Envían a prisión a siete ambientalistas que se oponen a contaminación del río Guapinol

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Judicialización Amenazas Uso de la fuerza
Ubicación Colón, Choluteca, Honduras
País Honduras
Fecha 26/8/2019

Descripción

Siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, fueron remitidos a prisión este lunes, acusados por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita. Los pobladores del litoral atlántico, a quienes se les dictó la medida de prisión preventiva durante la audiencia de imputados en los juzgados capitalinos, fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán.
Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, han sido judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.

Los defensores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.