El área del municipio de Marmato, patrimonio histórico y cultural de Colombia, fue
declarada como zona de Pequeña Minería en 1954. Desde 2005 la Compañía Minera
de Caldas S.A., subsidiaria de la multinacional canadiense Colombia Goldfields
Limited, ha adelantado el Proyecto de Desarrollo de la Montaña de Marmato, el cual
busca hacer una explotación a cielo abierto del yacimiento que se ubica justo debajo
del municipio, y cuyas regalías para la Nación serían tan solo del 1%. Además de
reducir costos, este tipo de explotación implica el traslado del pueblo a otro sector. El
gobierno colombiano ha favorecido este proyecto mediante nuevas estrategias
legislativas para fortalecer la Gran Minería, permitiendo derechos preferenciales para
la explotación y la expropiación en función de los negocios mineros de las empresas
transnacionales. Sin embargo, el traslado del pueblo no ha sido justificado por el
gobierno nacional y departamental como consecuencia del proyecto minero, sino que
con base en la autoridad investigativa de INGEOMINAS, ha sido justificado mediante
la declaración de Marmato como "zona de alto riesgo", pues se presume que por su
ubicación en una zona alta de montaña, se encuentra en peligro de posibles
avalanchas.
De esta manera, la decisión de trasladar el pueblo no ha sido consultada con sus
habitantes, sino que ha sido impuesta por el gobierno y la empresa minera, quienes
no han suministrado la información de manera oportuna y adecuada a la gente
afectada. El saliente gobernador del departamento de Caldas se quejó siempre de
haber sido informado del proyecto en una etapa avanzada de éste. Además, cuando
la empresa ha debido suministrar información a los habitantes de Marmato por la
presión comunitaria, se observa que aquella es de contenido muy distinto a la que ha
expuesto la Compañía Minera de Caldas S.A. ante sus inversionistas en Medellín
(departamento de Antioquia), ciudad donde se ubica la sede de la empresa. Por otro
lado, hay que tener en cuenta que si el desplazamiento de Marmato es por riesgo de
avalancha, los costos del traslado deberá pagarlos el Estado, pero si es por negocio
minero, dichos costos deberá asumirlos la empresa que se enriquecerá con la
erradicación. La alarma dictaminada por el gobierno, parece entonces querer
ahorrarle a la compañía extranjera los costos sociales y económicos del traslado de la
población. El comité cívico pro-defensa de Marmato es consciente de esta situación.
Además, el manejo en las cifras difiere considerablemente. El casco urbano de
Marmato consta de 300 edificaciones (viviendas, iglesia, escuela, colegio, hospital,
alcaldía, etc.) y una población de mil habitantes aproximadamente (57% afro, 17%
indígena y 36% mestiza). Para el comité, los gastos son de alrededor de 20 millones
de dólares, mientras que para el gobierno y la empresa minera son de entre 8 y 10
millones de dólares.
En Marmato la cultura minera de antigua raigambre, asociada a la falta de una actitud
de defensa del pueblo por parte de la autoridad municipal, facilitó la compra rápida de
las minas y predios por parte de la compañía canadiense, pese a existir sentido de
pertenencia de la comunidad con su pueblo. No obstante, la comunidad se ha
logrado organizar fuertemente en torno a la defensa de sus derechos. Por ejemplo,
han logrado mostrar cómo los portavoces del riesgo han tropezado con los reiterados
conceptos técnicos de la Corporación Autónoma de Caldas (CORPOCALDAS) que
definen que la montaña es de conformación geológica firme, lo cual excluye el riesgo
estructural, pese a los múltiples socavones excavados en 500 años de explotación
minera artesanal. Estos estudios y observaciones técnicas dejan en claro que
realmente existe un fuerte riesgo en la parte alta de la población (el centro histórico)
producido por el mal
manejo que hacen los mineros de los desechos y por la omisión
del Estado en construir las obras de mitigación respectivas y en ejercer control sobre
la minería en la zona, abandonada a su suerte desde el retiro de MINERALCO hace
una década. Los mismos estudios demuestran, igualmente, que la parte urbana de
Marmato ubicada alrededor de la iglesia, y donde se localizan las instituciones, el
comercio y la vivienda, no están en alto riesgo.
Dentro de la versión de la inestabilidad de los terrenos, manejada por el gobierno y
aprovechada por la gerencia de la empresa minera, se afirma que la comunidad
decidió el sitio del traslado hacia el sector de El Llano, ubicado en la parte baja de la
montaña, y que la mayoría de la gente quiere mudarse por temor a los desastres. Por
su parte, la comunidad de Marmato, a través del comité cívico y del CRIDEC, niega
esto, y afirma que el destino en la vereda de El Llano ha sido algo un poco más
azaroso y que este sitio no cuenta con la debida planificación por parte del gobierno,
lo cual está generando un hacinamiento que redunda en desintegración cultural,
violencia y fuertes impactos ambientales. Éstos impactos se complejizarían con la
explotación a cielo abierto, pues se calcula que esta mina será una de las más
grandes de Suramérica, lo cual implicará mover entre 30.000 y 60.000 toneladas
diarias de tierra, para producir alrededor de 250.000 onzas de oro al año. Esto
supone, entre muchas otras consecuencias, un enorme gasto de aguas que se
revertirían contaminadas, además de los métodos usados frente a la dificultad de
romper la montaña (constituida por roca sólida y no por tierra suelta) y un alto empleo
de cianuro. La comunidad desconoce además, la existencia de una Licencia
Ambiental que prevea todos estos aspectos que conlleva la Gran Minería. Por otro
lado, Marmato está pendiente de que el Ministerio del Medio Ambiente realice las
modificaciones al Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal (EOTM), lo cual
implica que el Concejo Municipal no tiene en este momento competencia jurídica para
"ordenar el territorio", por lo que el proyecto de Acuerdo Nº 010 del 9 de agosto de
2008 es manifiestamente ilegal.
Los dueños de Marmato, han cambiado durante el transcurso de los años a través de venta y
fusiones de transnacionales canadienses, asi en el 2009 Medoro resources
compro a Colombia goldfields Limited, en el año 2011 Medoro Resources se fuciono con
la transnacional Gran Colombia Gold, para producir 650000 onza de oro anuales.
Escalando el conflicto con las comunidades de la localidad, por el desuso ,cierre y
desalojos de las minas adquiridas por Gran Colombia gold, llevo a enfrentamientos entre el ESMAD y
la comunidad, como ocurrio en el paro minero del año 2013.
En el año 2017 la corte constitucional ordeno suspender las actividades por no contar
con una consulta previa a sus habitantes. Lo que llevo a la empresa a demandar al estado Colombiano
por incumplimiento de tratados de libre comercia, por no desalojar a los pequeños mineros.
La comunidad se encuentra esperando la realización de la consulta popular para frenar la gran minería en su territorio
