La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE con base en su accionar antiextractivista denuncia el inicio de la minería a cielo abierto en Ecuador y los graves riesgos ambientales que provoca esta actividad, pues, produce inevitablemente la degradación ecológica acompañada del despojo de territorios y la vulneración de derechos humanos de comunidades indígenas que sufren el impacto directo. El proyecto minero Mirador ha provocado intervención militar y policial, desalojos forzosos, asesinatos impunes, criminalización y contaminación, a más de la devastación que producirá en 30 años de actividad por la deforestación, remoción de millones de toneladas de tierra, elementos químicos y millones de metros cúbicos de agua dulce. La ambición y la imposición de intereses capitalistas se han conjugado en Mirador por sus reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre, 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata, alertamos sobre las consecuencias ambientales y humanas provocadas por la minería a gran escala en Ecuador con el inicio del proyecto Mirador, la mina más grande a cielo abierto del país, en Tundayme, Zamora Chinchipe. Condenamos cómo el Estado entregó una zona de gran biodiversidad para explotación minera a Ecuacorriente S.A. (ECSA), filial ecuatoriana de la empresa canadiense Corriente Resouces In, por un plazo de 30 años, garantizando su renovación por el mismo período adicional, la zona donde se ubica el proyecto Mirador constituye un ecosistema frágil y de alta biodiversidad de especies faunísticas, el proyecto está dentro de lo que se conoce como bosque húmedo tropical, tanto en flora y fauna, la zona alberga especies únicas, endémicas y desconocidas que dependen de este ecosistema para existir, además, se afectarían las micro?cuencas (227 fuentes de agua) de los ríos Tundayme y Wawayme que nacen en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor. Desde el año 2015 la Conaie junto a organizaciones sociales y de derechos humanos ha denunciado cómo la empresa ECSA provocó el desalojo violento de 32 familias (116 personas) de la comunidad San Marco, parroquia Tundayme, Cantón Gualaquiza; y en complicidad con instituciones del Estado arrebataron el territorio ancestral a la Organización Indígena “Cascomi” para dar paso a la explotación minera. Frente a este nefasto escenario y la ampliación de concesiones mineras, la aplicación de la nueva política minera y el entreguismo al capital transnacional que el Gobierno Nacional ha promovido, RATIFICAMOS frente a las bases y a la opinión pública nuestra posición antiextractivista, es decir, NO a la minería, NO a la explotación petrolera, SÍ a la vida, por la defensa de los derechos de la naturaleza, humanos y de los territorios de los pueblos y nacionalidades, impulsando alternativas de desarrollo que respeten el medio ambiente. La CONAIE desconoce los supuestos acuerdos entre nuestra organización y la compañía Lowel S.A., y rechaza el uso malintencionado e irresponsable de nuestra representación para la firma de estos documentos sin validez, que afectan nuestra estructura organizativa e intentan deslegitimarla, en este caso se ve afectado el pueblo Shuar Arutam (PSHA) en las comunidades de Warints y Yawi. Rechazamos estas acciones individuales y aclaramos que no cuenta con el respaldo de la CONAIE, el Consejo de Gobierno de manera urgente analizará este accionar y tomará las medidas respectivas aplicando las sanciones correspondientes, ya que van en contra de las grandes decisiones colectivas y el sentir de nuestras bases para la defensa de los territorios y los recursos naturales, se tomarán acciones inmediatas contra quienes se adjudican funciones y cargos para firmar a nombre de nuestra organización. Por el Consejo de Gobierno Jaime Vargas Presidente de la CONAIE