La comunidad basa sus demandas en un informe [de parte y hecho público en julio de 2007] elaborado sobre los daños económicos y ambientales generados por la actividad minera. En ella se daba cuenta de la ocupación ilegal de 261.5 hectáreas de tierras comunales por parte de la empresa minera al no haber cumplido con la aprobación de los 2/3 de la asamblea tal como lo exigen las leyes nacionales. El mismo informe del 2007 da cuenta de la perdida de 250 hectáreas de producción agrícola y pecuaria de la comunidad a consecuencia de haber sufrido el recorte de agua de manantiales de las zonas altas que irrigaban las tierras productivas a través de un canal. La empresa estaría bombeando agua contaminada como medida para mitigar la escasez de agua. Finalmente el informe sugería que la indemnización por ocupación ilegal de tierras comunales y los daños ocasionados ascendía a la suma de US$ 1Ž544,883.15, que era el monto demandado por la comunidad a la empresa minera. El 3 de junio del 2007, la población de Antapite y las demás comunidades,alegando falta de dialogo, realizaron un paro que tuvo como saldo 3 heridos de gravedad y varias mujeres y ancianos contusos y golpeados. INMINSUR de la Compañía de Minas Buenaventura no reconoce ningún tipo de indemnización y como medida para superar el conflicto planteo apoyar diversos proyectos de infraestructura de la comunidad y del pueblo de Ocobamba, declarando que ya cumplio con todos los compromisos sociales en Ocoyo, como la refacción de centros educativos y la construcción de un canal de irrigación, entre otras obras.