la ley agraria, con el fin evitar su remoción, lograr la implementación del proyecto minero, y evitar la pérdida de supuestos beneficios económicos antes del final de su cargo como Comisariado, de los cuales el Consejo de Vigilancia no tenía información. Ante todo ello, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, solicita urgentemente medidas cautelares para la comunidad de Zacualpan y para la organización de Bios Iguana AC. a fin de garantizar la seguridad de los comuneros y de los integrantes de la Asociación Civil.
Consideramos que una investigación y auditoría solicitada por la comunidad y el nuevo Comisariado Ejidal en el cual ahora participan mujeres, sobre los recursos que las distintas dependencias canalizaron al ex comisariado ejidal durante su gestión, ayudaría a despejar sospechas de conflictos de intereses y deslindar responsabilidades. Las organizaciones que integramos la REMA conocemos y avalamos el excelente trabajo que Bios Iguana A.C. ha venido realizando desde hace veinte años en el estado de Colima por los derechos humanos y el medio ambiente, razones por las cuales hacemos público nuestro reconocimiento y solidaridad a la organización ante las difamaciones en su contra por parte de la Procuraduría Agraria, que son una muestra más de agresión a defensores de derechos humanos y a activistas preocupados por detener la devastación ambiental y social que el modelo extractivo minero está generando en nuestro país.
La REMA hace responsable al Gobierno del Estado de Colima, a la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima y al ex Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan por la seguridad física y moral de los comuneros, de los miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y de la organización Bios Iguana AC., todos miembros de la REMA, de los actos de violencia que están ya generando sus difamaciones y declaraciones como funcionaria pública, así como de posibles actos de autoridad que violen sus derechos humanos.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería exige también al Procurador Agrario de la Federación deslinde responsabilidades en torno a las actuaciones de su delegación en el estado de Colima.
Fuente: REMA |
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Intimidan con armas de fuego a dirigente campesino opositor a la minería en Chiapas |
Hombres armados irrumpieron las oficinas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Chiapas, para intimidar a líder campesino.
Los hechos se registraron la tarde del martes luego que los desconocidos ingresaron a las instalaciones y golpearon a uno de los empleados de ese lugar.
Carlos Humberto Luna López, dirigente estatal de la UNTA, lamenta la represión y asegura desconocer las causas que llevaron a esos individuos a golpear a uno d elos trabajadores e ingresar de manera violenta a las instalaciones.
Luna López señala que en esas oficinas se reúnen campesinos de diversas zonas de la entidad para organizarse y que recientemente lo hicieron para externar su rechazo contra la minería en la Sierra Madre de Chiapas.
Nuestra lucha ha sido contra de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, el apoyo a la lucha en defensa de los territorios y contra la minería, la exigencia de la libertad de los presos políticos y la solidaridad con el Párroco de Simojovel Marcelo Pérez Pérez, quien ha denunciado corrupción y tráfico de armas en la zona norte de Chiapas, agregó el líder campesino. |
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Lideres campesinos del departamento de Santander fueron detenidos por defender su territorio |
A las 3:00 A.M del pasado miércoles 15 de abril de 2015 el CTI de la Fiscalía, el ESMAD de la Policía y otros uniformados de la Policía Nacional de Colombia, por orden de la Fiscalía 2da de Cimitarra-Santander, realizaron allanamientos en diversas casas de líderes defensores de los derechos ambientales en las veredas Quebrada Larga y Puerto Rico. Se produjo la detención del LÍDER CAMPESINO MANUEL GÓMEZ.
Según información de la comunidad, las entidades nombradas anteriormente tienen un listado mayor de personas a detener. Los hechos son narrados por la comunidad de la siguiente manera:
“A las 3 am del día 15 de Abril de 2015 un gran número de vehículos llegaron a Tienda Nueva, vereda Caño Bonito, municipio de Vélez, Santander, entre ellos 4 turbos tipo camión con ESMAD de la Policía Nacional y siete camionetas de las cuales cinco blancas y dos a color (dando un total de 11 vehículos) en los que se transportaba la Policía y la Sijin. Dos grupos de estos se desplazaron hacia la vereda Quebrada Larga, llevando un número de 9 vehículos los cuales llegaron a la CASA DE LA SRA. LUZ MILA GUIZA HIGUERA, en este lugar violentaron las puertas de la vivienda, intimidaron a los menores que dormían en su habitación encañonándolos con las armas de dotación obligándolos, a que estuvieran levantados. Uno de los policías o Sijin iba con el rostro encapuchado. Después de registrar la casa minuciosamente y al no encontrar nada llaman a la Sra. Luz Mila Guiza a que les firme el permiso de allanamiento, a lo que ella se niega voluntariamente. Luego de intimidarla a mano armada y causarle mucho pánico” ella afirma.
Otro grupo se desplazó hacia la CASA DE LOS SEÑORES ARTURO GONZÁLEZ Y LUIS ALBERTO GONZÁLEZ preguntando por el paradero de Luis Alberto. Luego de registrar la vivienda y no encontrar nada se retiran hacia la casa del Señor Arturo González, hablan con la empleada y le preguntan por su esposo. Aprovechando que un niño salió de su casa, lo intimidaron tratando de sacarle información, la mamá les dicen que con él no hablen que es menor de edad y que se retiren.
De la misma forma lo hicieron en la VIVIENDA DEL SEÑOR PASIÓN ARIZA GALEANO, causando pánico e intimidación a esa hora de la mañana. Un grupo de dos vehículos se desplazaron hacia la vereda de Puerto Rico, a las 4:00 A.M, llegando hasta la casa del Señor Manuel Antonio Gómez, el cual fue sorprendido durmiendo por miembros de la policía. Después de presentarse con argumentos engañosos lograron que la empleada abriera la puerta, a la cual le manifestaron que se trataba de una requisa o allanamiento. El dueño de la casa al escuchar los gritos decide levantarse ha atender el llamado de las autoridades ya que nunca ha sido notificado por la justicia. En el momento en el que sale el SEÑOR MANUEL ANTONIO GÓMEZ se ve sorprendido por los agentes que le dicen que se trata de una CAPTURA y le leen los cargos por los que es acusado “entorpecer el paso de la ley”, luego lo esposaron y subieron a una de las camionetas y se marcharon.No se entiende cómo, mientras el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón habla de comprometer al país y todos sus habitantes en el trabajo para enfrentar el cambio climático, el mismo Estado ARRESTA A LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE ante una LICENCIA AMBIENTAL QUE VIOLA LA LEY COLOMBIANA y una explotación minera que violenta los derechos ambientales y de salubridad de las comunidades de 8 veredas de los municipios de Landázuri y Vélez en Santander, Colombia.
Se reitera que las comunidades de las 8 veredas protestan desde el 22 de Julio de 2014 para defender la zona de Río Blanco – Caño Bonito de Landázuri y Vélez, Departamento de Santander, Colombia, ante el inicio de actividades de una mina de carbón a cielo abierto y por socavón. Las comunidades manifiestan varias razones para exigir la revocatoria de la licencia ambiental y del título minero, razones que como RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y
PAZ, integrada por 75 organizaciones sociales y eclesiales de 25 departamentos del país, apoyamos:
1.El Título minero FHD – 161 de Invercoal – SRSS Resources Min SAS, con una extensión de 4.392 Hectáreas, está totalmente superpuesto con la reserva forestal del Río Magdalena establecida mediante la ley 2 de 1959. Según documento del Ministerio del Medio Ambiente. Y no se realizó la sustracción previa de área para el otorgamiento de licencia, ni para la autorización de inicio de actividades, como lo manda la ley.
2.Se argumenta por la CAS que el título está en el distrito de manejo integrado de la serranía de los Yariguíes, lo cual en vez de facilitar la explotación, hace que esté en zona de doble protección: este distrito y ley 2 de 1959
3.La contaminación que se realiza por lo autorizado en la licencia ambiental mediante resolución DGL 1162 de 21 de octubre de 2010 va a privar de la pesca a más de 200 familias campesinas de veredas vecinas, y, llegará al complejo de humedales cercanos a Barrancabermeja, y, llegará a cerro de armas (5km en línea recta) sitio estratégico del parque de los Yariguíes.
4.Los estudios se han presentado para el 10% del territorio del título minero, varios documentos en el expediente de la CAS están sin las firmas de los profesionales, y, la licencia se concedió para el 100% del título minero. Dentro del 10% presentado se afectan 8 afluentes de agua: Río Blanco, quebrada innominada en documento de la CAS, causes naturales que conducen a río Blanco, corriente que lleva quebrada caño solo, quebrada Ariza, quebrada Cañas, Quebrada Ayala, quebrada Larga.
5.Las consecuencias del carbón (60.000 toneladas mensuales de extracción por 30 años) van más allá del 10% que dicen será la mina y así sólo fuera ese el territorio, la contaminación afectará a toda la zona del título minero y más allá.
6.La licencia ambiental global para todo el territorio del título afecta la zona de mayor riqueza agropecuaria y ambiental del municipio de Vélez.
7.En la zona del título minero, de gran biodiversidad, hay especies de animales en vía de extinsión: mono ahuyador, loro oreji amarillo, loro cabeza amarilla. Otras especies que desaparecerán como babillas, tortugas, oso hormiguero, loro común y muchas otras especies de aves, mamíferos y reptiles.
8.Los lineamientos territoriales de Santander, aprobados por la asamblea departamental y el Gobernador Richard Aguilar dicen: que el 12% del territorio departamental con títulos mineros es inviable. Que se debe reducir al 6%. Y que se hará todo por reversar los títulos que están en zona de reserva. Este título tiene doble protección y es una oportunidad para que el Gobernador cumpla con lo que aprobó y está obligado a ejecutar.
9.No podemos aceptar la llamada “legalidad” y “minería responsable” que viola la ley ambiental colombiana y vulnera derechos de las comunidades campesinas.
10.La socialización del proyecto está viciada totalmente, porque nunca se presentaron los estudios técnicos y los alcances del proyecto en toda sus dimensiones a las diferentes comunidades.
11. La desinformación ha sido constante. Existen grabaciones en donde el representante de la empresa minera dice que el proyecto afecta 2Has/año, otras que 6Has año. Que luego de sacar el carbón se deja el terreno como se encontraba previamente, utilizando la capa vegetal previamente separada. Esto es imposible ¿De dónde van a sacar 720.000 toneladas año para dejar el terreno como se encontraba?
11.Se ha pedido una comisión de verificación de informaciones, para que desde la técnica se vea la cantidad de fallas en el proceso de la licencia. A esto se responde con fuerza irracional. Ni siquiera se escuchan las alertas tempranas donde se advertía, entre otros, que el puente de río Blanco no estaba capacitado para más de 18 toneladas. Y dañan el puente al pasar la maquinaria ¿Quién responderá ante la ley y las comunidades por esto?
12.A los campesinos de tiempo atrás el Incoder les ha negado la titulación de sus predios con el argumento de encontrarse en Ley 2 de 1959. A la
empresa minera le adjudican título en Ley 2 de 1959. Esto viola el derecho constitucional a la igualdad para los habitantes de 8 veredas de Landázuri y Vélez.
Por todo lo anterior exigimos al Estado Colombiano la liberación inmediata del Defensor de los Derechos Ambientales de las comunidades de Río Blanco – Caño Bonito, Don MANUEL GÓMEZ y cancelar las demás órdenes de captura a los Defensores de los Derechos Ambientales de las comunidades e investigar las irregularidades denunciadas por la comunidad.
Bogotá, abril 16 de 2015
RED NACIONAL EN DEMOCRACIA Y PAZ |
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Constantes amenazas contra Andrés Cruz Chi y su familia por defender la vida |
Organizaciones sociales denunciaron amenazas de muerte, intervención de sus comunicaciones, persecución y despido de su trabajo del activista social Víctor Andrés Cruz Chi, integrante de Bios Iguana AC, quien desde hace más de año y medio ha apoyado la lucha del pueblo indígena de Zacualpan contra la instalación de una empresa minera en ese lugar.
El Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo extractivo Minero (M4) y el grupo Bios Iguana responsabilizaron, en distintos comunicados, al gobierno de Mario Anguiano Moreno, a miembros de su gabinete y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora, de cualquier agresión que pudieran sufrir Cruz Chi o su familia.
De acuerdo con Bios Iguana, “son muchas las evidencias que muestran que es el estado de Colima quien encabeza esta serie de amenazas contra las y los defensores de derechos humanos en el estado”, por lo que responsabilizó al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Raúl Pinedo Dávila, de la seguridad del activista, así como del resto de los integrantes de la organización y del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ).
Fuente: Revista Proceso |
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Desalojo violento a la comunidad afro Roche por minera Cerrejón |
El día 24 de febrero de 2016,en medio de la diligencia de expropiación y destrucción de la casa de la familia Ustate Fuentes de la Comunidad de Roche, municipio de Barrancas, La Guajira, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD atropelló a la comunidad afrodescendienteque se resistía al reasentamiento involuntario promovido por la empresa mineraCARBONES DEL CERREJÓN.
Hechos
1. La familia Ustate Fuentes ha resistido a la reubicación en el marco del proyecto de ampliación de la mina de CARBONES DEL CERREJÓN, en razón a la ausencia de condiciones dignas de vida en el reasentamiento propuesto por la empresa. A la fecha la empresa no ha garantizado la vivienda, tierras adecuadas para el ganado, agua potable, indemnizaciones por daños y perjuicios a las familias que fueron reubicadas.
2. La diligencia de desalojo estaba programada para las 10 de la mañana del 24 de febrero de 2016, hora en que la familia Ustate Fuentes estaba acompañada por aproximadamente 50 miembros de las comunidades de Roche, Chancleta, Patilla, Tabaco, también desplazadas por la multinacional, y por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo e INDEPAZ. También se encontraba allí el periodista guatemalteco Rafael Ríos, fotógrafo independiente que realizaba un reportaje sobre estas comunidades.
3. La Jueza de Barrancas no suspendió preventivamente la diligencia, pese a conocer que la comunidad había presentado una acción de tutela por considerar que sus derechos fundamentales estaban r siendo vulnerados.
4. Desde antes del inicio de la diligencia, en la vía que conduce a Roche había presencia de miembros del Ejército Colombiano realizando retenes, y según denuncias de la comunidad, no dejaban pasar a algunas personas que querían acompañar la diligencia.
5. Siendoa proximadamente las 11 de la mañana miembros del ESMAD llegaron a la comunidad insultando, lanzando gases y proyectiles de goma y acero contra las personas que se encontraban allí. Luego de 20 minutos de enfrentamientos hubo un saldo de dos heridos: Ronald Emilio Palmezano Carrillo, joven con discapacidad mental, con fractura de brazo izquierdo ocasionada por un golpe con un proyectil lanzado por el ESMAD; y Ángel Pereira quien sufrió heridas abiertas en el pecho por proyectiles lanzados por el ESMAD; varias personas entre las que se encontraban mujeres y adultos con discapacidad fueron golpeadas y sufrieron asfixia por los gases.
6. El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza fue la constante en la diligencia de expropiación dirigida por la Jueza de Barrancas y con presencia,de representantes de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Bienestar Familiar, la Casa de Justicia ,Alcaldía y representantes de la misma empresa Carbones de Cerrejón, quienes en todo momento mantuvieron una actitud pasiva frente a los atropellos por parte del ESMAD contra la familia Ustate Fuentes. Fue notoria la ausencia de la Personería Municipal en la diligencia.
7. Al medio día se iniciaron los diálogos entre los miembros de la familia Ustate Fuentes, la jueza de Barrancas y representantes de la empresa Cerrejón. Luego de más de 5horas, se llegó a un acuerdo de entrega voluntaria de su casa por parte del señor Tomás Ustate bajo el compromiso de Cerrejónde realizar por su parte los trámites de reubicación, entrega de tierras productivas y devolución de su ganado en poder de la empresa Cerrejón. Este acuerdo quedó firmado en acta.
8. En medio de las conversaciones para llegar al acuerdo se presentaron varios choques entre la Policía y las comunidades. El ESMAD detuvo a dos mujeres luego de agredirlas físicamente: Elis María Ustate Fuentes y Yohanna Ustate Fuentes, hijas de Tomás Ustate. La detención se generó luego de que ellas fueran acusadas de golpear a una funcionaria de Cerrejón. Así mismo el ESMAD detuvo y golpeó fuertemente a Jean Carlos Frías, miembro de la comunidad de Roche, quienes aún se encuentran detenidos en la estación de Policía
de Fonseca.
9. Junto con la familia Ustate Fuentes, el ESMAD de forma arbitraria detuvo al periodista y fotógrafo Rafael Ríos de nacionalidad guatemalteca y lo llevó a la estación de policía de Albania, a donde fue conducido– según su testimonio – en una camioneta de la empresa Carbones de Cerrejón. Antes de dejarlo en libertad, le borraron todo su material gráfico violando la prohibición de decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier material periodístico.
10. Después de suscrito el acuerdo, la casa de Tomás y otras casas deshabitadas de la comunidad de Roche,fueron tumbadas con retroexcavadora, y continuó la represión del ESMAD contra las personas que allí se encontraban.
Antecedentes
La primera comunidad desalojada por la actividad minera en el Cerrejón en esta región fue la de Manantial, en 1985.
El 9 de agosto del año 2001, desalojó a la comunidad afro de Tabaco, en el municipio de Hatonuevo, actuando en favor de Carbocol – Intercor, la transnacional que estaba a cargo de las exploraciones y la posterior explotación de la mina del carbón en el proyecto Cerrejón. Setecientos habitantes de Tabaco vieron impotentes cómo una máquina aplanadora de la empresa destruía sus casas. Un año después interpusieron una acción de tutela que ordenaba su reubicación, y la Corte falló en su favor, ordenando la reconstrucción del pueblo y toda su infraestructura. Un fallo que hasta hoy no ha sido cumplido por la Alcaldía de Hatonuevo y la Empresa.
Ocho comunidades afro e indígenas han sido desplazadas a la fuerza, y otras más utilizando mecanismos legales para apropiarse de sus territorios ancestrales, con el fin de expandir la actividad minera de Carbones de Cerrejón.También existen múltiples quejas de incumplimiento con acuerdos entre comunidades reubicadas y el Cerrejón, y en relación con afectaciones a la salud y al medio ambiente. |
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Amenazan a lideres indigenas y ambientales por oponerse a la minería en Tolima |
El grupo paramilitar autodenominado “Las Águilas Negras” ha amenazado de muerte, por medio de panfletos, contra el Comité Ambiental del Tolima, contra el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, el Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT, Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y el alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo.
