Desde el inicio de las operaciones se han suscitado diversos hechos que evidencian un conjunto de malas prácticas y políticas empresariales implementadas por los funcionarios de la transnacional brasilera. Los permisos de exploración por ejemplo, fueron conseguidos en asambleas comunitarias, sin la concurrencia de los dueños de los terrenos involucrados, y a cambio de promesas como empleos y caminos que nunca se concretaron. Por otro lado, las autorizaciones medio ambientales también demostraron ser truculentas y no corresponder a las faenas que se realizaban. Esto generó un creciente malestar entre las comunidades, las que se organizaron y desarrollaron diversas acciones como la toma del cerro comprometido, marchas, caravanas, paros, etc. Ante esto, la empresa no encontró nada mejor que formar grupos de seguridad comandados por delincuentes que operan como grupos paramilitares, amenazando, golpeando y atacando a los dirigentes y sus familias, al vicepresidente de las Rondas Campesinas de Cochas, al presidente de las RC de San Marcos, tentativa de secuestro de JOSÉ ADRIÁN LEZMA SÁNCHEZ, Presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Río Cajamarquino (FREDEMAC). El proceder de la empresa ha sido sancionado por diversos organismos nacionales e internacionales, sin embargo, los tribunales y el poder político sigue fallando a favor de una empresa probadamente violadora de los derechos humanos y que opera fuera de los marcos de la ley.