ANTECEDENTES Con una vida útil de cincuenta años a razón de 150 mil toneladas diarias de mineral y una inversión de U$ 1.360 millones, Los Pelambres generó desde el inicio de su funcionamiento a fines del año 1999 alrededor de dos mil empleos (entre trabajadores permanentes y contratistas), exportando el total de su producción de cobre, en tanto que el molibdeno es comercializado dentro de Chile. El concentrado de cobre de la minera es trasladado mediante un ducto subterráneo de 120 kilómetros de extensión desde la planta -ubicada a 45 kms. al este de Salamanca- hasta el puerto Punta Chungo -Los Vilos-, donde se encuentra el muelle mecanizado de propiedad de Los Pelambres. Con estas cifras, la empresa aspira ocupar el quinto lugar entre los yacimientos de cobre más grandes del mundo. Un panorama alentador en materia económica, pero cuyo costo ambiental despierta el recelo de la comunidad que vé amenazado tanto su entorno como los valiosos sitios arqueológicos (más de 80) existentes en la región del valle de Pupío, ubicado a 50 kilómetros al norte del Balneario de Los Vilos en la Región de Coquimbo. Las gigantescas dimensiones de estas obras (con una capacidad superior a los 748 millones de metros cúbicos que soporta el embalse La Paloma, según algunas estimaciones) implican por sí mismas una amenaza a los lugareños, quienes ven acentuados los riesgos ante, por ejemplo, la ocurrencia de terremotos. Unido a esto, la explotación minera de su yacimiento origina desechos tóxicos entre los que se cuentan sulfato y molibdeno, los que son depositados en los tranques de relave; dos de éstos son los que la empresa pretende instalar en terrenos vecinos a la comunidad de Caimanes, compuesta por unos dos mil habitantes, 40 kilómetros al interior de Los Vilos. Otro de los perjuicios que deberán enfrentar los pobladores si se aprueba el proyecto de extensión de Los Pelambres será el agotamiento del recurso hídrico, tanto para usos potables como agrícolas, ya que la compañía minera habría solicitado a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas unos 2.000 litros de agua por segundo: algo imposible si se considera que todo el sector tiene derechos por 1.500 litros por segundo y que, además, ha debido enfrentar duros períodos de sequía. Las obras para estos estanques han significado hasta ahora el pago para el desalojo de treinta familias de campesinos y comprenden el almacenamiento de 2,4 millones de toneladas de relaves, que inundarán 4.000 hectáreas y cambiarán absolutamente la fisonomía de este lugar que se enorgullece de estar libre de contaminación. Ya en diciembre del 2000, Los Pelambres fue citada por la COREMA Cuarta Región a causa del incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental para el muelle Punta Chungo, en el que la minera se comprometía a plantar 70 hectáreas de eucaliptus. Posterior a ello, se le aplicó una multa de 100 UTM (alrededor de US$ 4.300) al detectar infracciones ocurridas en la descarga de aguas utilizadas para el transporte del concentrado de cobre hacia el terminal marítimo de Punta Chungo, las que fueron vertidas en el sector de la laguna Conchalí, en el Balneario Los Vilos. En medio de la polémica y la preocupación de las comunidades ante la construcción de estos estanques de desechos, los afectados reclamaron contra la actuación de la entonces Directora de la CONAMA, Adriana Hoffman, quien en una de las reuniones realizadas por las partes involucradas en este conflicto en mayo del 2001, solicitó el retiro de los dirigentes vecinales y representantes de sectores ecologistas de la sala donde la cuestionada empresa entregaría la información relativa a la construcción de los tranques. Un mal antecedente a la hora de evaluar la transparencia con que, ante la comunidad, se maneja el tema medioambiental en Chile y un pésimo precendente sobre cuál será la decisión que, una vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental de Los Pelambres, tomarán quienes creen más en el desarrollo a corto plazo que en un crecimiento paulatino, pero sustentable. El estudio de impacto ambiental fue aprobado y las obras del tranque el Mauro fueron finalizadas a fines del 2009. El tranque se encuentra actualmente en funcionamiento. La comunidad optó por la vía judicial y "ganó" un juicio a la empresa, la que tuvo que indemnizar a los vecinos, sin embargo la indemnización para la comunidad alcanzó a los 500 mil dólares, cifra irrisoria considerando la calidad de vida a la que ahora se ven expuestos.