Ante esta amenaza, las organizaciones leventaron un comunicado, donde destacan:
1. Exigimos al gobierno colombiano garantizar la integridad de todos los miembros de la Red de Comités Ambientales del Tolima y las demás organizaciones mencionadas en el panfleto amenazante.
2. Exigimos a la Fiscalía General de la Nación investigar y esclarecer los hechos rápidamente.
3. Exigimos al gobierno colombiano se otorguen las medidas de protección necesarias que garanticen el trabajo, la integridad y honra de los defensores del agua, la vida y el territorio. |
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Disparan a Diadora Hernadez por oponerse a vender su tierra a Goldcorp |
Diodora Antonia Hernández Cinto fue baleada a quemarropa en su cabeza por dos hombres del vecindario (que eran trabajadores de la mina Marlin), y que luego de disparar, salieron corriendo en la noche, dejándola por muerta.
Fue baleada porque se niega a vender su terrenito a Montana Exploradora, subsidiaria de la empresa Canadiense Goldcorp Inc., que está operando una mina a cielo abierto, de oro y plata, con uso de cianuro, en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala.
La bala entró en su ojo derecho y salió detrás de su oreja derecho. Después de una estancia de tres meses en el hospital, milagrosamente, Diadora sobrevivió y regresó con un ojo prostético, a su choza y su terreno, el 5 de octubre, 2010 – donde vive con su hija, su nieta y su esposo.
Después del atentado contra la vida de Diodora, Derechos en Acción mandó una carta publica (Julio 10, 2010 , basada en una acción urgente de ADISMI) al gobierno canadiense y parlamentarios, al plan de pensión canadiense y otros inversionistas, sobre el atentado contra la vida de Diodora por hombres del vecindario que trabajaban anteriormente en la mina de Goldcorp, y nunca recibieron ningún tipo de respuesta.
En una carta dirigida a ADIMSI y Derechos en Acción (20 de Julio, 2010), Goldcorp reconoció que los dos hombres detenidos e interrogados sobre el atentado (y después liberados), habían trabajado anteriormente para Goldcorp:
‘Tengo entendido que los dos hombres que supuestamente cometieron el atentado han sido identificados y fueron detenidos por la policía pero fueron liberados después. Sin embargo, tengo entendido que les ordenaron que comparezcan ante Ministerio Público en San Marcos para prestar declaraciones sobre el incidente. Ambos son residentes de San Miguel Ixtahuacan. Uno de los dos fue empleado de Montana, pero dejó de trabajar para Montana más de un ano. El otro hombre trabaja para un contratista que provee servicios de desarrollo subterráneo a Montana y a la mina Marlin.’
Ahora, un agente de seguridad proveído por el gobierno vive con su familia, permanentemente. Diodora vive en un estado de amenaza constante y con miedo de los vecinos pro-minería y de los desconocidos. |
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Integrante de la organización Guardianes de Yaoska de Rancho Grande denuncia persecusión y hostigamiento de polícia |
Este 06 de octubre el pequeño productor Ernesto Montenegro, vice coordinador la organización comunitaria Guardianes de Yaoska de Rancho Grande y promotor de derechos humanos de la Comisión de Promotores/as Padre César Jerez, se presentó en las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH Filial Matagalpa, para interponer denuncia contra la Policía Nacional quienes a través de agentes de la policía desde el 02 de octubre han realizado acciones de persecución e intimidación en contra de su persona y de su familia debido a su apoyo a la población que se moviliza frente al proyecto minero en el municipio.
egún Montenegro el 02 de octubre a través de familiares tuvo conocimiento que tres oficiales anduvieron rondando su casa y preguntando quién y cuántas personas vivían en su vivienda; posteriormente al regresar a su casa de una reunión preparatoria de la marcha del 03 de octubre en contra la minería fue perseguido por una motocicleta en la que iba un agente policial del sexo masculino y una mujer de civil que minutos después descubrió en su finca tomando fotografías. Al preguntarle a ésta qué hacia luego de algunas evasivas le manifestó que quería reunirse con él en privado. En la reunión la oficial se identificó como agente de la policía y con el nombre de Arlen ésta comenzó a preguntarle qué si conocía a personas que querían hacerle daño, además le mostró una lista de al menos cinco productores de la zona que apoyan la lucha y le preguntó si los conocía, contestando que sí y que algunos eran militantes del frente sandinista.
La supuesta oficial le manifestó que tenía información que estaba vinculado a grupos armados que operan en la zona y que si quería protección debía informarle sobre lo que sucedía en la marcha del 03 de octubre, qué ella participaría y que si era descubierta la presentará como una ambientalista de Managua. Además, le prohibió continuar participando de ese movimiento y que no podía salir del municipio. Según Montenegro por temor manifestó que pasaría información. Al día siguiente por la mañana realizó diversas gestiones en torno a la marcha, recibiendo una llamada telefónica de la oficial para amonestarlo diciendo que sabía dónde se había movilizado y que no estaba cumpliendo su promesa.
Al finalizar la marcha esta oficial se le acercó y le dijo que había recibido información que en su finca unas personas habían entregado unas mochilas y pregunto cuál era el contenido. Este refirió que no sabía de qué estaba hablando y que si lo quería decir era que habían “plantado” droga en su finca contaba con el apoyo del pueblo e incluso militantes del frente sandinista que daban fe que es un hombre honrado, trabajador y sandinista de principios, y que no estaba dispuesto a dejarse manipular apoyando un proyecto que es rechazado por la mayoría de la población. Finalmente refirió que la última vez que vio a la agente fue en las instalaciones de la Delegación Policial de Rancho Grande, lo que reafirma el vínculo de ésta con la fuerza policial. Cabe destacar que a eso de las once de la noche, en dos ocasiones vehículos que participaron en la contramarcha se estacionaron por varios minutos frente a su casa, lo que interpreta como acciones intimidatorias. |
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Máxima Acuña sufre nueva agresión de parte de la policia y trabajadores de Yanacocha |
Máxima Acuña, Premio Medioambiental Goldman 2016, nuevamente es atacada y sufre graves agresiones físicas y psicológicas.
Desde el día miércoles 14 de septiembre gente contratada por la empresa minera Yanacocha la han estado vigilando, ayer domingo 18 apróximadamente a las 9.30 am, entraron en el terreno de la familia Chaupe sin ninguna autorización cerca a 80 personas entre policías de seguridad, gente de la comunidad y personeros de la empresa minera.
“Los de seguridad de la empresa la golpearon con sus escudos, le desabotonaron su blusa, la han arañado dejándole seria heridas en la cara, el pecho y las piernas, incluso la tuvieron como secuestrada, ahora Maxima no puede ni hablar” relata Isidora Hija de maxima.
Jaime, el esposo de Maxima fue perseguido intentaron quitarle la cámara, solo los dos se encontraban en casa. Maxima esta hospitalizada.
El 5 de mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le había pedido al gobierno peruano adoptar medidas de preventivas para salvaguardar los derechos de 46 líderes comuneros y ronderos, incluyendo a la familia Chaupe Acuña. En febrero del año 2015 las fuerzas de seguridad de la minera destruyeron las cimentaciones de una casa que planeaba construir Máxima con su esposo. Hoy, nuevamente recrudece la violencia de la minera y Máxima Acuña tuvo que ingresar a un centro médico en Cajamarca. |
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Nuevamente invaden terreno de Máxima Acuña |
Hoy mates, 04 de Octubre, Minera Yanacocha con la prepotencia que lo caracteriza, invadió nuevamente con su personal el terreno de Máxima Acuña y su familia en el predio Tragadero Grande.
El hecho ocurrió a las 10 de la mañana. Minera Yanacocha destruyó la choza y algunos cultivos que la familia había sembrado hace algunas semanas.
En el momento de la invasión minera se encontraba sólo en el predio, Jaime Chaupe Lozano, esposo de Máxima Acuña, quien ha sido amenazado por la seguridad y trabajadores mineros. Jaime Chaupe contempló muy consternado el abuso y la prepotencia de Minera Yanacocha sin poder hacer absolutamente nada para defender su propiedad.
Hacemos un llamado a la comunidad cajamarquina, nacional e internacional para frenar los abusos de la Minera Yanacocha que está generando conflictos en la ciudad de Cajamarca y abusando de familias humildes como es la familia Chaupe Acuña, ante la pasividad y la indiferencia de las autoridades.
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros del Perú |
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REPRESIÓN EN ANDALGALÁ POR DEFENDER LA VIDA |
Los vecinos de Andalgalá han sufrido una fuerte represión policial al intentar desalojarlos de la ruta, donde están asentados en rechazo de la instalación de una minera. Hace pocos días, el intendente había dicho que, si era necesario, iba a matar a los asambleístas. Hay heridos y detenidos.
La represión dejó de ser una amenaza para convertirse en realidad. El gobierno local y las mineras reconocen de este modo que más de 6.000 personas marcharon en la última movilización exigiendo la paralización de La Alumbrera e impedir el inicio de Agua Rica, dos megaproyectos mineros de alto impacto contaminante. Andalgalá se ha puesto de pie y resiste en estos momentos la represión de fuerzas especiales enviadas por el gobierno y las mineras.
En estos momentos las fuerzas especiales que reprimen a los asambleistas de Andalgalá "tiran gases, balas de goma, arrastran a la gente de los pelos y a patadas los meten en la comisaría”. En Chaquiago, lugar del enfrentamiento frente a la escuela y en la propia asamblea El Algarrobo, tiran a la gente al suelo y es apaleada. Detrás de la policía en pleno corte aparecen unas máquinas para la explotación minera. El enfretamiento entre el pueblo de Andalgalá y la policía es total. La gente intenta juntarse en la plaza pero es impedida de ir hacia el lugar del enfrentamiento en pleno corte de ruta. La gente que pudo atravesar los bloqueos policiales se está yendo hacia el corte. Hay asambleistas muy golpeados.
Relato obtenido de : https://prensadelpueblo.blogspot.cl/2010/02/represion-en-andalgala-por-defender-la.html
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Represión a cielo abierto |
La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.
Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero” avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia. |
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Más de 30 ambientalistas detenidos por protestar contra la empresa Barrick Gold en San Juan |
Represión y arrestos contra una manifestación de vecinos y ambientalistas en la localidad de Iglesia en la provincia de San Juan. Los manifestantes se oponen al funcionamiento de la Mina Veladero, explotada por la empresa Barrick Gold y protagonista de dos derrames de agua con cianuro en ríos de la zona en menos de un año.
Los manifestantes participaban del ‘1er Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha’ y fueron detenidos de forma violenta y con muchas irregularidades en el procedimiento policial, según contaron algunos de los asistentes.
Se encontraban allí cortando el camino de ingreso a la Mina Valadero que es explotada por la mencionada empresa. El reclamo de los manifestantes es el cierre de la mina en la que ya ocurrieron graves derrames de cianuro, uno en setiembre de este año y otro en 2015, episodios que son considerados para los ambientaleistas como “extractivismo ecogenocida”. |
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Amenazan de muerte a obispo que rechaza la mineria a gran escala |
Una religiosa fue interceptada en la ciudad de San Marcos por sujetos desconocidos en un vehículo y le transmitieron una amenaza de muerte a Monseñor Alvaro Ramazzini , la cual se suma a una serie de otros hechos graves para intimidar a agentes pastorales de la Diócesis de San Marcos por su manifestación abiertamente crítica contra actividad minera a gran escala en el territorio. Frente a ello, la Región Pastoral del Altiplano de la Diócesis de San Marcos redacta una declaración que en el enlace web adjunto se encuentra en extenso.
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Comunidades Mapuches resisten ante la instalación de minera Don Sixto |
Las familias denuncian que están alambrando la zona donde viven para instalar el proyecto minero aurífero “Don Sixto”. Hacen responsable a los referentes peronistas de la provincia, Omar y Emir Félix.
La comunidad Mapuche Lof Rukache se ubica en el Paraje de Agua Nueva, Distrito de Agua Escondida, Departamento de Malargüe. Las familias de la comunidad, Cortez y Martínez, viven ahí desde generaciones.Esa zona mantenía una población importante de familias hasta hacen unos diez años, a partir de cuando empezaron problemas vinculados a la ocupación de la tierra. Con la instalación del proyecto minero aurífero “Don Sixto” aumentaron los intereses sobre la zona: pobladores y personas ajenas empezaron a entrar en conflicto por el acceso al agua y la propiedad de la tierra.
Aparecieron alambrados y procesos de mensuras y títulos supletorios. El alambrado es un acto posesorio necesario para comprobar la posesión en estos juicios. Es tan así que en algunos de los pobladores locales – los que accedieron a trabajos en el proyecto minero – y personas ajenas implementaron los alambrados como un método.
En 2008-2009 la comunidad de Agua Nueva se movilizó por un lado en contra del proyecto minero por la posible contaminación del agua de la zona. Por otro lado se movilizaron en contra del avance de alambrados por parte de privados ajenos al lugar, en particular un alambrado del sector Este, realizado por “Chafi” Félix (exintendente de San Rafael durante la última Dictadura Militar) que despojó una gran parte del campo de pastoreo del Sr. Rolando Martínez del puesto Agua de los Chanchos.
En este momento decidieron autoreconocer y recuperar su identidad Mapuche y organizarse como comunidad constituida, a través de la solicitud de su reconocimiento como Comunidad Indígena ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
En junio de 2014 el Sr. Rolando Martínez, vecino del Lof Rukache empezó a construir un alambrado usurpando parte del territorio comunitario del Lof Rukache. En el marco de este conflicto se realizaron las denuncias correspondientes y se inicio un proceso judicial en la segunda fiscalía correccional de San Rafael (exp p2-108462/15).
A partir de esto se inicia una serie de demandas y contrademandas , en las cuales directa e indirectamente se ha fallado a favor de quienes pretenden cercar el territorio mapuche en beneficio de la minera, que aun está en juicio .
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Minera destruye casas y esclaviza población en Zacatecas |
Minera Panamerican Silver, con ejercito privado y complicidad de autoridades despoja y esclaviza a comunidad La Colorada, Zacatecas.
Terror y esclavitud moderna por parte de la minera canadiense Panamerican Silver, denuncian. Denuncia de desplazamiento Forzado y Despojo de Territorio, no ha sido considerada por Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncian.
Desde 1998 la minera canadiense llegó a asentarse en la comunidad, la Colorada, Municipio de Chalchihuites, en Zacateca, sin realizar ningún tipo de consulta.
“Llegaron ofreciendo promesas de mejoras en las escuelas, viviendas y generación de empleos, lo cual no sucedió. Sin embargo, comenzaron a generar división en la comunidad y a despojar poco a poco a las personas de propias casas, huertas y tierras de cultivo”, denunció , David Cayetano, Coordinador de la Red Internacional de Defensores de DH de los Pueblos Originarios.
El defensor relata que “fue en el año de 2014 cuando comenzaron la destrucción de las casas habitacionales de la comunidad, incluso sin importar que hubieran personas adentro, se les obligó a salir de ellas y la minera construyó una zona habitacional en donde se les obligó a vivir supuestamente en comodato, pero que ahora se les cobra una renta obligatoria”.
Agrega que las zonas habitacionales están vigiladas por personas armadas que trabajan para la minera y que les mantienen todo el tiempo hostigados y amenazados, están construidas con mallas y cámaras de seguridad como si fuera una prisión.
La minera les mató ganados y no les permite seguir con la agricultura, orillándolos a trabajar en ella.
Cayetano ejemplifica que “es el caso del presidente del concejo de ancianos, la persona más grande de la comunidad, que a raíz de lograr escriturar su terreno, dejaron su casa en medio de la construcción de la mina, impidiéndole el paso para salir de la comunidad y del camino rural, con ello también impidiéndole el servicio de agua”.
Como consecuencia de tal hostigamiento, destrucción de la comunidad y el hecho de que no se les permite trabajar en la ganadería y agricultura, ha habido personas que se han tenido que desplazar a otras comunidades, Estados e incluso a Estados Unidos.
“Además como consecuencia de la contaminación generada por la emisión de químicos de la minera, ha habido muertes y afectaciones graves a la salud de niñas, niños y personas mayores”, denunció
Por lo anterior, indica el defensor “la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios hace un llamado urgente a las instancias encargadas de velar y proteger los derechos humanos en México”.
La situación de “La Colorada” está llena de graves violaciones de lesa humanidad a los derechos humanos hacia las personas de esta comunidad, como es el caso del desplazamiento, despojo, e incluso podemos hablar de un forma de trata de personas y esclavitud, puesto que la mina está rigiendo la forma de vida, y condicionándola a obedecer sus órdenes y que tengan que trabajar y vivir como ellos lo digan. |
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Declaran Estado de Emergencia en todo el corredor minero |
El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.
El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.
En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.
Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.
“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.
Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.
Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095. |
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Declaran Estado de Emergencia en todo el corredor minero |
El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.
El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.
En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.
Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.
“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.
Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.
Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095. |
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INTENTO DE ASESINATO A PRESIDENTE DE ECUARUNARI |
A las 07h30 de este 9 de mayo de 2018, en la comunidad de Cochapamba, parroquia de Molleturo, Provincia de Azuay del Sur de Ecuador, fueron secuestrados Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay FOA, por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield.
Los tres dirigentes fueron retenidos en el vehículo en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los parabrisas, los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro, acción que no llevaron a acabo por intervención de mujeres de la comunidad. Luego, fueron llevados hasta la garita de vigilancia de la empresa y al convento de la iglesia de Cochapamba, donde fueron detenidos e incomunicados.
Los tres secuestrados fueron agredidos físicamente, y amenazados de muerte hasta su liberación a las 14h30 gracias a la intervención de periodistas presentes en la zona. Adicionalmente, se tiene conocimiento que trabajadores de la empresa, han impedido el paso de una de las ambulancias que se dirigían a prestar atención a los heridos en la comunidad. Se reportan también allanamientos a viviendas y detenciones arbitrarias a comuneros
Datos de Acción Ecológica |
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Habitantes denuncian intimidaciones por parte de Fuerza Pública en Jericó, Antioquia |
Los habitantes del corregimiento Palo Cabildo, en Jericó, Antioquia, denunciaron que el pasado lunes 7 de mayo, mientras campesinos se movilizaban en contra de la presencia de una comitiva de la multinacional AngloGold Ashanti, integrantes de la Fuerza Pública, específicamente del GOES, arremetieron hacia las personas que se movilizaban, amenazándolos e intimidandolos con capturarlos.
