Descripción del conflicto minero:
A partir del año 2003 la empresa minera Miski Mayo S.A.C., subsidiaria de Vale, inicia bajo el nombre de ?La Morada? un emprendimiento minero en Cajamarca. El ámbito del proyecto incluye áreas de los distritos de Pedro Gálvez, Cachachi, y Jesús, provincias de San Marcos, Cajabamba y Cajamarca, respectivamente.
Desde el inicio de las operaciones se han suscitado diversos hechos que evidencian un conjunto de malas prácticas y políticas empresariales implementadas por los funcionarios de la transnacional brasilera. Los permisos de exploración por ejemplo, fueron conseguidos en asambleas comunitarias, sin la concurrencia de los dueños de los terrenos involucrados, y a cambio de promesas como empleos y caminos que nunca se concretaron. Por otro lado, las autorizaciones medio ambientales también demostraron ser truculentas y no corresponder a las faenas que se realizaban.
Esto generó un creciente malestar entre las comunidades, las que se organizaron y desarrollaron diversas acciones como la toma del cerro comprometido, marchas, caravanas, paros, etc.
Ante esto, la empresa no encontró nada mejor que formar grupos de seguridad comandados por delincuentes que operan como grupos paramilitares, amenazando, golpeando y atacando a los dirigentes y sus familias, al vicepresidente de las Rondas Campesinas de Cochas, al presidente de las RC de San Marcos, tentativa de secuestro de JOSÉ ADRIÁN LEZMA SÁNCHEZ, Presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Río Cajamarquino (FREDEMAC).
El proceder de la empresa ha sido sancionado por diversos organismos nacionales e internacionales, sin embargo, los tribunales y el poder político sigue fallando a favor de una empresa probadamente violadora de los derechos humanos y que opera fuera de los marcos de la ley.
En el Perú, desde el año 2005, Miski Mayo conduce el megaproyecto ?Bayóbar? en Sechura Piura con la finalidad de explotar yacimientos de fosfatos. Los intereses mineros de la empresa no se concentran sólo en el proyecto ?La Morada? sino también en las provincias de Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendín, San Miguel y San Pablo, Cajamarca, Cajabamaba y San Marcos. Es decir, la empresa tiene concesiones en once de las trece provincias de una región donde numerosas autoridades y líderes han manifestado su preocupación por su forma de actuar en el proyecto ?La Morada?.
Las intervenciones públicas de los funcionarios han sido mínimas, sus declaraciones a medios de comunicación que permitan aclarar los hechos ha sido nula. La empresa no ha respondido a las denuncias contribuyendo a generar mayor desconfianza. Además, los documentos presentados durante los encuentros con autoridades son incompletos, incluso no dejan claro si la empresa cuenta con los certificados de viabilidad ambiental en las zonas donde habían iniciado la construcción de plataformas de perforación.
El proceder de la empresa ha sido sancionado por diversos organismos nacionales e internacionales. En 2009 el proyecto se encuentra paralizado y las comunidades han declarado no tener ninguna intención de dialogar con la empresa.
Desde el año 2018, la empresa minera canadiense Teck , con su filial Teck Perú SA adquirió las cinco concesiones mineras, actualmente en espera de autorización. Teck también opera en Antamina (Ancash) del cual posee el 22,5% de las acciones.
