En 2016, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la apertura del Arco Minero, que se extiende en forma de media luna del este al oeste en 112 000 kilómetros cuadrados, situados sobre todo en el estado de Bolívar, al sur del río Orinoco y en la Amazonía venezolana. Las comunidades indígenas dentro del Arco Minero no tuvieron ni voz ni voto en el desarrollo de la minería en su región o cerca de sus territorios, una clara violación del Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que forma parte Venezuela. La minería no solo se está extendiendo en el Arco Minero de Bolívar, donde grupos armados y el ejército compiten por oro, diamantes y coltán, sino también en el estado de Amazonas en el sur de Venezuela. Hombres y mujeres indígenas dejan sus comunidades ancestrales y pequeñas haciendas para llevar a cabo un trabajo agotador y peligroso en las minas por poco dinero. Se puede esperar que la violencia contra las comunidades indígenas y los conflictos con ellas aumenten a medida que las bandas armadas y organizaciones militares de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia sigan extendiendo su presencia en la región y midiendo sus fuerzas en las zonas mineras.