De acuerdo con Fernando Jaramillo, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, los campesinos venían marchando, luego de haber logrado que el grupo de personas de la multinacional se retiraran del territorio, minutos después abría aparecido el GOES en actitud agresiva y fuertemente armados.
Jaramillo afirmó que la delegación se habría retirado del lugar porque “desde hace aproximadamente 5 años, la empresa AngloGold Ashanti y los campesinos de Palo Cabildo, llegaron al acuerdo de que la empresa no iba a transitar por ese corregimiento, porque cerca de él, está la zona de exploración” que la multinacional ha buscado explotar cobre. |
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Represión y Criminalización en torno al ilegal Proyecto “Chemours Laguna” |
El pasado viernes 9 de marzo del 2018, en la Comunidad de La Aurora, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, encabezadas por el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Gómez Palacio, Jaime López, reprimieron violentamente a más de 1000 personas de las comunidades de “El Volado”, “Abisinia”, “América Uno”, “Numancia”, “San Roque”, “Cuatro de Diciembre”, “La Aurora”, “Las Lechuzas”, “Sierra Hermosa”, “Las Playas”, “Noe”, “Poanas”, “Dolores”, “La Plata”, “La Mina”, “Colonia 6 de Julio”, “Estación Noe”, “María Antonieta”, “Brittingham”, “Martha” y “El Siete Pueblo Nuevo”, quienes habían respondido a la convocatoria del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio para manifestarse en contra del Proyecto “Chemours Laguna”.
Con talante autoritario, sin operadores políticos efectivos ni capacidad para el diálogo, el gobierno de Leticia Herrera Ale empleó a los cuerpos policiales quienes, para reprimir la manifestación, hicieron un uso desproporcionado e indebido de la fuerza.
Las policías, además de violar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, vulneraron el derecho a la integridad personal de los manifestantes entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos, al confrontarles, primero con amenazas e intimidación y, posteriormente con agresiones directas, tales como puñetazos y patadas o las que serealizaron con objetos contundentes, utilizando gases lacrimógenos, detonando sus armas de fuego de grueso calibre generando lesiones penetrantes.
Los antimotines, allanaron viviendas, destruyeron comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas, algunas de las cuales, NO participaron en la manifestación.
En lo esencial, los ciudadanos que se aglutinan en torno al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio no han sido tenidos en cuenta para intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las decisiones que, en este sentido, les afectan; no solo eso, en su intento de acceder a la justicia han enfrentado enormes obstáculos y después de casi siete meses sin haber obtenido respuesta de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde acudieron para demandar la nulidad de la ilegal autorización del Proyecto “Chemours Laguna”, otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT, decidieron, junto a sus aliados, expresar su descontento e indignación ejerciendo su derecho a la protesta social.
Fuente : REMA |
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Vizcarra prolonga estado de emergencia en el corredor minero |
Pese a que hace solo dos días dirigentes de Apurímac pidieron al nuevo presidente Martín Vizcarra iniciar un nuevo tipo de relación con las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, hoy el Ejecutivo ha emitido un decreto supremo que prorroga por 60 días el estado de emergencia en el corredor minero, impuesto inicialmente por el ex presidente Kuczynski. Con ello, hay localidades de Cusco y Apurímac que cumplirán 10 meses bajo esta situación supuestamente excepcional, que restringe los derechos ciudadanos, pese a que no se han registrado nuevas protestas.
“Nada justifica esta nueva ampliación del Estado de Emergencia”, afirmó al respecto José De Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú. “El gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva desperdicia nuevamente una oportunidad de dar un mensaje al país y sobre todo a las comunidades de la zona, que pretenden hacer las cosas de manera distinta. Al parecer se continuará con las mismas políticas que apuntan a criminalizar y recortar derechos. Lamentable”, señaló.
El decreto supremo 037-2018-PCM resuelve “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”. La norma en mención agrega que “La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
Fuente: conflictosmineros.org.pe |
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Tres dirigentes serán nuevamente juzgados por protestas ambientales |
El exalcalde de Espinar y dos exdirigentes del Frente de Defensa de la misma provincia cusqueña, respectivamente Óscar Mollohuanca y Sergio Huamaní y Herbert Huamán, serán nuevamente juzgados por las protestas ambientales que lideraron en 2012, luego de que una segunda instancia regresara todo el proceso a fojas cero.
Los tres imputados, que fueron absueltos de los cargos en primera instancia, ahora tendrán que revivir el juicio que lleva ya seis años, extendiendo aún por más tiempo el “vía crucis” que sufren los defensores ambientales de Espinar, según varios entendidos en la materia.
Recordemos que, tras el paro de 2012 en contra de la contaminación por metales tóxicos que sufre Espinar, Mollohuanca fue violentamente intervenido mientras se encontraba en sus oficinas en la municipalidad provincial y fue recluido bajo la figura de prisión preventiva. Otros líderes y defensores de derechos humanos también fueron detenidos, algunos de ellos incluso dentro de las instalaciones de la empresa minera Xstrata (hoy Glencore Antapaccay). Alegando “falta de garantías”, el Poder Judicial decidió trasladar el proceso hasta la ciudad de Ica, arbitrariedad que se mantiene hasta hoy pese a que las protestas acabaron y la zona se ha mantenido en calma. Ello ha significado elevados costos económicos y personales para los acusados, como parte de una estrategia de judicialización de la protesta que ha buscado obstaculizar la defensa de los activistas ambientales y de los líderes de las comunidades.
Cabe recordar que durante las protestas, tres manifestantes murieron por la represión policial con arma de fuego. Este caso ha quedado en la más absoluta impunidad.
Pese a que en la primera instancia quedó claro que no existe ninguna prueba de que Mollohuanca, Huamán y Huamaní hubieran “azuzado” a acciones violentas tal y como acusa la Fiscalía, este proceso se sigue alargando y se siguen prolongando así los costos personales para quienes alzaron su voz de protesta ante un caso emblemático de contaminación. |
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Amenazas a Jackeline Romero lideresa Wayúu |
Las organizaciones abajo firmantes que hacemos parte de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientes, manifestamos nuestra preocupación y rechazo a las amenazas de las que ha sido objeto la compañera Jakeline Romero Epiayú integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu en el departamento de la Guajira.
Fuerza de Mujeres Wayuu es un proceso organizativo del departamento de la Guajira, al norte de Colombia, donde se encuentra ubicada la empresa minera El Cerrejón, con una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del América Latina, propiedad de las empresas Anglo American, BHP Billington y Glencore. Jakeline fue gobernadora del Resguardo Zahino y junto a la organización a la que pertenece, Fuerza de Mujeres Wayuu, ha venido trabajando en la defensa de su territorio frente a las amenazas que entraña los megaproyectos mineros en la región.
De acuerdo a Fuerza de Mujeres Wayúu, desde 2005 esta organización ha sufrido amenazas sistemáticas. En 2012, su hermana Jazmín Romero Epiayú, también lidereza indígena recibió amenazas de grupos paramilitares, y en 2014 su hija Génesis Gutierrez. Por lo anterior, la lider Wayuu cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
Según denuncias de la Organización Nacional Indígena de Colombia y Fuerza de Mujeres Wayúu -, los hechos ocurrieron el 13 de diciembre del 2016, cuando a las 18:49 Jakeline Romero Epiayu, recibe mediante mensaje de texto a su número celular personal, una amenaza de muerte en contra suya y la de su familia: “…NO SE META EN LO QUE NO LE INCUMBE EVITE PROBLEMAS, SUS HIJAS ESTAN MUY LINDAS Y PIENSE EN ELLAS, GRAN MALPARIDA PERJUDICIAL EVITE PROBLEMA POR QUE HASTA SU MADRE SE LA DESAPAREZCO PARA QUE SIGA DE SAPA…”
Al momento de la amenaza, Jakeline se encontraba en Cartagena participando en un grupo de trabajo con organizaciones indígenas, entidades del Estado y la cooperación internacional, en un diálogo multisectorial sobre el derecho a la Consulta Previa.
La situación de Jakeline expresa el crudo panorama al que se enfrentan las defensoras y los defensores de la tierra y de los derechos humanos en Colombia. Sólo durante 2016, según los datos de Naciones Unidas, 114 personas han sido asesinadas por su trabajo en la defensa de la tierra y la vida, la mayor parte de ellos pertenecientes a los procesos organizativos Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y a procesos territoriales en defensa de los territorios.
De acuerdo al informe presentado por el Programa Somos Defensores, en el primer semestre del presente año se presentaron 314 agresiones en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos, obstaculizando sus acciones en defensa de la vida y la sustentabilidad.
Fuente: CENSAT Colombia |
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10 años de cárcel para las ex autoridades ronderas y comunicador social indigena Cesar Estrada Chuquilin |
Sentencia fue confirmada con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual y Henry Napoleón Vera Ortiz votaron en contra de la nulidad de la sentencia, reafirmando de esta forma los 10 años de cárcel para las ex autoridades ronderas y comunicador social.
Por su parte los familiares han calificado de un grave error el fallo de los jueces, toda vez que Cesar nunca participo en la intervención a la empresaria y su vehículo, como tampoco participo de la decisión de las rondas campesinas, prueba de ello el acta de donación que suscriben las rondas y la empresaria, no aparece su nombre como tampoco firma.
Sin embargo, los jueces han tomado como prueba esta acta, para señalar en su fallo lo siguiente: Si bien es cierto que Cesar Estrada no participo en la intervención, si participo de la decisión de las rondas sobre la donación, por lo tanto si es responsable, el PJ toma como prueba de manera errónea el acta de donación que suscriben las rondas y la empresaria, ni la firma ni la letra, ni el sello, nada es de Cesar Estrada como creen los jueces, eso es un grave error, es invitarse pruebas que no existen, esto deja al descubierto el hostigamiento que niega el Poder Judicial señalaron.
Por tanto, la defensa ha manifestado que este fallo será llevado a casación ente la corte suprema de Lima.
De los hechos:
Como se sabe, el comunicador indígena Cesar Estrada junto a dos ronderos, fueron sentenciados a 10 años de cárcel el pasado 25 de julio del 2017, luego que el Poder Judicial desvincularla la acusación inicial de secuestro y hurto agravado y los acusara de extorsion, por haber intervenido dentro de su base rondera, a una empresaria que presta servicios para Yanacocha.
Tanto la defensa legal como los acusados, señalan que la intervención se dio en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en un contexto de convulsión de protestas en contra del megaproyecto minero CONGA a finales del 2013, así mismo señalan que tras concluir con la investigación el vehiculo retenido a la empresaria, en aras de coordinación como establece la ley, las rondas emitieron oficios, al Ministerio Público y Policía Nacional, a fin de que se apersonan y pongan a disposición dicha unidad.
Sin embargo mencionan, que estos documentos fueron tomados como prueba por el Poder Judicial para acusarlos sentenciar los por extorsión, violando los propios protocolos de coordinación entre sistemas justicias, que el poder Judicial ha creado, asi como el articulo 149 de la CP, el convenio 169 y otros indican.
Pronunciamiento de Amnistía Internacional
Por su parte, Amnistía Internacional a finales de abril de este año se pronunció al respecto, rechazando la sentencia contra el Comunicador Social Indígena Cesar Estrada Chuquilin, quien ha calificado de un hostigamiento para callar su labor.
La defensa legal de Cesar Estrada un recurso de habeas corpus en segunda instancia, cuya fecha de audiencia está programado para el mes de junio y se espera que la sala a cargo les dé la razón, ello paralelo a lo que será el caso penal cuyo fallo se dará a conocer el día de hoy. |
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Estado de excepción en la provincia de Morona Santiago en relación a los enfrentamientos entre miembros del Pueblo Shuar y la Policía Nacional |
El lunes 21 de
noviembre de 2016, un grupo de personas pertenecientes al Pueblo Shuar se habrían tomaron un campamento minero en la comunidad de Nankints[2], ubicada en la parroquia Santiago de Pananza, cantón San Juan Bosco, Provincia de Morona Santiago. De acuerdo a un comunicado realizado por miembros del Pueblo Shuar en Nankints, esta acción se debió a que en el mes de agosto de 2016 la fuerza pública desalojó y destruyó las viviendas
de los pobladores de Nankints para dar paso a la explotación minera en el proyecto San Carlos Pananza por parte de la empresa china Ecuacorriente (ECSA). El martes 22 de noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado tomaron el control del campamento minero e informaron la existencia de policías heridos. No se tiene información respecto a la situación de los indígenas shuar. El miércoles 14 de diciembre se dio a conocer el fallecimiento de un policía y varios heridos tras un nuevo enfrentamiento entre la fuerza pública y comuneros en Nankints. Producto de esta situación, el Presidente de la República, mediante decreto Ejecutivo 1276 declaró el estado de excepción en la provincia de Morona Santiago y que, como consecuencia, se limitara el ejercicio de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, la reunión pacífica, libertad de asociación y libre movilidad. Además, se desplegó contingente militar en toda la provincia, y en especial, en las inmediaciones del campamento minero y del territorio shuar circundante. |
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ECUADOR: Detención arbitraria del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, presidente de la FICSH |
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la detención arbitraria del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, Presidente del Comité Interfederacional que agrupa a otros colectivos indígenas como la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la Nación Shuar del Ecuador (NASHE) y la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), presentes en el centro sur amazónico ecuatoriano, zona de resistencia de proyectos mineros y petroleros. El Sr. Wachapá es también ex-Presidente de la FICSH, máxima entidad de los pueblos indígenas Shuar que busca velar por la promoción y el respeto de los derechos de este pueblo y de sus territorios ancestrales, así como fundador de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)1 y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE)2.
De acuerdo con la información recibida, el día 21 de diciembre de 2016, policías y militares ecuatorianos entraron en horas de la madrugada en la sede de la FICSH y detuvieron al Sr. Wachapá sin presentarle las razones de su retención, ni una orden de captura que la justificara. Según las mismas informaciones, el defensor indígena fue objeto de humillaciones, en tanto fue lanzado al suelo, lo pisotearon y se burlaron de él mientras se realizaba el operativo.
El mismo día de su detención, la jueza, la Dra. Yolanda Ottati Cordero, ordenó trasladarlo a la cárcel de máxima seguridad de la Latacunga en la Provincia de Cotopaxi, ubicada a más de 500 km de su residencia, donde comparte celda con otras personas detenidas por la Policía y el Ejército durante el Estado de Excepción decretado en la región de Morona Santiago desde el 14 de diciembre de 2016 (ver “Antecedentes y contexto”).
Al parecer, el supuesto delito imputado por la Fiscalía de Morona Santiago al Sr. Wachapa es el de “instigar a la discordia”, bajo el articulo 348 del Código Penal, después de una denuncia puesta por el Sr. Diego Fuentes, ex Ministro del Interior, en la que se señalaría que el máximo dirigente Shuar buscó incitar a agredir a la fuerza pública a través de un mensaje publicado en la red social Facebook. |
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Dirigentes y alcaldes del Valle de Tambo fueron denunciados por asociación ilícita para delinquir. |
El Comité Regional de Defensa y Desarrollo del Valle de Tambo anunció la paralización de la macrorregión sur si el 13 de junio el Poder Judicial resuelve dar validez a la denuncia de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa contra 23 personas, entre dirigentes y alcaldes de la provincia de Islay, por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, disturbios, motín, entorpecimiento de tránsito y otros.
El coordinador de dicho comité, Jorge del Carpio, informó que -además de él, entre los denunciados están los alcaldes de Islay, Richard Ale; y de Punta de Bombón, José Ramos; así como el exalcalde de Dean Valdivia, Jaime de La Cruz; el dirigente de la Asamblea Popular del Valle de Tambo, Miguel Meza, entre otros.
“Esta denuncia es una maniobra para criminalizar la protesta social. Quieren detenernos y/o darnos prisión suspendida que, como se sabe, restringe la participación en protestas”, precisó Del Carpio.
El dirigente refirió que esta sería la segunda paralización macrorregional. El primero se realizó el 27 y 28 de mayo del año 2015. Su contundencia ocasionó la suspensión de los proyectos mineros Tía María y La Tapada, que se ha prolongado hasta la fecha.
Dijo que debido a los acontecimientos que se dieron durante esta protesta, la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada presentó la denuncia que afrontan dirigentes y alcaldes.
Sostuvo que la protesta que mantienen contra los proyectos mineros de Southern Perú se basa en el artículo 1 de la Ley General del Medio Ambiente, que establece que toda persona tiene el deber fundamental de defender el medio ambiente, la vida y la salud colectiva.
“Nosotros cumplimos con eso. El miércoles, en la gigantesca marcha que hubo en la ciudad de Arequipa, hemos reafirmado que los proyectos Tía María y La Tapada no tendrán licencia social”, anotó. |
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Criminalización de 16 activistas debido a la defensa de las lagunas de Conga |
Los hechos se remontan a 2012 cuando el gobernador de Sorochuco acusó a varios activistas de Celendín de haberlo mantenido como rehén. El fiscal de Celendín pide 35 años de prisión por cada uno de los acusados.
16 humildes ciudadanos, entre ellos, algunos dirigentes ambientales tanto de Sorochuco como de Celendín - Cajamarca son objeto de una absurda denuncia debido a sus posturas en defensa del agua y por oponerse al Proyecto Conga.
Los procesados, quienes siempre se han opuesto al Proyecto Conga por las impactos negativos que ocasionaría y por defensa de las lagunas, son sospechosamente acusados por el hoy gobernador de Sorochuco, Luis Armando Castañeda Pisco, de haberlo Secuestrado.
La denuncia del Gobernador
Los hechos se han producido en pleno conflicto Conga cuando los pobladores del distrito de Sorochuco, en Celendín, le exigieron al mencionado gobernador, que manifestara su postura respecto a este tema y que definiera si iba a estar a lado de su pueblo. Debido a ello se celebró una asamblea en la plaza central del distrito donde los ciudadanos expresaron sus preocupaciones y pese a que la gente estuvo enérgica al plantear sus preocupaciones al gobernador, dicha reunión se realizó de manera pacífica, no existiendo ninguna agresión en contra del mismo, menos aún hubo alguna retención como lo denuncia la citada autoridad, argumentando que la población lo habría secuestrado.
