A partir del año 2003 la empresa minera Miski Mayo S.A.C., subsidiaria de la empresa Vale inicia bajo el nombre "La Morada", un emprendimiento minero en Cajamarca. Desde el inicio de las operaciones se han suscitados diversos hechos que evidencian un conjunto de malas practicas contra la población.

El 28 de septiembre de 2007, la población inicia un paro interprovincial solicitando la intervención de una comisión de alto nivel. A raíz de la manifestación, 10 líderes fueron denunciados, incluyendo a una mujer. En 2009, después de dos años, el Fiscal solicitó al Juzgado Mixto de San Marcos penas privativas de libertad de seis y siete años para los 10 líderes denunciado, acusandolos de la toma de una carretera, por lo que además se les imponía una reparación civil de S/ 20.000 nuevos soles que deberá ser cancelada de manera solidaria por los sentenciados.

Con la nueva normatividad y la modificación del Código Penal peruano en julio del 2007, los delitos que se derivan de protestas sociales tienen penas de hasta 25 años de prisión y la policía está facultada para el uso de armas de fuego contra los manifestantes.