Descripción
Al cabo de tres años de conflicto, la empresa china Co presentó al Servicio de Evaluación Ambiental su desistimiento de la Ampliación del Proyecto Minero Pejerreyes.
La comunidad celebró la defensa del territorio. «La gente perdió el miedo, se enfrentó y venció a un verdadero Goliat. Ojalá sirva de inspiración para otras comunidades», destacó Fernando Elorza Retamal, dirigente de la Junta Vecinal.
Pejerreyes, en la zona de Cuesta Las Cardas camino a Ovalle, es una zona de comuneros dedicados al ganado caprino.
La empresa china tenía intenciones de ampliar el Proyecto Minero Pejerreyes, presentado por primera vez al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2015.
El aumento de la capacidad de procesamiento de material, de 4.800 subiría a 60 mil toneladas mensuales.
«La sensación no es tanto de sorpresa; sabíamos que esta batalla se podía ganar. La minera estaba a muy maltraer por la evaluación que estaba realizando el Servicio de Evaluación Ambiental. Si se cumplía con la normativa ambiental, se iba a ganar. Queríamos que la autoridad hiciera cumplir la ley», sostiene Elorza Retamal, dirigente vecinal.
El proyecto fue declarado inadmisible en tres oportunidades, una en 2015 y otras dos en 2016. La cuarta vez que ingresó al sistema se encontró con la solicitud de Participación Ciudadana que exigió la comunidad y que sirvió para revelar una serie de irregularidades y deficiencias que aún contenía la iniciativa y que ponían en riesgo al ecosistema y al derecho constitucional de la comunidad a vivir en un ambiente libre de contaminación.
¿Qué sigue ahora? La minera de capital asiático aún cuenta con la infraestructura para procesar las 4.800 toneladas mensuales de material que le fueron autorizadas por el SERNAGEOMIN inicialmente. Sin embargo, las faenas se encuentran detenidas por el incumplimiento de normativas ambientales que fueron fiscalizadas por la misma entidad estatal minera. Además, la empresa enfrenta ahora otro problema: una demanda de liquidación forzosa ingresada en febrero ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) por el incumplimiento del pago de dos facturas por más de 32 millones a la Minera Andes Pacífico e Ingeniería y Geología Limitada. A las deudas, se suman la Compañía de Petróleos de Chile COPEC ($2.617.386); Osman Olivares ($9.387.193); Rodrigo Morales Gestión y Minería EIRL ($31.820.005) y por último, Ambiental Chile SPA con $37.995.750.
En Pejerreyes permanecen cautos, con la esperanza de un cierre definitivo. «Se terminó una etapa, pero vamos a seguir atentos a lo que venga, con esta u otra minera que quiera vulnerar los derechos de nuestra comunidad», acota Elorza.
Al evaluar el proceso, el dirigente hace hincapié que pese al resultado, la labor de las autoridades dejó mucho que desear: «La comunidad se sintió abandonada por parte del Estado debido al deficiente rol que cumplió el SEA y también SERNAGEOMIN, en su momento. Al final hubo un cambio de actitud cuando las inconsistencias del proyecto comenzaron a ser evidentes y la comunidad lo hizo notar».