Descripción del conflicto minero:
En el año 2006 la empresa canadiense MAG Silver adquirió concesiones mineras para la exploración de yacimientos de oro, plata, zinc y molibdeno en el ejido Benito Juárez, ubicado en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. En el 2012, los directivos de la empresa y el comisariado ejidal entraron en conflicto por la contaminación que dejarían los trabajos de exploración. Por esa razón, la asamblea ejidal decidió rechazar por unanimidad la concesión minera y todo tipo de presencia de la empresa en el ejido. Esto provocó conflictos entre campesinos que trabajaban para la minera y ejidatarios, situación que detonó en fuertes enfrentamientos y el hostigamiento hacia activistas y defensores del medio ambiente que se manifestaron en contra.
El conflicto minero en el ejido Benito Juárez se exacerbo en octubre de 2012, cuando el dirigente de la organización campesina El Barzón, Ismael Solorio y su esposa fueron asesinados. Juntos habían luchado férreamente para defender la cuenca del río Del Carmen ante las operaciones de la minera el Cascabel, filial de MAG Silver. En ese periodo, se dio un enfrentamiento entre un grupo de 100 pobladores contratados por la empresa y ejidatarios opositores, desde entonces, las tensiones se acentuaron más, en particular, cuando los plazos que tenía MAG Silver para sacar los más de 700 contenedores de muestras de mineral vencieron.
Posteriormente, la empresa terminó accediendo a la suspensión de sus actividades advirtiendo que presentaría una querella en los tribunales. En junio de 2013 la Fiscalía General del estado de Chihuahua inició una investigación, luego de que la Minera Cascabel interpusiera una denuncia por los supuestos delitos de robo y destrucción de la propiedad privada en contra de ejidatarios de la comunidad de Benito Juárez.
En octubre del 2018, miembros de la organización campesina El Barzón realizaron actividades de protesta debido a los nulos resultados en el esclarecimiento del doble asesinato. Según Joaquín Solorio: “la carpeta de investigación ha estado durmiendo el sueño de los justos” y a pesar de que se tiene identificado al presunto homicida, la Fiscalía no ha concretado una orden de aprehensión existente, por lo que concluyó: “vamos a realizar una protesta porque el tiempo sigue pasando y no se ha encontrado culpable alguno. En la anterior administración, se hicieron las diligencias, existe una orden de aprehensión, la autoridad sabe quién es el responsable, pero no han hecho nada”.
Las familias de los asesinados Ismael Solorio Urrutia y su esposa Martha Manuela Solís Contreras acusaron que la Fiscalía General del estado cuenta con toda la información para detener a los responsables, quienes aseguran, también viven en el ejido Benito Juárez, ubicado en el municipio de Buenaventura.