El defensor de derechos ambientales, Sr. Martín Solís Bustamante, se ha visto obligado a trasladarse temporalmente fuera del estado de Chihuahua, como resultado de nuevas amenazas en su contra. El dirigente de El Barzón Chihuahua, el capítulo estatal de El Barzón, una asociación nacional que representa a los propietarios de fincas pequeñas y medianas, Martín Solís Bustamante es beneficiario de medidas cautelares (388/12) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 6 de noviembre de 2012. Hasta la fecha las autoridades mexicanas no han cumplido con la implementación de estas medidas.

El Barzón Chihuahua representa a varias comunidades en el noroeste del estado en su oposición a la explotación ilegal de agua y la presencia de la empresa minera canadiense MAG SILVER en la comunidad de Benito Juárez en Buenaventura. Actualmente, la empresa minera se encuentra fuera de la comunidad después de que la asamblea general de ejidatarios emitió una resolución en la que se prohibía actividad minera alguna. Sin embargo, la transnacional mantiene una campaña de presión para regresar a la comunidad en la que se incluye el pago de campos en los principales periódicos donde acusan personalmente a Martín Solís Bustamante.

El 25 de octubre de 2014, personas involucradas con el crimen organizado contactaron a El Barzón yles manifestaron que habían recibido ordenes de asesinar a Martín Solís Bustamante. Como consecuencia de la amenaza tomaron la decisión de que el defensor de derechos humanos saliera el Estado. El 1 de noviembre de 2014, una persona con vínculos a los grupos criminales se acercó a un integrante de la comunidad de Benito Juárez para informarlo que sabían que Martín Solís Bustamante había salido del Estado pero que le esperarían cuando regresara.

Debido a las amenazas de muerte en su contra,, el defensor Martín Solís Bustamante ha presentado continuas solicitudes de ayuda al gobierno de Chihuahua, para que se le prestara un guardia de seguridad para proteger su vida y su seguridad. Hasta la fecha el gobierno no ha cumplido con las solicitudes y no ha implementado las medidas de seguridad para proteger al defensor de derechos humanos.