El presidente y vicepresidente electos de un municipio rural en el noroeste de Ecuador han sido amenazados con cargos penales, administrativos y constitucionales si aprueban cualquier medida para prohibir la minería. La amenaza se produjo en respuesta a las preocupaciones expresadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia “6 de Julio de Cuellaje”, en la diversa región agrícola y de bosques nubosos de Intag, de que el gobierno de Ecuador se estaba aprovechando de la emergencia por el COVID -19 para imponer el proyecto cobre-oro Llurimagua de la empresa chilena CODELCO contra la oposición local.
El presidente de GAD, Ángel Widberto Flores Pilatuña, y el vicepresidente Graham Richards recibieron una carta del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables (MERNNR) el 27 de mayo, que los amenaza con cargos penales, administrativos y constitucionales si aprueban los cargos relacionados con la lucha contra la minería. normas a nivel parroquial:
“Cualquier aprobación de un acto normativo o administrativo por parte de los GAD que intente prohibir las actividades mineras podría resultar en la imposición de acciones legales ante los tribunales de justicia … y también en el enjuiciamiento bajo el código penal”.