Pese a lo absurdo de la denuncia, Ruperto Alcantara, Fiscal de Celendín, arduo defensor del Proyecto Conga y del Presidente Humala, formuló acusación en contra de los 16 ciudadanos por los delitos de Secuestro agravado y coacción, pidiendo 35 años de carcel para cada uno de ellos.
Por la naturaleza del delito y la cantidad de implicados este caso fue declarado “complejo” o de gravedad, pasando a ser juzgado por una sala colegiada en la Corte Superior de Justicia Cajamarca, habiéndose dado inicio al inició juicio oral.
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Defensora Emperatriz Bolaños Ayala y su hija detenidas en Celedín |
Lo que viene después es más surrealista aún, luego de tenerla en un calabozo de la comisaría de Sorochuco, encerrada toda la tarde y la noche, a la mañana siguiente las trasladarán como a peligrosas delincuentes hasta Celendín, el pueblo donde está la Fiscalía. El Fiscal de turno toma conocimiento del caso por intermedio de la policía, que lo pone al tanto sobre “de quién se trata”, y sorprendentemente éste determina que se la procesaría bajo la Ley 30364, Ley de Violencia de género. Sí, el Fiscal con el argumento absurdo de que las supuestas agraviadas son mujeres, además familiares, y considerando que Emperatriz y su hija son las agresoras, ordena procesarla con esta ley que le da la posibilidad de solicitar la inmediata apertura de un juicio.
Sin razones que le hagan entender que de ninguna manera se trata de violencia de género, sin querer otorgarles tampoco la libertad, el Fiscal señala que va a pasar el caso al Poder Judicial y que se le abrirá juicio en el día, mediante proceso inmediato, con lo cual Emperatriz y su hija podían ser condenadas incluso en las siguientes veinticuatro horas.
Toca hacer entonces una serie de acciones de incidencia con diversas organizaciones de derechos humanos del país, llamar a la Defensoría del Pueblo, amenazar con la interposición de un habeas corpus, entre otras cosas. Solo después de activar todo tipo de mecanismos de presión, logramos que el Fiscal de marcha atrás en sus pretensiones abusivas y arbitrarias y le da libertad; sobre la una de la tarde del 30 de mayo ello se concreta.
Emperatriz es una mujer impresionantemente fuerte, pero esta detención y toda la violencia con que se ha actuado contra ella la quiebra, tiene muy claro que la criminalización obedece a su postura, a su liderazgo visible en las luchas por su territorio y el agua, sabe que este es el precio de defender la vida.
La criminalización es una política que se viene utilizando en nuestro país de forma casi imperceptible, y se aplica contra los defensores ambientales que cuestionan y se oponen legítimamente a proyectos extractivos. No solo supone reprimirlos, usar las leyes penales para perseguirlos, incluye todo un entramado político, jurídico, social y un cerco mediático comunicacional que permite que quienes disienten con esta política del gobierno de promover extractivas, sean considerados y estigmatizados como delincuentes, violentistas, enemigos de este país. Por ello, quienes en concreto solo son defensores de sus derechos y ejercen reclamos legítimos, son tratados de este modo, como criminales. |
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MELCHORA SURCO RIMACHI; AMENAZADA POR LA GRAN MINERIA EN ESPINAR |
Cuando Melchora inicia su lucha por la defensa de su medio ambiente y del territorio, las personas de su misma comunidad, manipulados por la empresa minera Xstrata Tintaya, la hicieron blanco de violencia, la empresa minera manifestaba que no tendría ningún tipo de negociación con su comunidad debido a las denuncias que Melchora interponía en contra de la empresa; varios pobladores en asambleas generales se levantaban en contra de ella manifestando que los precios de los terrenos habían disminuido por las demandas que ella había interpuesto contra el estado peruano, por la no atención a la salud de las personas afectadas por metales pesados en el entorno minero.
Melchora Surco, es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI) e integrante de LAS MUJERES DEFENSORAS DEL TERRITORIO, ella vive a 200 metros de la relavera de Camaccmayo (lugar donde se deposita los materiales contaminados sin valor para la empresa), el vivir tan cerca y con el pasar de los años se ha vuelto una desgracia para su familia y sus animales, generándole problemas sociales, ambientales y sobre todo a la salud.
“Esta es mi tierra, he vivido en Pacpacco desde antes que llegue la mina, he criado a mis hijos aquí, he visto cambiar el campo, morir a mis animales y he visto nacer a mis nietos. Ya son más de 30 años” manifiesta Melchora Surco Rimachi.
Ella siempre a luchando contra la minería por los problemas que le genera a ella y a toda su comunidad, esta lucha se intensifica más cuando en Mayo del 2013, CENSOPAS hizo un nuevo estudio, recogieron 180 muestras de orina. Entre ellas, la de su nieto Yedamel y Melchora.
Desde entonces Melchora ha recibido amenazas por parte de la empresa Glencore Antapacay, pero eso a ella no la hace retroceder, al contrario le da un impulso para seguir luchando por su comunidad, ella pide que les hagan curar, que se respete al ser humano, que el Estado priorice la salud humana y que se haga justicia, justicia de verdad. Desde la organización que dirige también logro el 24 de septiembre del 2015 el Gobierno Regional de Cusco haga una INSPECCIÓN OCULAR para todas las comunidades que se ven afectadas por la minería.
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11 Mujeres Maya Q´eqchi´s, víctimas de violaciones en grupo por personal de seguridad de la minera HMI Nickel, policías y militares |
El 17 de enero del 2007, durante el desalojo forzoso de 100 familias Maya Q’eqchi’ de sus pequenas viviendas en la comunidad de Lote Ocho, las once mujeres fueron violadas en grupo por personal de seguridad de la minera, policías y militares.
Estos desalojos armados y violentos fueron realizados a solicitud de HMI Nickel, con relación al Proyecto Minero Fenix. Dicho proyecto se encuentra ubicado en las orillas del Lago Izabal y es manejado a través de la empresa subsidiaria guatemalteca, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
La demanda, que ha sido presentada en el domicilio de las compañías HudBay Minerals y HMI Nickel, en Ontario, Canadá, reclama indemnización por daños en general, y como indemnización punitiva por daños y perjuicios.
Anteriormente, la empresa HMI Nickel se conocía como Skye Resources. Todas las acciones de HMI Nickel fueron compradas por HudBay Minerals en el año 2008. Actualmente, HMI es una compañía subsidiaria que pertenece a y es controlado por HudBay Minerals. Al producirse estas violaciones en grupo, HudBay Minerals no era la dueña de HMI Nickel.
‘Nueve señores entraron a mi casa y me violaron’ dijo Rosa Coc. ‘Eran policías, soldados y miembros de la seguridad privada de la empresa. Me dejaron completamente maltratada y abusada.’ Según han dicho Rosa y las demás, al momento de los ataques, algunos de sus agresores portaban uniformes con las siglas y el logotipo de la empresa subsidiaria de HMI Nickel en Guatemala, la CGN.
Desde su sede principal en Canadá, HMI Nickel (HudBay Minerals) mantuvo un control sobre las operaciones en el Proyecto Fenix al momento en que sucedieron las violaciones.
En declaraciones presentadas en Canadá, con fines de relaciones públicas, HMI Nickel (HudBay Minerals) prometió que las fuerzas de seguridad de la minera Fenix cumplirían con los estándares internacionales de selección, comportamiento, entrenamiento y supervisión de su personal de seguridad.
El entonces Presidente y Director Ejecutivo de HMI Nickel, Ian Austin, dijo a los inversionistas canadienses que todas las actividades que se llevarían a cabo en relación a los desalojos, serían realizadas por personal especialmente entrenado para evitar actos violentos.
A pesar de las promesas públicas de la compañía, HMI Nickel y CGN emprendieron acciones violentas, el desalojo forzoso, en contra de las comunidades Maya Q’qechi’ que viven en los terrenos vinculados al proyecto minero. Los demandantes no tienen conocimiento de algún hecho que indicaría que HMI Nickel haya tomado alguna medida razonable para implementar los prometidos estándares de seguridad internacional o para proteger a la comunidad contra la violencia que se dio.
Entre lo ocurrido en el terreno y lo que decían los ejecutivos de la empresa existe una distancia asombrosa. El mismo día en que hombres vestidos con el logotipo de CGN estaban cometiendo violaciones en grupo durante el desalojo de la comunidad Lote 8, que fue realizada a solicitud de la empresa, Ian Austin, el entonces Director Ejecutivo de HMI Nickel, hizo de conocimiento público en Canadá una carta que decía: ‘la empresa hizo todo lo que estaba en su poder para asegurar que los desalojos fuesen realizados en la mejor manera posible, respetando los derechos humanos.’
En Guatemala no se ha realizado ninguna investigación ni acción judicial por estos crímenes. Rosa y las demás están buscando justicia en Canadá, en parte debido a la poca confiabilidad del sistema de justicia guatemalteca. En enero 2011, Human Rights Watch señaló que ‘para el 2009, existía un 99.75 por ciento de impunidad para los crímenes violentos’, lo cual significa que casi todo tipo de crimen violento ocurre sin que haya castigo.
El informe continúa diciendo que ‘la violencia en contra de las mujeres es un problema crónico en Guatemala, y los autores casi nunca son procesados por el sistema judicial’.
‘Estamos traumadas por ese ataque’ dijo Rosa. ‘No solo yo, si no toda la comunidad’. |
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Exigen que cesen los desalojos en contra de familias Q´eqchi´s en el Estor Izabal |
Representantes de comunidades de El Estor Izabal, denunciaron públicamente lo que familias Qe´qchi´s de El Estor Izabal han sufrido en los últimos días.
En conferencia de prensa representantes de diferentes comunidades dieron a conocer que policías empezaron a disparar bombas lacrimógenas en contra de mujeres y niños que se encontraban en la comunidad 30 de Julio Se´chaj, dicha acción fue realizada después que la jueza Sandra Janeth Méndez Nájera autorizó un desalojo sin que la comunidad fuera notificada; "La Policía Nacional Civil, guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- y cuadrilleros contratados por la empresa actuaron en contra de la comunidad sin que éstos enseñaran la orden de desalojo", refirió Juan Tuc representante de las comunidades de El Estor Izabal.
Tuc dijo que los resultados del desalojo violento llevado a cabo el pasado jueves 10 de julio por parte de la Policía, guardias de seguridad privada y cuadrilleros, es de tres jóvenes heridos, (no se mencionan los nombres por temor a represalias), varias viviendas quemadas, quince estudiantes que se encontraban en el interior de una escuela ubicada a 100 metros del lugar, resultaron intoxicados por el gas lacrimógeno.
Los representantes de las comunidades también denunciaron el accionar de la Jueza Sandra Janeth Méndez que siempre se ha mostrado a favor de la empresa -CGN-, al señalar que es la tercera vez que acciona en contra de las comunidades Q´eqchi´s eso muestra que su accionar se parcializa para defender los intereses de la Compañía Guatemalteca de Níquel. Los líderes describieron parte de los antecedentes: cuando se dio el desalojo al Lote Ocho, Lote Nueve y Setal la jueza acompañó a los guardias de seguridad privada de la empresa, también señalaron a la jueza de proteger a sicarios contratados por la -CGN- los cuales han sido identificados plenamente por las comunidades, dicho grupo paralelo intentó masacrar a las familias que se encontraban en la comunidad Setal el 30 de junio de 2012.
"Todas las comunidades Q´eqchi´s de El Estor Izabal defendemos nuestras tierras, porque somos dueños de esas tierras, nuestros abuelos lucharon por nuestras tierras, por eso no queremos que sigan los desalojos, somos nativos de este país, nosotros no queremos a empresas transnacionales que vengan a desalojar a las familias de sus tierras", señaló Santiago Tuc representante de las comunidades.
Por su parte Angélica Choc parte de las comunidades afectadas, indicó que las denuncias por parte del pueblo Qéqchi´ se han dado desde hace varios años ya que no es desde ahora que el pueblo es víctima de abusos a sus derechos por parte de la empresa que antes era conocida como EXMIBAL, hasta la fecha el pueblo sigue sufriendo; "las mujeres temen por su vida por el abuso que han cometido por parte de la -CGN-", indicó Choc. |
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Ataque a balazos deja paraplejico a German Chub en protestas contra desalojo de las comunidades Mayas |
Los hechos delictivos por los que se procesa penalmente a Maynor Ronaldo Padilla Gonzales ocurrieron el domingo, 27 de septiembre, 2009, cuando Hudbay/CGN pretendió desalojar violenta y extrajudicialmente a la comunidad Las Nubes que posesiona las tierras de Lote 16, en jurisdicción de El Estor, acompañados ilegal y extrajudicialmente por la gobernadora de Izabal en vehículos de la Hudbay/CGN, por miembros de Policía Nacional Civil y buen número de seguridad privada de la compañía, bajo el mando de Maynor Padilla quien con lujo de fuerza accionó y ordenó la agresión de hombres, mujeres y niños.
Otras comunidades se unieron a la comunidad Las Nubes, bajaron hacia El Estor buscando una explicación de la gobernadora quien logró huir protegida por guardias de seguridad privada. Estando los comunitarios en la carretera próxima a las instalaciones de Hudbay/CGN, fueron atacados con armas de fuego por la seguridad de la compañía.
En la comunidad La Unión, el Profesor Adolfo Ich – preocupado por niños y demás personas que estaban en el área de los disparos – se aproximó al cerco de la empresa, momento aprovechado por Maynor Padilla en presencia de muchas personas y familiares para darle muerte al Profesor indefenso utilizando armas blancas y armas de fuego, quedando en el lugar varios heridos de bala, y el joven German Chub Choc que también se acercaba a observar cuando fue atacado directamente a balazos por Maynor Padilla, ataque que a la fecha lo mantienen parapléjico.
Maynor Padilla, un militar de profesión Teniente Coronel retirado de las filas del ejército de Guatemala, se mantuvo prófugo de la justicia bajo la protección de Hudbay/CGN, hasta el 26 de septiembre 2012, cuando que fue capturado, y que además ha sido denunciado de varios delitos contra la vida.
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Alerta: comunidad de El Hatillo, en Cesar, está en riesgo |
La comunidad del Hatillo, integrada por más de 700 personas, es original de la vereda que lleva este nombre en el corregimiento de La Loma, en el centro de Cesar. Durante más de un siglo han trabajado esas tierras con siembras de maíz, plátano, algodón y pequeña ganadería, sin lograr que los institutos de tierras, primero el antiguo Incora y luego el Incoder, les formalizara la propiedad con títulos. Por el contrario, el gobierno nacional se concentró en concesionar las tierras a empresas mineras interesadas en la explotación de carbón.
Según lo documentó la organización PAS, la “fiebre” por el carbón se intensificó a comienzos del nuevo siglo cuando, tras la crisis energética global, las potencias mundiales exigieron la búsqueda de un sustituto del petróleo. Fue así como para 2003 Cesar alcanzó una producción de 19 millones de toneladas anuales del mineral, correspondiente al 40 por ciento del total nacional.
Y la producción no paró. El Ministerio de Minas y Energía trazó un plan para el aumento de la explotación, anunciando un incremento en las exportaciones de carbón en 70 millones de toneladas para 2012 y en 250 millones para 2018. El entonces Ingeominas no dudó en otorgar títulos a diversas empresas que llegaron al centro de Cesar para explotar el mineral.
En las denuncias presentadas a diversas instituciones del Estado, está el robo ocurrido el 21 de junio de 2014 contra dos campesinos de la cooperativa de trabajadores de la vereda de El Hatillo y las llamadas intimidantes; en septiembre de ese año se amenazó a través de un panfleto a todos los líderes de la comunidad de no lograr un reasentamiento en julio de 2015. En abril de ese año otra líder fue amenazada tras realizar un viaje de incidencia a Europa con el que buscaba respaldo internacional al proceso de reasentamiento con garantía de derechos y denuncia frente a las dilaciones e incumplimientos en el mismo por parte del operador y las empresas mineras.
Durante 2015 las amenazas e intimidaciones continuaron contra otros líderes por medio de robos, llamadas, mensajes de texto y seguimientos. En 2016 la situación empeoró con la presencia de encapuchados que llegaron en moto hasta las viviendas de la comunidad, merodeando por varios días.
‘Los motorizados’ incrementaron su presencia en noviembre pasado, cuando la comunidad, liderada por los adultos mayores y a través del Presidente de la Junta de Acción Comunal con el apoyo de PAS, presentó una acción de tutela contra las tres empresas multinacionales que explotan carbón en El Paso (Drummond, Prodeco y Colombian Natural Resources) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, exigiendo los derechos a la salud, vida y vivienda dignas, al territorio y a la alimentación campesina.
A principios de diciembre la comunidad se alertó aún más cuando entre las 12 y las 4 de la madrugada comenzaron a ver a hombres vestidos de negro o de caqui, botas de caucho y pasamontañas que rondaban por las calles y los patios de sus casas. En su informe, la Defensoría Regional del Pueblo ha advertido sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como ‘Los Urabeños’, ‘Clan Úsuga’ o ‘Clan de Golfo’, que aparecieron tras la desmovilización paramilitar.
En la actualidad son todos los representantes de la comunidad para el reasentamiento los que han sido amenazados o intimidados por estos encapuchados y motorizados, sin que haya un avance en las investigaciones por parte de las autoridades. Tampoco en el otorgamiento de medidas de protección efectivas y necesarias para salvaguardar la vida de los líderes y su comunidad, máxime ahora tras el asesinato de Aldemar Parra García, quien era un trabajador minero sindicalizado y sobrino del actual presidente de la Junta de Acción Comunal. |
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Atentan contra líderes ambientalistas que se opusieron a la Colosa, en Cajamarca |
El Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) denuncia que dos de sus integrantes salieron ilesos luego de disparos que les hicieron cuando se desplazaban de las veredas Rincón Placer a la Ciudadela Ismael Perdomo, para actividades en defensa del territorio y los derechos humanos. Esta acción se registró el viernes 28 de julio aproximadamente a las 7:30 de la noche.
Estos dos activistas hicieron parte de la promoción en la consulta minera de Cajamarca, donde el NO a los proyectos de minería a gran escala, el pasado mes de marzo, derrotó a la propuesta de la compañía Anglo Gold Ashanti con una votación del 97%.
