Desde el año 2008 la empresa canadiense BlackFire ha intentado explotar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, en el sur de México, la mayor mina de barita del mundo, que prometía alcanzar un ritmo de producción de 360 mil toneladas anuales de este mineral utilizada para la perforación petrolífera. La barita permite que las perforaciones petroleras permanezcan abiertas sin riesgo de explosión por fricción o por bolsas de gas, ya que al ser mezclada no produce chispas.
A pesar de las intenciones de la empresa, la comunidad de Chicomuselo, en especial, los campesinos de los Ejidos Grecia y Nueva Morelia, se opone a la construcción de la mina, y han realizado diversas manifestaciones y piquetes para que las operaciones no se lleven a cabo. En este contexto de lucha, el día 27 de noviembre del año 2009, a un año de resistencia, asesinaron a Mariano Abarca Roblero, quien era miembro de la organización de derechos Humanos “Dos Valles Valientes” y colaborador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Días antes del asesinato, Mariano Abarca Roblero había presentado una denuncia contra dos miembros de la compañía Blackfire Exploration Ltd., relativa a amenazas de muerte. Pese a su denuncia, no recibió ningún tipo de medidas de protección preventivas de parte de las autoridades.
En julio de 2009, Mariano Abarca Roblero participó de una protesta en las inmediaciones de la embajada de Canadá en la ciudad de México, en la que exigían el retiro de las compañías mineras de la región. Durante el mes de julio, tanto él como otros habitantes de la municipalidad armaron piquetes en Chicomuselo con el fin de impedir el paso de maquinaria y camiones de la compañía minera. Consecuencia de estos actos, Mariano Abarca Roblero fue arrestado el día 17 de agosto, acusado de disturbios, asociación delictiva, ataque a medios de comunicación, daños y perjuicios contra Blackfire Exploration Ltd. El defensor recuperó la libertad por falta de evidencia suficiente para proseguir con el juicio, el día 26 de agosto de 2009.
Al salir libre, se unió de inmediato a una protesta organizada por los habitantes de Chicomuselo para exigir el retiro de las compañías mineras. Fue un activo participante durante el II Encuentro Chiapaneco de REMA, que se desarrolló los días 29 y 30 de agosto de 2009, en Chicomuselo. El asesinato de Mariano Abarca Roblero forma parte de una campaña de intimidación en curso contra las organizaciones que se oponen a la minería en Chiapas. El personal de las organizaciones, entre ellas el Comité de Derechos Humanos Oralia Morales en Frontera Comalapa, y el Comité de Derechos Humanos 10 de enero en Chicomuselo, han recibido amenazas de muerte desde el mes de julio, que presuntamente serían enviadas por empleados de Blackfire Exploration Ltd.
Su muerte causó un impacto muy importante dentro de las comunidades, y la lucha contra la empresa siguió, cerrando temporalmente el yacimiento. En octubre del año 2010 el Poder Judicial de la Federación, determinó que la mina de barita no puede operar en la zona hasta que la compañía canadiense Blackfire, cumpla con las regulaciones ambientales exigidos por la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn) de Chiapas. Esta decisión es resultado de la apelación que impulsó la Semavihn en contra de un amparo otorgado a Blackfire el 30 de abril del mismo año, que autorizaba la reapertura de la mina que fue clausurada después del asesinato de Mariano Abarca.
La muerte de abarca y la lucha comunitaria no fueron en vano, y hoy el yacimiento minero se encuentra clausurado por el Estado Mexicano.
El informe elaborado por MiningWatch “Minería Canadiense en México: “Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un Caso de Corrupción y Homicidio”, publicado en mayo del año 2013 concluye recomendando: “En vista de la corrupción, la violencia, el conflicto comunitario y el asesinato que han ocurrido durante el desarrollo y la operación de la mina Payback de Blackfire en Chiapas, la empresa deberá renunciar formalmente cualquier derecho a la propiedad que tenga en el municipio de Chicomuselo o en el área circunvecina, comprometiéndose a no buscar que la mina Payback se vuelva a abrir o se siga desarrollando.”
El 2017, la comunidad e integrantes del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida "Samuel Ruíz García" denunciaron hostigamientos hacia la población que rechaza la explotación minera en Chicomuselo, donde existen acciones que pretenden reiniciar las actividades extractivas. Además, denuncian que existen 12 concesiones mineras vigentes hasta el año 2059 otorgadas a diversas empresas, las cuales no cuentan con la consulta e información hacia las comunidades como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Señalan que las empresas que obtienen las concesiones se aprovecharon de la pobreza existente en la comunidad para ofrecer apoyo económico y otras regalías, lo que provoca finalmente una desarticulación del tejido social y división entre los habitantes que rechazan y los que apoyan la actividad minera.
En 2019, el Gobierno de Canadá fue demandado por primera vez, familiares de Mariano Abarca presentaron una denuncia ante la Corte Federal de Canadá en Otawa por omisión y acción en el conflicto minero, donde abarca terminó siendo asesinado (Otros Mundos AC/Chiapas, Gustavo Castro 25 de marzo de 2019).
