En agosto de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro le ordenó a la administración provincial que resguarde los derechos de las comunidades indígenas que peligran por la actividad de empresas mineras extranjeras en sus tierras. Luis Lutz, Victor Hugo Sodero Nievas y Alberto Balladini, integrantes del Tribunal, en autos caratulados "CO.DE.C.I. de la provincia de Río Negro s/acción de amparo", aceptaron el recurso presentado por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y le ordenaron a varios organismos de Río Negro que lleven a cabo una serie de medidas para respetar el patrimonio cultural y social de las comunidades indígenas que habitan las zonas donde se realiza el proyecto Calcatreu. Los jueces afirmaron que el proyecto minero avanza "sin observar las disposiciones de carácter constitucional y legal, o del derecho supranacional, consagradas a favor de las comunidades originarias, sus recursos naturales y el medio ambiente del lugar, que deben ser informadas, consultadas, tener participación en la gestión de esos recursos y respetadas en el patrimonio étnico, social y cultural"