Desde hace cuatro años, según Cosajuca, “ha perdido dos compañeros, Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014 […] hemos sido víctimas de todo tipo de amenazas por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa que fue detenido gracias a la histórica consulta popular”.
Este hecho se suma a la situación que está viviendo el país, luego de ser catalogado como uno de los más peligrosos para ejercer el activismo social y la defensa de los derechos humanos y el territorio.
El informe “Defender la tierra” de Global Witness muestra que Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2016 se registraron 37 homicidios, justo después de Brasil con 49.
En lo corrido del 2017, más de 40 líderes han sido asesinados en Colombia, según lo registrado por la Marcha Patriótica, movimiento social y político que ha venido denunciado la falta de garantías para la organización, participación y movilización social.
Frente a la mayoría de estas denuncias el Gobierno Nacional ha manifestado en diversas ocasiones que son hechos aislados, que no tienen sistematicidad, como lo ha manifestado el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, o el Ministerio de Defensa.
La incapacidad del Estado en proteger a sus líderes sociales ha sido expresada con preocupación por varias organizaciones, así como agencias de cooperación internacional, además de la ONU, que han visto con inquietud cómo en plena implementación del Acuerdo de paz la confrontación contra líderes y colectividades se agudiza.
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Walter Aduviri, enjuiciado y sentenciado a prisión por su rol en las protestas sociales que tuvieron lugar el año 2011 , Aymarazo en la región sureña de Puno. |
Nos referimos específicamente a los juicios derivados del conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo” del año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades, la ilegalidad del proyecto y la falta de transparencia y mala fe de la empresa con las comunidades. La protesta desembocó en una dura represión por parte del estado y en la cancelación del proyecto. Sin embargo,la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes, que derivó en la condena de Walter Aduviri, principal portavoz – sentenciado a 7 años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de soles (aprox. 600,000 dólares y 2,500 salarios mínimos vitales en Perú).
En diciembre de 2017 los tribunales en Puno ratificaron esta sentencia y ordenaron la detención de Aduviri, quien al conocer el fallo se declaró en la clandestinidad. Su defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia, que fue aceptada en enero 2018 y que ahora está siendo revisada.
Consideramos que, si la sentencia es ratificada por la Corte Suprema, se estarían sentando duros precedentes en contra de la defensa de los DDHH y del territorio en Perú, debido a que Aduviri es acusado de ser “autor mediato” del supuesto delito de “disturbios” durante el Aymarazo, es decir, de instigar a terceros a cometerlos. Esto podría derivar en la persecución de más líderes que podrían ser considerados “autores mediatos” de supuestos delitos cometidos en conflictos similares, sin pruebas, y sólo por el hecho de ser portavoz de una organización o comunidad.Además, durante el proceso, y en una actitud profundamente racista, Aduviri fue despojado de sus derechos indígenas como miembro del pueblo Aymara – derecho al territorio, a la consulta, identidad, autonomía, etc. -, debido a que, a criterio de los jueces, posee estudios superiores. Es por eso que sus derechos indígenas no fueron tomados en cuenta en el juicio. |
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Presidente de rondas campesinas en Piura recibe amenazas tras pronunciarse contra Río Blanco |
Los defensores de derechos humanos están siendo perseguidos en el Perú. Red Muqui alertó sobre las amenazas que estaba recibiendo el presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán quien nos dio detalles de lo sucedido.
El dirigente afirmó: “difundimos un pronunciamiento por las redes sociales, donde alertamos sobre el Proyecto Minero Río Blanco, después de ello, han surgido amenazas”. Agregó que dos ciudadanos habían llegado a su casa preguntando por él y amedrentaron a su familia. “No saben con quién se han metido”, le habrían dicho a su hermano. “Días después también recibí llamadas donde se me acusa de haber recibido dinero y me dicen que me van a buscar en el colegio donde trabajo, tengo esa información para hacer la respectiva denuncia”, aseveró.
El comunicado de las Rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba fue difundido por Red Muqui el 10 de julio. Allí se daba a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura. En el comunicado se señalaba que:
“Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible”. |
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Hostigamiento, acoso social y político en contra de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, de modo particular contra la defensora Elsa Merma Ccahua |
Diversas organizaciones de mujeres y de organismos de derechos humanos del Cusco, del Perú y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) manifestamos nuestra preocupación por los hechos que viene ocurriendo en la provincia de Espinar; se han iniciado actos de hostigamiento, acoso social y político en contra
de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, de modo particular contra la defensora Elsa Merma Ccahua, los ataques se han incrementado contra ella en los últimos años, a raíz de los cargos dirigenciales que ha ocupado en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – (FUDIE).
Consideramos altamente preocupante las campañas de desprestigio, estigmatización, difamación y violencia física que se viene dando hacia defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares.Esta lamentable campaña está siendo impulsada por parte de algunos ex dirigentes, trabajadores municipales y comunicadores de determinados programas radiales de la provincia de Espinar, quienes acusan sin pruebas a Elsa Merma de estar asesorada, manipulada y pagada por las ONG’s, incluso hasta de obedecer intereses personales y partidarios, con ello quieren deslegitimar su participación como lideresa en la provincia de Espinar. Todo esto ocurre en una provincia donde existen serias denuncias de corrupción al gobierno local, y cuestionamientos a la gran minería por afectaciones al medio ambiente y la salud de las personas, entre otros. |
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Vecinos de Cuncumén denuncian violenta represión de Fuerzas Especiales en manifestación contra minera del Grupo Luksic |
Los habitantes de Cuncumén, localidad ubicada en la comuna de Salamanca de la región de Coquimbo, denunciaron la violenta represión por parte de Fuerzas especiales (FF.EE.) de Carabineros, luego de que la madrugada del jueves se tomaran la ruta de acceso a la minera los Pelambres del grupo Luksic en protesta por la contaminación de polvo en suspensión que estaría provocando uno de los tranques de la minera.
Según la información entregada por la Radio JGM, se reportan cinco heridos, uno de gravedad, y tres detenidos tras el represivo actuar de la policía uniformada. “Carabineros no nos deja pasar. Están reprimiendo con bombas lacrimógenas y con perdigones. Una persona fue detenida y pateada en el suelo antes de subirla al furgón policial”, denuncian los habitantes.
El Desconcierto se contactó con los vecinos de la zona quienes ampliaron la información y denunciaron que hay una persona baleada en su pantorrilla por un disparo de Carabineros. En el vídeo que se muestra a continuación se puede apreciar como el disparo cruzó la pierna del manifestante.
La protesta llevada a cabo por los habitantes de la zona denuncia que está emanando una polución desde el tranque de relaves Los Quillayes, contaminando el Valle Alto del Choapa, afectando a los vecinos de Cuncumén y Salamanca. El último levantamiento de polvo se registró el lunes pasado, cuando una nube de contaminación cubrió el sector.
“El tranque Quillayes es un lugar de descarga de relave por parte de la minera. Que debido a las lluvias del último tiempo, y el viento que venía de cordillera a valle del lunes, provocó que el polvo se levantara y transformara Cuncumén en una nube de contaminación donde no se podía respirar”, señaló la dirigenta de la junta de vecinos de Cuncumén, Miriam Barrera.
“Nosotros estamos pidiendo el cierre definitivo del Tranque, que la minera cumpla cabalmente las medidas de mitigación que se comprometió con nosotros a cumplir y que se de una respuesta y solución al estudio que hizo la Universidad Católica de Valparaíso que indica que nuestros suelos están contaminados con capas de cobre”, agregó la dirigenta.
“Estamos peleando por nuestro derecho a vivir con calidad. Las autoridades no se han hecho cargo jamás en este pueblo, nunca se han hecho presente. El Estado es responsable que una minera de estas dimensiones nos tenga en la situación que nos tiene“, finalizó Barrera.
Desde la Minera Los Pelambres han señalado que la situación se debe a “una condición inusual de viento en el sector, lo que generó el levantamiento de material particulado. Pese a ello, los indicadores se mantuvieron bajo norma y cumpliendo los niveles de acuerdo a la legislación vigente”.
No sólo en Cuncumén y Salamanca se han denunciado problemas ambientales derivados de la explotación minera en Los Pelambres. En junio pasado, una delegación representó a los vecinos de los sectores de Choapa Viejo y Las Cañas 2 de Illapel ante la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. En la instancia, expusieron sobre la contaminación del pozo de agua potable que abastece a las comunidades.
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Amenazada la vocera promotora de una consulta popular contra las mineras en El Carmen de Chucurí |
El 10 de diciembre de 2017 en el casco urbano del Carmen de Chucurí fue objeto de seguimientos y hostigamientos la dirigente social NINI JOHANA CARDENAS RUEDA vocera del Comité organizador de la Consulta Popular contra la explotación Minera e hidrocarburos en el Carmen de Chucurí - Santander.
Ese día ante la imposibilidad de hacer la consulta popular, la vocera NINI JOHANA, en representación del Comité, convocó a la comunidad carmeleña a un plantón que fue aplazado horas antes, sin embargo, después, cerca de las diez de la mañana, NINI JOHANA hizo presencia en el parque junto con otro integrante del Comité y al llegar al sitio observaron que en una mesa del parque estaba un hombre de tez morena, de 165 cm de estatura, pelo corto, que portaba una chaqueta color negra, quien al parecer la estaba esperando.
Durante casi una hora el sujeto vigiló todos los movimientos que realizaba NINI JOHANA, incluso se acercó de manera intimidante con una mano en la chaqueta, al ser descubierto recorrió el quiosco del parque principal regresando donde estaba la dirigente social. Momentos después al observar el sujeto que cerca del lugar, dos policías motorizados detuvieron a dos jóvenes para efectuar una requisa, se puso inquieto y se alejó del lugar en dirección hacia la Alcaldía Municipal, donde se subió en una moto de alto cilindraje de color verde con blanca.
La vocera NINI JOHANA ya ha sido hostigada en otras oportunidades. El 28 de febrero de 2017, en la vereda el Cuarenta del Carmen de Chucurí, fue víctima de tentativa de feminicidio por parte de MILTON CHACON MATEUS. Su domicilio fue violentado por parte de esta persona, quien además de atentar contra su vida, se apoderó de la agenda de NINI JOHANA donde reposaba las actas de conformación del Comité, el plan de trabajo del mismo, un celular y una memoria USB con estudios de impactos ambientales en el territorio. Estos hechos fueron oportunamente denunciados ante la Personería Municipal del Carmen de Chucurí, la Dirección de Fiscalías de Barrancabermeja, la Defensoría de Pueblo del Magdalena Medio y fue valorada por Medicina Legal quien dictaminó 15 días de incapacidad médico-legal. Hasta el momento no existen avances significativos en las investigaciones. La medida de protección consistió en encerrar a la víctima en una casa de mujeres víctimas de violencia.
NINI JOHANA CARDENAS RUEDA es además presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Cuarenta, miembro de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Carmeleña “FUINMUCAR”; forma parte de la Mesa Nacional Ambiental constituida el 15 de noviembre de 2017 en la ciudad de Ibagué; forma parte del grupo de Resistencia a la Minería en Colombia y del grupo del Colombia libre fracking, además de mujeres al poder de Santander.
En zona rural del Carmen de Chucurí se entregaron títulos mineros para explotación de carbón a favor varias empresas, entre ellas Centromin y Colco, esta última, de origen norteamericano. La extracción carbonífera tendrá un drástico impacto en las comunidades campesinas de la región. Ante esa problemática, en noviembre de 2016 se conformó el Comité organizador de la Consulta Popular NO a la Minería e hidrocarburos en el Carmen de Chucurí. |
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Detenidos ilegalmente , golpeados y amenazados 4 opositores a minera Autlan en Sierra Negra |
Denunciamos públicamente que el pasado 28 de junio de este 2018, siendo las 7 horas de la tarde aproximadamente, cuando nuestros compañeros Sergio Rivera Hernández, Hugo Alba Cortes y Evaristo Torres regresaban de trabajar y transitaban entre las comunidades de Tepexilotla y Coyolapa en la zona baja de Zoquitlan, Sierra Negra de Puebla, fueron detenidos ilegalmente por un retén de aproximadamente veinte militantes y simpatizante del PRD. Al frente de estas personas se encontraban Zaire Montalvo Avendaño, quien está propuesto a regidor dentro de la planilla del candidato por el perredismo-panismo a la alcaldía de Zoquitlan y su hermano Caín, así como Victorino Tellez Carrillo, dirigente de UNORCA en Coyolapa y empleado de la Minera Autlan, empresa que quiere construir una presa hidroeléctrica en Coyolapa y Pozotitla en dicho municipio, proyecto al cual nos hemos opuesto desde hace dos años. Al marcarles el alto, dos personas a quienes no se puede identificar, quienes portaban pistolas de alto calibre, los bajaron de su automóvil. Fueron revisados, y en esos momentos le dieron un cachazo en la cabeza a Hugo Alba, activándose el arma y realizando una detonación. Debido a esta lesión con la cacha, el agredido empezó a sangrar. Al ver esto, con amenazas de muerte de parte de Victorio Tellez y Zaire Montalvo, tanto Sergio Rivera como Evaristo Torres recibieron la orden de los pistoleros quien a su vez obedecían a Victorino Tellez Carrillo y a los hermanos Montalvo Avendaño de que se fueran, reteniendo al lesionado a quien fueron a dejar a su casa en Tepexilotla hasta la una de la mañana del siguiente dia. Por su testimonio sabemos que bajo amenazas de parte de Froylán León Sánchez, quien es otro de los caciques perredistas de Coyolapa y primo hermano del alcalde de Zoquitlan fue obligado a recibir cinco mil pesos “por reparación del daño”. Estos pistoleros que pertenecen a las mafias del huachicol (gasolina robada de los ductos de Pemex), que están aliadas con los alcaldes de Zoquitlan (Fermín González León) y Tlacotepec de Díaz (Cirilo Trujillo Lezama) siguen intimidando a la población en las poblaciones de Tepexilotla y Coyolapa para presionar a la gente a votar por el PRD y amenazar a los opositores. Hemos puesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se sancionen estos delitos conforme a derecho.
– Responsabilizamos de cualquier ataque o agresión que pueda suceder hacia los integrantes del movimiento de resistencia indígena contra el Proyecto Hidroeléctrico a la empresa Minera Autlan, quien es quien ha venido a dividir a nuestras comunidades y familias, ha corrompido a los alcaldes de la región y ha sembrado la discordia para confrontarnos en su intento de construir su represa afectando nuestros ríos de manera irreversible.
-Responsabilizamos también a Cirilo Trujillo Lezama, alcalde de Tlacotepec de Díaz y a Fermín González León por cualquier agresión en nuestra contra, ya que son los principales operadores de Minera Autlan en la Sierra Negra y porque al aliarse con las mafias del huachicol han traído este sucio negocio a nuestras montañas acrecentando el problema de inseguridad en la que vivimos por la presencia del pistoleros del crimen organizado que ya empiezan a operar a la luz del día portando armas cortas y largas de uso exclusivo de las fuerzas armadas oficiales.
– Responsabilizamos de cualquier atentado a nuestras vidas al jefe de los pistoleros de Fermín González León, alcalde de Zoquitlan, el señor Antonio Sandoval y a su primo hermano Froylán León Sánchez, así como a Victorino Tellez Carrillo y a los hermanos Zaire y Caín Montalvo Avendaño.
– Exigimos el castigo a los agresores de nuestros compañeros y que están plenamente identificados y señalados ante la Fiscalía General del Estado.
– Exigimos la presencia inmediata de las fuerzas públicas del Estado para evitar la presencia de pistoleros y sicarios del crimen organizado en la Sierra Negra.
-Exigimos el deslinde de UNORCA del delincuente Victorino Tellez Carrillo.
– Hacemos público que estos hechos y la alianza con el PAN, demuestran una vez más la descomposición del PRD, al grado de pasar de ser perseguidos por Carlos Salinas de Gortari a persecutores, pistoleros y paramilitares.
Les recordamos que hemos decidido como pueblos indígenas defender la madre tierra y nuestros territorios incluyendo ríos, árboles, subsuelo y montañas, porque son todo lo que tenemos y representan todo lo que hemos sido, somos y seremos.
Somos herederos de las luchas de la resistencia indígena que empezaron desde el 12 de octubre de 1492 hasta el día de hoy.
Estamos celebrando una cuenta de la vida como movimiento, 20 años, de lucha y resistencia y en ese camino continuaremos como resistencia campesina, indígena, obrera y popular en defensa de nuestros derechos y en resistencia contra los megaproyectos de muerte.
¡Los ríos no se venden, se cuidan y defienden!
¡Fuera Minera Autlan de Sierra Negra!
¡Por la autodeterminación de los pueblos indígenas!
¡No a los megaproyectos!
Sierra Negra. 30 de Junio de 2018.
Comunidades Nahuas en Resistencia de la Sierra Negra
Movimiento Indígena Agrario Zapatista.
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan.
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EXIGIMOS LA APARICIÓN CON VIDA DEL DEFENSOR SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ |
La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.
Tememos por su integridad física y emocional, pues no es la primera vez que sufre amenazas, acoso y atentados contra su persona y demás compañerxs defensorxs de su tierra. De la misma forma que lxs compañerxs del MAIZ, responsabilizamos de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, a la Minera Autlán que tiene fuertes intereses en la Sierra Negra de Puebla y que está detrás del proyecto hídrico, que en contubernio con los munícipes de Tlacotepec de Díaz y de San Pedro Zoquitlán pretenden hacerse de los recursos naturales de las comunidades campesinas e indígenas de la región, y que incluso se han prestado como gestores a favor de los proyectos de muerte, en concreto a favor de Minera Autlán.
Como antecedente y aunado a ello, señalamos también que la Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal apoya y encubre a la minera y no es de extrañar que haya fuertes intereses políticos y económicos detrás del citado proyecto, además del minero.
Como REMA estamos convencidxs que ésta como otras desapariciones, es una estrategia terrorista más de empresas en contubernio con gobiernos para seguir despojando a las comunidades de sus bienes naturales y sus territorios.
