Descripción del conflicto minero:
Barrick Gold es la mayor productora de oro en el mundo. Tiene más de 27 minas operando en los cinco continentes. En el Perú es la segunda productora de oro, con el 21.8% de participación. Se constituyó en el país como Minera Barrick Misquichilca en enero de 1994, un año después de promulgada la Constitución fujimorista, e inició sus operaciones en 1998. Actualmente controla 145 192 ha y opera dos minas: Pierina en la Región Ancash y Lagunas Norte en la Región La Libertad. La mina Pierina está situada en la Cordillera en el departamento de Ancash, en el centro-norte de Perú, a unos 10 km al noroeste de la ciudad de Huaraz, a 4.100 m.s.n.m.
Es una mina a cielo abierto construida con formación tipo gradas y con bancos de 10 m de altura. Utilizan perforadoras que excavan 10,5 m. Allí se coloca anfo (mezcla de petróleo con nitrato de amonio) para realizar voladuras controladas. Diariamente se mueven más de 80.000 tons métricas entre mineral y desmonte.
La población y autoridades regionales y locales protestan contra la empresa por el impago de impuestos adeudados al Estado por un monto de 140 millones de dólares, además de la contaminación del ambiente, especialmente las aguas. La preocupación es que la empresa debe comenzar su plan de cierre y abandono sin haber pagado las regalías correspondientes.
Para los comuneros, los cerros son lugares sagrados donde nacen sus aguas, mientras que los ingenieros de la mina ven a los cerros como una fuente de minerales.
Las comunidades rechazan al proyecto minero por la contaminación y la afectación a sus campos agrícolas por medio de la venta de sus tierras y la reubicación; perciben también una competencia por los recursos escasos, como son el agua, la tierra, el medio ambiente y el hábitat. Además, consideran que el Estado y gobiernos locales monopolizan el poder de decisión de contratos con la minera sin consultar a las comunidades y tienen la percepción de que el incremento de la minería en los últimos años carece de control y de regulación por parte del Estado y gobierno local.
La represión a la comunidad ocasionó dos victimas fatales, el 5 de mayo de 2006, Joel Martel Castromonte, un estudiante de agronomía de 25 años y Guillermo Tolentino Abat, un minero de 42 años, asesinados a tiros por la policía. La violencia que comenzó cuando cientos de integrantes de la comunidad se reunieron en Huallapampa para reclamar a Barrick Gold un aumento salarial. Veinte personas resultaron heridas en enfrentamientos, incluidos dos oficiales de policía; y Lombardo Mautino, el intendente de Ancash, fue alcanzado por una bala de goma.
La empresa, que siempre ha contado con el apoyo de las autoridades, solicitó ampliar la vida útil de la mina hasta el 2013, la solicitud fue aceptada.
Los conflictos continúan. Los comuneros de Atupa y Cuncashca se atrincheraron en los laterales de las vías de entrada de Jangas que conducen hacia la Mina Pierina demandando a Barrick el cumplimiento del pago justo de la afectación de sus propiedades.
Mientras tanto en Cuncashca, sus pobladores señalaron que hay una deuda de compensación por el uso de varias hectáreas de terreno y se concentraron en la otra vía de acceso que va de Huaraz (Palmira) hacia la mina.
En septiembre del 2012 se instaló la mesa de diálogo de alto nivel en el distrito de Jangas para encontrar soluciones al conflicto que existe entre la población y la minera Pierina, de Barrick Minquichilca. El gobernador de Jangas, José Espinoza Carrón, informó que los representantes del Ejecutivo, las autoridades del distrito y los dirigentes de los 16 caseríos se reunieron en el palacio municipal.
En septiembres 2012 nuevas protestas contra minera Pierina en Huaraz dejaron un muerto y en enfrentamiento entre policías y campesinos otras 7 personas resultaron heridas.
El fallecido fue Demetrio Poma Rosales, de 54 años. Su muerte se produjo luego de que los comuneros del distrito de Jangas bloquearon el acceso a la mina Pierina, de propiedad de Barrick Misquichilca, a raíz de que unos 150 campesinos acusaron a la empresa minera de restringir el agua en las comunidades de Mareniyoc y San Isidro. Ellos también rechazan la construcción de una planta de tratamiento de aguas argumentando que son contaminadas