Más de 40 comunidades a nivel nacional se declaran en “Estado de Alerta“, frente a los abusos cometidos por la institucionalidad pública al concesionar el territorio sin hacer consulta previa, libre e informada sobre la presencia de empresas extractivas. Está acción se enmarca en la exigencia de justicia para los ambientalistas de Tocoa, Colón, quienes están siendo criminalizados por los delitos de usurpación, privación injusta de la libertad, incendio, daños y asociación ilícita en un juzgado de jurisdicción nacional, especializado en crimen organizado. Doce de las 31 personas acusadas se presentaron voluntariamente a los juzgados de La Ceiba, el 22 de febrero. Ese mismo día fueron trasladados a la capital donde se les dictó detención judicial por el tiempo que se realiza la audiencia inicial. Hasta la fecha han guardado prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara. Entre los detenidos están 4 delegados de la Palabra de Dios, una mujer de 28 años y un comunicador social de Radio Progreso y la Radio Popular del Aguán.