Exigimos al gobierno federal, al gobierno del Estado de Puebla y a los gobiernos municipales involucrados un alto al clima de hostigamiento, criminalización y agresión permanente contra todxs lxs defensorxs de la vida. Basta de proteger a las empresas que actúan a lo largo de todo el país con total impunidad. Exigimos la presentación inmediata con vida del compañero Sergio Rivera Hernández, rechazando así, la posibilidad de que su desaparición se convierta en una más de la elevada cifra que hoy nos invade. Este caso, como tantos otros, dan cuenta de la violencia que siempre acompaña a los megaproyectos de muerte y que a menudo recae en los grupos de población más vulnerables.
¡Alto a la desaparición de defensorxs del territorio!
¡No a los megaproyectos de muerte y a la complicidad gubernamental en ellos!
Atentamente
RED MEXICANA DE AFECTADXS POR LA MINERÍA (REMA)
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Riesgo a la vida del párroco Eleazar Juárez Flores, en Chicomuselo, Chiapas |
Eleazar Juárez Flores, Sacerdote de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, recibió amenazas de muerte, por parte del Sr. José Hernández Domínguez, Presidente del Comisariado Ejidal de Pablo L. Sidar, el día 29 de septiembre de 2018, en la tarde, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
De acuerdo al Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García, mientras el sacerdote se encontraba en la gasolinera del municipio de Chicomuselo, el Comisariado Ejidal de Pablo L. Sidar, le agredió verbalmente diciéndole: “que se estaba ganando unos balazos”. Cuando el Padre Eleazar regresaba a la casa parroquial, se percató que lo seguía la misma persona.
La agresión en contra del Padre Eleazar se da en respuesta a su trabajo pastoral ya que ha denunciado el incremento de la violencia en la región. Especialmente porque las autoridades locales se han molestado por la cancelación de permisos de venta de alcohol y por la denuncia en la impunidad a casi un año del feminicidio de la Sra. Virgilia Villatoro Pérez.
El Padre Eleazar, desde la parroquia se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos sobre todo en contra de la extracción minera en la región. En octubre de 2010, denunció amenazas de muerte por acompañar a las comunidades en la defensa de su territorio, en el mismo contexto donde fue asesinado nueve meses antes el defensor Mariano Abarca.
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Policía Golpea a Gente de Cerro de Pasco en Lima |
La policía golpea a gente de Cerro Pasco (contaminada por la minería, sobre todo niños) y los llevan como a animales a la comisaría de Monserrat – Lima.
Llegaron hace días para una Mesa de Diálogo q les ofreció el Ministerio de Energía y Minas, pero éste los ha mecido, después de 2 días de peloteo, los cerreños -cansados- fueron a la Plaza Mayor a protestar.
Es normal en cualquier provincia de Perú ir a la plaza central “espacio público por excelencia” a reclamar, pero los limeños han permitido q sus autoridades la cierren, se la agarren, la privaticen solo para actos de su interés.
De esto se aprovechó Inteligencia del Gobierno y mandaron tropas de la USE para desalojarlos a rastras y a golpes a los cerreños y subirlos como animales a un bus. Después los dejaron detenidos en la comisaría de Monserrate en Lima-Cercado |
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Dos detenidos en protesta pacífica contra la minera Alturas de barrick Gold |
Ayer lunes en reunión realizada entre habitantes del Valle del Elqui y la empresa Barrick Gold, donde se realizó una intervención de protesta contra la empresa y su proyecto Alturas, resultaron dos personas arbitrariamente detenidas por Carabineros.
La Asamblea de Defensa del Elqui y los detenidos, emite el siguiente comunicado:
Gracias a todos por las muestras de solidaridad, nuestros compañeros de la asamblea fueron puestos en libertad durante esta mañana, a las 8 am, nos parece injustificado el accionar de Carabineros, con funcionarios de civil participando en la reunión, y una provocación que los empleados de Barrick no se hayan ido del lugar generando el altercado una vez finalizado el encuentro.
Nuestra intervención consistió en desplegar un lienzo durante la ronda de preguntas, con 3 grandes verdades acerca de la empresa; Barrick Miente, Saquea y Contamina!.
A continuación un comunicado emitido por los propios detenidos:
"Durante manifestación pacífica de Asamblea en Defensa del Elki en contra del proyecto Alturas perteneciente a la firma canadiense Barrick Gold fuimos detenidos injustamente por desórdenes en la Vía Pública, el compañero de nacionalidad brasileña y quién realiza este comunicado, Mauro Ramos.
Ante una acción agresiva de una persona pro Barrick en contra de nuestro compañero, se desarrolló un incidente donde carabineros de Chile intentó detener a través de la fuerza y arbitrariamente al agredido, siendo éste rescatado y protegido por compañeros de la ADE.
Intentamos poner a resguardo a nuestro compañero en un sitio seguro de la ciudad de Vicuña bajo fuerte persecución policial tanto a pie como vehicular siendo finalmente detenidos en distintos puntos de la ciudad. El compañero agredido denuncia agresión xenófoba por parte de la policía chilena durante su traslado a la comisaría.
Queda claro que:
Los Estados Chilenos y Argentinos han vendido su alma al diablo, protegiendo y apoyando a quienes traen destrucción y muerte a nuestros territorios, atentando y persiguiendo a los que justamente luchamos por defender la tierra, el agua y la vida en nuestros territorios. Hoy más que nunca se hace imperioso un llamado de solidaridad y apoyo, hoy más que nunca debemos unir nuestros corazones y decir fuerte: Fuera de Chile, fuera de Argentina, fuera Barrick de América Latina!
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Preso por negarse a abandonar su tierra por presión de la Compañía de Níquel |
Óscar Yat, maya q’eqchi´ fue detenido de forma arbitraria. Tiene 42 años de edad, vive en la comunidad agraria El Gosen, en el municipio de El Estor, Izabal. Se negó a recibir un soborno económico por parte de personeros de la minera CGN para que las familias se dejaran de vivir en esta comunidad, como consecuencia ahora está preso.
Era 10 de febrero de 2018 y don Oscar se dirigía a su trabajo de recolector de basura para la Municipalidad, como todas las mañanas salió de su casa. Cuando un vehículo le cortó el paso “a él se lo llevaron como si fuera un secuestro, había un carro que lo siguió hasta el lugar de su trabajo…” varias personas armadas lo obligaron a subirse al vehículo, le mostraron sus armas y lo amenazaron de disparar si no se subía. Durante el traslado sus secuestradores no dijeron una sola palabra” afirmó su esposa.
No existe una orden de aprehensión en contra de Óscar Yat, no recibió ninguna notificación del juzgado para presentarse ante alguna denuncia en su contra, quienes lo detuvieron no eran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tampoco eran fiscales del Ministerio Público (MP), eran personas particulares. A pesar de la detención arbitraria, fue ingresado al Centro Preventivo de Puerto Barrios. |
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nuevo enfrentamiento entre comuneros de la zona de Yavi Yavi y la policía |
Se ha registrado un nuevo enfrentamiento entre comuneros de la zona de Yavi Yavi (Colquemarca - Chumbivilcas) y la PNP. Como se aprecia en el video, denuncian que esta vez un niño fue víctima de agresiones policiales. De otro lado, los enfrentamientos habrían causado el incendio de una carpa policial. Este tipo de violencia se está volviendo reiterativa, y se agrava más con el último Estado de Emergencia, declarado el último 24 de diciembre ( bit.ly/2VA4ZcK) , pues la presencia policial se masifica, y se restringen derechos humanos y colectivos.
Desde meses atrás las comunidades han realizado protestas en contra la empresa minera 'Las Bambas', pues el gobierno de Martín Vizcarra, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, anunció que la empresa minera podrá usar una vía, que ha sido declarada como Nacional, la cual traspasa territorios comunales afectando sus actividades agrícolas. |
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12 defensores y defensoras de derechos humanos enfrentan años de cárcel en Honduras |
El sábado 23 de febrero 12 activistas hondureños que han estado defendiendo el agua potable en sus comunidades de una empresa minera, propiedad de miembros de la poderosa oligarquía de Honduras, fueron encarcelados en una mala utilización extrema del sistema de justicia.
Este jueves 28 de febrero, se llevará a cabo una audiencia que va a determinar si los 12 defensores del río Guapinol pasarán hasta varios años en la cárcel en espera del juicio o no. El Ministerio Público de Honduras, apoyado por Estados Unidos, está llevando a cabo el juicio contra al menos 32 defensores del río Guapinol; muchos se enfrentan a cargos graves que podrían resultar en décadas en prisión.
Tomar medidas: Escriba a la embajada de Honduras en su país y exprese su preocupación/protesta por este caso solidarizando así con los 12 activistas hondureños. Socialice en sus redes sociales, con sus contactos, para que sea conocido y denunciado este injusto caso.
Durante meses, las comunidades de la región del Bajo Aguán mantienen un campamento en defensa del río Guapinol y su agua potable de una mina propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé los que pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras.
Es de destacar que esta mina se encuentra en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Recordemos que Carlos Escaleras fue asesinado en 1997 defendiendo el mismo río Guapinol y fue el coordinador de una de las organizaciones que ahora está siendo criminalizada.
Defensores de los derechos humanos han presentado un recurso constitucional contra el Decreto Legislativo que redujo el núcleo del Parque Nacional, facilitando así la concesión minera.
El Campamento por Dignidad de Guapinol ha sido desalojado violentamente por fuerzas de seguridad de Honduras las que son respaldadas por los EEUU y los líderes hondureños han enfrentado difamación y amenazas.
La represión militar y policial, así como la inteligencia militar y las tácticas provocadoras, a menudo van de la mano de la persecución judicial. Existe un claro patrón de abuso del sistema de justicia en Honduras para silenciar a los defensores y activistas de los derechos humanos y ambientales. En el caso de los defensores de Guapinol, la Procuraduría de la República, respaldada y entrenada por los Estados Unidos, ha presentado cargos que incluyen asociación ilícita, incendio, detención ilegal y usurpación. La inclusión de la acusación de asociación ilícita permite que el caso sea juzgado en la Corte de Jurisdicción Nacional que es una corte especial creada para conocer casos contra redes del crimen organizado. Este Tribunal Nacional de Jurisdicción suele conocer casos de alto nivel, en lugar de los tribunales regionales normales, y muchos consideran que está controlado por intereses políticos.
Los presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez, que fueron detenidos durante las manifestaciones pro-democracia hace más de un año, han estado encarcelados por más de un año por orden del Tribunal de la Jurisdicción Nacional a pesar de que los cargos que se enfrentan no están dentro de la competencia de aquel. La semana pasada, la Sentencia del Tribunal Nacional de Competencia admitió que no tiene competencia para pronunciarse sobre su caso y que el caso debe ser enviado a un tribunal local. Esto significa que Edwin y Raúl han sido encarcelados en condiciones inhumanas durante más de un año a pesar de la orden procedente de un tribunal que no tiene la autoridad para decidir sobre su caso.
En ambos casos, los EEUU ha respaldado y entrenado al Ministerio Público de Honduras quienes han perseguido celosamente y presentados serios cargos criminales contra activistas de derechos humanos. Llama la atención que el Ministerio Público ha presentado cargos de asociación ilícita contra los defensores de los derechos humanos de Guapinol y la misma institución no ha presentado cargos de asociación ilícita contra la estructura criminal que mató a Berta Cáceres y ejecuta otros delitos contra el pueblo Lenca a pesar de las múltiples solicitudes de las víctimas.
La institución ha perseguido a Edwin y Raúl y a otros que se manifestaron contra el fraude electoral, pero los actores estatales responsables de la muerte de decenas de esos manifestantes no han sido enjuiciados ni llamados a rendir cuentas.
Las autoridades estadounidenses han elogiado en repetidas ocasiones y respaldado al jefe del Ministerio Público de Honduras, el fiscal general Oscar Chinchilla, quien fue recientemente reelegido para el cargo en un proceso irregular y controvertido. Los Estados Unidos ayudó a crear el “Manual de Investigación Criminal” del Ministerio Público que guía el trabajo de la institución y pone en marcha una nueva formación.
En agosto de 2018, la USAID firmó un acuerdo con la oficina del Ministerio Público para enunciar los principios que orientarán sus esfuerzos y los EEUU ha formado a numerosos elementos de la Fiscalía Pública. Los EEUU también es responsable por su papel en la promoción de una institución que está criminalizando clara y repetidamente a defensores de los derechos humanos y permitir la impunidad de muchos actores estatales responsables de la represión violenta.
http://www.resumenlatinoamericano.org |
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Chumbivilcas: Gobierno prorroga por sexta vez el Estado de Emergencia en un sector del Corredor Minero |
El pasado 26 de febrero, con Decreto Supremo Nº 38-2019-PCM, el gobierno prorrogó por sexta vez, y por un plazo de 30 días calendarios, el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Minero Apurímac – Cusco – Arequipa. Como lo señala el documento, la declaratoria es para un sector de la vía: ‘el Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención’. Esta nueva medida empezó desde el 27 de febrero.
Es de conocimiento público que por esta vía son permanentes las manifestaciones de la comunidad de Yavi Yavi en contra de la empresa minera ‘MMG Las Bambas’, exigiendo se les otorgue un resarcimiento económico por el uso de sus territorios por el que transitan vehículos de la empresa en mención. Aunque continúa el proceso de diálogo entre la comunidad y la minera, aún no han llegado a ningún acuerdo que compense a ambas partes. Cabe señalar que por toda la vía del corredor minero transitan más de 500 vehículos por día, generando polvareda, contaminación ambiental y acústica, y en algunos zonas, derrames de materiales tóxicos.
Esta medida aplicada para Apurímac, Cusco y Arequipa de declarar estados de emergencia bajo la figura “preventiva”, ya se ha convertido en una hecho reiterativo, siendo contrario al respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia. A pesar de los esfuerzos de las comunidades y organizaciones sociales de base de generar espacios de diálogo, el Estado insiste en militarizar la zona para garantizar la producción minera.
El último 24 de diciembre, a vísperas de navidad, Martín Vizcarra decidió ampliar nuevamente el #EstadoDeEmergencia en…
Posted by Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco on Tuesday, January 8, 2019
¿Qué implica un estado de emergencia?
Según lo que dicta nuestra Constitución, la declaratoria de un Estado de Emergencia deja abierta la posibilidad de suspender o restringir -todos o alguno- de los siguientes derechos:
*Libertad y seguridad personal: Las detenciones pueden ocurrir sin flagrancia o sin mandato judicial. Las acciones de habeas corpus en relación a personas detenidas serán declaradas improcedentes.
*Inviolabilidad de domicilio: Las PNP y/o Fuerzas Armadas pueden ingresar a cualquier domicilio sin mandato judicial o flagrancia.
*Libertad de Reunión: Se suspenden todo tipo de reuniones.
*Libertad de Tránsito: Se puede suspender la libertad de circular en ciertos lugares y/o en ciertos horarios (No es lo mismo que un ‘Toque de queda’) |
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NUEVO ATAQUE CONTRA MÁXIMA ACUÑA |
Un nuevo ataque se produjo ayer contra la defensora ambiental, Máxima Acuña, en Cajamarca. Más de mil truchas, de la piscigranja de su propiedad, aparecieron flotando muertas en sus criaderos, luego de haber sido presuntamente envenenadas.
“Denuncio públicamente por contaminación ambiental de agua (…) Hoy amaneció mis truchas muertas más de mil truchas. Que caiga todo el peso de la ley contra quienes sean responsables”, sostuvo Daniel Chaupe Acuña, hijo de doña Máxima, quien formalizó denuncia ante la Comisaría de Sorochuco.
Como se recuerda, existen intereses de poderosas empresas mineras, quienes en diversas oportunidades han hostigado, cotidianamente a la familia de Máxima Acuña, con el propósito que dé paso para la ejecución del proyecto minero de Yanacocha. Cabe recordar que doña Máxima le ganó un juicio a Yanacocha en defensa de su terreno, el cual quería ser usurpado por la minera. |
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5 Dirigentes y asesores legales de la comundad Fuerabamba detenidos por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas |
¿Qué esta pasando? El Ministerio Público informó la detención de cinco presuntos integrantes de la organización criminal a quienes denominaron ‘Los Chavelos’, en un operativo realizado en Abancay, Lima y Cusco. Según el MInisterio Público, este proceso se enmarca en la investigación preliminar por los presuntos delitos de crimen organizado y extorsión en agravio del proyecto minero ‘Las Bambas’.
El abogado y asesor legal de la comunidad de Fuerabamba Jorge Martín Chávez Sotelo, fue sindicado como el presunto cabecilla de la organización, también fue detenido su hermano, el abogado Franck Anibal Chávez Sotelo.
Así mismo debemos precisar que fueron detenidos Gregorio Rojas Paniura (Presidente de la comunidad de Fuerabamba-Cotabambas), así como Carlos Fernando Vargas Arizabal. En las próximas horas serán trasladados a Abancay.
Según los documentos se da cuenta que también fue detenido Wilfredo Quino Chávez, a quien luego de un allanamiento en su vivienda se le encontró explosivos como cartuchos de dinamita, proyectiles y otros.
Según las autoridades en las próximas horas darían con la ubicación y captura de Rafael Valdivia Balares, Édison Vargas Huamanga y Nohemí Portillo Vargas, directivos de las comunidades Nueva Fuerabamba y Haquira de la provincia de Cotabambas, quienes formarían parte de esta presunta organización.
Mientras tanto, esta mañana pobladores de Fuerabamba (Cotabambas) salieron en protesta, rechazan la detención de sus autoridades y abogados. (Fuente: Ministerio Público) |
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Violencia y criminalizacion hacia las protestas en contra de Aruntani |
Documento recibido de Julián Condori, publicado el 17 de diciembre de 2014.- Minera Aruntani ordena asesinar a comuneros en Apurímac. Empresario Guido del Castillo envía matones para asesinar comuneros porque no le dejan saquear cerro y enfrenta comunidades. Hay varios heridos de bala.
Varios comuneros heridos de bala (entre ellos un niño pastor de ovejas) y un desaparecido es el saldo que dejó el ataque de los delincuentes que Guido del Castillo, dueño de la minera Aruntani SAC, envió desde el Cusco a la comunidad de Pucuta, distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, Apurímac.
Un niño que pasteaba sus ovejas en las laderas de iniciales J.R.A (08) también fue apedreado por los matones.
El motivo: los comuneros no quieren que Aruntani SAC explote en su territorio, más bien ellos mismos lo vienen trabajando en forma artesanal y con las leyes en la mano, pues están a un paso de formalizarse.
