El 1 de septiembre de 2011 fue asesinado José Reinel Restrepo, cura párroco de Marmato, en el departamento de Caldas. El Padre Reinel era conocido por acompañar la lucha de un movimiento cívico en Marmato, que junto a pequeños mineros de las comunidades del municipio se organizaron para proteger los derechos de los habitantes frente a la explotación minera practicada en la zona por parte de compañias transnacionales.

José Reinel Restrepo lideraba la resistencia del traslado del pueblo, posibilidad que se ha contemplado si la compañía minera Gran Colombia Gold (fusionada con Medoro Ressources) hace un explotación a cielo abierto. Los habitantes de la región no descartan que el crimen esté relacionado a las luchas libradas por no dejar desplazar su pueblo. Poco tiempo después de la visita del Primer Ministro canadiense Stephen Harper a Bogotá para “celebrar” la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, saltan a la vista los abusos y la impunidad de las empresas que explotan los recursos naturales sin tener en cuenta los derechos de los pueblos.

Hechos

De acuerdo a las informaciones de las que disponemos hasta el momento, difundidas por el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), y de la comunidad marmateña, representada en el Comité Civico Pro Defensa de marmato y la Asociación de pequeños mineros de Marmato, el sacerdote José Reinel Restrepo, fue asesinado en horas de la tarde el pasado jueves 1°de septiembre del presente año, en una vía que une a los municipios de Mistrató y Belén de Umbría, Risaralda. Recibió dos disparos en la espalda y fue hallado sin documentos -por lo que tardó su identificación- y sin los dos maletines que cargaba ese día. Aunque inicialmente las autoridades de Caldas dijeron cínicamente que el móvil del asesinato, era un atraco, el domingo 4 de septiembr, el comandante de la Policía de Risaralda, Camilo Cabana Fonseca, aseguró que “estudiaba otras hipótesis”.

Antecedentes

El sacerdote Restrepo llevaba dos años en Marmato, donde había fijado su oposición al traslado del municipio. Había denunciado recientemente que su lucha para evitar que en su parroquia se desarrollara un megaproyecto de extracción de oro, podría costarle la vida.

La multinacional ha dicho que su trabajo no atenta contra la comunidad y en un comunicado señala que lamentaba la muerte del sacerdote. Pero en otras declaraciones el representante de la junta cívica de Marmato dijo que el padre Restrepo le había dicho que en los últimos días había recibido presión de la Gran Colombia Gold para que trasladara la parroquia al valle.

Contexto

En 2003 y 2004, la empresa canadiense Goldfields, a través de su subsidiaria Compañía Minera de Caldas, obtuvo el derecho a explorar con intención de explotar la mina de oro de Marmato. La controversia del proyecto apareció desde ese momento ya que ninguna consulta previa fue realizada y los derechos mineros fueron otorgados de manera sospechosa. Según el CRIDEC, “la mina a cielo abierto implicaría el desplazamiento del pueblo y la eliminación de la explotación minera artesanal, principal recurso de trabajo del pueblo”. Por lo tanto, la contestación del proyecto por parte de las comunidades indígenas, las asociaciones de derechos humanos y por algunos políticos se levantó.

En 2007, el CRIDEC denunció la política estatal que obligó a la población a desocupar el casco urbano de Marmato con el argumento de que el pueblo estaba en alto riesgo por un derrumbe del cerro, basándose en que en el año 2006 se presentó una avalancha mediana. En consecuencia, se improvisó la construcción de un nuevo pueblo en la parte baja de la montaña, sin consultar con la comunidad.

Debido a la crisis financiera de 2008 el proyecto fue abandonado, hasta que la empresa canadiense Medoro Resources compró en Octubre de 2009 la empresa (también canadiense) Colombia Goldfields; por ese medio obtuvo el derecho de exploración y explotación de la mina de
Marmato. Desde el momento, reiniciaron las labores de exploración en Marmato sin tener en
cuenta los derechos del pueblo marmateño.

Desde la reciente fusión de Medoro Resources con la Gran Colombia Gold, se ha venido impulsando un megaproyecto de mina a cielo abierto mientras que el pueblo lucha por la supervivencia de sus tradiciones y recursos.

Según reporta la Red Colombiana frente a la Gran Minería transnacional – RECLAME, desde hace 6 años, las empresas transnacionales han adquirido minas que mediante el Decreto 2223 de 1954 habían sido destinadas para la subsistencia de pequeños mineros. A medida que los titulares de las minas las han ido entregando a las empresas extranjeras, las entradas a las
minas han sido cerradas y se han despedido las personas que allí trabajaban. Además se han destruído absolutamente todos los montajes construidos por los mismos mineros para la extracción del mineral (tolvas, molinos, cables aéreos, edificios etc.). Esto ocasionó que más de 800 personas de este municipio quedaran sin trabajo. Por no existir otra forma de subsistencia y por tratarse de una actividad ancestral, los mineros cesantes se vieron obligados a habilitar minas que ya estaban derrumbadas y de las que NUNCA la empresas tomaron posesión.

Solamente hasta mediados del año 2010 la empresa Medoro Resources, solicitó amparos administrativos ante la autoridad minera correspondiente, algunos de los cuales fueron resueltos favorablemente a la empresa trasnacional. Desde el mismo momento de la presentación de los amparos administrativos se han venido dando diversas y fuertes presiones en contra de la población marmateña en su mayoría de profesión minera, tales como desalojos de las minas, hostigamientos, firma de contratos con clausulas lesivas para los mismos mineros, aumento de presencia de grupos de fuerzas especiales, evidentemente comprometidas con la Compañía, ya que se ven circulando por el territorio en los vehículos de propiedad de la empresa, además han realizado requisas agresivas e intimidatorias generando zozobra e intranquilidad a la población, siendo esta una presencia exagerada para un municipio que ha tenido un espíritu pacifico y trabajador.

Por otro lado, las autoridades municipales y departamentales han anunciado acciones que pueden desembocar de hecho en violaciones a los derechos humanos de los mineros, indígenas, afrodescendientes y comunidad en general.

http://www.youtube.com/watch?v=sellg50-3Vc