La comunidad de San Pedro de Ocobamba demanda que el pago de una indemnización por el uso de tierras comunales sin consentimiento de la comunidad por parte de la empresa minera, el pago de una compensación por los perjuicios ocasionados al medio ambiente, respeto por la propiedad comunal que está debidamente registrada y la anulación de los contratos de compra de terrenos realizados por la minera sin aprobación de la asamblea comunal y que muchas firmas que autorizan la supuesta compra se encuentran fraguadas. De igual manera la comunidad denuncia que a consecuencia de la explotación minera se han visto afectados los manantiales, ojos de agua, acequias y caminos por lo que deben exigen una compensación por los daños. Además, denuncian que la minera ha tomado el control de los ojos de agua, manantiales y el riachuelo poniendo en riesgo el abastecimiento del líquido elemento que destinan para la agricultura, la ganadería y el consumo humano. La comunidad basaba sus demandas en un informe [de parte y hecho público en julio de 2007] elaborado sobre los daños económicos y ambientales generados por la actividad minera. En ella se daba cuenta de la ocupación ilegal de 261.5 hectáreas de tierras comunales por parte de la empresa minera al no haber cumplido con la aprobación de los 2/3 de la asamblea tal como lo exigen las leyes nacionales. El mismo informe del 2007 da cuenta de la perdida de 250 hectáreas de producción agrícola y pecuaria de la comunidad a consecuencia de haber sufrido el recorte de agua de manantiales de las zonas altas que irrigaban las tierras productivas a través de un canal. La empresa estaría bombeando agua contaminada como medida para mitigar la escasez de agua. Finalmente el informe sugería que la indemnización por ocupación ilegal de tierras comunales y los daños ocasionados ascendía a la suma de US$ 1Ž544,883.15, que era el monto demandado por la comunidad a la empresa minera. El 3 de junio del 2007, la población de Antapite y las demás comunidades,alegando falta de dialogo, realizaron un paro que tuvo como saldo 3 heridos de gravedad y varias mujeres y ancianos contusos y golpeados. INMINSUR de la Compañía de Minas Buenaventura no reconoce ningún tipo de indemnización y como medida para superar el conflicto planteo apoyar diversos proyectos de infraestructura de la comunidad y del pueblo de Ocobamba, declarando que ya cumplio con todos los compromisos sociales en Ocoyo, como la refacción de centros educativos y la construcción de un canal de irrigación, entre otras obras. Buenaventura completó la trasferencia de la mina Antapite, declarando que “Ya todo está vendido. Buenaventura no tiene hoy en día operaciones pequeñas que distraigan a su administración". Asi tambien mencionan que la venta respondía a la baja rentabilidad de las unidades y la ausencia de acuerdos con las comunidades en su entorno, lo cual frenaba algunas exploraciones en zonas aledañas, quitandose así la responsabilidad de cumplir con los daños y perjuicios ocasionados al medioambiente y a sus distintas comunidades desde el año 2000. Es aqui en donde las autoridades tienen el deber de realizar una investigación exhaustiva de los daños que viene causando la minera Antapite con la participación de la misma población, para asi exigir a la minera que cumpla con la indemnización de la cual están reclamando con justo derecho los pobladores de Antapite y las comunidades aladañas, teniendo en cuenta que esto nunca reparará los daños ya sufridos.

Ver Corte y relleno ascendente, el cual se adapta a las condiciones geomechanicas del yacimiento. Perforacion sub vertical y horizontal dependiendo de las zonas a explotarse. Voladura controlada. Para el sostenimiento de las labores se utiliza cuadros de madera y splitsets. Acarreo con palas neumaticas, winches de arrastre y carros mineros U35. Izaje a traves de dos Piques en la mina Zorro Rojo. Produccion 450 TM por dia con proyeccion a ampliar a 1000 TM por dia.