Ellos no quieren ser empleados de Aruntani, ni entregar esos cerros que valen millones a las transnacionales; ellos mismos quieren explotarlo en forma racional… Si lo explotan los comuneros, los cien soles que ganan se quedarán en la comunidad, aparte de canon para Apurímac porque los mineros tributan.
Si lo explota Aruntani, solo quedará en el Perú aproximadamente tres soles de cada cien soles que gane esta empresa (de allí solo llegará a Apurímac 1.5 soles en forma de canon).
«»Ataque minera Aruntani
Con esta acción Guido del Castillo emprendió una política de destrucción de comunidades campesinas, dividiéndolas, haciendo pelear a hermanos contra hermanos, una estrategia utilizada antes en Apurímac (específicamente en Huancabamba y Cceñuarán) por otras transnacionales como Ares de sus amigos los Hoschchild.
El ataque se produjo el día domingo a las nueve de la mañana en el asentamiento de mineros artesanales de Pucuta, según denunció el presidente de dicha comunidad, Edwin Huillca Gonzales.
Uno de los heridos de bala fue identificado como Wilfredo Huamán Aymara (40), comunero de Collpa y trabajador de la mina. El desaparecido es un señor de 60 años de nombre Guillermo. Los matones llegaron desde el Cusco en varios vehículos, entre ellos uno de color plomo oscuro de placa C8I-286 y otro de placa X20-706.
Después de atacar a los comuneros en el cerro, incendiaron los campamentos de los comuneros y sus equipos de trabajo. Los matones fueron detenidos en la noche por los efectivos policiales de Curahuasi cuando regresaban de Pucuta al Cusco luego de causar desmanes, pero fueron liberados después de tomar su manifestación.
El presidente de la comunidad de Pucuta, Edwin Huillca Gonzales, pidió la presencia de una comisión de alto nivel de la PCM en Abancay para buscar una salida al problema. También pidió el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
«»Herido abandonado.
El Centro de Salud de Curahuasi fue informado el domingo en la mañana sobre los heridos de bala, pero no se movieron sino hasta las tres de la tarde. Sin embargo, la ambulancia se regresó de Antilla, dejando a su suerte a los heridos de bala, por lo que el centro de salud de Curahuasi será denunciado oportunamente. Los heridos recién fueron traídos al hospital el día de ayer lunes.
«»Herido Aruntani. Negligencia policial.
Cabe informar que la policía de Abancay fue informado mediante oficio 009-2014-AMP-A, firmado por el presidente de la comunidad de Pucuta, de los posibles ataques el 4 de diciembre (adjuntamos copia de oficio). Sin embargo, no movió ni un efectivo policial a la comunidad de Pucuta.
Incluso el día domingo, aun enterados del ataque, no se movieron de la comisaría de Curahuasi, faltando a su obligación de proteger a los comuneros. Los comuneros de Pucuta responsabilizaron a la policía por no haber intervenido con el resguardo en el caso oportunamente.
«»Problema generado por Aruntani.
Las comunidades de Ccollpa, Pucuta y Antilla, que vivían en armonía desde siempre, se convirtieron en una zona de guerra entre comuneros desde el día en que llegó a la zona la minera Aruntani, la cual dividió a los comuneros y enfrentó hermanos contra hermanos, hecho que degeneró en varios hechos lamentables.
Varias veces la minera transportó a algunos comuneros, incluso ancianos, hasta Abancay para presionar a las autoridades, con el fin de sacar a los mineros comuneros de Pucuta de su territorio y dejar libre entrada a Aruntani.
Para tal efecto ha “comprado” a algunos dirigentes comunales y autoridades de Abancay, principalmente las del DREM, que esperamos sean cambiados por el nuevo presidente regional.
El presidente regional, Elías Segovia, también se prestó a este juego que beneficia a la transnacional, pues desde la DREM canceló las declaraciones de varios comuneros.
Ya anteriormente se produjo el incendio del campamento de Aruntani, supuestamente a manos de la misma minera, para denunciar y perseguir después a los comuneros que no aceptan el ingreso de esta empresa.
Anabi ya hizo lo mismo en la comunidad de Llusco (Chumbivilcas, Cusco) en el 2012, donde el campamento fue incendiado por agentes de la transnacional; con ese pretexto se persiguió a los comuneros con denuncias.
Guido del Castillo y sus aliados transnacionales tienen otros proyectos en Apurímac. Uno de ellos se denomina Anama, ubicado en la provincia de Antabamba, y producirá sesenta mil onzas de oro al año. Otro proyecto, pero de cobre, se denomina Anabia, programado para producir unos veinte mil toneladas de cobre metálico al año a partir del 2015.
En la actualidad Aruntani opera cuatro minas de oro: Aruntani (Moquegua), Arasi (Puno), Anabi (Cusco) y Apumayo (Ayacucho). Juntas suman una producción de 350.000 onzas de oro. ¿Y el Frente de Defensa de Abancay?
Ahora que una transnacional con fachada de nacional mete bala a comuneros abanquinos, en la misma puerta de la provincia, ¿qué dirá el supuesto Frente de Defensa de Abancay? ¿Solo sirve para atacar a los andahuaylinos y a las autoridades elegidas con supuestas denuncias de corrupción?
¿Qué dirán esos políticos que en la campaña se convierten en “defensores de los campesinos” y llegan a los pueblos prometiendo el oro y el moro? ¿Qué dirá UNAMBA cuando uno de sus profesores defiende a una transnacional (habría estado dirigiendo a los delincuentes) y promueve la expulsión de los comuneros de su territorio (debería tener vergüenza de enseñar en una universidad que lleva el nombre de Micaela Bastidas)?
¿Qué dirán los congresistas de Apurímac ante este atropello? ¿Qué dirán las nuevas autoridades recién elegidas? Por ahora, se viene formando en Abancay un Frente de Defensa de los Recursos de Apurímac con el grito: ¡ARUNTANI NO VA!• |
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Daniel Ortega y la minera B2Gold desatan brutal represión en Mina El Limón |
El conflicto en Mina El Limón, estado de León, inició en mayo de este año porque la empresa anunció que cortaría el suministro de energía eléctrica al pueblo, cuando era uno de los compromisos que había firmado al obtener la concesión para explotar el yacimiento de oro, uno de los principales del país.
Los mineros y sus familias fueron a la huelga. Sufrieron la represión del “progresista” Daniel Ortega, exdirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) devenido en gerente de las trasnacionales. Numerosos pobladores de Mina El Limón resultaron heridos.
Para el 9 de mayo, se firmó un acuerdo entre la B2Gold y las tres organizaciones sindicales donde se agrupan los trabajadores de la mina: Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros, Sindicato de Trabajadores Mineros, Sindicato Democrático de Trabajadores de la Industria Minera.
En este mes, con el despido de tres sindicalistas, se agudizó el conflicto entre la trasnacional y los trabajadores. El 6 de octubre pasado los mineros realizaron un bloqueo con paro de labores a la mina explotada por B2Gold exigiendo el reintegro de sus compañeros.
El gobierno de Daniel Ortega, otra vez, envió a los antimotines. Ante la represión por parte de la policía, ardió la delegación policial. Según informa la prensa nicaragüense, resultaron heridos 23 agentes y uno murió.
Entre las demandas del pliego petitorio de los sindicatos para presentar al gobierno están: no a la persecución policial en contra de los trabajadores y la población, liberación de los presos y suspensión de los cargos por parte de la empresa, reintegro de los líderes sindicales a sus puestos de trabajo, la destitución de cuatro funcionarios de B2Gold, piden el desalojo inmediato de las fuerzas públicas dentro de la empresa, la comunidad y los caminos y eliminación de la tercerización.
Como respuesta, el gobierno y la minera B2Gold cortaron los servicios de agua e impidieron la entrada de alimentos al pueblo. Se hablaba de un “estado de sitio” no declarado. Hasta la madrugada de este sábado 17 de octubre. Lo peor estaba por venir.
Al mejor estilo del accionar de la guardia nacional durante la dictadura somocista, las fuerzas represivas nicaragüenses, con armas de guerra, balas de goma y gases lacrimógenos tomaron el pueblo Mina El Limón. Efectuaron cateos casa por casa, destruyeron enseres domésticos de los pobladores, detuvieron y golpearon a muchas personas. Se dice que hay heridos graves.
Ésta es la verdadera cara del “progresista” gobierno de Daniel Ortega, quien hace pocos días defendió las concesiones mineras otorgadas a las trasnacionales como B2Gold, que saquean los minerales del territorio nicaragüense y dejan a su paso la destrucción.
Con los hechos del pasado 17 de octubre queda bien claro para quién gobierna Ortega: muy lejos quedó su papel de “caudillo combativo”. Ahora es un empleado más a sueldo de las trasnacionales.
El pasado del saqueo
El oro: el mismo que deslumbró a los conquistadores españoles, que con su codicia iniciaron un saqueo que aun no termina.
A mediados de 1800 inició la llamada “fiebre del oro” en Nicaragua. Fue cuando se descubrieron las minas La Libertad y La Bonanza. El auge llegó para las décadas de 1940 y 1950 del siglo XX, cuando las exportaciones de oro llegaron a 60% y el pequeño país centroamericano se convirtió en el 14vo. productor mundial de oro.
El 2 de noviembre de 1979 las minas se nacionalizaron y pasaron a control estatal. A partir de 1990, durante la presidencia de Violeta Chamorro de la Unión Nacional Opositora, inició la aplicación de los planes neoliberales que llevaron de nuevo a la privatización de la minería, además de la banca, el transporte, la salud y la educación.
Actualmente B2Gold explota en Nicaragua La Libertad y el Limón, Masbate en Filipinas y Otjikoto en Namibia, así como Gramalote en Colombia, en sociedad con la minera sudafricana AngloGold Ashanti. También tiene proyectos mineros en Burkina Faso. Se llevan el oro y otros minerales. Dejan devastación.
En el caso de la Mina El Limón, las casas de los pobladores están construidas sobre túneles. En 2012, una joven embarazada murió cuando su casa se hundió en Santa Pancha, una localidad vecina a la mina. Las casas se agrietan porque se usa dinamita gelatinosa para extraer el mineral de las rocas. Y cada vez que los mineros y la población protestan, la respuesta es represión.
Solidaridad con los trabajadores de la Mina El Limón
Tras la represión, hoy se reiniciaron labores en la mina. Se perdió la batalla, pero no la guerra.
El saqueo y la explotación que sufren la clase trabajadora y los sectores populares nicaragüenses es la misma que se sufre en México, en Honduras, en Guatemala y en todos los países de la región.
Para terminar con la expoliación imperialista en la región es necesario unir fuerzas, unir voluntades. Así como hay entendimiento entre B2Gold y las otras trasnacionales que pretenden arrasar con los recursos de Centroamérica, México y Sudamérica y los gobiernos de la región, debe haber entendimiento en la clase trabajadora oprimida y explotada del continente. |
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Chumbivilcas: Enfrentamientos entre comunidades del entorno minero de HudBay causa la muerte de una persona y varios heridos |
Diversos medios locales de Chumbivilcas informaron el día de ayer sobre el enfrentamiento entre las comunidades de Uchucarcarcco (Chamaca) y Quehunicha (Livitaca), en el se han registrado más de 30 heridos y se ha confirmado la muerte de Belisario Surco (Uchuccarcco), quien fue trasladado hasta el hospital de Espinar para ser atendido por el impacto de una piedra en su cabeza, sin embargo no soportó la gravedad de las heridas y falleció.
Estos enfrentamientos surgieron debido a problemas limítrofes. Según el parte policial se habría producido la usurpación de un terreno por parte de los comuneros de Uchuccarcco en Quehuincha. Así mismo, algunos medios de comunicación de Santo Tomas – Chumbivilcas han denunciado vía redes sociales que se habrían quemado motos y otros objetos de los comuneros de Uchucarcco, quienes se encontraban trabajando en la demarcación geográfica de su comunidad cuando fueron sorprendidos por un gran número de comuneros de Quehuincha. Según lo señalan los medios, los enfrentamientos fueron con huaracas, piedras y palos.
Cabe señalar que esta problemática no es nueva, la delimitación territorial ha provocado enfrentamientos y rencillas entre las comunidades desde hace varios años, los mismos que se han intensificado desde que la empresa minera HudBay se ha instalado en la zona, pues con un proyecto en ampliación, ha promovido diferentes acuerdos que beneficiarían a aquellas comunidades de influencia directa e indirecta. Esta situación ha provocado que las comunidades quieran garantizar que la empresa les pueda brindar algún tipo de beneficio.
Actualmente, la tercera modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Constancia no ha determinado correctamente el área de influencia, todo esto ha agudizado el enfrentamiento entre ambas comunidades. Alertamos al gobierno central, las autoridades competentes y a la misma empresa HudBay que la situación se puede agravar en la zona. |
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AlertaDefensoras HONDURAS / Detención arbitraria e intimidación contra defensoras del territorio y los bienes naturales de Azacualpa |
Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodríguez y Suyapa Trigueros
Actividad
Defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales
Agresiones
Detención arbitraria, intimidación
HECHOS – En la tarde del sábado 11 de mayo, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Santa Rosa de Copan detuvieron de manera arbitraria a siete integrantes de la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, entre las que se encontraban las defensoras Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodriguez y Suyapa Trigueros y los defensores Florentino Pérez, Antonio Trigueros, Edwin Hernández y Jesús Rodríguez.
La detención se produjo cuando las defensoras y sus compañeros trataban de oponerse a una detonación de dinamita cerca del cementerio de la comunidad por parte de la empresa Minerales de Occidente, subsidiaria de Aura Minerals, de capital canadiense.
Todas las personas detenidas fueron finalmente puestas en libertad sin cargos, al no haberse producido delito alguno, por lo que su detención debe interpretarse como parte de una estrategia de intimidación y criminalización contra la protesta social ejercida por el Estado en connivencia con los intereses privados de empresas cuya actividad es perjudicial para el medio ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades.
Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenamos esta vulneración al legítimo derecho a la protesta de las defensoras de la comunidad de Azacualpa y exigimos al Estado hondureño que deje de poner las instituciones públicas de seguridad y justicia al servicio de intereses privados social y ambientalmente nocivos, con el objetivo de reprimir, perseguir, intimidar y criminalizar a quienes defienden derechos humanos. |
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Presidente Vizcarra autoriza ingreso de FFAA a la provincia de Islay ( Puerto Matarani) |
El día de hoy fue publicado en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como se señala en la resolución suprema.
Huelga Indefinida
Como es de conocimiento público, este lunes 5 de agosto desde las 00 horas, inicia la huelga indefinida en Arequipa, y diversas organizaciones y población de todas las provincias, incluyendo a la población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, han acordado implementar la medida de fuerza.
La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo.
Resolución ilegal
Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, que a nivel constitucional está refrendado.
La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento, añadió. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.
Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.
Finalmente, como Red Muqui rechazamos esta intervención militar y llamamos al presidente Vizcarra a respetar la voluntad popular de todo el Valle de Tambo y la provincia de Islay, dando una respuesta positiva a la cancelación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, que está en revisión hace unos días en el Ministerio de Energía y Minas. Las observaciones graves al Estudio de Impacto Ambiental de Tía María se siguen manteniendo y no han sido debidamente levantadas.
Reiteramos, como lo hemos estado señalando en redes sociales, que estaremos atentos junto a la Misión de Derechos Humanos que integramos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Centros y Amnistía Internacional, para denunciar cualquier posible violación de derechos humanos de parte de la policía y las fuerzas armadas en el marco de la legítima protesta del Valle de Tambo.
http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/918-red-muqui-rechaza-intervencion-de-fuerzas-armadas-en-islay-matarani?fbclid=IwAR3LidzXWRMuXvDpSjBGyd-PuuptM1G_Xu2UtCh82Q06nGPNfysPvVZOQng |
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Nuevas amenazas contra Igor Díaz, tesorero de la Junta Directiva Nacional de Sintracarbón |
En el día 8 de junio, el compañero Igor Díaz López volvió a recibir una nueva amenaza, esta vez mediante un mensaje de texto a su celular institucional en que advierten
que en 24 horas empezarán una operación exterminio en contra –según su soez vocabulario− de “ratas guerrilleros acaba empresas”. Hace menos de un mes, el pasado 11
de mayo, a través de las redes sociales se conoció un panfleto membretado por el grupo criminal de derecha que se hace llamar Las Águilas Negras, en que advirtieron que matarían a Igor Díaz y a otros dirigentes sindicales y comunitarios que apenas unos días antes (el 6 de mayo), habían participado en una reunión en Bogotá, convocada por la central sindical
holandesa CNV y la embajada de ese país. La reunión tuvo el propósito de discutir el panorama de la industria del carbón en Colombia, en presencia de parlamentarios holandeses y de altos ejecutivos de las multinacionales productoras en Colombia, esto es, Carbones del Cerrejón Limited, Drummond y el Grupo Prodeco-Glencore. Igor Díaz participó de esa reunión a nombre de este sindicato. |
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Envían a prisión a siete ambientalistas que se oponen a contaminación del río Guapinol |
Siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, fueron remitidos a prisión este lunes, acusados por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita. Los pobladores del litoral atlántico, a quienes se les dictó la medida de prisión preventiva durante la audiencia de imputados en los juzgados capitalinos, fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán.
Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.
El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, han sido judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.
Los defensores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad. |
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Detenido ayer en Lima el gobernador legítimo de Puno, Walter Aduviri |
El gobernador de Puno, Walter Aduviri, fue detenido este domingo por efectivos de la Policía Nacional en Lima, al promediar las 5 de la tarde, luego de permanecer en la clandestinidad desde mediados de agosto.
La detención tiene una evidente finalidad de quebrar espacios de unidad que la izquierda peruana viene construyendo en un contexto de crisis económica, política y social. Y próximo a un año electoral.
Sobre Aduviri pesaba una orden de prisión efectiva de 6 años por el caso del levantamiento popular denominado el ‘Aymarazo’, luego de que el Poder Judicial lo encontrara culpable de haber participado como coautor no ejecutivo «de actos violentos» en las protestas desatadas en Pun oen el 2011. Además, también se le impuso el pago de una reparación civil de 2 millones de soles en favor del Estado. En realidad, tanto los anteriores gobiernos como el actual buscan con estas medidas represivas cercenar el derecho del pueblo a elegir representantes que no se vendan, no se corrompan (como todos los ultimos presidentes peruanos) y trabaje por los de abajo enfrentando a las multinacionales mineras y extractivistas que están destruyendo al Perú.
