La TKCSA es una alianza de riesgo compartido establecida entre la compañía minera brasileña Vale y la compañía alemana ThyssenKrupp Se prevee que TKCSA será la industria siderúrgica más grande de América Latina y representa una de las más grandes inversiones privadas hechas en Brasil en los últimos años.

TKCSA está ubicada en la Baía de Sepetiba, una región que históricamente tiene como actividades productivas la agricultura, el turismo y sobre todo la pesca, abrigando al rededor de 8 mil pescadores artesanales. Pero, tal realidad ha sido totalmente desestimada por los administradores públicos, que han permitido la instalación de grandes emprendimientos en la región. Los pescadores artesanales han sido los primeros en sufrir las consecuencias de la instalación de la industria siderúrgica, siendo obligados a abandonar sus actividades. Ellos han realizado denuncias no solo respecto a los problemas ambientales y sociales sino también sobre el involucramiento de miembros de seguridad de TKCSA con las milicias que conocidamente actúan en la parte oeste de Río de Janeiro. Por haber recibido amenazas de muerte, uno de los líderes de los pescadores fue incluido en el Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos.

Otro tipo de criminalización que ha sido llevado a cabo por las empresas en Brasil está dirigido a los investigadores y científicos que han producido investigaciones contrarias a los intereses de las empresas, en procedimientos oficiales instaurados a partir de las denuncias de las comunidades afectadas.

Un caso emblemático es la acción judicial que la misma TKCSA ha iniciado en contra del médico salubrista Hermano de Castro, de la Escuela Nacional de Saúde Pública – Fiocruz, para que sea condenado a pagar una indemnización por daños causados a la imagen y reputación de la empresa. Los miembros de Justiça nos Trilhos, que es una red de organizaciones que tiene como objetivo central defender los derechos de las personas impactadas por las operaciones de Vale en el eje Carajás, también han sido víctimas de hostigamiento en el ejercicio de las actividades relacionadas con los objetivos de esa red.

En sus ediciones de 21 y 22 de agosto de 2008, el periódico ‘O Liberal´, que es el periódico más importante del Estado de Pará, publicó una serie de reportajes, editoriales y textos de opinión, asociando a los miembros de Justiça nos Trilhos y otras organizaciones que les apoyan (mayormente religiosas) a la planificación de acciones que el periódico calificaba como ilegales, y que tendrían como objetivo generar daños financieros a la empresa Vale.

La noticia sorprendió a los miembros de Justiça nos Trilhos no solamente por la falsedad de las acusaciones, sino sobre todo por el hecho de señalar individualmente a personas que tienen relaciones con los miembros de la organización pero que no son parte de ella, que jamás habían participado de sus actividades, que viven en otros continentes y que nunca habían viajado a Brasil.

Los miembros de Justiça nos Trilhos y de otras organizaciones mencionadas en las páginas del periódico manifestaron su indignación y repudio a través de una nota pública. Hasta la fecha no se sabe de que manera el periódico tuvo acceso a informaciones y datos que nunca habían sido debatidos en reuniones o hechos públicos de forma alguna. El periódico se ha manifestado según lo que considera su derecho de no revelar su fuente.

Los miembros de Justiça nos Trilhos han constatado, desde los seminarios y talleres que organizó en el Foro Social Mundial de Belén do Pará, en enero de 2009, la presencia frecuente en sus actividades de personas extrañas, siempre dedicadas a hacer registros escritos, fotográficos y en vídeo.

Tal práctica ha ocurrido no solamente en sus actividades públicas, sino también en otros momentos de carácter privado de sus vidas. Los miembros de Justicia nos Trilhos también se han dado cuenta que algunas veces los
vehículos en que se transportan son seguidos por otros con intenciones desconocidas. Se sospecha que los autores de esos actos son agentes de seguridad privada, de seguridad pública y también de la Agencia Brasilera de Inteligencia (ABIN).

Son desconocidas las razones que han llevado a esos actos y mucho menos de que manera tales registros podrán ser utilizados en el futuro. Por último, en 10 de abril de 2010, Vale interpuso una acción legal ante el Poder Judicial de Açailândia, Estado de Maranhão, en contra de la Rede Justiça nos Trilhos, mencionando una lista de organizaciones y especialmente cinco personas que ella consideraba como sus líderes, y que según su punto de vista iban realizar acciones con el propósito de causarle daños financieros.

La acción fue interpuesta en el contexto en que se realizaba la “Caravana Internacional de los Afectados por la Vale”, cuando personas oriundas de zonas impactadas por operaciones de la misma empresa en distintas localidades del mundo visitaban la región del eje Carajás y participaban de conferencias y debates sobre el Programa Gran Carajás y sus implicancias negativas sobre las comunidades y trabajadores.

En la petición inicial, la empresa, a través de sus abogados, presentó alegatos respecto al programa de seminarios, debates y visitas de la caravana y en cuanto a sus objetivos, con acusaciones que jamás fueron comprobadas. A pesar de eso, y aunque la empresa no hubiera cumplido el deber de pagar las tasas judiciales que le impone la ley, el juez atendió inmediatamente los pedidos de la empresa, determinando medida preliminar de “interdito proibitório”, imponiendo individualmente a los miembros de Justiça nos Trilhos una multa de 5.000 reales (aproximadamente 3.085 USD) diarios por la hipótesis de transgresión de tal decisión judicial y designando a la fuerza policial para darle cumplimiento. En 13 de enero de 2011 la medida preliminar fue revocada y el proceso fue extinguido sin juzgamiento de mérito, porque a pesar de haber sido notificada para tal finalidad, la empresa no comprobó haber pagado regularmente las tasas judiciales. Los acusados jamás fueron oficialmente notificados de la decisión preliminar.

A través de esa acción judicial y de los demás actos de hostigamiento y de intimidación, se ve la forma en que la empresa minera Vale y otras asociadas a ella, han tratado a quienes son afectados por sus operaciones, a los que cometen el “pecado” de tener una visión crítica sobre sus actividades y luchan por la protección y respeto de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.

Los ejemplos también sirven para ilustrar que los órganos públicos de seguridad y de justicia, por su parte, basan sus decisiones en criterios sospechosos y aparentemente no mantienen una posición de imparcialidad y de respecto a la ley en situaciones como las descritas anteriormente.