En Chile la propiedad del litio está en manos del Estado porque en el Decreto de Ley nº 2886 del año 1979 (durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet) fue declarado este mineral como "recurso estratégico" por sus aplicaciones nucleares, quedando en manos de instituciones estatales la propiedad minera litífera como son la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en el Salar de Atacama en la región de Antofagasta, la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) en el Salar de Aguilar, y la Corporación del Cobre (CODELCO) en los salares de Maricunga y Pedernales, estos tres últimos ubicados en la región de Atacama. Las mencionadas entidades estatales por ley pueden celebrar contratos de arrendamiento y Contratos especiales de Operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de Litio (CEOL) con empresas privadas para extraer cuotas fijas de litio. En ese contexto, en 1984 lo que en ese momento era la Sociedad Chilena del Litio, cuya explotación actualmente está en manos del grupo estadounidense Albemarle, comenzó a explotar carbonato de litio en el Salar de Atacama firmando un contrato con CORFO donde se autoriza 200 mil toneladas de litio, y en el año 2016 adquiere una nueva aprobación para triplicar su cuota de producción en un plazo vigente hasta el año 2043. Por su parte, en el año 1993 comienzan las explotaciones de litio en el mismo salar por parte de la actual empresa SQM (la ex estatal sociedad química y minera de chile SOQUIMICH) quedando de manera fraudulenta en loa años '80 en manos de Julio Ponce Lerou quien es un ex yerno del dictador Augusto Pinochet y es un empresario fuertemente cuestionado por fraude al fisco, coimas a parlamentarios, autoridades y partidos políticos, por incumplimiento de la legislación ambiental y por prácticas sindicales. SQM tenía autorizado hasta la fecha una cuota de 180 mil toneladas de litio para ser extraídas hasta el año 2030; sin embargo en Enero de 2018 obtiene una nueva autorización de CORFO para triplicar su producción en el mismo periodo de tiempo. Este hecho ha generado una fuerte oposición porque significan profundizar aun más los ya existentes impactos generados en el Salar de Atacama por la ya actual extracción y evaporación indiscriminada de aguas dulces y saladas (salmuera) para extraerles litio y potasio,, provocando una evidente disminución de la fauna de la cuenca y en los humedales que son protegidos dentro de la Reserva Nacional Los Flamencos, contaminación del salar en algunos sectores, un agotamiento general de las capas hídricas que conforman el salar, junto con ello una disminución de las actividades agrícolas y pecuarias de los pueblos que habitan la cuenca, entre otros. La relación empresa-comunidades es bastante compleja porque en la cuenca del salar habitan numerosas comunidades atacameñas donde las más directamente afectadas son Toconao, Peine, Socaire, Camar entre otras, las cuales junto al resto de las 18 comunidades originarias del municipio de San Pedro de Atacama forman parte del Consejo de Pueblos Atacameños. Esta organización por un lado ha firmado convenios con la empresa Albemarle para obtener un 3% de las ventas de litio y la realización de monitoreos comunitarios, pero también han levantando acciones legales en varias ocasiones contra la empresa SQM principalmente por la sobrexplotación indiscriminada de las aguas de la cuenca transgrediendo permanentemente la ley, ante lo cual también las propias comunidades por su parte se han querellado contra la empresa como Camar. En San Pedro de Atacama por su parte también han surgido acciones opositoras por parte de la organización Defensa del Salar de Atacama que conforman pobladores del pueblo, actores del sector turístico, académico y de algunas comunidades atacameñas que desde el año pasado viene denunciando el agotamiento del salar de Atacama y de su biodiversidad que se viene generando desde hace muchos años atrás las empresas de litio, y otras mineras que se encuentran muy cerca del territorio. En la actualidad existe una fuerte oposición al nuevo convenio firmado entre CORFO y SQM en Enero de 2018 para aumentar las extracciones de litio lo que generó movilizaciones en San Pedro de Atacama y en la ciudad de Santiago.

Ver Desde el año 1984 que se extrae litio desde el Salar de Atacama, donde actualmente la transnacional estadounidense Albemarle extrae salmueras de litio y potasio que posteriormente pasan a ser parcialmente procesados en la planta química que la empresa tiene en la localidad de La Negra en las afueras de la ciudad de Antofagasta. En un principio este proyecto tenía autorización para extraer 200 mil toneladas métricas de litio estaba en manos de la Sociedad Chilena de litio que pasó a ser controlado desde el año 2012 por la empresa Rockwood Lithium, la que a su vez desde el año 2016 para a ser controlada por el grupo Albemarle. En el año 2016 firma un acuerdo con CORFO donde se autoriza triplicar la cuota de litio a extraer en un plazo extendido hasta el año 2043. El proceso se realiza a través de la evaporación de salmueras en numerosas piscinas de gran longitud donde va decantando parcialmente el litio y el potasio q eu pasa a ser trasladado a su procesamiento en la planta química de La Negra. Albemarle tiene autorizada una cuota de extracción de 442 litros por segundo de salmuera del salar de Atacama, además de la utilización de numerosos pozos de agua dulce en la zona.

Ver En el sector Este del Salar de Atacama la empresa SQM explota desde el año 1996 litio y potasio, para lo cual tiene autorizado 1750 litros por segundo de salmuera y 24o litros por segundo de agua dulce. La producción de litio se realiza a través de la evaporación en piscinas de salmueras donde va decantando parcialmente ambos minerales pasando ser transportados al salar del Carmen el las afueras de la ciudad de Antofagasta, donde pasa a ser procesada dicha salmuera. SQM tenía autorizada una cuota fija de 180 mil toneladas métricas de litio hasta el año 2030, pero actualmente SQM firmo un convenio con la estatal chilena Corporación de Fomento de la Producción donde se autoriza una cuota adicional de 349 mil toneladas métricas de litio, la que aún debe ser aprobada por otros organismos públicos para pasar a ser plenamente autorizada.