Los pobladores del cañadón Antequera sufren por la desaparición de vertientes de agua dulce y aguas subterráneas, la desaparición de bofedales y la escasez de agua en comunidades aledañas a la empresa. El caso de la comunidad de Totoral que se encuentra a 3 Km de la operación minera y cuenta solo con una hora de agua a la semana además presenta rajaduras de las casas, canchas y obras públicas como es el hospital de la comunidad por la sequedad del terreno. Los suelos y las aguas están contaminadas. La demanda central es la reposición de fuentes de agua y un estudio hidrogeológico completo de todo el cañadón Antequera además la implementación de un plan de manejo integral de la cuenca. Los comuneros para hacer escuchar sus demandas realizaron inspecciones con autoridades, mesas de trabajo, una audiencia pública con autoridades nacionales incluso un bloqueo de caminos. Existen compromisos incumplidos por la empresa minera como ser dotar de agua en cisterna a las comunidades en época de estiaje, además niega ser la culpable de la desaparición de fuentes de agua y el 2012 al igual que en otros países a recurrido a criminalizar la protesta social haciendo llamar a la fiscalía a la dirigente de la comunidad. Debido a los impactos de la actividad minera y la continua y progresiva desaparición de fuentes de agua, existe una fuerte migración hacia las ciudades, teniendo la población un carácter estacional, es decir que hay periodos (siembra y cosecha) con mayor presencia y otros (estiaje) con una notoria disminución de personas presentes en la zona. Acciones realizadas: 13 septiembre de 2006, Juan Bautista Ramos Fernández, Secretario de Organización de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) presenta denuncias sobre disminución del volumen de aguas superficiales y subterráneas en comunidades aledañas a Acre Antequera y sobre contaminación de tierras originarias de origen y vulneración de derecho a la consulta El 2006 se realiza una inspección nacional ambiental a operaciones de la Empresa Minera Sinchi Wayra proyectos Bolívar y Poopó a cargo de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) del Vice Ministerio de Biodiversidad Recursos Forestales y Medio Ambiente (VMBRFMA) donde se verifica la escasez de agua y las rajaduras en las casas e infraestructuras públicas. El 2007 se realizan Mesas de Trabajo, cuyas conclusiones en el tema Antequera son: Que el ministerio de Aguas, de manera conjunta con la prefectura, Ministerio de Minería, así mismo la empresa Sinch'i Wayra propongan programas de recuperación de aguas con participación de los municipios involucrados y las comunidades; Que se haga un estudio hidrológico de la zona, de manera inmediata y Continuar con el monitoreo ambiental con participación comunitaria El 22 de febrero de 2008 ocurrió un accidente ambiental con el derrame de cerca a 30 mil litros de colas de la mina Bolívar al río Antequera. En inspección ambiental se verifican filtraciones de dique de colas El 2009 Empresa presenta descargos a observaciones de inspección acompañando información alterada sobre las filtraciones del dique de colas. El año 2009 se realiza la campaña interinstitucional "Agua para nuestras comunidades y barrios" a través de la cual la población de la ciudad se sensibiliza sobre la problemática y las autoridades prestan atención al caso. En febrero de 2010 audiencia pública en el que se concluye: la población pide un estudio hidrogeológico y se debe buscar mecanismos que permitan la dotación de agua; un proyecto macro de distribución de agua en tiempos de sequia y recuperación del dique de Chapana que necesita limpieza del mismo y se aplique un plan de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas. El año 2012 la Gobernación realiza un estudio sobre la situación de aguas con información recopilada de la empresa lo cual provoca desconfianza, dando como conclusión que los acuíferos no están conectados y por lo tanto la operación minera no tiene relación con la desaparición de fuentes de agua. 2012 La empresa Sinchi Wayra criminaliza la protesta social de comunarios de queaqueani grande que reclaman los compromisos asumidos hace 6 años atrás por la empresa transnacional para explotar minerales, haciendo citar a la fiscalía a su principal dirigente Sra. Guadalupe Fernandez. 2012 – 2013 Se firma el contrato de Asociación entre la COMIBOL, empresa Illapa S.A. y Sinchi Wayra. Fuente: Colectivo Casa

Ver La explotación de concentrados de Plomo y Zinc acompañados de Plata, mediante labores subterráneas por el método de subniveles y la concentración por flotación diferencial, los volúmenes de producción son de 2000 ton/día. Cuentan con una planta concentradora de capacidad de tratamiento aproximada de 330000 ton/año, el número de trabajadores es de 205 personas, Monto de inversión de $us 15.7 millones (Manifiesto Ambiental. 1997 y actualizaciones) Respecto al uso de agua la empresa Bolívar RC declara un aproximado de 292680 m3/año, del cual un 73,4% (214920 m3/año) proviene de fuentes subterráneas y 26,6% (77760 m3/año) corresponde a aguas superficiales. La descarga de aguas residuales desde esta operación al río Antequera se registra en 2245 m3/año. De otra parte su Manifiesto Ambiental también declara una salida de aguas desde interior mina con un caudal de 80 litros/segundo. El mes de julio de 2012 la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la Sociedad Minera Illapa S.A. y Sinchi Wayra - firmaron un nuevo Contrato de Asociación para la exploración y explotación de las minas Bolívar y Porco, cuyos ingresos corresponderán en un 55 por ciento para la empresa estatal minera y el 45 por ciento para la privada. En la Resolución del Directorio de la Corporación Minera de Bolivia que autoriza la firma del contrato, se establece que la empresa estatal, por lo dilatado del proceso de negociación y porque se vio perjudicada en sus expectativas de ingreso, será resarcida por un monto de cinco millones de dólares por parte de Sinchi Wayra. Según el nuevo contrato, la Sociedad Minera Illapa S.A. invertirá la suma de Bs 728.160.612 en un plazo de cinco años. El plazo del contrato es de quince años prorrogable.