Aduviri se encontraba en la clandestinidad desde que el pasado 5 de agosto cuando el Ministerio Público solicitara una orden de prisión preventiva por 15 días contra el gobernador de Puno.
Cuando supo de su condena, Walter Aduviri, desde la clandestinidad, anunció en una entrevista telefónica con RPP que buscaría agotar todas las instancias, tanto nacionales contra internacionales, para revertir la condena en su contra.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio del Interior informó que efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional y personal de la Digimin, de la misma cartera, lograron la captura del gobernador puneño, quien fue trasladado tras su captura a la sede de la Dirincri en la avenida España. |
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Chumbivilcas: Inicia represión tras declaratoria de Estado de Emergencia en Corredor Minero |
Desde hace 25 días los comuneros de estas localidades vienen bloqueando la vía en protesta frente a la contaminación ambiental que genera el paso de 600 camiones de la empresa china MMG Las Bambas, que transporta minerales desde Apurímac pasando por Cusco hasta el puerto de Matarani en Arequipa, donde embarcan el mineral hacia China. La PNP y la Fuerza Armada al llegar a la comunidad de Cancahuani reprimieron a los comuneros que se defendieron con palos y piedras, logrando despejar la vía y provocando lesiones en varios de los comuneros.
Frente a la información de que los protestantes habrían sido heridos por perdigones, conversamos con el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas (FUDICH), Carlos Quispe, quien relató que se encuentran confirmando los hechos para tomar medidas al respecto como Frente de toda la provincia. El operativo policial y de las fuerzas armadas se realiza en el marco de la implementación de la declaratoria del Estado de emergencia, a través del Decreto Supremo Nº 169-2019-PCM, emitido el día de ayer 15 de octubre, por 30 días en el sector del corredor minero sur que contempla los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas.
El Estado de Emergencia implica la suspensión de los derechos constitucionales respecto a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libre reunión. Desde tempranas horas el ministro del Interior, Carlos Morán, salió a los medios de comunicación a informar de la medida tomada y señalar que «apostamos por el diálogo, pero eso no se puede confundir con debilidad. Vamos a cumplir con nuestra función»; sorprendiendo a los comuneros de Chumbivilcas, en palabras del presidente del FUDICH, Carlos Quispe, debido a que ya habían pactado una reunión de diálogo para el 21 de octubre, y esta medida lo que genera es desconfianza en la población. «¿Si estamos en una democracia, no podemos protestar?», cuestionó el dirigente. Añadió que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también se ha pronunciado sobre la denuncia de contaminación ambiental realizada por los comuneros de Chumbivilcas. |
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Gobierno declara el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa |
El Gobierno declaró el estado de emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos por los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velille de la provincia de Chumbivilcas, región Cusco.
Así lo precisa el Decreto Supremo N° 169-2019-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La norma agrega que la medida estará vigente por 30 días calendario.
El D.S. indica que la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la zona declarada en estado de emergencia que comprende a cuatro distritos de la provincia de Chumbivilcas.
La norma dispone, además, la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, comprendidos en los incisos 9) y 12) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Sobre la labor de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, precisa que esta se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, respectivamente.
El Decreto Supremo lleva la firma del presidente de la República, Martín Vizcarra, y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos; y por los ministros del Interior, Carlos Morán; de Defensa, Walter Martos; y de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla. |
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Privación de la libertad de José de Jesús Robledo Cruz |
Representantes del ejido Bajío de Caborca, Sonora, denunciaron que hombres armados que trabajan para Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich, privaron de la libertad a José de Jesús Robledo Cruz, presidente del Comisariado ejidal, junto con otros ocho campesinos. |
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Espionaje sobre conflicto social |
El diputado radical Álvaro de Lamadrid, integrante de la coalición “Juntos para el Cambio”, vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, denunció que la Gendarmería Nacional realiza espionaje interno para controlar la protesta social que se da en la minera de Andocollo. El Gobierno Nacional ha hecho inteligencia interna y espionaje a los trabajadores. Se infiltraron en sus asambleas, en sus actividades, para determinar qué van a hacer. Todo esto lo hace la Gendarmería siguiendo las directas de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Son episodios graves.
El diputado Lamadrid agrega que por esta novedad firmó, junto a otros once legisladores más, un pedido de interpelación a la ministra Frederic. La Inteligencia interna es ilegal, contradice las leyes y la propia Constitución. A esto último se suman otros hechos preocupantes, como el ciberpatrullaje, y otras acciones que realizaron policías de diferentes provincias, como Chubut y San Luis, involucrados en denuncias de abuso de autoridad, en la que se investigan muertes sospechosas de detenidos por la fuerza por romper el aislamiento.
El documento que ilustra con fotografías lo señalado es explícito y se titula: INFORME SECRETO DE INTELIGENCIA ESPECIAL (IIE) N 6/20. En él se relata que en la localidad neuquina de Andacollo la empresa Trident Southern Explorations, explota el oro y la plata de la zona. Agrega que los trabajadores realizan reclamos salariales constantes: “El 09SEP19, como protesta de falta de pago de sueldos del mes anterior, los trabajadores decidieron trasladar la medida a la localidad de Chos Malal (60 km de distancia) para visualizar mejor el reclamo”.
Además, se describe que desde el 23 de abril de 2020 “los trabajadores volvieron a realizar medidas de fuerza por la falta de pagos sobre la RP23. Denuncian falta de pago de los salarios del mes de marzo por parte de la empresa”.
Y enfoca en cómo se movieron allí los trabajadores “se posicionaron” sobre la ruta 4, “a la altura del Club Bancario en el ingreso sur de esa localidad. Allí realizaron una asamblea, donde decidieron realizar el bloqueo del tránsito y permanecer durante toda la noche”.
A partir de entonces, el parte de Inteligencia, se ilustra con fotos de las protestas, donde se pueden ver camiones, la disposición de patrulleros de la policía. Todo termina con el título “POSIBLE EVOLUCION”.
Es un texto corto: “En caso de no obtener respuestas a sus peticiones, endurecerían las medidas de protesta, continuando con la modalidad del corte sobre la RN 40 y se trasladarían, desde Chos Malal, parte de los manifestantes hacia la Casa de gobierno de la Ciudad de Neuquén, el día 29ABR”.
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Amenazas a funcionarios locales electos por oponerse a minería |
El presidente y vicepresidente electos de un municipio rural en el noroeste de Ecuador han sido amenazados con cargos penales, administrativos y constitucionales si aprueban cualquier medida para prohibir la minería. La amenaza se produjo en respuesta a las preocupaciones expresadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia “6 de Julio de Cuellaje”, en la diversa región agrícola y de bosques nubosos de Intag, de que el gobierno de Ecuador se estaba aprovechando de la emergencia por el COVID -19 para imponer el proyecto cobre-oro Llurimagua de la empresa chilena CODELCO contra la oposición local.
El presidente de GAD, Ángel Widberto Flores Pilatuña, y el vicepresidente Graham Richards recibieron una carta del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables (MERNNR) el 27 de mayo, que los amenaza con cargos penales, administrativos y constitucionales si aprueban los cargos relacionados con la lucha contra la minería. normas a nivel parroquial:
“Cualquier aprobación de un acto normativo o administrativo por parte de los GAD que intente prohibir las actividades mineras podría resultar en la imposición de acciones legales ante los tribunales de justicia … y también en el enjuiciamiento bajo el código penal”.
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Despliegue militar en apoyo a minera canadiense para intimidar a comunidad de Carrizalillo |
De acuerdo a un comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería:
El día de hoy, a las 17:40 horas, alrededor de 50 elementos del ejército mexicano se presentaron, en un camión y
una camioneta, en la entrada de la mina Los Filos, lugar en el que se ubica el campamento que mantienen las y
los ejidatarios de Carrizalillo, Guerrero, para intimidarlos por su exigencia de respeto hacia la minera canadiense
Equinox Gold con la que han rescindido sus convenios por el trato racista y discriminatorio que han recibido de
su parte.
Fuente: REMA |
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Habitantes denuncian asedio de minera que pretende desalojarlos |
Representantes de comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán denunciaron que los poblados La Astilla y El Mameycito, ubicados en la zona de conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, se encuentran desde hace más de un año bajo el asedio de la minera Peña Colorada, que pretende desalojarlos con apoyo policiaco del gobierno de la segunda entidad.
En una diligencia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) con motivo de la queja 609/2019, habitantes de esa región expusieron situaciones que consideraron violatorias de sus derechos por parte de la empresa, así como de los gobiernos del municipio de Minatitlán y del estado de Colima.
Inicialmente la queja había sido presentada el 28 de octubre de 2019 por la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero este organismo determinó que el asunto es competencia de la CDHEC y le canalizó el expediente.
El pasado 23 de julio, la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) expuso cómo el consorcio minero Peña Colorada, junto con la policía municipal y el comisario del ejido Ayotitlán, hostigaron a la última familia que habita la ranchería El Mameycito con el fin de desalojarla del predio, ya que les informaron que las tierras se habían rentado para ser depósito de los desechos de la mina Peña Colorada (Carlos Ruíz López, el pasado 23 de julio, https://www.ocmal.org/no-hemos-podido-parar-a-pena-colorada-porque-detectan-a-quien-se-moviliza-y-lo-desaparecen/).
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Acoso y hostigamiento a campesino en Zacatecas |
Organizaciones civiles denunciaron un acoso judicial contra el campesino Roberto de la Rosa, quien desde hace años libra una lucha contra la minera que devastó su pueblo, que pertenece al magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México.
El campesino, cuya casa se ubica en el poblado de Salaverna, en el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, encabeza desde hace años la defensa comunitaria contra la minera Ocampo Mining Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Slim.
El pasado 13 de abril, en medio de la epidemia por coronavirus, 20 trabajadores de la minera realizaron obras en terrenos cercanos a la milpa donde siembra el campesino. Esta situación provocó una discusión entre Roberto de la Rosa y el grupo de trabajadores encabezado por Jaime Alberto Contreras.
Durante el altercado, el campesino, quien lleva años siendo amenazado por su resistencia a la mina, sacó una pistola de calibre reglamentario (que usa para defenderse de los asaltantes), lo que hizo que los trabajadores abandonaran las tierras.
En respuesta, el 25 de abril, presuntos integrantes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, adscritos a la Casa de Justicia de Mazapil, fueron a buscar al campesino a su casa para entregarle una notificación judicial para declarar ante el Ministerio Público por este altercado. |
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Intimidación gubernamental al Frente Popular en Defensa del Soconusco en Chiapas |
De acuerdo a un comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
En plena contingencia del COVID-19, el gobierno morenista del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, amenaza e intimida al “Frente Popular en Defensa del Soconusco” (FPDS) de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, miembros de la REMA, al citarlos para que acudan a una mesa de trabajo llamada “Problemática entre el grupo minero El Puntal S.A. de C.V. con el grupo denominado 20 de Junio”, cuando saben que en esa zona hay un proceso organizativo que lleva varios años enfrentándose a los proyectos mineros. El día 18, luego el día 20, y el 23 de marzo, el gobierno del Estado convocó para que las comunidades de la zona asistieran a un llamado -irresponsablemente requeridos en plena contingencia del coronavirus-, con el propósito de garantizar la extracción del titanio por parte de la empresa que tantos daños ha hecho a la región, entre lo que destacan acciones relacionadas con amenazas, intimidaciones y divisiones comunitarias. En este juego, y como siempre sucede de manera lastimosa y perversa, se han prestado al contubernio con la empresa minera tanto la Fiscalía del Estado, como la Procuraduría Agraria, quedando en claro lo serviles que son para facilitar los intereses empresariales y no los comunitarios y agrarios.
Fuente: REMA
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Pobladores de Santa Cruz la India son forzados para vender sus tierras |
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería denuncia la campaña de intimidación y amenazas contra residentes de la comunidad Mina la India, por parte de la empresa minera de capital británico Cóndor Gold. Desde principios de 2020, residentes de esta comunidad han denunciado una renovada campaña de acoso por parte de oficiales del gobierno, acompañados de elementos de la Policía Nacional, para que vendan sus propiedades a dicha empresa.
Cóndor Gold, opera en Nicaragua a través de su subsidiaria La India Gold SA, desde 2008. La empresa cuenta con 11 concesiones en el distrito de La India con una extensión de 313.26 Km², donde espera establecer una operación mixta de túneles a cielo abierto/subterráneo. Sin embargo, la empresa no ha logrado obtener la licencia social por parte de residentes de la comunidad quienes han denunciado la destrucción ambiental, violación de espacios comunes, procesos viciados de consulta, irregularidades en el proceso de adjudicación de licencias, y la criminalización de pobladores que se oponen a la mina.
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Hostigan a familia de Máxima Acuña en Cajamarca |
La tarde del día 03 de mayo de 2020, efectivos policiales que acompañaban al personal de minera Yanacocha irrumpieron en Tragadero Grande, lugar de posesión y domicilio de la familia Chaupe (familiares de Máxima Acuña), sin identificarse, pretendiendo levantar actos de constatación sin mediar denuncia previa alguna, ni cumplir con los parámetros que establece la ley para este tipo de actos procesales. Para ello, solo argumentaron que actuaban en cumplimiento de un Convenio de Servicios Policiales Extraordinarios (SPE) que la referida entidad empresarial tiene otorgado con el Ministerio del Interior (MINTER) y la policía nacional (PNP).
Hay que recordar que desde hace muchos años, Máxima Acuña ha venido enfrentando a la minera Yanacocha en defensa de su territorio. |
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Amedrentan a dirigente tras denunciar a minera Río Blanco |
En un contexto en el que las rondas campesinas siguen mostrando su negativa al desarrollo del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura, debido a que afectaría los páramos, bosques de neblina y la agricultura; la empresa Río Blanco Copper, perteneciente al consorcio chino Xiamen Zijin, viene empleando diversas estrategias para imponerse; denuncian los dirigentes ronderos.
El reciente domingo 24 de noviembre a las 10 am, el ex presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Huancabamba de Piura, Isaac Huamán, recibió una llamada de una persona desconocida que no quiso identificarse y que le señaló que lo encontraría en el camino a su trabajo, reconociendo dónde trabaja y cuál es su recorrido regularmente.
En llamada telefónica, Isaac Huamán nos relató cómo fue el intercambio telefónico. “Yo estaba en mi cuarto, y me llaman y dicen: Yo soy una alumna de usted. Pregunto: ¿quién eres? Porque yo conozco la labor de mis alumnos. Me responde: No soy alumna, quiero saber dónde usted trabaja. Respondo: yo trabajo en el distrito de Sondor. No le dije la institución educativa. Ella respondió: Ah, sí, usted trabaja en el colegio de Tacarco.
Respondo: Mañana no voy a trabajar porque mi director me ha ordenado que me quede. Ella me dijo: yo soy del Ministerio de Educación. Yo señalo nuevamente que se identifique. Me gustaría que me recoja de Huancabamba a las 5am, señaló la voz femenina. Yo no voy a ir a mi trabajo, respondo yo. Mañana nos veremos por allá entonces, dijo la mujer, y me cortó”.
El ex presidente de las rondas campesinas de Huancabamba señaló también que en la tarde nuevamente lo llamaron, pero solo le timbraban desde un número de 13 dígitos. Apenas contestaba, colgaban la llamada. “Temo que me puede pasar algo tras haber frustrado la reunión de la prefecta con diversas autoridades para darle luz verde a Río Blanco”, finalizó Isaac Huamán. |
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Persecución política y detención de opositores a proyecto Tía María |
En horas de la mañana, once personas -entre trabajadores y obreros de construcción civil- fueron detenidas supuestamente por pertenecer a una organización criminal denominda «El Ladrillo Sindical del Sur», sindicada de extorsión de empresas de construcción en Arequipa.
La fiscalía de crimen organizado realizó un megaoperativo donde se allanaron las viviendas de los investigados y los locales de organizaciones sindicales.
Entre los detenidos se encuentran los dirigentes sociales José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), y Andrés Saya Alarcón, secretario general de Construcción Civil. Ambos líderes conocidos por las protestas contra del proyecto minero Tía María.
Según la declaración del fiscal José Chávez Cotrina a Radio Yaraví, la supuesta organización se dedicaba a cobrar cupos y colocar trabajadores fantasma en obras.
Alrededor de 500 efectivos de la Región Policial Arequipa junto a 22 fiscales especializados contra el crimen organizado intervinieron en el operativo. La medida estuvo dirigida por la fiscal Rosmery Mendoza Palomino, y se dictó detención preliminar por 15 días.
Dos de los detenidos son dirigentes sindicales que pertenecen al Comando de lucha en defensa al Valle de Tambo que rechazan el proyecto minero Tía María de la empresa Southern. Ellos fueron trasladados a la sede de la región policial en el marco de las investigaciones.
El abogado de Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores, Agustín Núñez, afirmó se trataría de una «persecución política» debido a que su defendido dirigía uno de los gremios importantes en las protestas de Tía María y en la lucha de los trabajadores en Arequipa. «Trataremos de desvincular a mi patrocinado de los delitos que le están imputando», declaró.
A través del medio Yaraví varios pobladores opinaron que estas detenciones serían parte de una estrategia para amedrentar a las organizaciones sindicales.
Lista de detenidos
José Luis Chapa Diaz (a) “CHAPA”- mando ejecutivo
Andrés Saya Alarcon (a) “ANDRÉS” O “CHIMUELO” – mando ejecutivo
Alfredo Mojica Valdez (a) “PELAO” O “MOJICA – mando ejecutor
Teófilo Maldonado Yanapa (a) “TEO” – mando ejecutor
José Rubén Díaz Diaz (a) “CENTELLA” O “DÍAZ” – mando ejecutor
Gelber Dagoberto Quispe Leon (a) “DAGO” O “GELBER” – mando ejecutor
Genaro Jorge Tapia Quispe (a) “GENE” – mando ejecutor
José Manuel Quispe Flores (a) “CACHARRÓN” – mando ejecutor
Juan Alberto Lopez Mamani (a) “LURIGANCHINO” O “LÓPEZ” – mando ejecutor
Juan Alberto Calle Lopez (a) “CACHORRO” – ejecutor
Pedro Aurelio Alvarez Tinuco (a) “TINUCO” – ejecutor |
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